A nadie escapa, y a los partidos políticos que nos gobiernan tampoco, que la situación mundial, principalmente la que se ha originado en el estrecho de Ormuz, en el menor de los casos podría desencadenar un estallido de inflación a nivel mundial, por el aumento del precio de los productos petrolíferos y del gas, y no solo de ellos sino también de sus derivados y de los fertilizantes. Eso es lo que algunos economistas y políticos prevén, no sin razón, que sucederá de manera más o menos inmediata, según la zona y la capacidad de almacenamiento de cada país. Y es que esos economistas y políticos, en su mayoría siguen creyendo que las leyes generales del mercado sirven para todo sin limitaciones, y, obviamente, eso no es enteramente así. No es lo mismo que los precios suban por un exceso de liquidez, tal como sucedió durante la crisis de la Covid, es decir, más cantidad de dinero en circulación para adquirir la misma cantidad de productos, que por la escasez de unos productos, básicos en este caso.

Una escasez generalizada de suministros de primera necesidad, principalmente energéticos y de componentes básicos, tratada como un simple problema de precios y, por tanto, inflacionario, nos puede llevar a un descalabro social de difícil solución, al menos controlada. Y si lo trasladamos a nivel global, con significativas variaciones según la zona geográfica, tenemos todos los ingredientes para que ese descalabro termine en una conflagración mundial. Y eso, por supuesto, solo se puede evitar con un reparto lo más equitativo posible de las materias primas disponibles.

Hasta hace poco, por el estrecho de Ormuz pasaban alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y condensados. A eso se le debe sumar entre 5 y 8 millones de refinados, como gasolina, diésel, fuel, nafta, metanol, PET, etileno y propileno; y entre el 20% y el 25% de todo el Gas natural licuado, el 30% de la urea y el 21% del amoníaco mundiales. Su cierre, como puede verse, no es trivial, pero aún menos la destrucción de centros de procesamiento, distribución, refinerías y puertos, por los bombardeos iranís de represalia. A todo esto, según la Agencia Internacional de la Energía, los países del golfo han dejado de extraer 13 millones de barriles diarios, de los que entre 1 y 2 millones desaparecerán para siempre. Es decir, en el mejor de los casos y si la paz llegara mañana mismo, según Antonio Turiel el mundo perdería entre el 4 y el 8% de lo que consumimos; y en el peor, si la guerra continua, hasta el 40% durante una significativa cantidad de años.

Podemos decir, sin un atisbo de duda, que los ecologistas deberíamos estar de fiesta.

Dicho esto, es obvio que por mucho que el planeta necesite una disminución de consumo energético fósil, el mundo, es decir sus habitantes, no está preparado para abandonarlo, ni siquiera ese 30% de petróleo y 20% de gas. O quizá sí, si no nos atenemos a los parámetros que nos venden como certezas incuestionables.

Dejando de lado las circunstancias que han provocado el desajuste, solo achacables a la demencia o irresponsabilidad de unos líderes, que, dado que ya no pueden autoproclamarse del “mundo libre”, lo hacen como representantes del “occidente colectivo”, defienden una sociedad, la israelí o el Estado Judío, como ella misma se define, cuya prosperidad se basa en la apropiación de las tierras de sus vecinos y la eliminación física de quienes las habitaban; y de otra sociedad, la anglosajona, asociada en una extraña hermandad con la anterior, cuya supervivencia económica se fundamenta en la depredación de los recursos ajenos. Obviamente, el problema no es tan sencillo como lo pintamos, porque ese “occidente colectivo” ha pasado de ser cómplice de la depredación, a víctima de ella y de su resultado.

