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]]>En este caserío hay tres iglesias evangélicas y una católica. Son, dice Santos Odir, el baluarte de Condadillo, del cantón Volcancillo, en Conchagua, La Unión. «Es lo que nos da la ventaja, si antes peleábamos hasta por un mango, ahora ya no», explica quien también es pastor de una de ellas. Si es necesario mover las viviendas para dar paso a la construcción del Aeropuerto del Pacífico, «¿qué va a pasar con esto, que es de todos?», cuestiona. ¿Qué va a pasar con la vecindad que estas personas han desarrollado a lo largo de no menos de seis décadas?
Santos Odir llegó a Condadillo en 1987. Él no pregunta solo por el dinero que los vecinos podrían recibir, tras demostrar ser propietarios del espacio que ocupan las tierras o viviendas que se necesita para uno de los proyectos insignia del gobierno. Pregunta, más, por las posibilidades que tengan de seguir juntos. Mientras habla, una veintena de vecinos lo escucha. Todos quieren saber qué va a pasar con la comunidad más allá del pedazo de tierra que habita y se han reunido de manera espontánea para participar en esta entrevista colectiva.
En términos generales, los representantes del caserío Condadillo tienen fe en que el Gobierno cumplirá con los compromisos que selle con los habitantes de esta otra comunidad que se verá afectada por el proyecto. Todos los planes de la comunidad parten de que lo que les dicen los representantes del gobierno es cierto.
Acuerdos que se puedan calificar como oficiales, sin embargo, no hay. Para empezar, no hay nada escrito. Y tampoco ha habido consultas ciudadanas como las que exige un Proyecto de Impacto Ambiental de Moderado a Alto (PIAMA), como es este de la construcción del aeropuerto. Estas forman parte del Estudio de Impacto Ambiental que debe estar terminado antes de octubre, de acuerdo con el plazo que el Ministerio de Medio Ambiente notificó a CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma). Sin este requisito, no se puede comenzar a construir, de acuerdo con la normativa vigente.
Los habitantes de los caseríos de Condadillo y Flor de Mangle, que están en el área de diseño del aeropuerto, ya se reunieron el 5 de enero y el 21 de febrero con representantes de CEPA, la titular del proyecto. En esas ocasiones, también hubo representantes del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y de las alcaldías de Conchagua y de La Unión.
«Estamos claros en que, en tanto no se tengan las viviendas construidas, no nos movemos de aquí», agrega José Vásquez, uno de los vecinos presentes en este encuentro improvisado en un patio lleno de plantas de una familia que quizá salga afectada.
José, de hecho, tiene 60 años y nunca ha vivido en otro lado que no sea este caserío de vocación agrícola, ganadera y pesquera. Su parcela la ha dividido ya entre sus nueve hijos; algunos, cuenta, ya construyeron sus casas; otros, estaban en planes. «Pero, por esto, hemos tenido que parar todo».
Hasta el momento, ninguna autoridad ha especificado la zona de reubicación. Ni siquiera se ha trasladado una cuenta oficial de las viviendas o parcelas de uso agrícola y ganadero que están dentro de los márgenes del proyecto. A las familias de la zona, al menos, no se les ha hecho llegar información acerca de los requisitos ni de los pasos a seguir para poder tener acceso a la compensación en caso de que su terreno sea requerido para la construcción del aeropuerto.
«Ya ni dormimos. Se nos ha ido el sueño, el sueño de poder mantener nuestras casas», resume Juan Álvarez, otro de los vecinos congregados. Aquí, en donde los habitantes habían construido esperanzas de estabilidad, ahora manda la incertidumbre.
Como Israel
En la página web de CEPA aparece publicado que el 24 de febrero, dos días después de la segunda reunión informativa de las instituciones con los vecinos, «el Consorcio internacional Peyco-ALBEN 4000 presentó el Informe Económico-Financiero sobre la nueva terminal aérea».
En Condadillo, ya son más numerosos los contingentes de militares y policías que resguardan la zona. También hay un alto flujo de vehículos con logos de CEPA. Y hay cuadrillas de gente identificada como representante del Ministerio de Obras Públicas que toman medidas y fotografías de las viviendas y las parcelas de agricultura y pastoreo de ganado.
CEPA mantiene el discurso de que el proyecto tiene elementos que ayudarán a desarrollar la zona en donde se construya. «Se consideró la mejor ubicación de la terminal, el impacto social y el lado catastral, para el cual se evaluaron el campo de identificación, caracterización y localización de las parcelas». Federico Anliker, presidente y representante legal de esta institución ha dicho, además, que esperan colocar la primera piedra del aeropuerto este año.
Vásquez asegura que, como ocupantes de la tierra, a los representantes de CEPA, del ISTA, del MOP y de las alcaldías les han solicitado tres cuestiones puntuales: un lugar digno y cercano para la reubicación, trabajo para los locales en la construcción del aeropuerto y, una vez construido, un espacio dentro del aeropuerto para comercializar los productos que los pescadores lleven a la cooperativa.
Vásquez, sin matices, es optimista y cree en la palabra de quienes han presidido las dos reuniones. Cree que a los reubicados se les llevará a un lugar digno, con todas las comodidades que aquí les ha costado mucho conquistar: buenas calles, agua, electricidad y espacio suficiente.
«Las casas que nos van a dar tienen que hacerlas a como se tienen por el momento, que tenemos bien ordenado con baños y todo», explica. Incluso cree que el gobierno encontrará la manera de permitir que la comunidad ingrese al aeropuerto o sea parte del mismo. No todos, sin embargo están en esta misma página.
