Quiero fijarme en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (Crenadecer), cuya unidad de internación está en el Canzani. El Crenadecer se ocupa de atender a quienes padecen estas patologías, que en Uruguay afectan a un 6 por ciento de la población. Una vez captados y diagnosticados, los pacientes son vinculados a equipos de profesionales altamente capacitados para realizar tratamientos que mejoren su calidad de vida, ofrecerles atención en todas sus necesidades (órtesis, prótesis, sillas de ruedas), tratamientos con fisioterapia y todo lo que requieran para su mejor readaptación o funcionalidad.

ENTRE LOS NÚMEROS Y LA SALUD

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, y su vicepresidenta, María del Rosario Oiz, quieren trasladar el corazón del Canzani al piso 16 del Hospital de Clínicas (cuyo director, Álvaro Villar, aclaró que no lideraba el proyecto).

Después de que el sindicato denunciara públicamente lo que se quería resolver entre cuatro paredes, Pardo y Oiz remitieron una carta al personal confirmando que ya se está en conversaciones avanzadas. Manejan presupuestos que, según ellas, supondría mantener los servicios actuales…, pero sin mencionar nada acerca de cuál será el costo económico para el BPS si el servicio se traslada al Clínicas, qué inversiones se necesitarían y a cargo de quién quedarían, a cuánto ascendería el alquiler que debería pagar el BPS de por vida, etcétera. (Obviamente, el ocultamiento de estos datos lleva a sospechar que el proyecto será bastante más oneroso que si se invirtiera en el propio Canzani, potenciándolo.)

Desde la presidencia del BPS intentan fundamentar con frías estadísticas: cuántas internaciones se han registrado y por cuántas horas, promedio mensual de ingresos, edades de los pacientes. Apenas cuatro renglones de números sin alma ni presencia humana para justificar lo que se pretendía hacer sin dar explicaciones. ¿Serán plenamente conscientes de las características del servicio que quieren fragmentar, su casi imposible sustitución, y comprenderán cabalmente lo que desde una perspectiva humana puede llegar a significar? Veamos una sola experiencia.

UNA CAMA. MENOS DE 24 HORAS

A las 0.38 de la madrugada sonó el teléfono de la guardia del sanatorio Canzani. Era una emergencia móvil. Venían en camino con un niño de 11 años (al que llamaré Pedro). El personal de salud conocía no solo su diagnóstico, sino también a sus padres, sus años de enfermedad, internaciones, retrocesos, mejorías. Sabían que junto a él había una familia que había dedicado vida para prolongar la vida.

Esa madrugada, la progresión de la enfermedad mostró su cara más dura. Entonces, como equipo de salud hubo que hacer una de las cosas más difíciles: reconocer cuándo ya no se trata de prolongar la vida, sino de evitar el sufrimiento. Hubo que hablar con la mamá y el papá. Explicar. Escuchar. Decirles que el niño no iría a CTI. Limitar el esfuerzo terapéutico iniciando la sedación paliativa. Y enseguida cuidar, acompañar, sostener… y sostenerse. Toda la familia fue llegando. Quedaba su hermano pequeño. Papá y mamá preguntaron cómo decirle que su hermano Pedro iba a morir. Alguien del equipo se sentó con él y buscó las palabras, que no estaban escritas en ningún protocolo. Durante esas horas hubo medicamentos, controles, decisiones clínicas, cuidados de enfermería, intervención de pediatras. Pero también manos amorosas, silencios, abrazos y una puerta que se abría y cerraba con cuidado.

Veintidós horas después de haber ingresado, Pedro se apagó. La habitación quedó vacía. En algún registro quedará escrito: una cama, menos de 24 horas. Y el dato será «correcto». Solo que no contará casi nada. No contará los 11 años de Pedro, ni el conocimiento acumulado, ni las conversaciones con su madre y su padre, ni la charla con su hermanito. Ni el quantum del trabajo, dedicación y energía de un equipo que supo acompañar a morir sin sufrimiento.

Por eso hay realidades que las estadísticas cuentan mal. Una cirugía puede ser de baja complejidad, y el niño que entra al quirófano, de una complejidad enorme. Una internación puede durar 22 horas y contener 11 años de historia, o tal vez más. Una cama puede quedar vacía al día siguiente y haber sostenido, durante una noche, a una familia entera, sus sueños, su dolor sin fin, buena parte de su angustia. Las camas pueden trasladarse, pero hay algo que no se carga en un camión: los vínculos, la experiencia acumulada, los saberes compartidos, la confianza de las familias, una manera de trabajar y una cultura construida durante años alrededor de determinados pacientes. Eso es lo que no aparece en la estadística.

Y como una persona violenta que pega un cachetazo y después pretende enmendarlo regalando una flor, así desde el poder, junto con el golpe, parecen decir al colectivo del personal que allí trabaja: «Tranquilos, se mantendrán las condiciones de trabajo» (mientras, por lo bajo, retumba una frase amenazante: «Podría ser peor»). Pero no alcanza con decir que los puestos de trabajo están asegurados. Nunca se trató solamente de su legítima defensa (he estado en asambleas y puedo dar fe de ello…). Se trata de lo que ese trabajo de tantos años construyó.

Y la confianza tampoco se decreta. Mucho menos cuando existen acuerdos institucionales firmados en el 2016 que decían que el Canzani debía mantenerse y potenciarse, y sin olvidar el desánimo existente en casi todos los sectores del BPS –no solo el de la salud, porque con el nuevo directorio casi nada ha cambiado–.

EVITAR UN PÉSIMO PASO EN EL AIRE

Categóricamente, y ejerciendo de una manera admirable las obligaciones científicas y éticas de su profesión, la posición del equipo de Pediatría del Canzani tira abajo totalmente el proyecto Oiz-Pardo. Con fundamentos y bibliografía nacional e internacional, manifiesta «su oposición formal al proyecto», ya que «con la información disponible, la propuesta no acredita condiciones equivalentes de seguridad para niños y adolescentes de alta complejidad y, por tanto, no debe ser autorizada ni ejecutada». Sin despreciar la capacidad académica y asistencial del Hospital de Clínicas, cuestiona «una localización que no acredita una vía pediátrica integral: emergencia, estabilización, cuidados intensivos, traslados intrahospitalarios seguros y continuidad asistencial durante las 24 horas. La instalación de camas o de una sala de estabilización no sustituye esa red», señalan los pediatras.

También advierten que «el perfil de los pacientes no admite una respuesta fragmentada» y «exige personal, medicamentos, equipamiento, infraestructura y soporte crítico específicamente pediátricos. Los estándares internacionales establecen que los niños no deben ser atendidos como adultos de menor tamaño». Puntualmente hacen hincapié en que «la internación de pacientes con fibrosis quística requiere habitaciones individuales, medidas de segregación y circuitos rigurosos de control de infecciones».

A su vez, entre otros puntos, señalan que «la seguridad del piso 16 [del Clínicas] no ha sido demostrada. El problema no es el número del piso por sí solo, sino la dependencia del transporte vertical para toda respuesta urgente». Los pediatras del Canzani concluyen que el proyecto de traslado «debe demostrar, antes de ejecutarse, que mantiene o mejora la calidad y la seguridad».

El informe emociona por su conciencia, su seriedad técnica, su probidad científica y –en un mismo nivel– su compromiso con la humanidad de los que deben ser los beneficiarios del servicio. Por el nivel en que ubican la discusión, las y los pediatras no pueden decirlo, pero yo sí: el proyecto Oiz-Pardo, con todo respeto, conduciría a un desastre de proporciones que no logro siquiera sospechar. Porque de lo que se trata es de identificar lo raro, reconocerlo y darle su lugar integrado al mundo desde su especificidad. ¿Las autoridades serán capaces de darse cuenta a tiempo de que no deben continuar con esta idea?

Hay que destinar los recursos que el BPS tiene no solo a mejorar el actual funcionamiento del Canzani y toda el área especializada, sino a, de una vez por todas, ubicarlo con claridad en la estructura de un verdadero Sistema Nacional Integrado de Salud. Es necesaria una acción nacional que vuelva a enfocar las decisiones de gobierno en quienes están necesitando ejercer su derecho humano fundamental a la salud, dándoles participación a través de sus madres y padres junto con el personal involucrado, porque hay carencias y dificultades que señalan los usuarios y que deben atenderse.

El abrazo popular al sanatorio Canzani vuelve a estar en la agenda –y será aún más grande que hace diez años–.

(Adolfo Bertoni. Expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.)

1. «Nací en el hospital Canzani/ igual que tantos otros más/ Asignaturas familiares/ el Uruguay de los iguales/ Penillanura de Uruguay» ↩︎

El tratamiento de la violencia contra las mujeres ha sido incorporado a la normativa y a la práctica de la Udelar en su conjunto, pero con énfasis en algunos servicios y de manera más discreta en otros (como una muestra de la dificultad institucional para considerar y darle tratamiento a algunos asuntos). Esto derivó en la organización de múltiples actividades; en la curricularización de contenidos a través de ofertas de formación de grado, optativas y obligatorias; en el desarrollo de líneas de investigación; en la instalación de la Comisión Abierta de Equidad de Género y la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación; en el diseño de protocolos, y en la sanción de normativas internas, entre otras acciones.

Decir que esto resulta insuficiente es de perogrullo. El intento de femicidio en la Facultad de Medicina dejó al descubierto que la violencia hacia las mujeres entró a la institución para quedarse. No hay precedente de un hecho similar en la institución, lo que vuelve difícil entretejer y sostener un discurso que mitigue el impacto de semejante brutalidad.

Podríamos caer en un intento de intelectualización, en tanto mecanismo defensivo, y hacer un ensayo sobre las probabilidades de ocurrencia de un episodio de esta magnitud, sus factores de riesgo y sus niveles. Pero esto produciría una distancia emocional en relación con este hecho que nos afecta, buscando reducir la angustia y la ansiedad ante el derrumbe de las certezas provocado por aquello que resulta intempestivo, inesperado y amenazante.

Es que algo de eso ocurrió. El ataque nos volvió ajeno un espacio del que deseamos que los estudiantes se apropien, un lugar que queremos que habiten y por el que pretendemos que militen. La violencia vuelve los espacios inseguros, transforma a los compañeros en sospechosos y a la cercanía en amenaza. En ese contexto, cualquier intento de racionalización en un momento en que las heridas aún están abiertas resulta vano y puede ser interpretado como favorecedor de la violencia, justificador del agresor y culpabilizante de la víctima.

Por eso en un primer momento es legítimo expresarnos desde la indignación y la rabia, desde el llanto y la congoja, desde el abrazo y el encuentro en las calles, en las aulas, en los pasillos. Porque el dolor se transita mejor en comunidad. Expresar nuestras ideas acerca de lo que está pasando con los hombres, con los varones jóvenes. Preguntarnos si se podía haber evitado, si está bien tener a alguien así entre nosotros; poder decir que no los queremos más. Pensar qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Incluso también es entendible que, como consecuencia de lo ocurrido, se soliciten antecedentes penales y judiciales para ingresar a la universidad, que de ahora en adelante se pidan cédulas y cacheos a quienes ingresan a los edificios universitarios y que se expulse a los varones que hayan sido condenados por femicidio, que no puedan volver a ser estudiantes.

Debemos poder decir todo esto para que no se nos quede anudado en la garganta y en el estómago. Pero, después de decirlo, liberarnos, respirar profundo y permitir que la indignación dé lugar a preguntas y a reflexiones que conecten más con los marcos ideológicos que circulan por la Udelar.

El problema de la violencia hacia las mujeres ya no está solo afuera. Al igual que otras formas de discriminación y acoso, esta violencia entró en las facultades, y ya no como un problema de estudio que se aborda en función de los fines universitarios. Ahora rompió la clásica disputa entre objetividad y subjetividad: quienes la estudiábamos objetivamente ahora ya formamos parte directa del campo. Nos afecta, nos paraliza y nos conmueve. No debemos ceder ante ella. Y las reacciones que el dolor impulsa, las propuestas que vienen desde las vísceras, también pueden significar darle lugar al punitivismo en su máxima expresión.

El punitivismo es una forma de organizar el pensamiento y la vida de los sujetos fundamentalmente a través del castigo, las prohibiciones y el mayor control, como si problemas complejos pudieran resolverse sobre todo mediante el endurecimiento de las respuestas frente a quienes los cometen. Opera a través de la permanente sensación de inseguridad en lugares que antes resultaban seguros, transforma al otro en un sujeto amenazante y, una vez que se comete un acto contra la integridad de otro, la lógica punitivista tiende a considerarla una conducta sin retorno. Esta supuesta irrecuperabilidad vuelve al sujeto atacante desechable, prescindible; por lo tanto, sus derechos son pasibles de ser vulnerados.