Pero vayamos a lo que nos importa: la posible inflación que podría conllevar la inevitable y sustancial disminución del suministro de las materias primas anteriormente mencionadas, afectaría principalmente a las economías más pobres. Si a eso le añadimos la disminución de recursos por la caída de ayudas procedentes de las sociedades más ricas. En Europa el aumento de precios sería sustancial, principalmente en el norte, ya castigado por la guerra de Ucrania y el consiguiente boicot a los productos energéticos rusos. En el sur, España e Italia mantienen unas excelentes relaciones con Argelia, un gran proveedor de gas. Además, al apostar la primera por la energía renovable, su dependencia fósil es algo menor. No somos los únicos, en algunos países no habrá falta de suministro, mientras que en el nuestro quizá llegue al 15%. Eso significa que el déficit general del 25% no es compartido y en algunos sobrepasará el 30%. Sin embargo, el aumento de precios de los alimentos y otros productos derivados, incluso algunos medicamentos, afectará a todos por igual, más pronunciadamente a las clases más humildes, donde España se lleva la palma en Europa. Recordemos que sigue siendo el país con más desempleo, solo superado por Finlandia,

 

La famosa “junta de la trócola” es una broma muy española, pero encierra un problema muy real: cuando quien presta un servicio sabe mucho más que quien lo paga, la relación deja de ser simétrica. Y en economía, cuando la información circula mal, se resiente la confianza que sostiene el mercado.

Ese es el punto de partida de una de las ideas más influyentes de la economía moderna, la asimetría de información, que George Akerlof llevó al centro del debate con su estudio sobre los mercados de coches usados. Su conclusión sigue vigente: cuando el comprador no puede distinguir bien la calidad del producto, tiende a pagar un precio medio; eso expulsa a los buenos vendedores, favorece a los peores y acaba degradando el mercado entero.

La escena se entiende bien si la bajamos al terreno cotidiano. Uno lleva el móvil a reparar, el técnico revisa el aparato y, de pronto, aparece un diagnóstico que suena definitivo: placa base dañada, reparación cara, casi mejor comprar otro. El cliente, que no tiene forma sencilla de verificar la avería, queda en una posición débil. No hace falta que haya fraude para que exista el problema: basta con que una de las partes pueda comprobar lo que ocurre y la otra no.

Desde ahí se entiende por qué este asunto no es solo una anécdota humorística ni una mala experiencia aislada. Cuando la opacidad se vuelve normal, la consecuencia es económica y también social. El consumidor desconfía, compara peor y toma decisiones menos informadas; el profesional honesto compite en desventaja frente a quien exagera diagnósticos o aprovecha la ignorancia técnica; y el mercado, en lugar de premiar la calidad, empieza a premiar la capacidad de ocultar información.

Por eso la transparencia no es una virtud decorativa, sino una condición para que el emprendimiento tenga sentido público. Emprender no debería consistir en ganar porque el otro no entiende, sino en crear valor de verdad, resolver problemas y hacerlo de manera verificable. Un taller que explica bien su diagnóstico, desglosa el presupuesto, devuelve las piezas sustituidas y ofrece garantías claras no solo actúa con honestidad: construye una ventaja competitiva más sólida y más sostenible.

Si la información es una herramienta de poder, democratizarla es una forma de fortalecer el bien común. Cuanto más comprensibles sean los servicios, más capacidad tendrá la ciudadanía para decidir, comparar, reclamar y participar en igualdad de condiciones. Y cuanto más verificables sean los procesos, menos espacio quedará para la arbitrariedad y la desconfianza.

No se trata de pedir que todo el mundo se convierta en mecánico o técnico. Se trata de algo más básico: que el conocimiento no se use como barrera de acceso, sino como puente. Un presupuesto claro, una segunda opinión, una explicación sencilla o una factura bien hecha pueden parecer detalles menores, pero en conjunto hacen que el mercado sea más justo, más eficiente y menos dependiente de la fe ciega.

Por eso “la junta de la trócola” funciona tan bien como metáfora. Nos hace sonreír porque suena a invento absurdo, pero detrás del chiste hay una advertencia seria: cuando la información no se puede comprobar, el abuso encuentra hueco; cuando se comparte con claridad, la cooperación mejora; y cuando la confianza se apoya en pruebas, el emprendimiento deja de ser una carrera de trucos y pasa a ser una auténtica aportación al bien común.