Santos Odir, el pastor de Condadillo, cree que el impacto más importante de este proyecto tiene que ver con las oportunidades laborales, eso que, aquí, se limita a agricultura, ganadería y pesca. «Yo, que estudié solo seis meses primer grado, ¿cómo voy a tener beneficio en un aeropuerto? Si yo no sé leer. Y hay muchos aquí que solo tienen hasta un sexto, la mayoría se quedó en noveno. ¿Cómo vamos a hacer?».
Esa respuesta, las instituciones estatales la deberían de tener pronto, si el plan de colocar la primera piedra este año sigue en pie. También se debería contar, como lo estipula una resolución ambiental del MARN con fecha de septiembre de 2021, con un estudio de impacto de la zona en la que se reubicará a las familias. Pero de esto aún no se hace pública ninguna certeza. «El presidente nos ha pedido trabajar de manera articulada», es lo que Anliker se ha limitado a señalar.
Uno de los puntos en los que Vásquez y Santos Odir coinciden es en que no están dispuestos a dejar sus tierras sin una opción segura para el traslado. «Tenemos que soportar hasta que nos den el lugar a donde sí podamos ir a vivir, queremos tener las ubicaciones y, ya con eso, nosotros empezamos a arriar las ovejas, las vacas, los patos y, como el pueblo de Israel, salir rumbo a la tierra prometida».
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]]>Sonia Pereira no sabe leer. En el caserío Flor de Mangle, en Conchagua, La Unión, la baja escolaridad es norma. Los adultos no han superado el quinto grado. Sin opciones, estas personas se dedican a tres tareas: la agricultura, la ganadería y la extracción de moluscos. Todas están directamente relacionadas con las parcelas que habitan. Flor de Mangle no se puede reubicar sin que eso signifique un golpe que va más allá de la vivienda. «Si nos llevan a otro lado y no podemos trabajar, nos van a matar de hambre», dice Sonia de pie, bajo el sol, en la manglera en la que finaliza la calle polvosa que es este caserío.
Este es el primer lugar al que han llegado representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) a hablar acerca de la construcción del Aeropuerto del Pacífico. El aeropuerto y la comunidad no pueden habitar el mismo espacio. Si las autoridades insisten en construir en este sitio, en donde ya iniciaron los trámites, lo que corresponde, entonces, es mover a la comunidad.
El 5 de enero, Elmer Martínez prestó su lote de dos parcelas para que se realizara la primera reunión con los habitantes de los caseríos Flor de Mangle y Condadillo, las dos zonas habitadas que van a ser afectadas por el proyecto según los formularios presentados, en septiembre de 2021, por CEPA, ante el Ministerio de Medio Ambiente. La institución esperó más de tres meses para dar información sobre reubicación, y muy vaga, a las 70 familias que residen en estos lugares desde hace décadas.
En esa reunión, a la que también asistieron representantes de las alcaldías de La Unión y Conchagua, así como del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), no hubo compromisos. Hubo ofrecimientos y alguna promesa de que a las personas se les pagarían sus viviendas. En ningún momento la reubicación se planteó como negociable, de acuerdo con los testimonios y los videos que del encuentro grabaron los vecinos.
El 22 de febrero fue convocada otra reunión. Y, para entonces, los habitantes ya plantearon más preguntas. Como por ejemplo, qué pasará con las parcelas que no tienen vivienda, pero están cultivadas o que se utilizan en actividades de ganadería. También incluyeron en la discusión qué pasará con las personas que habitan en la zona, pero no cuentan con documentos que confirmen propiedad.
Sonia forma parte del grupo de las personas que no tienen ningún papel que certifique propiedad del territorio que habitan. Además, como no sabe leer, ella no sabría qué hacer si tiene que iniciar, ahora, un trámite así. «En el aire estamos», dice y se encoje de hombros. Ella se dedica a la extracción de moluscos, los conocidos como curiles.
En el mapa catastral del Centro Nacional de Registro (CNR), en Flor de Mangle aparecen más de 80 lotes. No hay; sin embargo, información disponible de ninguno de ellos.
Élmer es una de las personas que sí logró inscribir su propiedad. Y cuenta que esta comunidad se formó porque un grupo de desmovilizados de guerra ofreció al ISTA pagar una deuda vigente por esta tierra: «A nosotros no nos regalaron, nosotros, como cooperativa, pagamos esa deuda para que nos dieran los terrenos». El ISTA no ha emitido información con respecto al que es su papel en este proceso de reubicación de comunidades y construcción del aeropuerto.
Flor de Mangle ha figurado en varios proyectos de desarrollo, pero pocas veces ha visto cumplidas las promesas. Aquí no hay agua potable, no hay servicio de aguas negras ni grises. En 2006, les ofrecieron la construcción de un centro escolar, pero jamás sucedió. Para recibir atención médica, hay que tener por lo menos $5 para trasladarse a Conchagua o a La Unión. La electricidad llegó a las familias que lo podían costear, pero solo hasta hace poco más de un año.
El caserío fue golpeado por el desbordamiento de la quebrada cercana en 2016, 16 casas resultaron dañadas. Lo poco que tenían los habitantes, se perdió en el lodo. En 2019, las lluvias provocaron deslizamientos que afectaron la entrada al caserío y varias viviendas más.
A inicios de 2020, un fenómeno que los vecinos achacan a químicos en el agua del estero El Tamarindo, mató en el manglar a una gran cantidad de moluscos y dejó a los pobladores sin esta fuente de ingresos y alimentos. No solo a esta comunidad fue afectada, sino que a las de todas las de la zona. Así fue como los encontró la cuarentena por covid-19.
«Pero, aquí, por lo menos, mangos tenemos para chupar. En otro lado, no sabemos», cuenta Sonia y se ríe.