Este modo de pensar simplifica las relaciones inherentemente complejas involucradas en la violencia. Y la complejidad radica, justamente, en que la violencia no se puede explicar mediante una única variable, sino que es un fenómeno multicausal. Está demostrado que la respuesta penal no disuade ni resuelve la comisión del delito. Sin embargo, nuestras sociedades padecen de un eterno enamoramiento del derecho penal. El sistema penal nos vende la salida fácil de la punición, pero no percibimos –menos aún cuestionamos– el carácter simbólico de la pena. A nivel internacional, las estrategias punitivistas para afrontar las violencias de género y sexual no cuentan con certeza suficiente para constituirse por sí solas como una respuesta al problema. ¿Por qué habría de ser diferente en nuestro país?

También podemos preguntarnos qué les pasa a los hombres, qué sienten cuando estos hechos nos golpean el rostro. Esa pregunta puede aproximarnos a abrir la puerta de un diálogo que nos acerque al otro, al sujeto masculino que pareciera presentarse como un enigma a descifrar. Más aún cuando en la convocatoria de repudio al hecho que se organizó frente a Facultad de Medicina hubo una presencia importante de varones jóvenes, al igual que en otros espacios institucionales que se han ofrecido en estos días, donde en algunos casos se preguntaban qué hacían ellos con el dolor que esto les provoca: ¿dónde lo hablan? Tal vez allí haya algo que debamos escuchar.

El punitivismo representa una encrucijada para los movimientos sociales que buscan la libertad y la igualdad de las personas. Luego de que pase el dolor debería quedar pendiente un ejercicio reflexivo al respecto. No para negar la necesidad de respuestas ni para relativizar la gravedad de lo ocurrido, sino para que las decisiones a las que arribemos no sean solo efectos de los espasmos viscerales provocados por el desconsuelo y las consecuencias de la crueldad.

No será desde las medidas prohibicionistas, el mayor endurecimiento de las penas ni la mayor limitación de derechos –de quienes ya de por sí tienen restringidos sus derechos por estar privados de libertad– que la igualdad real entre hombres y mujeres se logrará.

Tal vez los diálogos que nos encuentran motivados por el dolor puedan sostenerse como un paraguas protector ante la tormenta que llegó para quedarse. Quizás estos diálogos liberadores de los afectos devengan en proyectos que sigan manteniendo el profundo sentimiento democrático y participativo que hace que nos enorgullezcamos de la Udelar, que simplemente está demostrando que en su interior no pasa nada distinto de lo que le pasa a la sociedad, con quien mantiene vínculos de proximidad entrañables.

Solo en el diálogo de saberes, a través de la institucionalidad y de las funciones universitarias, podremos encontrar la forma de comprender el fenómeno en su complejidad, desde sus diferentes dimensiones y considerando a todos sus actores. Después del dolor, cuando podamos volver a respirar un poco más profundo, esa será nuestra tarea.

(Néstor Rodríguez Pereira de Souza, Docente del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología, Udelar.
Flor de María Meza, Docente de la Facultad de Derecho y del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales, Udelar.)

A la mañana siguiente, el Liceo 1 de Salinas comenzó el turno con una simulada normalidad, interrumpida luego por el desborde y la protesta estudiantil, que recogió las palabras de la generación anterior para actualizarlas con nuevos nombres y denuncias. La respuesta insensible de la dirección del centro fue negar todo tipo de responsabilidad y cerrar la entrada, por lo que dejó a estudiantes y docentes afuera. Sin embargo, sí ingresó la policía (recurso casi exclusivo en la educación cuando no se sabe qué hacer).

Les estudiantes nos brindan la mirada más aguda y lúcida para contextualizar, reflexionar y sensibilizar sobre lo ocurrido. Dentro de todo el dolor que nos aprieta, fue conmovedor y luminoso ver la inmediata movilización en el liceo. La urgencia de expresarse a través de carteles hechos con cajas de cartón muestra la potencia de generaciones que se sostienen una a la otra, se estrechan, hacen memoria, se prestan palabras y habilitan sus voces entre sí.

Toda educación es política; orienta a quienes llegan a este mundo sobre cómo vivir, qué pensar, qué sentir y cómo actuar, como afirma la filósofa española Marina Garcés. Educar no solo nos enfrenta a la pregunta sobre qué conocimientos transmitir, sino también sobre qué tipos de vida queremos reproducir o crear.

Es política también la decisión de cerrar el centro cuando la máquina cotidiana es detenida por sus estudiantes, y es política la decisión de elles de hacerse oír para decir basta: de silenciamiento, de indiferencia, de adultocentrismo que pretende administrar los cuerpos, las palabras y sus dolores. Sus voces irrumpen, una y otra vez:

«No esperen una tragedia para tomar en serio nuestras palabras.»

«Nos fallaron cuando más necesitábamos protección.»

«Culpan a la víctima y luego la lamentan.»

«El silencio también es complicidad.»

Sus palabras no llegaron después del intento de feminicidio: estaban antes. Dan cuenta de una pedagogía cruel, al decir de Rita Segato, que establece jerarquías sobre quién puede hablar y quién no, sobre qué dolor merece reconocimiento y qué cuerpo puede reclamar cuidado; que decide, además, qué vidas son visibles y cuáles pueden ser dejadas a un costado.

Cuando esas voces no son escuchadas, cuando las condiciones que producen y sostienen la violencia quedan en segundo plano, se vuelve frecuente buscar explicaciones individuales y patologizantes que apelan a la salud mental. Esta asociación desplaza la atención de las causas estructurales, estigmatiza a las personas psiquiatrizadas y profundiza su exclusión. Los violentos, abusadores y acosadores no son «enfermos mentales», «monstruos» ni «casos aislados».

En una de sus primeras declaraciones sobre el episodio, el presidente Yamandú Orsi afirmó que se trató de «un caso muy aislado». ¿Un caso aislado en un continente donde el feminicidio y el transfeminicidio siguen siendo una realidad cotidiana, mientras la violencia patriarcal continúa atravesando los cuerpos y las instituciones? Cuando fue interpelado al respecto, Orsi no solo escupió soberbia al echar culpas a las «malas interpretaciones», sino que redobló su apuesta afirmando que es un «caso aislado en Secundaria». Quienes trabajamos –y quienes estudian– en educación media sabemos que no es así, que no hay ninguna excepción en la violencia recurrente a la que son sometidas las estudiantes. Las instituciones educativas están plagadas de acosadores, abusadores y violentos, y en general se trata de los propios docentes. Se encajonan denuncias, los denunciados se trasladan de departamento en departamento, de liceo en liceo, y pasan desapercibidos para todo el mundo menos para quienes los soportan: los y las estudiantes.

En otra de sus declaraciones, Orsi sostuvo que la violencia machista «tiene que ver con algo filosófico», con lo que la desplazó del terreno de las relaciones de poder patriarcales hacia el de una concepción del mundo entre otras posibles, susceptible de ser discutida o relativizada. La violencia machista no es una «filosofía» que pueda ser aceptada como respuesta válida para interpretar la realidad; no es una forma de comprender el mundo desde la criticidad que caracteriza la filosofía; no es un discurso que se pueda debatir de igual a igual.

La violencia machista y adultocéntrica se estructura como necropolítica, administración estatal y paraestatal que establece qué vidas son reconocidas como dignas de ser vividas y cuáles son relegadas al desecho y la invisibilización. El filósofo camerunés Achille Mbembe acuñó el término necropolítica para referirse a las «formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la muerte)». La necropolítica produce y jerarquiza diferencialmente los cuerpos y sus vidas en el afán de su capitalización. Es la exposición a la precariedad; no solo el abandono estatal por omisión, sino la intencionalidad de que la violencia y la muerte estén presentes en la cotidianeidad de quienes han dejado de importar. En este sentido, cuando las instituciones educativas desoyen denuncias y naturalizan situaciones de violencia, participan de una trama que expone diferencialmente determinados cuerpos.

La necropolítica también se ejerce cuando los docentes se transforman en funcionarios y autómatas que tienen más presentes la obediencia y el orden que la profundidad existencial y pedagógica del acto de educar. ¿Qué se está enseñando cuando la respuesta institucional es volver a poner en marcha la máquina después de la tragedia, y volver al trabajo como si nada hubiera ocurrido?

La institución se detiene cuando hay Mundial o cuando hay paro por rendición de cuentas, pero no cuando una estudiante es apuñalada. Se enseña que la rutina importa más que la pausa, que aquello que incomoda debe ser rápidamente absorbido. Se obtura la potencia de romper la norma, de habitar el conflicto, de alterar un orden que huele a podrido. Se gastan cientos de pesos en folletería inútil que «invita» a estudiantes a no faltar al liceo. ¿Cuándo se va a invertir tiempo, escucha y sensibilidad en hacer del liceo un espacio que quiera ser habitado, que despierte el deseo de estar allí para compartir, para ser acompañade, para ejercer la educación desde el cuidado de la vida?

Tenemos direcciones y autoridades que parecen olvidarse de que sus roles son pedagógicos. Ocupan cargos como meros gestores y convierten aquello que debiera ser una institución de acogida, de cuidado y de aprendizaje en un paisaje de crueldad, en el que se niegan existencias, experiencias y afectividades otras. No es cuestión de señalar a una dirección o una persona, es la lógica estructural que coloca a estudiantes en el lugar de la sospecha permanente, que subestima y niega sus marcos interpretativos desde una mirada adultocéntrica totalizante y totalitaria. Pero tampoco podemos mirar al otro lado cuando las prácticas pedagógicas se fundan en el desamparo de quienes están ahí para ser acompañades.

Esta vez la violencia ocurrió en el Salinas 1 y en la Facultad de Medicina, pero sabemos que no tiene nada de aislado. Docentes y autoridades educativas perdimos la oportunidad de pedir disculpas a les estudiantes. Era el momento de escuchar y de hacerse –de hacernos– cargo.

(Colectiva Profas. Profesoras de educación media y formación en educación.)

Vale la pena hacer una aclaración que se pierde todo el tiempo en este tipo de discusiones: no, Uruguay no va a competir con OpenAI, Google ni con los laboratorios chinos entrenando un modelo de IA desde cero. Eso cuesta cientos de millones de dólares y está fuera de nuestro alcance. Pero esa objeción da por sentado que la única forma de tener IA es fabricándola, y ahí la trampa: se confunde entrenar con usar. Entrenar un modelo desde cero –el preentrenamiento– es carísimo. Ejecutarlo ya entrenado –la inferencia–, que es lo único que un usuario experimenta como «inteligencia artificial», es muchísimo más barato. Y es en la inferencia donde se juega el partido que nos importa. ¿Dónde se procesa la consulta?, ¿con qué modelo?, ¿bajo qué contrato?, ¿qué pasa con los datos que la acompañan?

UN GALPÓN BIEN CONECTADO NO DEFINE SOBERANÍA

Ninguna de las preguntas que siguen cuestiona la construcción del data center, al contrario, solo tienen sentido si se construye, porque son las que distinguen una infraestructura pública de un galpón bien conectado con wifi estatal.

¿Qué información no puede salir del país y quién lo decide? Uruguay tiene desde 2008 la ley 18.331, de protección de datos, una legislación importante y, para su época, avanzada. Pero proteger un dato no es lo mismo que determinar dónde se procesa, quién puede acceder técnicamente a él o bajo qué jurisdicción puede ser requerido. Aquí aparecen tres preguntas distintas: dónde está físicamente el dato, quién puede acceder técnicamente a él y quién puede ser obligado jurídicamente a entregarlo. Confundir las tres es una manera bastante eficiente de construir una soberanía de cartón. Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, lo dijo con claridad: definir qué información debe quedar en infraestructura estatal no le corresponde a la empresa, sino al Parlamento. Historias clínicas, registros biométricos, datos educativos de menores: hoy esa definición depende del criterio de una administración, y los criterios administrativos cambian. Las historias clínicas, no.

¿Bajo qué jurisdicción queda el operador? Acá es donde hay que mirar con atención la palabra soberanía. La ley Cloud, norma federal estadounidense, faculta a las autoridades de ese país a exigir a proveedores bajo su jurisdicción determinados datos, estén o no estén los servidores dentro de Estados Unidos. Un servidor puede estar en Canelones y el dato seguir estando sometido a Washington, según quién lo opere. La economista Cecilia Rikap lo plantea sin vueltas: reducir la soberanía digital a instalar un fierro en suelo local, ignorando esto, es quedarse con la mitad más cómoda del problema.