Cada año, cuando llega la nómina o la campaña de la renta, se repite la misma escena: pantallazos indignados en redes, conversaciones de bar sobre cómo “Hacienda me quita la mitad” y promesas salvadoras en forma de alta de autónomo o creación de una SL para “pagar menos”. La sensación de estar siendo engañados es comprensible cuando el sistema se explica mal, se esconde tras tecnicismos o se delega por completo en un gestor. Pero esa mezcla de mito fiscal y resignación permanente no solo genera frustración; también debilita nuestra capacidad colectiva para discutir en serio cómo queremos que se financie lo común. Entender mínimamente cómo funcionan las retenciones del salario, las cotizaciones y las distintas figuras (asalariado, autónomo, empresa) es, en el fondo, una forma de alfabetización cívica.

El primer mito nace en la nómina. El trabajador percibe un “salario bruto” del que se descuentan, entre otras partidas, la retención de IRPF y su cotización a la Seguridad Social. Esa retención no es un castigo extra, sino un anticipo: la empresa descuenta cada mes una parte y la ingresa en Hacienda, de modo que, al hacer la declaración, se regulariza la cuenta, devolviendo si se ha retenido de más o exigiendo la diferencia si se retuvo de menos. El problema es que el “golpe psicológico” se concentra en una línea visible (“IRPF”), mientras que la parte que la empresa aporta por el trabajador —en torno a un 30% adicional sobre el salario bruto, frente a un 6–7% a cargo del empleado— queda fuera de su campo de visión, aunque también forma parte del coste total de su trabajo y de la base con la que está cotizando para prestaciones futuras. Esa opacidad selectiva distorsiona el debate: se habla de “lo que me quitan a mí” sin ver el conjunto del esfuerzo contributivo.

La segunda fuente de confusión está en el mapa territorial. El IRPF combina una parte estatal común y una parte autonómica que cada comunidad puede modular, lo que hace que dos personas con el mismo sueldo no tributen exactamente igual según donde vivan. Calculadoras públicas y privadas muestran que, para salarios medios, la diferencia entre comunidades como Madrid y Cataluña existe, pero se mueve en márgenes de unos pocos cientos de euros al año; a medida que crecen las rentas, ese diferencial se amplía, pero sigue lejos de convertir a una región en paraíso y a otra en infierno fiscal. Sin embargo, este diseño fragmentado alimenta un discurso político de “agravio comparativo” que enfrenta a contribuyentes que realizan el mismo esfuerzo, cuando el verdadero problema es la falta de un marco claro, comprensible y estable que permita saber qué se paga, por qué y con qué contrapartidas.

A partir de ahí aparece el tercer gran mito: la idea de que basta con “hacerse autónomo” o “montar una empresa” para escapar del supuesto castigo de la nómina. El autónomo tributa también por IRPF, con los mismos tipos progresivos; lo que cambia es que se convierte en pequeño gestor de su propia fiscalidad: adelanta IVA, asume obligaciones contables, decide qué gastos son deducibles —solo los necesarios para generar ingresos, no sus caprichos personales— y paga íntegramente sus cotizaciones, presentes y futuras. Su margen de maniobra aumenta, pero también el riesgo de equivocarse, de endeudarse con la Administración o de confundir “optimización” con atajo inseguro. La empresa, por su parte, no es una varita mágica que fija el impuesto al 25% para siempre: cuando el socio se paga sueldo, tributa como cualquier trabajador; si se reparte dividendos, se suman Impuesto de Sociedades más tributación en la base del ahorro, y el tipo efectivo se acerca a lo que pagaría una persona física con rentas altas si todo pasara directamente por IRPF. La única diferencia real aparece cuando la empresa genera más de lo que el socio necesita para vivir y puede dejar parte de los beneficios dentro para reinvertir y diferir el pago de impuestos a futuro. No es tanto pagar menos como decidir cuándo se paga.