Tras una inspección realizada en septiembre del año pasado, derivada del inicio del trámite de permisos de parte de CEPA, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente advirtieron a la titular que la cercanía de un aeropuerto al bosque salado afectará indiscutiblemente la flora, la fauna y todo el ecosistema de un Área Natural Protegida como es el estero El Tamarindo. Además, la funcionalidad del proyecto está en riesgo debido a las constantes inundaciones, esas que por años han sufrido los habitantes. Estos aportes están plasmados en la Resolución MARN-NFA1409-2021-TDR-329-2021.
Este documento cita también que la información disponible en el mapa de clave catastral del CNR, «se identificó que el polígono del proyecto afecta a dos parcelaciones urbanas, una parcelación agrícola, varias parcelas de tipo rural, un aeropuerto o pista de aterrizaje (Pista San Ramón) y algunas calles de acceso a parcelas agrícolas». Quiere decir que esta tierra está ocupada y que para poner en marcha la construcción, la institución titular del proyecto debe hacer más gestiones.
De principio a fin
Si el mangle en donde está Sonia se toma como el final del caserío, el inicio es el lote de Élmer. Es una esquina que se hace entre la muy transitada carretera El Litoral y la polvosa. Aquí en donde él ha construido dos viviendas que tienen piso de tierra, cuatro paredes y láminas. En el resto del espacio ha sembrado. Es agricultor.
«¿Cómo nos van a llevar a encerrar a cualquier lado, si nosotros de esto vivimos?», pregunta. En este solar hay árboles de mango que dan frutos en ramas a ras del suelo. Tiene matas de banano, chiles y también hay hortalizas. Todo el espacio se aprovecha.
El lote de Élmer sirve para producir y también como espacio de comercialización. Acondicionó un puesto de venta de láminas y ofrece sus productos a los automovilistas. «Yo pensaba que aquí iba a poder estar tranquilo para envejecer».
Lo mismo que Élmer pensaba Clelia Villalobos. Ella crió aquí a cinco hijos. Solo a una ha logrado hacer llegar a un quinto grado de escolaridad. Todos han aprendido a curilear, sacar con las manos molusco de entre las raíces del bosque de mangle de madrugada. «Ahorita que hemos estado sin poder ir a la ‘ñanga’ (mangle) la hemos pasado bien mal».
La casa de Clelia está a medio hacer. Le querían poner ladrillo y le querían mejorar el pozo. Pero en enero, tras el anuncio de que esta tierra ya no sería más suya, todo se detuvo. Ella es otra mujer de este caserío que no sabe leer. Se dedica, también, a cuidar sus vacas y, para eso, usa una parcela cercana. «Es necesario, yo considero, que nos avisen con tiempo si en el lugar a donde vamos podemos seguir con nuestros animales, porque, si no vamos a poder, hay que venderlos. Y también que nos dejen paso para la ‘ñanga’, para que podamos trabajar».
En su resolución de evaluación, los técnicos de Medio Ambiente le señalan a CEPA que debe contar con «la documentación legal que compruebe la tenencia o propiedad de los inmuebles donde será asentado el recinto fiscal». Y los mismos requisitos debe cumplir con «los potenciales sitios de reasentamiento humano que surjan con la ejecución del proyecto», es decir, el lugar al que serán trasladadas las familias de Flor de Mangle.
Hasta la fecha, en este caserío no se sabe nada de zonas de reubicación ni de mecanismo de pago de las propiedades. Tampoco de cómo se procederá con los que no tengan escrituras de sus terrenos. «Espero que no nos quieran sacar como animalitos», explica Élmer, quien no deja solo un terreno, sino que mucho tiempo y dinero dedicados a alcanzar bienestar. En su casa, el sanitario es lavable y está cerca de la estructura principal de la vivienda. Esto es posible porque instaló un sistema de tubería interno que va desde el inodoro hasta la fosa séptica, que está al final del lote.
EL MARN, en efecto, exige para la instalación del aeropuerto todo lo que a la comunidad no se le facilitó como servidumbres de agua potable y tendido eléctrico, entre otros. «Nosotros pedimos que se cumpla lo que nos ofrecen, porque ya otros gobiernos han ofrecido y ofrecido y no se ha cumplido. Se ve que el aeropuerto aquí lo van a hacer, y no se puede detener, esperamos un trato justo», señala Élmer que llegó a Flor de Mangle en el 2001.
«En atención a la entrada en vigencia del Acuerdo No.306, de fecha 26 de julio de 2017, es importante incluir la opinión de la población dentro del área de influencia directa, e indirecta del proyecto, y proyectos vecinos con relación a la construcción y funcionamiento del proyecto», reza también la resolución. Estas consultas; sin embargo, no se han realizado, de acuerdo con lo relatado por los habitantes como Clelia y que confirman, cada uno por su lado, Sonia y Élmer: «Aquí solo a medirnos las casas han venido, nada más».
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]]>El terreno que ha sido elegido para la construcción del Aeropuerto del Pacífico está sobre una masa de agua subterránea, atraviesa los caudales de cuatro ríos y, al quedar a escasos metros, amenaza al Estero El Tamarindo, que tiene categoría de Área Natural Protegida.
Por estas y otras razones, el Ministerio de Medio Ambiente ha catalogado la construcción como Proyecto de Impacto Ambiental de Moderado a Alto (PIAMA). De acuerdo con la ley, se necesitan nueve unidades valorativas para caer en esta categoría. Este reúne 105.
El 20 de septiembre de 2021, Federico Anliker López, como representante legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), presentó el «Formulario ambiental del proyecto Construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico». Ahí se documentó la ubicación del mismo: «Cantón Loma Larga, municipio y departamento de La Unión».
Siete días después, el 27, personal de la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental inspeccionó el lugar indicado en el formulario y, aparte de constatar que no se habían iniciado las obras de construcción, se comprobó que hay «áreas de manglar colindantes al sureste del proyecto», de acuerdo con el documento Resolución MARN- NFA1409- 2021-TDR-329-2021, que fue levantado tras la visita.
