Guzmán, miembro del Comité Central del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó sus consideraciones en una entrevista en el programa Despierta con CDN, según informó el medio digital Vanguardia del Pueblo, órgano de esa organización política.
La exfuncionaria manifestó escepticismo sobre la efectividad de los actuales procedimientos de seguimiento y señaló que existen dudas entre especialistas respecto a la periodicidad y la transparencia de los reportes oficiales sobre esos fallecimientos.
Recordó que estos decesos son de notificación obligatoria en el sistema epidemiológico nacional desde 1997 y sostuvo que la pérdida de vidas por causas evitables constituye una falla en la atención sanitaria.
Entre los factores que, según explicó, inciden en la mortalidad neonatal, mencionó deficiencias en las normas de higiene y desinfección de áreas, así como la manipulación inadecuada de instrumental y equipos utilizados en el cuidado de recién nacidos, lo que puede favorecer la proliferación de bacterias.
También cuestionó el elevado número de cesáreas en el país, que situó cerca del 90 por ciento en el sector privado y por encima del 50 por ciento en el público.
Afirmó que esta práctica puede elevar las complicaciones respiratorias de los recién nacidos frente al parto vaginal.
A ello se sumaron dificultades en el primer nivel de atención, entre ellas debilidades en el monitoreo prenatal de las gestantes, el control de la hipertensión arterial y la prevención de nacimientos prematuros o de bajo peso al nacer.
Guzmán señaló además que el temor a la deportación de gestantes haitianas y la falta de apoyo familiar pueden alejar a mujeres extranjeras de los centros hospitalarios, con el consiguiente riesgo de alumbramientos sin asistencia médica y en condiciones desfavorables.
Ante este panorama, planteó que la investigación y fiscalización de las muertes maternas y neonatales deben corresponder al Ministerio de Salud Pública, como entidad rectora y fiscalizadora del sistema, y no a los organismos responsables de operar la red pública, para evitar conflictos derivados de que una misma institución evalúe su propia actuación.
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