LA LEY QUE YA TENEMOS Y PODEMOS USAR

Entonces, lo concerniente al hormigón y al software deja de ser dos debates distintos. Uruguay ya resolvió en 2013 que el Estado no debería depender de cajas negras: la ley 19.179 establece la preferencia obligatoria por el software libre en la administración pública. Doce o 13 años después, un organismo público que consulta un modelo de IA comercial a través de una interfaz cerrada está haciendo exactamente lo que esa ley quiso evitar, con el agregado de que cada consulta manda el dato afuera. La 19.179 no lo prohíbe porque no lo previó: fue escrita para el software, y un modelo de IA no es exactamente software. Extender aquello a los modelos abiertos no exige reinventar la rueda, exige actualizar una definición que quedó vieja. En 2013 no imaginábamos estar hablando de IA.

Agrego algo más: el derecho de salida. Si el Estado contrata una solución de IA, tiene que poder llevarse los datos, cambiar de modelo, cambiar de proveedor, usar formatos abiertos y acceder a interfaces documentadas. Esa dependencia tiene nombre técnico, vendor lock-in, y nombre político: el que no puede cambiar de proveedor no negocia.

Eso ya tiene con qué hacerse. El modelo DeepSeek-R1 publica versiones destiladas, de 1.500 millones de parámetros hasta 70 mil, que corren desde una computadora personal hasta una sola placa aceleradora. Por su parte, Olmo 3.1, del Allen Institute, publica pesos, código y puntos de control bajo licencia Apache 2.0, y su versión de 32.000 millones de parámetros compite bien con modelos bastante más grandes, no porque tenga más hardware atrás, sino porque la alimentaron con mejores datos. Elegir el modelo adecuado para cada problema en lugar de asumir que siempre hace falta el más grande y costoso del supermercado de las bigtechs es como pensar un instante si nos hace falta el auto más caro y lujoso del mercado para ir hasta el boliche o la panadería.

Con eso alcanza para pensar en tres capas: los modelos de frontera (ChatGPT, Gemini, etcétera) que seguiremos usando de las bigtechs que los producen, sin datos sensibles en juego; los modelos de pesos abiertos que el país puede descargar y ejecutar acá, y los modelos especializados nacionales, construidos sobre los anteriores, ajustados con legislación uruguaya, con los programas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con los protocolos del sistema de salud. Esa tercera capa es económicamente chica y estratégicamente enorme: ningún proveedor internacional tiene incentivos para construirla porque el mercado uruguayo no le reditúa económicamente el esfuerzo.

EL CASO QUE YA TENEMOS DELANTE

El acuerdo que Ceibal y ANEP firmaron con Google no es una compra de software, es una integración de plataforma completa –correo, documentos, aulas, identidades y, cada vez más, inteligencia artificial– sobre infraestructura ajena, con reglas que el proveedor define y cambia cuando quiere. La discusión pública se centró en el costo; del manejo de los datos de nuestras niñas y niños se habló poco y nada. Rikap lo señaló con mucha claridad: formar a una generación entera de docentes y estudiantes para ser usuarios expertos de un ecosistema cerrado es, en sí mismo, un costo de salida que no aparece en ningún balance. Un país que tiene alternativas negocia. Un país que no las tiene, firma lo que le pongan adelante y agradece la letra grande.

Lo mismo vale para la energía y el agua, que tienen la mala costumbre de no resolverse solas. Un data center consume carga plana, las 24 horas, incluidas las noches sin viento, y eso se paga con potencia firme, no con el 98 por ciento de energía renovable de la matriz energética del país, que tanto repetimos, como si cerrara solo la ecuación. Y consume agua si se enfría mal: el proyecto de Google en Canelones iba a evaporar hasta 7,6 millones de litros diarios de agua potable, el consumo de 55 mil personas, hasta que la crisis hídrica y un litigio largo lo forzaron a cambiar el sistema. Antel anunció circuito cerrado para el suyo, que sin dudas es la decisión correcta, pero una decisión anunciada no es una obligación legal. Y las obligaciones legales sobreviven a los directorios; los anuncios, no.

LO QUE SE FIRMA EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES

No hace falta construir un ChatGPT nativo que diga «bo» y coma tortas fritas. Tampoco hace falta quedarnos esperando a que algún gobierno afín lo resuelva por nosotros. Hace falta decidir, antes de comprar los aceleradores, qué información no sale del país, qué modelos corremos acá y bajo qué reglas, qué derecho de salida exigimos en cada contrato y cómo se resuelve la potencia firme para que todo funcione sin evaporar agua potable. Esas decisiones se toman en pliegos, en contratos de suministro eléctrico y en una ley que tiene más de 12 años y necesita apenas un par de frases nuevas. Se puede legislar con la mirada larga: China dejó por escrito hace 20 años que iba a salir campeona del mundo de fútbol masculino en 2050. Acá el plazo es bastante más corto: un año, año y medio, para resolver quién decide, con qué letra chica y bajo qué jurisdicción. Después de eso vamos a seguir discutiendo, con muchas ganas y el diario del lunes en la mano, pero nos va a tocar ir a llorar al cuartito con una cáscara de hormigón armado pagada entre todas y todos, pero la soberanía tecnológica, hoy más determinante que la territorial, en otro lado.

La semana pasada, los ministros de Innovación del G20 acordaron en Carolina del Norte los llamados Principios de Carolina para las tecnologías emergentes, impulsados por Estados Unidos: nuevas regulaciones deberían limitarse a situaciones que las leyes existentes no puedan resolver, evitando reglas específicas que puedan frenar la innovación. Reuters da cuenta de una discusión en la que la IA aparece ya no como una tecnología más, sino como una pieza de la competencia económica y geopolítica. Junto con los principios se aprobaron objetivos de prosperidad para la IA y un pacto para impulsar infraestructura, capacidades técnicas, investigación y participación privada. Para Uruguay, más que una alerta, puede ser una oportunidad: mientras las grandes potencias están definiendo las reglas y construyendo la infraestructura de la próxima economía, nosotros todavía estamos a tiempo de adelantarnos y decidir qué infraestructura queremos tener y bajo qué reglas queremos usarla.

1. En la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y haciendo ejercicio de la libertad de opinar y cuestionar, un conjunto de organizaciones con reconocida trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos y ambientales de nuestro país realizamos, como lo hemos hecho en las últimas asambleas, un pronunciamiento público.

2. En ese marco criticamos la presencia en la directiva de la INDDHH de dos directivos cuyo accionar se aparta de los principios, las normativas y la cultura de los derechos humanos.

3. Como puede verificarse en el registro audiovisual, nuestra postura fue de total corrección y desde el respeto que amerita la asamblea de una institución que promovimos y defendemos. De igual manera, queda en evidencia que no hubo insultos ni intentos de interrumpir, como se ha afirmado falsamente.

4. Una vez más el señor Marcos Israel recurre a una lógica acusatoria al definir nuestras organizaciones como promotoras del autoritarismo, con la intención de silenciarnos. Puede verse que las últimas personas se retiran precisamente cuando Marcos Israel recurre a los mismos argumentos de quienes implementaron el terrorismo de Estado en nuestro país.

5. Defendemos nuestro derecho a expresar en la asamblea y fuera de ella nuestros puntos de vista fundados, críticos e independientes.

6. Rechazamos las acusaciones de mala fe que tergiversan la realidad y mienten descaradamente acerca de lo sucedido en la asamblea. Las personas se retiraron de sala espontáneamente como sucede en muchas partes del mundo en rechazo a las posturas que en nombre del sionismo defienden la guerra de expulsión; además de negar el genocidio, lo que significa defender esta atrocidad.

7. Seguiremos defendiendo una institución de derechos humanos que promueva una cultura de derechos y respete la pluralidad de opiniones.

8. Las causas de los derechos humanos son universales, transversales e indivisibles, y es en la voz y la acción de las organizaciones sociales donde los más desvalidos encuentran audibilidad.

9. Exigimos la destitución del señor Israel de la directiva de la institución por su mirada sesgada, sionista y sus ataques a la libertad de expresión.

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay
ÁGORA Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria
Asociación Nacional de ONGs
Asamblea HUÉ Mirí
Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
Asociación Civil El Paso
CLAN CHOÑIK
Colectivo Fogones por la Memoria
Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad – Soriano
Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Coordinadora por el retiro de tropas de Haití
Cotidiano Mujer
CRYSOL
Charrúa Oipik Udima
Grupo Solidario A redoblar
Hermandad Pro Derechos
Jacarandá: Cultura de Memoria
Judíos y judías uruguayas contra el genocidio del pueblo palestino
Madres y familiares de detenidos desaparecidos
Memoria en Libertad
Mesa Permanente contra la Impunidad
Mujer y Salud en Uruguay
KYKYÓ Reserva Natural Campo Cultural
Red de amigos de Luis Pérez Aguirre
REDES – Amigos de la Tierra
Secretaría de Derechos Humanos Pit Cnt
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social

GUERRA INTERNA

De Moraes y Mendonça protagonizan un enfrentamiento cada vez más encarnizado en el marco del escándalo del Banco Master –caso del cual Mendonça es relator en el STF–, protagonizado por el banquero Daniel Vorcaro, preso por fraudes multimillonarios y que tenía a medio sistema político y judicial del país en el bolsillo. Con el empujón de las calles del lunes, el martes 8 Mendonça dispuso la separación de Andrei Rodrigues del cargo de director general de la Policía Federal (PF) y del jefe de inteligencia, Leandro Almada. Según explicó, su decisión se debió a que la PF elaboró un informe utilizado por De Moraes para atacarlo a él y al fiscal general de la Nación, Jorge Messias, otro evangelista. Once integrantes de la cúpula de la PF salieron en defensa de su director y pusieron sus cargos a disposición. El miércoles 9 por la mañana, otro ministro del STF, Flávio Dino, revirtió la decisión de Mendonça, reintegrando a Rodrigues y Almada a sus cargos. Y por la tarde el presidente del STF, Edson Fachin, revocó las decisiones de Mendonça y Dino, retiró a Alexandre de Moraes de la investigación de un famoso caso de noticias falsas que estalló en 2020 (véase «Clan fake», Brecha, 5‑VI‑20) y agendó una sesión del pleno del tribunal para el martes 15 con el objetivo de analizar una denuncia de Mendonça contra De Moraes por vínculos con Vorcaro. «Más allá de cualquier consideración de fondo sobre la separación o no de las autoridades, la cual se realizará oportunamente, corresponde impedir una situación de conflictos y superposiciones procesales que, por sí mismas, configuran una lesión al orden público y a la integridad de este tribunal», escribió en su fallo.

Según dijo a Brecha Pedro Serrano, profesor de Derecho Constitucional de la PUC-SP –la universidad católica de San Pablo–, ambos jueces venían extrapolando sus funciones, pero Mendonça actuó de forma ilegal al mandar a investigar a De Moraes sin autorización del pleno. «No se puede exponer a un magistrado a una perspectiva pública de cuestionamiento de su conducta sin tener el mínimo de seguridad de que cometió actos ilícitos. No hay ningún magistrado en Brasil que sea sometido a una situación como la del ministro Alexandre de Moraes.» La decisión de Fachin fue la correcta, opinó Serrano: que decida el pleno del STF.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

«Se trate de quien se trate, le duela a quien le duela, Brasil merece saber la verdad […]. El pueblo brasileño precisa explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial. Se necesita más transparencia y no filtraciones selectivas que afecten la disputa electoral», escribió el miércoles el presidente Lula da Silva. Lo hizo para pedir que salgan a luz de inmediato las investigaciones sobre el caso Master, al que definió como el mayor crimen financiero de la historia del país. También Serrano, que semanas atrás consideraba que todo debía ventilarse una vez realizada la primera vuelta de las elecciones, para no interferir en ellas, ahora piensa que dejarlo para después del 4 de octubre sería negativo. «Esta crisis afecta a la Justicia porque la involucra indebidamente en una disputa electoral, cuando no debería involucrarse en este tipo de disputa de poder, y afecta a la elección porque se deja de discutir lo que se debería discutir en el proceso electoral, que son los proyectos de país. Nadie está hablando de cuál es el proyecto económico de cada candidato, cuál es su proyecto político, y esto le hace daño a la democracia», dijo el jurista a Brecha. Y analizó el contexto: «Han transformado al Supremo en un territorio de disputa política. No es de ahora, viene de hace unos 20 años. Ya es un hábito de las fuerzas políticas resolver sus discrepancias en el Supremo. Además, los ministros se han vuelto más conocidos que cualquier político. La crisis que vivimos hoy es fruto de esta politización excesiva, inadecuada, y es importante solucionarla rápido para que no se convierta en una crisis de legitimidad».