El artículo 9 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas declara los bosques salados (manglares de todo tipo) como «bienes nacionales» y «patrimonio natural del Estado», al igual que los «humedales continentales y artificiales, los cráteres, lavas, farallones, lagos y lagunas». Así que cualquier proyecto sobre uno de estos territorios se califica como inviable.
Solo dos días después de la notificación de inviabilidad ambiental, el 29 de septiembre, CEPA pidió una reconsideración. Este paso lo realizó por medio de un escrito en el que se insistió en que el «proyecto no está dentro de bosque salado» y que se planifica «un retiro de 17 metros del lindero». Una distancia de 17 metros se recorre en poco menos de 35 pasos.
El área en donde CEPA visualiza el nuevo aeropuerto se extiende en paralelo al Estero El Tamarindo. En este lugar predomina el conocido como Mangle Enano. Los técnicos del MARN apuntan que este ecosistema depende del balance entre agua dulce y agua salada: «El cual, de perderse o alterarse significativamente, debilitará las zonas naturales de amortiguamiento ante eventos de tsunami y erosión costera». Esto no puede leerse sino como una advertencia.
Quiere decir que, de ser construido tal y como está planteado en el formulario que Anliker López presentó en septiembre para evaluación del MARN, el nuevo aeropuerto se ubicará «en zona de amenaza alta o muy alta de inundación interoceánica». Y si, además, se pierde la densidad del bosque salado, la vulnerabilidad ante este tipo de eventos aumenta.
El mar no es la única amenaza en este sentido. «El área donde se proyecta la pista está ubicada en donde confluyen los ríos Las Guamas, Los Monos y Managuara, así como de la quebrada El Águila», notaron los técnicos durante su inspección (leer página siguiente). «La susceptibilidad de inundación es alta o muy alta en el sitio del proyecto», concluyeron.
Este año
«Tal y como lo ha expresado el presidente Nayib Bukele, en el año 2022 pondremos la primera piedra del Aeropuerto del Pacífico, así que estamos trabajando a gran velocidad, de forma articulada y muy comprometida.» Estas son las palabras que en la página web de CEPA se citan y se le adjudican a Anliker López, presidente de la institución.
En la publicación, con fecha de septiembre de 2021, se hace referencia a que «el comisionado de Proyectos Estratégicos de Presidencia, Cristian Flores; el presidente del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria), Óscar Guardado y equipos técnicos realizaron un reconocimiento técnico en la zona donde se colocará la primera piedra para su construcción». Pero no se detalló el lugar.
El 24 de febrero de este año, Anliker López presentó el informe Económico y Financiero para la construcción del Aeropuerto del Pacífico. De acuerdo con publicaciones gubernamentales, en el evento hubo representantes de Ministerio de Vivienda, Ministerio de Turismo, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Centro Nacional de Registros y Ministerio de Medio Ambiente.
En esa ocasión, el presidente de CEPA depositó en Nayib Bukele la responsabilidad de dar a conocer la ubicación exacta del proyecto. Hasta el momento, Anliker López ha destacado avances de hasta un 70 % en «demanda de aerolíneas y pasajeros, proyecciones de tráfico aéreo y tipos de aviones a recibir». Entre otras cuestiones, también ha hablado de costos de infraestructura, costos de operación, sostenibilidad, modelo de negocios y proyección de ingresos.
De lo que no habla es del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este es un paso indispensable, ya que este califica como Proyecto de Impacto Ambiental de Moderado a Alto (PIAMA).
El EIA se debe completar antes de octubre de 2022, que es cuando termina el plazo de un año que los técnicos detallaron en la resolución entregada a CEPA después de elaborar el dictamen.
El sitio en donde CEPA ha prospectado la construcción del aeropuerto está, además, directamente sobre una masa de agua subterránea, la número 19, y a unos metros de otra, la número 20. Por esta razón el MARN ha indicado a la titular del proyecto que presente una alternativa sostenible de abastecimiento de agua, ya que se debe evitar, por un lado, afectar el ciclo de captación de los cuerpos de agua y también se debe evitar entrar en conflicto con las comunidades que ya se abastecen de ese manto acuífero.
«El proyecto no ha validado la disponibilidad de agua en la fuente propuesta para autoabastecimiento, de acuerdo al consumo proyectado sin afectar a terceros», se detalla en la resolución. Tanto para la etapa de construcción como para la etapa de funcionamiento se calcula que el aeropuerto requiera de una demanda hídrica de más de 1.44 litros por segundo.
La página web de CEPA define la construcción del Aeropuerto del Pacífico como uno «de los proyectos encomendados al Gobierno del presidente Nayib Bukele». En la misma se cita a Anliker López: «Vamos a generar un polo de desarrollo alrededor de esta zona. No solo es el proyecto del aeropuerto, sino también se establecerán industrias alrededor».
Pese a los ambiciosos planes revelados por las autoridades de CEPA, los técnicos de MARN hicieron ver en su resolución que en el diseño del formulario presentado solo se hace referencia al municipio de La Unión, cuando una buena parte del Cantón Loma Larga pertenece a Conchagua. Esto obliga a CEPA, por ley, a realizar consultas ciudadanas en ambos municipios e incluirlas en el Estudio de Impacto Ambiental.
«En atención a la entrada en vigencia del Acuerdo No.306, de fecha 26 de julio de 2017, es importante incluir la opinión de la población dentro del área de influencia directa, e indirecta del proyecto, y proyectos vecinos con relación a la construcción y funcionamiento del proyecto», se determina en la resolución de la que la Comisión Ejecutiva ya fue notificada en octubre del año pasado.