En este punto entra en juego un matiz que rara vez aflora en los debates virales: la frontera entre usar una sociedad como herramienta empresarial o como simple pantalla personal. Si un profesional regulado —un odontólogo, un abogado— factura a través de su SL, pero la actividad depende íntegramente de él y no hay estructura que funcione sin su presencia, la realidad económica sigue siendo la de una persona física que presta servicios, por más que haya una sociedad de por medio. Frente a la ficción de “me refugio en la empresa para pagar menos”, la inspección fiscal mira cada vez más la sustancia: si hay empleados, procesos, activos, reinversión, o si solo hay un logo y un sello. Esa distinción recuerda que el derecho tributario no es un videojuego con trucos y atajos, sino un terreno donde las formas jurídicas importan menos que la actividad real. Y que jugar a esconderse tras siglas puede ser, a medio plazo, mucho más caro que asumir desde el principio la propia responsabilidad fiscal.

Algo similar ocurre con las cotizaciones sociales: cuando se las presenta como “un coste que paga el empresario”, se invisibiliza que forman parte del salario diferido del trabajador, de las pensiones y coberturas futuras que la Seguridad Social gestiona y que la propia administración reconoce como parte del sistema de financiación de prestaciones. Llamarlas “otra cosa” según convenga en el debate —impuesto, coste, salario indirecto— contribuye a un clima de desconfianza en el que cada bando solo ve la etiqueta que refuerza su argumento. Frente a esa confusión interesada, la alfabetización fiscal pasa por explicar desde la escuela qué significan esas líneas de la nómina, cómo se calculan los tramos, qué papel juegan las cotizaciones y qué margen de decisión real tiene cada ciudadano, ya sea como asalariado, autónomo o empresario. No para convertir a todo el mundo en experto tributario, sino para que nadie dependa ciegamente de terceros ni de eslóganes.

En una sociedad hiperconectada que discute de todo en tiempo real, resulta paradójico que uno de los mecanismos básicos de convivencia —cómo se reparten las cargas para financiar bienes y servicios comunes— siga envuelto en una mezcla de miedo, pereza y mitología. Desmontar el mito de las retenciones salariales no significa aceptar acríticamente cualquier sistema impositivo, sino empezar por entenderlo lo suficiente como para poder criticarlo con fundamento, proponer cambios y evaluar su impacto real sobre vidas concretas. Compartir conocimiento económico y jurídico de forma abierta, ayudar a otros a leer su nómina, a interpretar sus impuestos o a decidir con criterio cuándo tiene sentido dar el salto a autónomo o empresa, no es solo un ejercicio de pedagogía financiera: es una forma de fortalecer el procomún, de reducir la brecha entre quienes entienden las reglas y quienes solo las sufren, y de acercarnos a una ciudadanía menos manipulable y más capaz de exigir transparencia, coherencia y justicia en la manera en que el Estado entra —inevitablemente— en cada nómina.

Leemos que en España seguimos trabajando más horas que la media europea, mientras países como Países Bajos han reducido mucho mejor su semana laboral, y la tentación es pensar que el problema se resuelve contando horas. Pero el verdadero debate no es sólo cuánto trabajamos, sino qué hacemos con ese tiempo y por qué demasiadas personas terminan agotadas, desmotivadas o desconectadas de lo que hacen.

No basta con descansar más; hace falta organizar mejor el trabajo, los equipos y los proyectos. Cuando una persona siente que su esfuerzo no cambia nada, aparece la retirada silenciosa, esa forma de autoprotección que muchos llaman quiet quitting, pero que en realidad suele ser el síntoma de una dirección ausente o de una cultura que no sabe sostener a su gente.

No se trata de romantizar el esfuerzo infinito ni de convertir la productividad en una forma de culpa. Trabajar mucho no debería ser sinónimo de vivir peor, ni de aceptar reuniones eternas, mensajes urgentes vacíos o dinámicas en las que todo parece importante menos la propia energía de las personas. Si una organización quema a su equipo, no está generando compromiso: está erosionando su capacidad de pensar, crear y construir.