OFENSIVA ULTRADERECHISTA

La guerra de la ultraderecha brasileña contra el STF se remonta a casi una década, a 2018, cuando Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro –preso por tentativa de golpe de Estado– y hermano de Flávio, dijo que eran necesarios «dos cabos y un soldado» para cerrar el tribunal. El 8 de enero de 2023 el bolsonarismo lo intentó al asaltar las instituciones en Brasilia para impedir la asunción de Lula, que unas semanas antes había derrotado a Jair Bolsonaro en las urnas. Las disputas actuales en torno a Mendonça y De Moraes han echado un manto de olvido sobre los probados vínculos políticos entre Daniel Vorcaro y el clan Bolsonaro. Fue el banquero quien, a pedido de Flávio Bolsonaro, financió una película hagiográfica sobre Jair Bolsonaro. Ya nadie parece recordar que Flávio le dijo a Vorcaro: «Estoy y estaré contigo siempre» y que lo llamó «irmãozão» (hermano mayor). O que primero negó que Vorcaro hubiera financiado la película sobre su padre.

En el acto del pasado lunes en San Pablo, Flávio Bolsonaro dejó claro que uno de sus objetivos en caso de ganar la elección será lograr una mayoría conservadora en el STF. Cuatro de sus actuales integrantes ya no estarán en 2030, y es prerrogativa del presidente designar a sus sucesores. «Voy a designar hombres y mujeres que estén contra el aborto, contra las drogas, contra la ideología de género en las escuelas […]. No podemos permitir que Lula designe otros cuatro Alexandre de Moraes en el Supremo», dijo.

Jewish Currents es la expresión intelectual de un fenómeno más amplio. Organizaciones como Jewish Voice for Peace o IfNotNow pasaron en pocos años a agrupar a decenas de miles de jóvenes judíos, mientras se movilizan para exigir el fin de los vínculos entre Estados Unidos e Israel. Una reciente encuesta reveló que apenas 37 por ciento de los judíos estadounidenses se considera sionista y que entre los jóvenes judíos los sionistas son apenas un tercio. El alcalde antisionista neoyorquino Zohran Mamdani recibió un apoyo electoral judío masivo y candidatos judíos antisionistas triunfaron en las primarias demócratas de junio.

—¿Qué significaron Israel y el sionismo en tu identidad como judía?

—Mi identidad como judía estuvo fusionada con mi identidad sionista durante la mayor parte de mi vida. La guerra de Gaza de 2014 destruyó eso. Tuve que encontrarme de nuevo como judía, pero como judía antisionista. Implicó mucho duelo y romper con lo que creía saber sobre mí misma. Tal vez para algunos de los chicos de la generación Z que están ahora en la universidad es un poco más fácil, porque tienen una comunidad alrededor que ve lo que ellos mismos ven. Pero cuando yo estaba en la universidad no había muchos ejemplos de judaísmo antisionista. Jewish Currents no existía. Así que implicó una renegociación conmigo misma sobre quién creía que era yo.

Dicho esto, tengo una identidad judía muy fuerte. Hay personas que, cuando empiezan a cuestionar el sionismo, sienten el impulso de rechazar el judaísmo. Para mí, esa no es una opción, siento que debo encontrar la manera de habitar esta identidad. Y parte de eso es dedicar mi vida a crear junto con otros un judaísmo fuera del sionismo.

—En uno de tus artículos, hablás de cómo ahora en Estados Unidos hay movimientos masivos de judíos antisionistas, pero aún cuesta desarrollar una vida judía educativa, religiosa y cultural fuera del sionismo. ¿Cómo se está dando ese proceso?

—Muy lentamente. Somos muchas más las personas que los recursos institucionales con los que contamos. No hay nada en los Estados Unidos de hoy que pueda sustituir el ascenso social masivo y la acumulación de riqueza que hubo a mediados del siglo XX. Fue entonces que se construyeron muchas de las principales organizaciones de la vida comunitaria judía. Nosotros no tenemos los recursos, en un sentido económico muy literal, y tampoco la misma herencia de habilidades organizativas. Pero hay nuevas organizaciones que lo están intentando. No te imaginás la cantidad de colectivos, grupos de oración, grupos de estudio, programas extraescolares que aparecen todo el tiempo. Hay alianzas nuevas, como el Movimiento de la Diáspora Judía, que articulan decenas de grupos, rabinos y líderes comunitarios. Pero sucede sin ningún apoyo.

—Es una apuesta a construir nuevas instancias de vida en común en momentos en que la sociedad en general, no solo los judíos, tiene muchos problemas con la organización colectiva…

—Es así. Por eso es que se plantea el debate de si reformar las instituciones actuales o construir otras. Las instituciones existentes tienen la ventaja de existir, por lo que tienen un espacio físico propio, algún tipo de estructura de gobierno, recursos, mientras que al construir algo nuevo empezás de cero. Muchos de los nuevos minyán [grupos con el cuórum mínimo requerido para el servicio religioso] que están surgiendo se reúnen en salas de estar. Una colega mía tiene un minyán que empezó con diez personas en un living, y ahora en los días festivos tiene cientos de personas. ¿Adónde van? No tienen espacio propio y dependen de la caridad de otros grupos. Todo se hace desde abajo, pero se hace. La gente no se rinde.

—¿Por qué puede ser tan difícil para alguien de identidad judía abandonar el sionismo?

—Mucha gente que participa de esas instituciones sabe, inconscientemente, que el judaísmo no sionista no puede ofrecerle hoy una vida comunitaria en otro lado. Y eso le impide cuestionar más, porque no se trata solo de discutir con tu familia. Se trata de perder una parte enorme de tu vida. Si tenés un hijo que necesita celebrar su bar mitzvá, no podés hacerlo. Si alguien de tu familia muere, esa comunidad que te habría acompañado en el duelo ya no existe. Estamos, de a poco, llegando a ese punto de organización, pero nos falta. Nuestras organizaciones políticas pueden reemplazar a las organizaciones comunitarias solo hasta cierto punto. Entonces, sí, es realmente difícil. Le estás pidiendo a la gente que deje atrás todo lo que conoce.

Ojo, es un precio pequeño a pagar. Es lo mínimo que podemos hacer por la gente que está siendo diezmada en Gaza. De nuevo, tenés que llegar al punto en que no podés soportar estar ahí, el genocidio te lo hace insoportable… Hay gente que lo aparta de su mente. En un artículo que acaba de salir en la revista Equator, «Gaza y el problema de la estupidez moral», Abdaljawad Omar, uno de los intelectuales palestinos más formidables, intenta comprender por qué hay gente que, con todo lo que sabemos, sigue repitiendo los argumentos israelíes. Tiene una respuesta psicoanalítica: ellos saben que mirar a la cara el genocidio en Gaza es muy costoso, que los destruiría, que les «costaría su mundo». La intensidad de su negación es resultado de la represión y de la vergüenza, como si en el fondo supieran lo mal que está lo que están defendiendo. Imaginate que sos una persona que ha estado apoyando todo esto. Pensá en la expiación que tendrías que hacer por tu respaldo a estas masacres, a este genocidio, a la matanza de niños.

Como decimos en inglés: «Toquemos el violín más pequeño del mundo». Toquemos el violín más diminuto por la tragedia de los pobres sionistas que no pueden afrontar su propio apoyo al sionismo. Aun así, pensarlo en términos de problema político o de organización es muy importante.

—¿Hasta qué punto el sionismo cambió el significado de ser judío?

—Mirá, por ejemplo, la festividad de la Pascua. Cada año recitás: «En cada generación se levantan contra nosotros para aniquilarnos, mas el Santo, bendito es Él, nos salva de sus manos». Esa es solo una parte, el resto del texto es, básicamente, un llamado a la venganza. Recitar algo así tenía sentido cuando eras una comunidad que intentaba darse ánimo para soportar una opresión asesina. Pero cuando repetís esas mismas frases desde posiciones de poder, son llamados al genocidio. Y así sucede con mucho de nuestra liturgia y nuestros textos. Todo esto es usado ahora para fortalecer el sionismo religioso. Son cosas que tienen que ser reinventadas, reelaboradas dentro de la tradición para dar cuenta de que la posición de las personas judías en la estructura del poder puede cambiar. Y hay una responsabilidad ética y moral de tener una liturgia que lo refleje.

También tenemos que pensar en la relación teológica con la Tierra. Tras la destrucción del Templo, la religión se volvió diaspórica, el judaísmo estaba dondequiera que estuvieran los judíos. El sionismo vino e hizo su propia reinvención del judaísmo. Hay mucho para renegociar en nuestra tradición y somos muchos los que pensamos que este es un momento de renegociación del judaísmo como no habíamos visto desde hace milenios, desde la destrucción del Segundo Templo.

Y eso es solo lo que concierne a la religión. En todas las otras esferas de nuestras vidas nuestras instituciones han sido construidas en torno al sionismo. Y eso ya no está reflejando dónde está parada la gente. En Estados Unidos hay una cantidad asombrosa de judíos que se están alejando del sionismo y no tienen a dónde ir. No tienen ningún lugar que los represente en la colectividad judía.

—Muchos grupos ortodoxos jasídicos te dirán que ya resolvieron este problema. Creen que migrar a Israel antes de la venida del Mesías es un pecado. ¿En qué difiere el judaísmo que ustedes postulan?

—Para empezar, para la mayoría de los jasidim, sus posturas no tienen nada que ver con los palestinos, excepto por algunos grupos. Para mí la base teológica no es lo central, excepto cuando pensamos cómo reconstruir nuestra vida espiritual a la luz de lo que pasa desde 1948. La cuestión es ante todo moral. Y también política. Cuando los medios contactan a representantes judíos, ¿a quién contactan? Cuando el gobierno consulta con miembros de la colectividad judía, ¿con quién consulta? Ahora mismo hay una captura total de nuestra comunidad a nivel global. A veces, los medios y las autoridades ni siquiera consultan a los judíos estadounidenses, sino que consultan directamente a figuras israelíes, lo que significa que nuestra representación se ha subcontratado por completo a los sionistas. Lo que a su vez también fomenta la confusión entre judaísmo y sionismo. Es muy bueno para los gobiernos israelíes que haya antisemitismo. No les preocupa reducir o erradicar el antisemitismo porque su respuesta es «vengan a Israel». La prioridad para ellos es fortalecer ese Estado.

Estos son quienes nos representan en el escenario mundial, y queremos cambiar eso. Estamos tratando de debilitar la maquinaria política que permite el genocidio y la matanza continua de palestinos, y que toma la forma de envío de armas, de cobertura política, de una eterna negativa a rendir cuentas.

—Aun siendo una revista judía dirigida a un público judío, Jewish Currents trabaja extensamente con periodistas palestinos en Palestina. ¿Qué papel desempeña la liberación palestina en esta nueva identidad judía?

—Ya he dicho antes que el judaísmo significará justicia para el pueblo palestino, o no significará nada. Obviamente, no quiero que el judaísmo sea definido para siempre solo por la cuestión palestina. Tuvo antes una vida independiente de ella, y lo que buscamos es que tenga una vida después. Pero de ahora en adelante, el judaísmo estará siempre asociado con el genocidio palestino, y tendrá que haber maneras en que asuma la responsabilidad y cree vías para la justicia, las reparaciones, el retorno, la igualdad. No milito la liberación de Palestina por el judaísmo, lo hago por los palestinos, y con los palestinos. Pero no creo que un judaísmo del que la mayoría de nosotros queramos ser parte pueda sobrevivir si no enfrenta la cuestión palestina y si no ayuda a crear las condiciones para la liberación palestina.

—¿Cómo respondés a las críticas sionistas? Se dice que quienes no defienden a Israel no reconocen la importancia que la Tierra de Israel tiene en la tradición y, por tanto, no entienden el judaísmo. Que la mayoría de los judíos ya decidieron apoyar al sionismo. Que los judíos antisionistas no son «judíos verdaderos».

—Estas luchas entre sionistas y antisionistas dentro del judaísmo son tan antiguas como el sionismo mismo. Lo cierto es que hoy la afirmación de que las mayorías están con el sionismo se está desvaneciendo, particularmente en Estados Unidos. Las cosas están cambiando mucho generacionalmente.

El argumento de que el sionismo se deriva automáticamente de los textos judíos tampoco se sostiene. Para empezar, hay muchísimas personas jasídicas que nunca han estado de acuerdo con eso. Hubo judaísmo durante milenios antes del Estado político de Israel y lo habrá después. La idea de que nuestra identidad tenga la misma antigüedad que este Estado de 80 años no tiene ningún sentido. Es un Estado nación que niega los derechos humanos a la mitad de las personas que viven entre el río y el mar. ¿Es eso lo que el judaísmo nos llama a preservar?

La Torá es vasta, permite muchas interpretaciones. Hay cosas muy estrictas, como guardar el Shabat, pero en otros temas la gente lee lo que quiere leer. Nadie es más o menos judío en este sentido. Los colonos violentos de Cisjordania son tan judíos como yo.