Sin información
Las casas, los cercos y los árboles del caserío Flor de Mangle, que pertenece al cantón Loma Larga en la parte de Conchagua, tienen brochazos color naranja neón, el que se usa en obras de construcción como advertencia. Este caserío es una calle polvosa que arranca en la Carretera del Litoral y termina en la línea de mangle.
Durante 2021, las familias de Flor de Mangle no supieron nada de una posible reubicación debido a la construcción, en la zona, del nuevo aeropuerto: uno de los proyectos insignia del Gobierno.
No hubo consultas para los ciudadanos ni advertencias para nadie.
Fue hasta el 5 de enero de este año que se les convocó a una reunión en la que se les comunicó, en términos generales, del proyecto. Desde entonces han visto una invasión de vehículos con logos de CEPA y del MOP transitando como nunca por esta calle polvosa.
En esas reuniones, a las que han sido invitados representantes de otros caseríos afectados, como Condadillo, los lugareños han escuchado también a representantes de las alcaldías de Conchagua, de La Unión y del ISTA. Pese a que ya dan cuenta de al menos dos de estos encuentros, la duda más importante sigue siendo a qué lugar los van a trasladar.
Las cuadrillas de personal de las instituciones han entrado a las viviendas a tomar fotos de las construcciones, del cableado eléctrico; de los pozos, porque no hay agua potable ni servicio de aguas negras; de las fosas sépticas, de los árboles frutales, de las parcelas cultivadas y de aquellas en las que pastan las vacas.
Pero fuera de eso, para los habitantes de este caserío, el primero a ser intervenido, hay casi que ninguna certeza.
El trabajo de diseño del aeropuerto ha sido responsabilidad del consorcio PEYCO-ALBEN 4000, de acuerdo con lo revelado por CEPA. En septiembre del año pasado, la institución publicó que «el representante del consorcio, Alberto Gómez Serranillo, hizo mención que el Aeropuerto del Pacífico está diseñado y planificado para ser una infraestructura portuaria de referencia en Centroamérica que dinamice la economía de la zona oriental de El Salvador».
CEPA califica como «estratégica» la ubicación del proyecto de construcción del aeropuerto. Pero, el MARN, debido a los puntos señalados y a que la zona se encuentra habitada, incluye en la resolución una gráfica en la que aparece un lugar de construcción alternativo que se encuentra más alejado de la zona costera y con un porcentaje mayor en el municipio de Conchagua.
Lo dicho por Anliker López en febrero, más el aumento de actividades en la zona del caserío Flor de Mangle indican, sin embargo, que la ubicación señalada en el formulario, en septiembre, se mantiene.
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]]>La entrada Deslave en Nejapa | Los Angelitos: la advertencia que nadie escuchó se publicó primero en Séptimo Sentido.
]]>Gloria Martínez habita en Los Angelitos II, en Nejapa, desde hace 18 años. Así lo cuenta mientras camina por un camino de piedras y maleza que hace las veces de calle principal del caserío. El camino por el que avanza se convirtió, el 29 de octubre de 2020, en un alud de lodo, piedras, ramas y postes del tendido eléctrico. Este deslave causó la muerte de nueve personas y un desaparecido: todos oriundos de la zona. Todos conocidos de Gloria. Ella, ahora, camina sobre lo que, hasta la noche de la tragedia, eran las viviendas de sus vecinos y amigos.
«Esa noche sucedió lo que ya se podía prever en cualquier municipio del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)», dice Adolfo Barrios, exalcalde de Nejapa. Las señales de un desastre de esa magnitud «eran evidentes» a todas luces, agrega. Esto porque, según Barrios, ya estaban «identificadas todas las zonas de alto riesgo: de deslizamientos y de inundación».
Gloria llega al pie de una pequeña colina que conduce a las ruinas de algunas de las casas que el deslave se llevó. Ahí se erige un rótulo. En los 18 años que tiene de habitar la zona, jamás había visto un letrero así. «Importante, la alcaldía de Nejapa declara zona inhabitable El Caserío Los Angelitos I y II», reza el aviso azul con los logos de la municipalidad y del alcalde actual en la parte inferior. Ahí, cerca de lo que queda de las casas de sus vecinos de toda la vida.
El concejo municipal de Nejapa, presidido en ese entonces por Adolfo Barrios, se reunió el 9 de marzo de 2021 para, entre otras cosas, evaluar una resolución emitida por la Oficina de Planificación del AMSS (OPAMSS) el 27 de noviembre de 2020 para declarar la zona de Los Angelitos I y II como inhabitable.
La resolución se aprobó, entonces, cinco meses después del deslave.
Barrios defiende que esta tardanza se sostuvo en estudios, proyectos e, incluso, consulta ciudadana. La declaratoria de la zona de Los Angelitos como inhabitable apareció en el Diario Oficial el 8 de abril de 2021. El rótulo, explica Gloria, apareció ahí en septiembre.
Pero antes de la declaratoria y del rótulo, las autoridades del AMSS ya estaban conscientes del potencial peligro al que los habitantes de Los Angelitos I y II estaban expuestos. A 15 kilómetros del hogar de Gloria, en una oficina de San Salvador, la abogada Alma Sánchez extiende un pliego de papel. Es un mapa geológico del AMSS.
Además de abogada, Sánchez es docente e investigadora ambiental y territorial. El mapa que ahora despliega sobre la mesa es, explica, resultado del proyecto «Gestión de riesgos y disminución de vulnerabilidad social en el AMSS 2017-2020», de la OPAMSS. El mismo señala distintas zonas del Área Metropolitana de San Salvador con flechas de color rojo o de color naranja.
Las de color rojo, dice la abogada, representan lugares de «trayectoria de flujos potenciales». Todo lo que aparece marcado con esas flechas rojas, explica, son lugares de deslaves potenciales.