La salida, desde nuestra óptica, pasa por la autogestión, el emprendimiento y la cooperación. Allí donde las personas participan en proyectos con objetivos claros, canales de respuesta reales y margen para decidir, aparece algo mucho más valioso que la obediencia: aparece implicación con sentido. Por eso defendemos modelos en los que el conocimiento se comparte, las responsabilidades se reparten y los proyectos se diseñan para durar sin devorar a quienes los sostienen.

Eso implica formar, acompañar y dar herramientas. Implica ayudar a equipos pequeños, colectivos y personas emprendedoras a construir estructuras más ligeras, más transparentes y más inteligentes. Implica también ofrecer apoyo técnico, jurídico, documental y, cuando tenga sentido, económico, para que una buena idea no se quede en una conversación cansada ni en una reunión más.

Quizá el lujo real no sea “irse a la hora” como gesto aislado, sino poder cerrar el portátil sabiendo que el día ha servido para algo. Poder terminar la jornada con la sensación de que el esfuerzo ha tenido dirección, que el proyecto avanza y que la participación de cada cual importa. Esa es la diferencia entre aguantar y construir.

En el fondo, de eso trata: menos cultura del agotamiento y más cultura del proyecto. Menos presencia vacía y más autogestión con propósito. Menos ruido organizativo y más espacios donde emprender, cooperar y crear no sea una heroicidad, sino una forma razonable de trabajar y de vivir.

Viniendo del mundo de la informática, es notable cómo ciertas filosofías y modos de pensar pueden trascender su ámbito original y aplicarse a otros campos, como el emprendimiento social y la innovación. La filosofía hacker, encarnada en figuras como Kevin Mitnick, y la idea expresada en el podcast #210 de Iceberg de Valor convergen en conceptos que reflejan el espíritu disruptivo, crítico y creativo que desde Inceptum fomentamos como parte de nuestra misión.

1. «No hay manual» vs «Disregard Authority»

La primera coincidencia fundamental es la idea de que no existen reglas fijas ni manuales absolutos que guíen el éxito o la innovación. Tal como Kevin Mitnick ejemplifica en su carrera, las reglas que otros siguen dogmáticamente pueden tener errores o puntos ciegos. Buscar y encontrar aquello que el resto no ve es la clave para sacar ventaja real. Esto conecta directamente con fomentar la cooperación y la exploración crítica, desafiando el statu quo para abrir caminos nuevos e inesperados.

2. Contrarianismo y filosofía hacker

Los hackers no se dejan llevar por la opinión mayoritaria ni por las ideas establecidas. Mientras millones asumen que un navegador es seguro por popularidad, un hacker sabe que leer el código puede revelar vulnerabilidades ocultas. De igual forma, impulsa filosofías abiertas, descentralizadas y colaborativas que no se conforman con la norma, sino que promueven la creatividad y la innovación a partir del cuestionamiento independiente. Este pensamiento crítico fortalece el emprendimiento al encontrar oportunidades donde otros solo ven riesgos o rutinas.

3. «Always invert» vs «A hacker’s mind»

La mentalidad hacker es jugar a darle la vuelta a las ideas y situaciones. Para obtener resultados inesperados, se deben introducir inputs inesperados y estratégicos, una idea que coincide con la filosofía inversa que propuso Warren Buffett. Este enfoque supone innovar en educación, investigación y proyectos sociales, generando recursos que transformen la realidad desde dentro, encontrando «grietas por donde entre la luz». Este enfoque creativo y lúdico fomenta la resiliencia y la capacidad de adaptación en el emprendimiento. En conclusión se podría decir que la mentalidad hacker no es exclusiva de la informática. Es un modo de pensar y actuar que se adapta a cualquier ámbito, particularmente al emprendimiento social y cultural. Buscar valor en lugares inesperados, jugar con la realidad como si fuese un juego, y cuestionar todo sin miedo a romper moldes, son estrategias que promueven un desarrollo humano, tecnológico y social más equitativo e innovador. En esa fusión de filosofía hacker y emprendimiento, se encuentran razones sólidas para estimular la cooperación, la libertad creativa y la democratización del conocimiento, pilares esenciales para construir una sociedad postindustrial más justa y participativa.