—Todas estas tradiciones con las que crecimos, el cristianismo, el judaísmo, el islam, tienen muchos elementos que se usaron durante siglos para oprimir a la gente. Pero también pueden proveer de una fuerte brújula moral. ¿Cómo creés que han influido en tu postura actual los valores judíos en los que te criaste?

—Odio el término valores judíos. En mi opinión, el colono que actúa con violencia está poniendo en práctica «valores judíos», y yo, oponiéndome al genocidio en Gaza, estoy poniendo en práctica «valores judíos». Los valores judíos son lo que hacen los judíos y no hay un conjunto fijo de valores judíos. Creo que hay valores que se dicen y luego están los valores que se enseñan. Crecí en una comunidad que, por supuesto, se creía justa y buena. Pero no me crie en el judaísmo reformista, donde el enfoque es la justicia social. Me crie en una comunidad judía más conservadora, donde los valores judíos que nos enseñaron eran más insulares, cuidarnos los unos a los otros, la fortaleza, el orgullo. Y esos también eran valores judíos. Soy nieta de sobrevivientes del Holocausto originarios de Grecia, que estuvieron en Auschwitz. Para mí, esa historia significa «nunca más para nadie». Pero hay personas que son nietos e hijos de sobrevivientes para quienes el mensaje es «nunca más para nosotros».

No va a ser fácil y no porque el judaísmo sea excepcionalmente malo. Todas las religiones del mundo tienen esta dualidad, y al final se trata de lo que su gente hace y de lo que su gente cree. No creo que baste con decirnos, bueno, volvemos a una expresión idealizada de los valores judíos. No, vamos a tener que luchar por ello. Vamos a tener que construir un judaísmo que diga estas cosas, no estas otras. Y vamos a tener que integrar eso en nuestra forma de vida, en la forma en que funcionan nuestras comunidades. Eso requerirá mucho trabajo.

En el norte de Berlín –en el distrito conocido antaño como el Wedding rojo– crece la resistencia contra otra gran empresa reconvertida: Rheinmetall. En julio se organizó una protesta frente a las puertas de la fábrica como parte de una semana de movilizaciones, pero la policía bloqueó el acceso. Entre los presentes se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg.

La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se formó en 2025, tras revelarse que Rheinmetall había comprado el fabricante de autopartes Pierburg para empezar a producir munición de artillería. La industria automovilística está registrando pérdidas y líderes empresariales y dirigentes políticos no ven mejor «salida» que pasarse al armamento, un sector hacia el cual el dinero fluye sin límites desde la Unión Europea. El poderoso sindicato IG Metall se ha sumado a esta dinámica.

El precio de las acciones de Rheinmetall se ha disparado hasta niveles sin precedentes. La empresa emplea a 34 mil personas y su negocio de equipamiento militar está en auge. La mayor gestora de activos del mundo, la estadounidense BlackRock, posee ahora una participación del 7 por ciento en su capital y se ha convertido en su mayor inversor. A juzgar por su estructura accionarial, la firma ya no es propiamente alemana.

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La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se reúne una vez al mes en una cafetería del Wedding rojo. Sus miembros recorren casas e iglesias buscando sensibilizar a los vecinos. Muchos no saben que está previsto fabricar armas en su propio barrio y quedan atónitos al enterarse.

La mayoría de los activistas antimilitaristas son jóvenes. Están presentes en movilizaciones estudiantiles y se resisten a la posibilidad de incorporarse al renacido servicio militar obligatorio. «El gobierno se está preparando para la próxima gran guerra», afirma uno de ellos, de 18 años, que acaba de recibir un formulario de las Fuerzas Armadas. Muy pocos jóvenes de su grupo de edad han mostrado interés en sumarse a filas: apenas un 0,18 por ciento de los 300 mil que han sido contactados hasta ahora. El número de solicitudes de adhesión al estatuto de objetores de conciencia está, por el contrario, aumentando rápidamente.

Un estudiante de la Universidad Técnica entrevistado en el documental describe la situación de «desesperanza» que reina entre los jóvenes en un país donde el Estado social se está cayendo a pedazos. «El edificio principal de la universidad ha cerrado, la biblioteca estuvo clausurada mucho tiempo y, en el edificio de matemáticas, el agua gotea de todos los techos. Las escuelas también se están deteriorando. Donde vivo, ya no quedan centros donde los jóvenes puedan ir a pasar el rato. Todo esto genera una sensación de desesperanza; al final, los jóvenes no saben qué hacer y las Fuerzas Armadas empiezan a parecer un empleador atractivo.»

Otros hablan sobre la delicada cuestión de la cooperación entre Alemania e Israel, de la que Rheinmetall es un ejemplo. Una joven relata: «Rheinmetall se beneficia de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos y presta apoyo ideológico y material al genocidio en Palestina y a las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados, Siria, Líbano e Irán. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel y es cómplice de los crímenes cometidos en Gaza. Desde hace muchos años, Rheinmetall colabora con Israel Aerospace, Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems en el desarrollo de sistemas de artillería de 150 milímetros».

Una maestra habla sobre la creciente presencia de oficiales militares en las aulas. «El gobierno afirmó que la participación es voluntaria y que los oficiales solo acuden a clases si los profesores los invitan, pero en Baviera ya existe un acuerdo de colaboración obligatoria entre las escuelas y el Ejército.»

Lo lógico sería esperar que los sindicatos alemanes se movilizaran con firmeza ante esta situación. Sin embargo, en las protestas, el sindicato IG Metall brilló por su ausencia. Para mi película, intenté entrevistar a los dos dirigentes principales del sindicato. Fue en vano. Su oficina respondió: «Lamentablemente, no podemos ofrecerle una entrevista en este momento». Solo me enviaron un comunicado de prensa: «Nuestros estatutos nos comprometen a defender la paz, el desarme y el entendimiento internacional. Al mismo tiempo, nuestra tarea consiste en representar los intereses de la plantilla. Los trabajadores no decidieron la reorientación estratégica de su empresa, pero tienen derecho a conservar sus empleos, a disfrutar de buenas condiciones laborales y a contar con sólidos derechos de cogestión. A juicio de la comisión interna de la empresa, esta transición implica, ante todo, preservar los puestos de trabajo». En cuanto a los motivos por los que no habían apoyado las jornadas de movilización contra Rheinmetall –a diferencia de otros sindicatos– no dijeron una sola palabra.

* Rheinmetall en «Wedding rojo»: los vecinos pasan a la acción, de Gaby Weber. Disponible en YouTube.↩︎

Mientras intenta consolidar la forma del filme, Szwarcbart avista entre estanterías Meacuerdo, de Martín Kohan, libro bastante inclasificable publicado en 2020. De inmediato, comparecen Georges Perec y su libro homónimo: una asociación que el escritor argentino reconoce con orgullo y cuyo linaje rastrea hasta Joe Brainard, padre de un género literario a la vez preciso y extrañamente híbrido. En sintonía con la vocación microscópica de la prosa del escritor francés, Kohan persuade sobre la necesidad de desarticular la noción de literatura autobiográfica, una en la que el sujeto narrador organiza sus recuerdos desde la valoración de su eventual relevancia para una determinada y prejuzgada narrativa. Cada reiteración en su Me acuerdo, en contraste, discurre entre reminiscencias de vocación casi automática, un inventario de recuerdos que se cuida de no distinguir entre banalidad y trascendencia. Así, Kohan ensambla un texto enumerativo que busca regirse por la aparición desinteresada del recuerdo durante el proceso de escritura.

Por estos días, el cine que elige narrar historias personales a partir de acervos fílmicos prolifera. Tampoco son escasos los ejemplos de películas que para encauzar la narración se sirven de voces especialmente desencarnadas. Pero la ambición y la solemnidad hacen que muchos de estos filmes acoten demasiado el sentido de sus imágenes y terminen por fracasar en la apuesta: proyectos que promueven lecturas demasiado unívocas, sin lugar para las contradicciones. Más que las palabras en sí, son la forma y el estilo de la voz enunciativa lo que debería cautivarnos viendo esta clase de filmes, y también el modo en que esa voz entra en diálogo con el resto del material en la obra. Y es en atención a todo ello que LS83 resulta un ejercicio repleto de astucia.

La conjugación entre el discurso de Kohan –que remite a su infancia durante la última dictadura cívico-militar argentina– y las filmaciones de los camarógrafos de Canal 9 –imágenes oficiales a lo largo del régimen, aquello que el Estado quería propagar sobre sí mismo– permite contradicciones entre ambas perspectivas. Hay una notable falta de solemnidad en la película e, incluso, una ingenuidad elocuente, una voluntad lúdica que aleja cualquier forma de didactismo. Como si la voz buscase ciertos recovecos inaccesibles de la infancia en las imágenes, Kohan recuerda, por ejemplo, su desconcierto al comprobar que el presidente iba en el asiento de pasajero del vehículo presidencial y que era alguien más quien manejaba. Pero, del mismo modo, repara también en cómo él mismo sostenía la raqueta de tenis, con ambas manos –carecía de la fuerza suficiente–, lo que lo emparentaba con el estilo deportivo de Jimmy Connors. Entre un vinilo de los Beatles y otro que compilaba hits de varios artistas, y entre el cacao Superpibe y el Nesquik, tanto el libro como el filme reparan en detalles que en su relevante insignificancia terminan por vislumbrar toda una época.

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Durante la charla tras la proyección del filme –«Archivos que cuentan: imágenes y recuerdos en la memoria individual y colectiva», su título–, la moderadora y directora de Cinemateca, María José Santacreu, elogió la forma en que estas memorias personales tienen la habilidad de decir algo sobre la infancia in totum, aun cuando ni el filme ni el libro se lo hayan propuesto de antemano. El inventario de recuerdos concreta, en palabras de Kohan, una «disposición objetiva de recuerdos subjetivos». Una «objetivación» en la que «no hay carga afectiva explícita», pero que empieza a producir un «efecto de narración». Por esto, más allá de las imágenes que acompañan el relato oral, la introducción a las entrevistas de la época exacerba esta tensión. Testimonios en los que los responsables, como el general Jorge Videla, promueven una imagen de sí y en los que, a pesar de todos los intentos, no es posible disimular el horror. Ahí reside una de las operaciones más intrigantes de LS83: cómo la infancia puede transcurrir durante procesos históricos terribles y cómo las herramientas cognitivas no están prontas para comprender lo que sucede, y sin embargo…

Ante el problema de la noción de verdad, Virginia Martínez, por su parte, aclaró en la charla: «El régimen de verdad del documento difiere del de la memoria». El documento preserva rastros de aquello que fue: el aspecto de cada modelo de auto, por caso, que los pequeños hermanos Kohan jugaban a identificar tras la ventana, o los papeles que caían del cielo mientras los aviones sobrevolaban el área. Por otro lado, la evocación transforma, resignifica. Y cuando estas dos dimensiones se cruzan, comienza a emerger el brote de una verdad colectiva. Los tres oradores de la charla acordaron que las aspiraciones de ese tenor, las colectivas, solo pueden alcanzarse desde las singularidades, confiando en que la reducción y la síntesis pueden, efectivamente, generar la sugestión de todo un mundo. De lo contrario, se corre el peligro de caer en un narrar la narración, una reproducción del relato que pierde conexión con la experiencia original.

En un momento, Martínez refirió que en Uruguay un filme como LS83 difícilmente podría llevarse a cabo, debido a la falta de memoria audiovisual de nuestro país (lo que haría inviable que los cineastas uruguayos pudieran reconstruir sus propios relatos a partir de esta clase de acervos). Ante la idea, Szwarcbart esgrimió: «Tampoco Argentina es un paraíso». Es un país sin Cinemateca –dijo–, en el que son en su mayoría los coleccionistas privados los que aportan al rescate de la memoria nacional. De hecho, hace poco, debido a desacuerdos con la Secretaría de Cultura, Paula Félix-Didier abandonó su cargo como directora del Museo del Cine (aunque todavía contribuye a sacar adelante la institución, su ausencia comprueba las dificultades institucionales que presenta la gestión de los acervos audiovisuales).

Cabe recordar, incluso, que hay también motivos materiales por los que Szwarcbart y su equipo tuvieron que limitarse a 120 latas de entre las filmaciones encontradas. La película termina esgrimiendo que «todavía queda mucho material inédito por explorar». Así, la cuestión del archivo se revela como un tema fundamental para ambos márgenes del Plata.

Este mismo miércoles, para recordar aquel cumpleaños que no fue, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, se anunció que el inmueble pasó a propiedad del Ministerio de Educación y Cultura y que este, a su vez, lo cederá en comodato a la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, que será la encargada de llevar adelante el sitio de memoria que allí funcionará. La asociación, integrada entre otros por Raúl Olivera, Mirtha Guianze, Marcos Carámbula y Lilián Celiberti, había sido la promotora de toda la idea, como forma de reparación simbólica ante el crimen de Elena.