«Estos son instrumentos de predicción que tienen grandes niveles de certeza», señala la abogada. El cantón Conacaste, en el que, hasta hace un año, se erguían los caseríos Los Angelitos I y II, está señalado por una flecha con punta roja.
Estos mapas aparecieron en marzo de 2020: siete meses antes del deslave que dejó nueve fallecidos y cerca de 50 casas dañadas.
Adolfo Barrios, que participó en la elaboración de los mapas en conjunto con la OPAMSS, no puede más que admitir que, en efecto, «muchas zonas del municipio de Nejapa están marcadas por la alta vulnerabilidad». Al pie del rótulo que indica que el lugar en el que reside no puede ser habitado, Gloria Martínez reflexiona: «Pero pasó todo eso. Pasó que tuvimos que recoger los cuerpos de nuestros vecinos para que pusieran ese rótulo y esta zona fuera declarada inhabitable».
Avisos que pasaron por alto
El Mapa de Uso de Suelo del municipio de Nejapa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que aparece en el decreto ejecutivo 61 para la zonificación ambiental y los usos del suelo del mismo territorio, está marcado, casi en su totalidad, por venas de color azul. Estas, de acuerdo con la leyenda de uso de suelo, corresponden a lahares o sistemas naturales de drenaje.
Un lahar es, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y los municipios aledaños, un «gran deslizamiento de materiales saturados en las partes altas de los volcanes y que se transportan a través de los cauces de las quebradas, ríos, u otro tipo de depresiones de terreno». Para la abogada Alma Sánchez, son «familias de piedra, agua, suelo licuado, etcétera, que salen por un camino específico».
Y para Gloria Martínez, es eso que a las 10:00 de la noche del 29 de octubre de 2020 se llevó las vidas y viviendas de sus vecinos. Es esa corriente que, hace un año, llegó hasta la carretera Panamericana.
Gloria, como lideresa comunal, contabiliza que, a la fecha del deslave y solo en Los Angelitos II, habitaban 60 familias. Los censos municipales que cita el exalcalde Adolfo Barrios hablan de 78 entre las dos comunidades. 78 familias que vivían en estado de vulnerabilidad, en palabras del propio Barrios.
El jueves 29 de octubre de 2020, por la mañana, el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente emitió una alerta por fuertes lluvias en el occidente del país. Para los alrededores del volcán de San Salvador, el Observatorio solo recomendaba «vigilancia». A Los Angelitos I y II nunca llegó ninguna alerta o plan de evacuación.
Alrededor de las 10:00 p. m., el Observatorio reportó 57 milímetros de lluvia en la zona de El Picacho. Fue hasta casi la medianoche que, a través de un tuit, reportaron deslizamientos y flujo de escombros en el cerro El Picacho y en municipios aledaños. Para entonces, el deslave que arrasó con Los Angelitos I y II ya había restringido el paso por la carretera a Quezaltepeque.
El mapa geológico del AMSS señala, a través de una tipología de colores, el grado de vulnerabilidad de algunas zonas.
«Lo ideal, es que esta zona fuera completamente roja», dice Alma Sánchez, señalando el área del cantón Conacaste en el mapa de OPAMSS. Es decir, que indicara peligrosidad muy alta.
El de Los Angelitos, explica Sánchez, es un escenario «para el que los geólogos e ingenieros civiles no estaban preparados». Y, luego, agrega: «hay gente que toma la decisión de asumir el riesgo: quienes no tienen un lugar para asentarse».
«La gente que vive aquí es porque aquí ha nacido», dice Gloria, al pie del rótulo azul. La casa de su suegra se encuentra a pocos metros. A la vuelta de la esquina, la casa de ella, su esposo y su hija. «A nosotros, lo único que nos dicen, es que aquí es zona de alto riesgo», dice, frente a una de las rocas gigantes que el deslave arrastró.
Ahí alrededor de esas rocas, y en donde, según los rótulos, nadie tendría que vivir, aún habitan 39 familias.
No tener dónde ir
El exalcalde Adolfo Barrios explica que todas las construcciones que se autorizan en el municipio se encuentran dentro de la zona clasificada como urbanizable por el Esquema Director de la OPAMSS.
Algunas de estas zonas, dice Barrios, se encuentran clasificadas en otros documentos, como el Decreto Ejecutivo 61 para la zonificación ambiental y los usos del suelo, como zonas de «máxima protección y conservación». «Es contradictorio», admite, «pero es lo que tenemos».
Las flechas de flujo potencial, es decir, de deslaves potenciales, que aparecen en el mapa geológico de la OPAMSS no se dibujan más allá del caserío Conacaste. No están cerca de la zona de Quezaltepeque en donde se ubican algunas residenciales recientemente construidas. «Pero, recordemos, la geología es caprichosa. Nadie puede dictaminar cómo se va a comportar la tierra», dice la abogada Alma Sánchez. La naturaleza del suelo y el cambio climático pueden ocasionar, explica Sánchez, desastres de gran magnitud para los que las comunidades no están preparadas.
«Socialización y ajuste de herramientas a nivel local» fueron, según el exalcalde Adolfo Barrios, las recomendaciones que la OPAMSS emitió a la alcaldía de Nejapa luego de la elaboración de los mapas de gestión y manejo de riesgos. «Lo que más logramos, como comuna, fue respetar los límites para otorgar permisos de construcción», recuerda. A la gente de Los Angelitos I y II, explica, les tocó la parte de «la socialización»: advertirles, como ya ellos mismos sabían, que habitaban en una zona de alta peligrosidad.
Allá, en comunidades como Los Angelitos, los habitantes tienen que estar atentos, por ejemplo, a las crecidas del río o a la estabilidad del suelo. Porque, como el exalcalde explica, «una intervención es bastante difícil, porque es muy alta la inversión. Y es que la gestión de riesgos hubiera funcionado de forma maravillosa si hubiéramos encontrado soluciones de vivienda para esas personas», admite Barrios.