La decisión, en la que intervino directamente el presidente, dejó sin efecto una resolución anterior del MDN, que el 5 de diciembre de 2025 entregó en comodato el apartamento a la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), pero mantuvo la titularidad de la propiedad. Esa decisión había motivado el cuestionamiento de la organización civil, que advirtió que, si Defensa continuaba siendo la dueña del bien, entonces el inmueble seguía siendo parte del «botín de guerra» de la dictadura, y cuestionó también que el acuerdo de comodato –que especificaba que el local solo podría destinarse «a los fines que la Constitución y la ley le asignan» a la ANEP– impidiera la declaración del apartamento como sitio de memoria (véase «Ni memoria ni reparación», Brecha, 20-III-26).

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Las expresiones de los jerarcas participantes en la conferencia –los ministros José Carlos Mahía, de Educación y Cultura, y Sandra Lazo, de Defensa Nacional–, además de las del presidente y las de Olivera –en representación de la asociación civil–, dejan claro que llegar a este resultado no fue fácil: «Pasó, seguramente, más tiempo del que debiera», afirmó Mahía; «hubo que dar pasos, y hubo encuentros y desencuentros», dijo Lazo; «se precisaron muchas voluntades políticas», acotó Olivera; «quienes estuvimos en esto de resolver lo de la casa sabemos que había mucha tela para cortar y muchas cosas para resolver», adujo el presidente Orsi, que aclaró que algunos nudos que parecen fáciles de desatar no lo son tanto. También dijo: «Si esto fue posible, es porque la buena voluntad, el diálogo permanente, la discusión de cómo hacer las cosas siempre se dieron de frente y en un marco de cordialidad».

Aunque nadie explicitó los desacuerdos ni los nudos ni las telas que cortar, lo cierto es que el traspaso de propiedad y la declaración de sitio de memoria a un bien robado por la dictadura y mantenido en esa calidad por gobiernos de todos los colores políticos hizo crujir varias maderas. Y dejó en evidencia, otra vez –más allá de la sensibilidad mostrada por el presidente y su capacidad para desandar el entuerto–, que el Estado sigue sin tener una política de memoria y de reparación claras que impidan las idas y venidas, las marchas y contramarchas atadas a opiniones y sensibilidades personales y los corporativismos institucionales. Como dijo meses atrás a Brecha Javier Correa, magíster en Historia y Memoria y exintegrante de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), sobre la primera decisión de traspasar el apartamento a la ANEP: «Los sitios de memoria son para reparar de manera simbólica el daño que se generó a las personas. ¿Dónde está la reparación si el colectivo que se movió, que hizo el pedido, no está conforme? ¿Cuál es el sentido último de esa estrategia de reparación?».

La falta de una política clara se hará sentir otra vez cuando comience a formularse el sitio de memoria, porque las políticas de reparación existentes no prevén recursos para ello. La CNHSM tiene un presupuesto de unos 200 mil pesos por año, que alcanzan para hacer las placas que señalan los sitios, reponerlas cuando son vandalizadas (son 34 sitios, más 33 señalizaciones, que es una categoría diferente), pagar algún pasaje cuando se trata de lugares en el interior, y poca cosa más. Eso en los casos en los que la caja queda en cero antes de cerrar el año. Así las cosas, cada organización civil es encargada de financiar el mantenimiento y las actividades que se hagan en el sitio. Algo así como financiar una autorreparación, un abrazo del que el Estado no quiere participar. Así es siempre, salvo para el sitio que se ubica en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, antiguo local del Servicio de Información de Defensa, que cuenta con funcionarios que organizan actividades, hacen visitas guiadas y mantienen el espacio.

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No está claro cuántos inmuebles robados por la dictadura están todavía en manos del MDN. Si bien en 1985 se decidió la restitución a sus dueños, no todos fueron devueltos; en algunos casos, como el del apartamento de Elena, porque fue comprado para su organización (el Partido por la Victoria del Pueblo [PVP]) con documentos falsos, por lo que el «legítimo dueño» no existía. Cuando una investigación de Brecha dio cuenta de que el apartamento seguía estando en manos del MDN, el PVP comenzó gestiones para que fuera declarado sitio de memoria. Así comenzó el largo camino de recuperación del bien. Pero hay por lo menos una chacra confiscada al MLN (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) que sigue apropiada y sobre la que el ministerio asentó el Grupo de Artillería Antiaérea 1. Se sabe también que la casona de Punta Gorda, donde funcionó el 300 Carlos, fue objeto de varios chanchullos militares. Recuperada la democracia, por obra y gracia de no se sabe qué señor, el inmueble fue vendido a la esposa del almirante Eladio Moll (recordado por su vinculación a las coimas del caso Cangrejo Rojo, ampliamente investigado por Brecha), que ese mismo día lo revendió al doble del precio a la hermana de Daniel García Pintos, exdiputado pachequista y antiguo integrante de la Juventud Uruguaya de Pie. Ese «acto con apariencia delictiva», así como otros delitos económicos de la dictadura, jamás fueron investigados por la Justicia, a pesar de que no estaban comprendidos en la ley de caducidad.

Por eso, el logro que obtuvo la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros tiene que ser valorado no solo por la recuperación de un bien robado a base de sangre y fuego, sino porque trae al presente que, como dijo el presidente, hay «mucha tela para cortar» en el campo de la reparación simbólica a las víctimas de la dictadura.

La penetración en roles clave del Estado de empresarios y desarrolladores inmobiliarios, de creciente relevancia en términos patrimoniales en Uruguay, es un tema al que Brecha viene prestando especial atención. 

En nuestra portada web pueden encontrar una compilación de investigaciones periodísticas que abordan el fenómeno. La serie se abre con nuestra publicación del pasado viernes –ahora de lectura abierta– y se completa con «Cosecha canaria» –sobre desarrolladores que ocupan cargos públicos, fueron beneficiados durante las gestiones de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones y financiaron sus campañas electorales– y “El descarte” –investigación que probó que los bañados de Carrasco habían sido excluidos, sin argumento, de la lista de humedales protegidos a estudio, hecho que se revirtió gracias a esa publicación–.

Los vínculos del viceministro de Ambiente con el millonario Eduardo Costantini

Sigue girando

Rosario Touriño

Los vínculos del comité de campaña de Orsi con La Tahona

Cosecha canaria

Betania Núñez Camilo Salvetti

Bañados de Carrasco: entre el economicismo y la resignación

El descarte

Salvador Neves

Ante semejante panorama, la intendencia artiguense tuvo el tino de activar el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), organismo local encargado de prepararse para cuando caiga el temporal. Todo parecía marchar acorde al interés público, hasta que apareció en la foto el hombre elegido para encabezar la tarea.

La cara conocida es el exintendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, que tuvo que renunciar al cargo en 2024 luego de haber sido condenado a 14 meses de prisión por el delito de omisión, en el marco del tristemente célebre escándalo de las horas extras. Ahora, su correligionario y sucesor en la intendencia, Emiliano Soravilla, acaba de nombrarlo como coordinador del Cecoed, cargo de confianza que marca su regreso a la función pública tras la condena. Y, por qué no, su ventana de retorno al ruedo electoral.

El nombramiento es legal, pero su legitimidad hace agua. Caram no fue a la cárcel porque cumplió su condena con dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses, por acogerse a un acuerdo abreviado que no estableció una inhabilitación específica para ejercer cargos públicos. A pesar de declararse culpable ante la Justicia, ante los medios dice ser inocente y no tener «nada que ver» con el esquema de corrupción que involucró el cobro irregular de una cantidad de horas extras humanamente imposible de trabajar –más de 100 por mes, en algunos casos– por parte de funcionarios de su gobierno.

Los cuestionamientos éticos no se hicieron esperar desde filas del Frente Amplio, pero también desde otros partidos de la oposición a escala local. De hecho, uno de los críticos más acérrimos de Caram y de su sector político Artigas Adelante –la lista 2525 del Partido Nacional (PN)– es el edil colorado Daniel Argañaraz, quien en 2024 denunció a más de 40 funcionarios de la comuna, acción que contribuyó a llevar el caso a nivel nacional.

«Había gente que, mientras estaba de vacaciones, cobraba horas extras. Hay gente que se llevó dinero para su casa sin haberlo trabajado y gente que miró para el costado mientras ocurría ese robo. Ahora, estas personas que han tenido problemas con la Justicia están asumiendo cargos. El mensaje que estamos dando en Artigas es que hay que ser delincuente para estar en la función pública», dijo Argañaraz en conversación con Brecha.

Los comentarios del edil colorado no son solo rosca política, sino que apuntan objetivamente a la falta de avances en la mencionada causa penal. Más allá de la condena de Caram y de su sobrina, la exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas, Valentina dos Santos (que también optó por el juicio abreviado para declararse culpable por usurpación de funciones), existe un proceso en curso que involucra a unas 60 personas del que poco se sabe. Según Argañaraz, el Tribunal de Cuentas determinó que se desarrollaran investigaciones administrativas a decenas de funcionarios de la administración Caram, que la intendencia dice ya haber concluido, pero que aún no han pasado a la Justicia.

«He hecho pedido de informes y no me los dan. Hablé con la fiscal y no hay información. En el caso de los principales involucrados en el cobro irregular de horas extras, Rodolfo Caram [primo de Pablo] y su pareja, la Justicia determinó que debían pagarle al Estado unos 47 mil dólares. Hasta ahora no han pagado y no van a pagar», agrega el edil.

Cabe recordar que el caso horas extras cobró notoriedad en plena campaña electoral de 2024, cuando fue igual de notoria la rapidez con la que se saldaron las condenas de Caram y Dos Santos antes de los comicios. En el marco del escándalo, los condenados renunciaron al PN, lo que no impidió que Soravilla –delfín político del exintendente– se alzara con la victoria a nivel departamental. Y, luego de la victoria, comenzaron los retornos: tras la asunción del intendente electo de Artigas en 2025, se concretó la vuelta de Dos Santos a filas del nacionalismo, partido que tuvo la compasión de volver a admitirla, a pocos a meses de su renuncia. Ahora, tío y sobrina vuelven a encontrarse oficialmente en la cúpula del poder local.

«Toda persona procesada tiene derecho a reincorporarse a la sociedad. Es un cargo de confianza y es una decisión del intendente. Yo no lo haría: si fuera intendente, buscaría una persona idónea para el cargo», opinó, a su vez, el edil por Cabildo Abierto Roberto Rodríguez Sant’Anna en diálogo con el semanario.

HAY RIESGOS Y RIESGOS

Si bien el intendente Soravilla puede optar por hacer uso del cargo de confianza, el perfil de los coordinadores del Cecoed suele ser más técnico. Para ocupar ese lugar, corren con ventaja –por ejemplo– policías o militares, pertenecientes a instituciones más habituadas a lidiar con emergencias. Tal es el caso del anterior coordinador del organismo en Artigas, el exjefe de Policía y comisario general retirado Adolfo Cuello.

Si en un rapto de buena fe probamos darle la derecha a Soravilla, hay argumentos para sostener que Caram es idóneo en gestión de riesgos: fue dos veces intendente y tiene amplia llegada en el interior del departamento, donde su fuerza política se hizo fuerte para cosechar el 52,5 por ciento de los votos en la elección nacional, a pesar de las condenas judiciales. Que te atiendan el teléfono en momentos de necesidad tiene su valor.

La entrada en funciones del exintendente en su nuevo cargo ya parece haber provocado un efecto inmediato. Por ley, además de personal de la intendencia, el ámbito del Cecoed debe estar integrado de manera interinstitucional, por entidades relevantes como la Policía, el Ejército, el Cuerpo de Bomberos y los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social (Mides) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), entre otros. En el caso de Artigas, hacía unos dos años que el organismo no extendía invitación a funcionarios que no fueran municipales. Pero este martes 1 de setiembre a las diez de la mañana estaban todos.

«En el marco de un pronóstico de El Niño que ocasiona lluvias por encima de lo normal y riesgo de inundaciones, el Cecoed convocó a las distintas instituciones para armar un plan de mitigación. Se empezó a relevar capacidad de recursos humanos y de locomoción, así como prever la cantidad de gente desplazada por las crecidas del río Cuareim en Artigas y el río Uruguay en Bella Unión. Por eso estamos trabajando en coordinación con Salto Grande», comentó a Brecha Pablo Montero, integrante de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP en Artigas y participante de la reunión.

El director de la oficina departamental del Mides, Carlos Fagúndez, también estuvo presente: «Fue una reunión productiva y hubo bastante representación de instituciones, lo cual es positivo para pensar las acciones en común. El primer gran objetivo es definir con anticipación dónde recibir los más de 10 mil evacuados que se está estimando que habrá en menos de tres semanas», dijo.

Entre la costumbre y la resignación, la presencia de Caram como nuevo coordinador no parece provocar demasiadas convulsiones a nivel local. Incluso recuerda que la notoriedad nacional del caso de corrupción que lo involucró produjo más ruido mediático en la capital –en un contexto de campaña electoral– que lo que realmente impactó en la propia sociedad artiguense.

«Es un tema delicado. No es ajeno a nadie, ni en la ciudad ni en el resto del departamento, que ha habido cuestionamientos públicos a su designación. Pero nosotros estamos para cumplir nuestra función desde el Mides, exigirle al Cecoed si es necesario y trabajar en conjunto, como corresponde», consideró Fagúndez.

A DISCRECIÓN

Más allá de la idoneidad de Caram, otro tanto tiene que ver con los recursos que maneja el Cecoed. El organismo no tiene un presupuesto propio, solo entra en acción para gestionar situaciones excepcionales de emergencia y tiene potestades de acceder a recursos del Ejecutivo nacional, como es el caso del propio Sinae –que depende de la Presidencia– y de los ministerios antes mencionados.

En un contexto de emergencia, las asistencias a la población se activan según las llamadas incidencias. Por ejemplo, en el ámbito agropecuario, ante un evento climático que supera un determinado umbral de daño, entra en escena un comité (integrado por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología y otros institutos del sector) que decide declarar la emergencia y se activa el Fondo Agropecuario, que se destina para asistir directamente a los damnificados.

Sin embargo, dependiendo del caso y de la institución involucrada, los fondos para paliar una emergencia pueden ser transferidos directamente a las intendencias (como los recursos que el Sinae destinará para prevenir los efectos de El Niño), que los gestionan a través del Cecoed como brazo operativo. Como indica la tradición política del interior del país, las intendencias suelen actuar con discrecionalidad a la hora de manejar fondos provenientes del gobierno nacional y los mecanismos de contralor resultan insuficientes para garantizar a la población el correcto uso de los dineros públicos.

«No tenemos ningún control», agrega el edil Argañaraz. Y lo preocupante son los antecedentes inmediatos. La condena de Dos Santos fue precisamente por usurpación de funciones, debido al libre uso que hacía de la estructura ejecutiva en Artigas cuando desempeñaba funciones como diputada nacional. Un ejemplo es el programa de incentivo a emprendedores locales Vale Emprender, impulsado por Dos Santos con su nombre de campaña (Vale) en calidad de legisladora, pero involucrando recursos del Mides y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, episodio que dio lugar a una investigación administrativa y que aún no ha sido aclarado.

Otro caso que involucra recursos públicos fue el subsidio al que se acogió Caram luego de la condena penal que lo llevó a renunciar a su cargo de intendente. Tras una reñida votación, el Tribunal de Cuentas determinó que le correspondía percibir 85 por ciento de su sueldo, unos 330 mil pesos, de conformidad con el subsidio para exjerarcas previsto por la ley 15.900.

Si bien asegura que prefiere ser «neutral» y no hacer política según críticas, el cabildante Sant’Anna no se abstiene en este punto. «No estoy de acuerdo y me indigna. Una vez que dejó el cargo, debe volver a ser como cualquier otro trabajador. Incluso es cuestionable que Caram haya mantenido un campo del Instituto Nacional de Colonización mientras ejercía como intendente», comenta. De hecho, el pasado mayo, el directorio del instituto decidió rescindir el contrato de Caram por 707 hectáreas de campo, según un informe de su división jurídica que apunta incompatibilidades con los «requisitos éticos» del organismo para el usufructo de tierras públicas.

Si bien Caram está en funciones desde fines de agosto, aún no hay resolución oficial de su designación como coordinador del Cecoed, cargo en el que Cuello aún figura como titular. Según la escala vigente de sueldos de la intendencia de Artigas, el cargo de confianza que le han encomendado tiene una remuneración cercana a los 190 mil pesos por mes.

Días atrás, la jueza Analía Graciela Ramponi (subrogante del Juzgado Federal número 1 de Concepción del Uruguay) dispuso el procesamiento de los militares argentinos Juan Alemán, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris por detención ilegal y torturas de ese grupo de uruguayos militantes del PCR. La sentencia –a la que accedió Brecha– revela detalles precisos de la coordinación entre los servicios represivos de ambos países, así como el interés de los militares uruguayos en reforzar la persecución de la estructura del PCR en Argentina.

«De la prueba testimonial reunida surge […] que las víctimas fueron detenidas ilegalmente por fuerzas policiales y armadas argentinas, sometidas a interrogatorios bajo tormentos y abuso sexual, trasladadas a lugares clandestinos de detención, donde actuaron de manera coordinada agentes de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay, en el marco de operativos dirigidos a la persecución de personas vinculadas a organizaciones políticas, particularmente al PCR, prácticas que resultan compatibles con los mecanismos represivos transnacionales implementados en el contexto del Plan Cóndor», sostiene el fallo.

La causa comenzó tras una denuncia presentada en 2021 en Argentina –a través de un correo electrónico– por María Julia Suárez Méndez, víctima del operativo represivo. La denuncia indicaba que ella, su hermano Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto y Luis Urrutia fueron detenidos el 3 de julio de 1977 en Concordia, trasladados a la Jefatura de Policía de esa ciudad y más tarde a diversos centros clandestinos de detención, donde fueron interrogados y torturados. María Julia, quien no formaba parte de la organización, fue abusada sexualmente, una práctica habitual de tortura contra las mujeres en los centros de detención de las dictaduras argentina y uruguaya.

La causa fue anexada al expediente por la desaparición de Jorge Emilio Papetti, un joven argentino estudiante de ciencias naturales, que realizaba el servicio militar obligatorio en el Ejército. Papetti desapareció el día 16 de marzo de 1977 en el Regimiento de Caballería 6 de Concordia; fue detenido mientras realizaba la guardia y torturado. En un intento de ocultar el crimen, el Ejército le informó a la familia que el joven se había fugado. La causa Papetti arrojó elementos claves para desentrañar la detención de los militantes del PCR.

En este marco, los testimonios recabados durante la indagatoria penal, liderada por la fiscal Josefina Minatta, revelaron que militares uruguayos –entre ellos, dos oficiales del S-2 (inteligencia)– viajaron hasta Concordia para participar del interrogatorio de los uruguayos detenidos, algunos de los cuales fueron, más tarde, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay. Uno de esos militares no pudo ser extraditado ni declarar en la causa tras ser considerado como incapaz por la Justicia uruguaya.

DETENCIÓN ILEGAL

Ciudadanos uruguayos trabajaban como quincheros en Concordia y tuvieron diferencias con un cliente; este denunció la situación a la Policía, quien llegó al lugar y procedió a la detención de los trabajadores, entre ellos, Jesús Silverio Suárez Méndez. Eso ocurrió el 3 de julio de 1977. Un pedido de información librado por la jefatura determinó que este hombre estaba requerido por las autoridades uruguayas por integrar el comité central del PCR, una organización de tendencia maoísta ilegalizada en noviembre de 1973.

La identificación de Suárez Méndez alteró el eje del procedimiento. El trato hacia los uruguayos cambió drásticamente. En las horas posteriores fue detenida Brenda Levitz, cuñada de Jesús Silverio, junto con su hijo de 3 años y otros allegados al grupo, con o sin militancia política; el esposo de Levitz y hermano de Jesús Silverio, Luis Suárez Méndez, fue detenido en Uruguay junto con un ciudadano argentino y trasladado a Concordia. De la jefatura pasaron al regimiento, donde fueron torturados física y psicológicamente. Los apremios físicos consistían en golpes, plantones, submarino seco.

En la tardecita o noche «empezaron a aparecer» los militares uruguayos, reconstruye el fallo. La delegación oriental fue encabezada por el mayor Waldemar Tarigo, hoy fallecido, y el capitán Ramón Prudencio Barboza, quien oficiaba como S-2 en el Batallón de Infantería 7 de Salto. Los otros militares uruguayos que cruzaron el río no pudieron ser identificados; todos eran del batallón de Salto, presumiblemente, subalternos.

Los interrogatorios comenzaron a centrarse en el PCR y la estructura del grupo en Argentina. Según Urrutia, le pidieron nombres y le mostraron fotos. Directamente, le preguntaron por el abogado Héctor Giordano Cortazzo, referente del PCR, entonces exiliado en Argentina y luego desaparecido. Querían saber dónde vivía, cómo ubicarlo. Urrutia dijo que en ese momento él no sabía quién era Giordano; lo había conocido unos días antes en Buenos Aires.

Jesús Suárez Méndez, en tanto, aseguró que el objetivo de los interrogatorios era obtener información sobre el paradero de otros integrantes del PCR, que intentaron sacarle información sobre el apodo de una persona, que también le preguntaron por Giordano. En su declaración, aseguró que fue interrogado por dos personas: un argentino, que quería saber «dónde estaba la plata»; la otra persona, que pidió quedarse a solas con él, le dijo que era un coronel uruguayo y que si colaboraba le podía salvar la vida, porque «acá en Argentina los hacen boleta, esto es una guerra sucia». Pidió tiempo para pensar, pero esa noche logró fugarse, aunque a las horas volvió a ser detenido.

El viaje de oficiales S-2 no fue casualidad. En junio de 1977, el SID (Servicio de Información de Defensa) había puesto el foco en el PCR, tras la detención de un militante que intentó ingresar a Uruguay con documentación falsa. La presencia de Suárez Méndez en Concordia fue un llamador para avanzar en la persecución de los integrantes de la organización en ambas márgenes del Río de la Plata.

En efecto, en agosto fue detenido Daniel Pedro Alfaro Vázquez en Buenos Aires; en diciembre de 1977, también en Argentina, fueron secuestrados Carlos Cabezudo y Juvelino Carneiro da Fontoura; en enero de 1978, en Montevideo, Ricardo Blanco Valiente, y en junio de 1978, en Argentina, secuestraron a Giordano. Los cinco fueron desaparecidos. Los restos de Blanco fueron hallados en 2012 en el Batallón de Infantería 14; el cuerpo de Giordano apareció sin vida en agosto de 1978 en la vía pública, fue enterrado como NN e identificado en 2022 mediante chequeo de huellas dactiloscópicas. Sus restos no fueron hallados.

TRASLADOS CLANDESTINOS

La causa dejó al descubierto, además, el traslado clandestino de detenidos políticos de Argentina a Uruguay. Los testimonios de las víctimas revelan detalles de estos operativos. Tras pasar por varios centros de detención, parte del grupo fue alojado en la Unidad Penal 3. Desde allí, Robatto y Urrutia fueron trasladados a Uruguay. Fueron sacados del penal en un auto Ford Falcon hasta una ruta, donde los esperaba una camioneta del Ejército uruguayo, que se había adentrado en territorio argentino con personal uniformado. La camioneta atravesó el puente de Salto Grande, con destino al batallón en Salto.

Allí fueron sometidos a plantones y volvieron a ser interrogados sobre el PCR. Les preguntaban sobre definiciones políticas de la organización, pero no por nombres. Robatto y Urrutia, finalmente, fueron sometidos a la justicia militar y terminaron en el Penal de Libertad. Robatto fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría; Urrutia, a cinco. Los expedientes uruguayos indican que fueron detenidos en el puerto de Salto; la documentación de la Policía de Entre Ríos desecha esa versión: los dos figuran como detenidos en Concordia en julio de 1977. Asimismo, documentos elaborados por el batallón de Salto –incluidos en el Archivo Berrutti– refieren al interrogatorio de Urrutia en Argentina y a la detención de Jesús Suárez Méndez.

Otros integrantes del grupo, en tanto, también fueron trasladados a Uruguay. María Julia, Levitz y su esposo, Luis Suárez Méndez, y el hijo de ambos fueron enviados por vía fluvial. Según Levitz, los metieron en una camioneta negra, los llevaron a un lugar donde salían lanchas, los subieron a una («como bolsas de basura») y cruzaron el río; fueron liberados el 20 de julio de 1977. Ninguno de ellos fue sometido a la justicia militar.

Distinto fue el destino de Jesús Suárez Méndez. Relató que en Concordia logró fugarse de un centro clandestino –una casa cerca del río Uruguay–, intentó cruzar el río, pero no lo hizo porque temió ahogarse, fue recapturado horas después y alojado en el penal. A diferencia del resto, fue llevado a Buenos Aires. Lo trasladaron en un coche hasta una pista de aviación, lo encapucharon y lo dejaron esposado unos cinco días en una habitación. Luego lo subieron a un avión y lo llevaron al aeropuerto de Don Torcuato; terminó alojado en una especie de salón comunitario, frente a un cuartel, de donde también logró fugarse. Caminó toda la noche.