Lo que queda de Los Angelitos II se ubica, de acuerdo con el mapa del Esquema Director de la OPAMSS, cerca del límite de la zona de «expansión» y la de «conservación ambiental». Gloria explica que ahí, después de instalar el rótulo, empleados de la alcaldía destruyeron lo que quedaba de las viviendas para evitar que alguien decidiera regresar o establecerse ahí, a la orilla de la quebrada.
«Sabemos que estamos en zona de riesgo: ellos mismos nos lo dicen. Eso lo sabemos. Lo hemos sabido siempre», reflexiona de pie sobre lo que queda del umbral de la casa de uno de sus vecinos. «Pero, si no es aquí», explica señalando las piedras gigantes que recuerdan a la noche del deslave, «¿a dónde más vamos a ir?», concluye.
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]]>El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) atraviesa una crisis habitacional. Aquí, en la zona que comprende 14 municipios y que concentra aproximadamente a una tercera parte de la población salvadoreña, la oferta de vivienda «no logra casar» con la demanda, de acuerdo con la directora ejecutiva de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Yolanda Bichara.
«Tenemos un territorio metropolitano fragmentado, vulnerable, desigual y desarticulado», asegura Bichara. Los datos que aparecen en una pantalla a sus espaldas ilustran la afirmación: 4,884 hectáreas del territorio del AMSS están catalogadas como Asentamientos Urbanos Precarios (AUP). Estas, de acuerdo con la OPAMSS, están bajo el umbral de la precariedad alta y extrema.
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT) define a los asentamientos precarios como «grupo de personas que viven en una zona urbana que carece de vivienda durable de naturaleza permanente, espacio vital suficiente, acceso fácil a agua potable y saneamiento adecuado y tenencia segura para evitar desalojos». Un 28% de los 610 kilómetros cuadrados del AMSS están ocupados por este tipo de asentamientos.
Los números de la OPAMSS señalan, a todas luces, una «crisis de vivienda», de acuerdo con el arquitecto Rafael Tobar. Esto, en gran parte, se debe a que «no existe una empresa estatal que esté produciendo vivienda de interés social». Para Tobar, una forma de contrarrestar esta crisis urbana sería construir «ciudades compactas basadas en modelos de construcción en altura».
Los datos de la OPAMSS reflejan que el modelo de construcción en altura sí se está potenciando en el AMSS. De acuerdo con Yolanda Bichara, la oficina reportó, entre octubre de 2018 y 2020, 73 proyectos en altura favorables.
Estos, sin embargo, no representan una solución concreta para quienes habitan en AUP. Bichara acepta que, a pesar del crecimiento y de la inversión del sector construcción, que asciende a $777 millones por este tipo de proyectos en el AMSS, el precio promedio de un apartamento en un edificio de tres o cuatro niveles es de $108,999. Este incrementa, explica Bichara, a medida crece el número de pisos. Así, el precio promedio por un apartamento puede ascender a $225,000.
El mercado de vivienda en altura actual, que es lo que algunos expertos, incluyendo a la misma OPAMSS, proponen como solución a la crisis habitacional, no produce vivienda para el grueso de habitantes del AMSS: estos están dirigidos únicamente al 1.5% de los habitantes del AMSS.
Para la gran mayoría, es decir, el 62% de las 430,000 familias que habitan en la zona y que no pueden pagar más de $14,000 por una vivienda, de acuerdo con la OPAMSS, se produce solamente un 1% de las construcciones en altura.
«El estrato para el que más se genera vivienda en altura es para las familias con ingresos que permitan comprar unidades habitacionales de hasta $200,000», admite Bichara.
No tener a quién construir
En El Salvador no hay una ley que regule la producción habitacional. Aquí no hay ley de vivienda. El ente rector, es decir, el Ministerio de Vivienda (MIVI), entonces, no tiene qué dirigir, concluye el arquitecto y docente Alex Renderos. Para 2021, el MIVI reportó un recorte en el presupuesto para vivienda y desarrollo humano. La línea de trabajo «vivienda y hábitat» que tiene por objetivo «planificar y coordinar los programas de vivienda digna y de calidad y la reducción de vulnerabilidad de los asentamientos urbanos» percibió $204,140 menos en relación al presupuesto de 2020. Ante estos vacíos, explica Renderos, la producción de vivienda para los salvadoreños recae, entonces, en manos de constructoras privadas.
«Estamos viendo edificios que nacen desde la óptica de la empresa privada. No vemos vivienda de interés social», dice Renderos. Y es por esto, explica, que la mayor parte de la producción actual de unidades habitacionales va destinada a personas que ganan más de cuatro salarios mínimos, es decir, lo que se necesitaría para acceder a una vivienda de interés social.
Las estadísticas del Fondo Social para la Vivienda (FSV) señalan que, hasta octubre de 2021, la institución ha otorgado 6,364 créditos para adquisición de vivienda nueva, usada, vivienda del FSV u otras líneas. La mayoría de estos, es decir, 3,547, corresponden a vivienda usada.
Entre los requisitos para aplicar a uno de estos créditos se encuentran los comprobantes de ingresos, la buena calificación crediticia en el sistema financiero y la capacidad de pago. Hasta diciembre de 2021, cinco de las 19 opciones de vivienda nueva disponibles para financiamiento en el portal del FSV se ubicaban dentro del AMSS. El resto, en municipios del interior del país.
El FSV pone a disposición, también, el programa de Vivienda Usada y el Programa de Vivienda Social para quienes no puedan costearse una vivienda nueva. A este último, lo vende como una «solución habitacional a sectores de la población altamente vulnerables y de escasos recursos». Los precios de los inmuebles que puede financiar este programa no deben superar los $25,000 y se debe elegir de un catálogo de inmuebles recuperados por el FSV. Estas viviendas oscilan entre los $4,000 y los $20,000. La mayoría se ubican en zonas del AMSS con alta presencia delincuencial.
La zona poniente del AMSS, es decir, más cerca de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, podría catalogarse, de acuerdo con el arquitecto Renderos, como una «zona de residencia» así, a secas. Estas se caracterizan, explica el arquitecto, por concentración de viviendas de alto costo bajo una connotación de «seguridad». Y es aquí, dice, donde aparece una lógica de asentamientos excluyentes: municipios con viviendas amplias pero con densidad menor.
Las zonas excluyentes, explica Alex Renderos, generan ofertas habitacionales que no son compatibles con los ingresos mínimos que podría tener una familia del AMSS. Los programas del FSV tampoco ofrecen soluciones habitacionales ubicadas en estas zonas. Y son estos asentimientos excluyentes los que, en parte, según Renderos, favorecen al crecimiento de AUP. Los proyectos inaccesibles orillan a quienes no pueden pagarlos a la precariedad.
El Programa de Vivienda y Vida Digna (PROVIDA) es otra de las iniciativas que el FSV presenta para «familias salvadoreñas más vulnerables» y que «promueve el empoderamiento de la mujer». El programa ofrece, de acuerdo con el portal web, «vivienda propia en condición favorable».
En PROVIDA, los usuarios pueden acceder a líneas de vivienda nueva, usada y construcción. El portal web es enfático cuando dice que quienes apliquen no deben poseer vivienda para acceder a soluciones habitacionales en diversos departamentos del país. Las únicas excepciones son Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y los municipios del AMSS.
Sin espacio ni solución
10 metros cuadrados son, en términos de dimensionamiento, lo mínimo que necesita una persona para vivir de forma digna. Así lo explica el arquitecto Rafael Tobar. A partir de eso, Tobar calcula que una familia de cinco personas debería habitar, como mínimo, un espacio de 50 metros cuadrados para garantizar su bienestar.
Las casas del catálogo de vivienda recuperada del FSV oscilan entre los 20 y los 60 metros cuadrados. El precio varía, claramente, con las dimensiones del inmueble. No existe condición o reglamento alguno sobre el número de personas que pueden habitar la vivienda. Este tipo de inmuebles, es decir, los que no garantizan condiciones mínimas de espacio personal, orillan, de acuerdo con Tobar, a condiciones de hacinamiento.
La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) define el hacinamiento como «el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con tres o más personas por dormitorio exclusivo». Un dormitorio exclusivo es, según el documento, las habitaciones que el hogar dedica exclusivamente para dormir. Así, para 2020, la EHPM reportó que un 39.8% de hogares a escala nacional vivían en condición de hacinamiento.
Para el arquitecto Alex Renderos, El Salvador rige su producción de vivienda por un modelo neoliberal. Estas lógicas de mercado que favorecen a la producción de la empresa privada, explica, generan proyectos urbanísticos habitacionales que no toman en cuenta el sentido humano.
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]]>A la casa de Inés Flamenco se llega por una vereda entre malezas y hojas secas. La casa de paredes de adobe que habitan ella, su hijo, y su nieto pequeño está en pie, dice, solo gracias al apoyo de una ONG que le brindó ayuda para levantar los muros. Una ventana estilo francesa resalta en un muro: este, que pareciera ser el único «lujo» de la casa, también fue donación de un plan de la misma ONG, cuenta la mujer.
El patio conquista gran parte del terreno. Ese que, según cuenta, ha habitado desde hace 74 años: «yo tengo de estar aquí los años que tengo de vida», dice con una sonrisa. Ese espacio abierto en el que una ternera, dos perros, varios pollos, gallinas y gatos merodean es, en realidad, la cima de un barranco: del otro lado de donde Inés está parada, al pie de la hondonada, corre una quebrada. Ahora, «gracias a Dios», está seca. Pero, en 2020, acabó con la vida de nueve vecinos de Inés.
«Fue una noche de terror», dice al recordar el deslave del 29 de octubre de 2020. Y la expresión de su rostro denota que el susto aún no pasa. Inés Flamenco reside, con su familia, en el caserío Los Angelitos I, en Nejapa. Ellos habitan en lo que quedó en pie luego del deslave que llegó del otro lado de la Carretera Panamericana, y que se llevó parte de la cocina de Inés y cinco chivos.
Inés sabe que vive en una zona de alto riesgo: la noche del deslave, perdió a dos de sus vecinos. Y también porque, del otro lado de la carretera, hay un rótulo que declara que la zona de Los Angelitos I y II es inhabitable. «Es que yo no tengo ningún otro lugar dónde ir», explica.
«Yo soy la que le dio el ramo de flores al señor Presidente», dice Inés Flamenco, con un tono tímido, como si contara un secreto muy profundo. Ella fue una de las afectadas por el deslave a quienes, en 2020, el Gobierno de Nayib Bukele otorgó residencias en Ciudad Marsella. La devolvió. No era para ella, dice.
«Allá no querían ni siquiera un gato», dice mientras acaricia a su ternera. «Yo vivo de la leche, de los huevos, de lo que me dan mis animalitos», explica mientras a su alrededor pasean perros, gallinas y pollos. «Ahí fue donde me impacté y decidí dejar la casa».
La decisión le acarreó comentarios agresivos en redes sociales. «La gente decía que después de darle flores al presidente, le había dado una patada atrás», narra.
El trabajo de campo, como Inés llama a las actividades que realiza para sostenerse económicamente, no permite pagar el costo de un lote. Ella y su familia, entonces, tienen que vivir aquí, a orillas de la quebrada. «Ya cuando nos digan que nos tenemos que ir, a saber qué vamos a hacer», dice.
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