Según su relato, su esposa, Faustina Sierra, que no fue detenida, se exilió en Noruega; él se fue a Brasil. Allí obtuvo una identidad falsa, gracias a la cual se radicó en La Paloma (Rocha) hasta que pudo recuperar su identidad con el advenimiento de la democracia. Durante los años de dictadura, Jesús Suárez Méndez integró la lista de uruguayos presuntamente detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Su nombre también figuraba en la lista de detenidos desaparecidos de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos de Paraná, junto con Robatto y su hermano Luis.

El traslado ilegal de los militantes del PCR quedó registrado en los tribunales uruguayos, ya que Robatto y Jesús Suárez Méndez declararon como testigos en la causa que culminó con la condena del exdictador Gregorio Goyo Álvarez y el marino Juan Carlos Larcebeau.

LA PISTA URUGUAYA

La investigación de Concordia apuntó a la responsabilidad de militares uruguayos en el secuestro y la tortura de los militantes del PCR. En esa línea, la fiscal Minatta solicitó la declaración por exhorto y posterior extradición del coronel (r) Barboza, sindicado como partícipe de los interrogatorios en Argentina. Sin embargo, ninguna de estas opciones pudo concretarse. La situación quedó asentada en la sentencia argentina.

El fallo indica que Barboza fue citado a prestar declaración indagatoria en la modalidad de videoconferencia el 18 de agosto de 2022, pero que no compareció, tras presentar un certificado médico, «por encontrarse internado en el sanatorio Salto cursando una depresión». La fiscal pidió a las autoridades uruguayas que evalúen si el militar estaba en condiciones de prestar declaración indagatoria. La respuesta fue negativa, ya que Barboza fue declarado judicialmente como «incapaz» por el Juzgado Letrado de Séptimo Turno de Salto. Basada en esa sentencia, la Justicia uruguaya también rechazó su extradición, «por lo que a la fecha no ha podido ser indagado», dice la sentencia argentina.

Barboza no es un desconocido de la Justicia uruguaya. Su nombre fue mencionado en la denuncia penal presentada por una decena de militantes y exmilitantes del Partido Comunista de Uruguay por la violación de derechos humanos en el batallón salteño. En esa causa, la Justicia condenó al médico militar Ricardo Revetria como coautor de los delitos de abuso de autoridad, lesiones graves, privación de la libertad y tortura. Una treintena de personas declararon haber sido víctimas de tortura en esa unidad militar: golpizas, plantones, caballete, submarino, picana eléctrica y colgamientos. Barboza fue indagado en esa causa, pero los recursos presentados por la defensa y su situación sanitaria impidieron avanzar en su imputación.

1. El MA respondió a lo publicado con el envío a algunos medios de una resolución fechada el 31 de julio de 2025, en la que se acepta una excusación de Caputi (elevada por él en una nota del 11 de julio) para intervenir en «toda cuestión administrativa» referida a dos de las empresas para las que trabajó: Pifemil SA (razón social de Enviro Consultores) y Ontemar SA. Habría sido interesante que esa declaración de incompatibilidad se hubiera hecho pública desde el vamos, como ocurre en los países que procuran avanzar en la transparencia del Estado. Sin la publicación periodística, no se hubiera conocido esa nota ni sus alcances parciales.

2. La excusación fue delimitada por el interesado, quien identificó dos razones sociales, pero se desconoce si Caputi aclaró en el MA su vínculo con Costantini, sobre todo desde octubre de 2025, cuando se presentó el proyecto para los bañados de Carrasco en la Intendencia de Montevideo. El conflicto de interés, en un sistema político que quiera avanzar en estos asuntos en serio, tiene que ser descrito con detalle. Si el ciudadano no sabe qué es Enviro ni conoce sus clientes finales –punto fundamental–, la declaración de incompatibilidad no solo es reservada, sino también opaca.

3. La resolución, ahora sí difundida, permitió conocer otro trabajo de Caputi no declarado en sus currículums públicos: un vínculo con Ontemar SA, una de las accionistas de la terminal multipropósito de la zona franca de Nueva Palmira junto con UPM. El documento no da precisiones sobre la fecha de ese vínculo. Sí figura en el currículum oficial del ingeniero agrónomo una actuación vinculada a Stora Enso, que no queda claro si fue hecha en el ámbito público o privado.

4. Caputi redactó la carta de incompatibilidad ciertamente al otro día de su asunción, pero luego de un comunicado que hizo la Red Unión de la Costa, el 18 de junio de 2025. Ese colectivo alertó a la ciudadanía sobre proyectos en trámite de autorización ambiental asesorados por la consultora en la que trabajaba Caputi e instó a no designarlo por conflicto de interés. Si la excusación está «desde el día uno», al decir del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, es producto de la denuncia de la sociedad civil. Si no fue así y los gobernantes firman este tipo de cartas de incompatibilidad con frecuencia, sería muy útil para la sociedad saberlo. Como ocurre en otros países, debería estar disponible en un registro público, en tiempo y forma.

5. La excusación formal no evitó que el subsecretario se pronunciara en TV Ciudad (17-VIII-26) sobre el proyecto de urbanización próximo a los bañados de Carrasco, que, es cierto, no ingresó aún al MA. Pero vaya si es de interés público conocer la mirada de los responsables de ese ministerio sobre los bienes comunes naturales, y ni que hablar a partir de los vínculos revelados. La opinión de Caputi cobra otro valor al considerar el tipo de proyectos de los que fue consultor: barrios privados en la faja costera de Uruguay, un ecosistema amenazado precisamente por la presión de las urbanizaciones y el tan invocado cambio climático.

6. Para el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y para el propio Caputi, ese pronunciamiento receptivo con el proyecto de Costantini fue un «error». Pero, más allá de las formalidades, la gran pregunta que circula en buena parte de la sociedad es por qué se designa en el MA a alguien con su perfil. Y ahí la dimensión es política. La cuestión no es que haya trabajado en el ámbito privado, sino al servicio de qué intereses y de qué tipo de proyectos. No se trata solo de «experticia»: se trata de formación, independencia y visión política sobre los asuntos ambientales.

Marcos Israel respondió: «No es la primera vez que tenemos la vergüenza de que en el ámbito de la INDDHH se apele a un tema de racismo que reiteradamente se ha traído en otras ocasiones, que es el antisionismo. Hay que decirlo claro, el sionismo no es otra cosa que el derecho del pueblo judío, que es el pueblo originario de ese lugar, a tener autodeterminación. De 200 países que existen en el mundo, el antisionismo singulariza al pueblo judío como aquel que no tiene derecho a su espacio. Es una vergüenza para el Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país. Pero esta reiteración lo que nos trae es que estamos ante una militancia que está, un día sí y otro también, pendiente de este tema y empujando este tema. Entonces, ¿es solamente un tema de racismo? ¿Es solamente un tema de antisemitismo? Hay algo más, y se lo quiero explicar a la gente que ha venido por una agenda local. Porque esto está fuera de la agenda local. Se trata de un conflicto internacional que acá está fuera de la competencia. Sin embargo, los que han venido aquí a construir ciudadanía tratando los temas locales, que es lo que nos importa, es bueno que sepan qué hay detrás de esta movida. ¿Por qué esta agitación del antisemitismo? ¿Para qué? Para contextualizar la información que les voy a dar, les voy a mencionar a una cientista social y política, filósofa, muy importante del siglo XX en el tema del totalitarismo. Me refiero a Hannah Arendt. Arendt decía que el antisemitismo no fue inventado por el totalitarismo, ya estaba allí. Fue usado por los totalitarismos para sus fines. Quiero que sepan que un profesor de la universidad, el profesor Randall, en un acto en un aula de una de las facultades de la Udelar [Universidad de la República], en el cual estaba rodeado de banderas palestinas, y lo tengo grabado, dijo: “El genocidio es un regalo” –que es inventado, no hay ningún organismo internacional que haya dicho que hay genocidio, no lo hay–, dijo: “El genocidio es un regalo para despertar la conciencia revolucionaria dormida”. ¿Así que esta es la razón para inventar un genocidio? ¿Los nostálgicos de los sesenta, de las revoluciones de los sesenta, quieren otra oportunidad? ¿Están usando el antisemitismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo? Tienen que saberlo, porque esto es lo que está pasando».

Transcribo sus palabras, a partir de una grabación que circula en redes, porque expresa de manera condensada un pensamiento que comparte con otros y que vale la pena responder.

1. Marcos Israel empieza identificando antisionismo con racismo. Coincido con el manifiesto leído en sala por las organizaciones sociales: el antisemitismo (o judeofobia) «es el prejuicio y el odio hacia las personas judías en tanto tales, que históricamente ha generado persecución, represión y un atroz genocidio. Mientras que el sionismo es una ideología nacionalista que llevó a la creación de Israel como un Estado etnorreligioso (Israel se autodefine como “Estado Judío”) exclusivo y excluyente en Palestina, y que continúa impulsando su expansión en la actualidad». Millones de judíos no somos sionistas y muchos somos antisionistas. Ello no nos hace antisemitas. Confundir ambos conceptos y concluir que ser antisionista equivale a ser racista es una vieja práctica propagandística sin sustento. Es inconcebible que un miembro del directorio de la INDDHH no sepa diferenciar entre ambos conceptos, o que sea partícipe consciente de una práctica de censura que identifica la crítica a una ideología o a las políticas de un Estado con un acto de racismo.

2. Para resumir el sentido del sionismo, Marcos Israel señala que el pueblo judío es el pueblo originario de esa zona y, por tanto, tiene derecho a ocuparla. Cabe preguntarse si los que vivían allí antes o al mismo tiempo que los judíos no son originarios. ¿Cuál es la lógica torcida que hace que cientos de judíos uruguayos, cuyos antepasados –por numerosas generaciones– nunca vivieron en la zona del actual Estado de Israel, tengan más derechos que aquellos que viven en esas tierras hace diez o veinte generaciones?

Como ideología nacionalista, el sionismo busca la autodeterminación de un pueblo, pero lo hace a costa de la vida, la autodeterminación y la libertad de otros pueblos. Marcos Israel cita a Arendt de manera canallesca. Ella efectivamente señaló que el antisemitismo fue utilizado por el totalitarismo, pero sobre el sionismo fue muy crítica. En su obra «Sionismo reconsiderado» de 1945, escribió: «Este nacionalismo no es más que la asunción acrítica de la versión alemana del nacionalismo». Cuando Menachem Begin, en 1948, Arendt, Albert Einstein y otros intelectuales judíos enviaron una carta al New York Times. En ella decían que el partido liderado por Begin tenía «el sello inconfundible de un partido fascista para el que el terrorismo (contra judíos, árabes y británicos por igual) y la tergiversación son medios, y un “Estado líder” es el objetivo», y terminaban diciendo: «Los abajo firmantes recurrimos a este medio […] para instar a todos los interesados a que no apoyen esta última manifestación de fascismo». Años después, Begin fundó el Likud (que gobierna hoy) y fue primer ministro de Israel entre 1977 y 1983. Según la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) que Marcos Israel promueve, Arendt, Einstein y sus compañeros serían acusados hoy de antisemitismo por sus opiniones.

3. Marcos Israel considera que la solidaridad con el pueblo palestino no es una agenda local. Por suerte, durante la dictadura uruguaya y durante el holocausto nazi miles de personas en el mundo pensaron distinto que él y se movilizaron en favor de los perseguidos de entonces.

4. También dice que el genocidio es un invento, y aduce que ningún organismo internacional lo ha confirmado. Lo han confirmado la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, Incluida Jerusalén Oriental e Israel de la ONU, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, Amnistía Internacional, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, B’Tselem, entre otras. La lista es muy larga. Cuando los nazis acababan con la vida de millones de personas judías, ¿había que esperar a que alguna organización oficial calificara ese horror como genocidio para denunciarlo? Reto a Marcos Israel a que mire el filme La gran Palestina, que mire a los ojos a los niños muriendo de hambre por decisión expresa del régimen israelí y luego afirme que es un invento.

5. Me acusa de haber dicho que «el genocidio es un regalo para despertar la conciencia revolucionaria dormida». Pido que muestre la grabación que dice tener. No recuerdo haber dicho tal cosa. Cuesta imaginar que alguien considere un «regalo» el asesinato de más de 20 mil niños; la destrucción sistemática de hospitales, escuelas, viviendas, plantas de agua; el asesinato sistemático de periodistas y personal de salud; el hambre como arma contra más de 2 millones de personas. Es de eso de lo que estamos hablando.

Lo que sí dije, en varios lugares, es que este genocidio se ha convertido en un enorme acto de educación política para la generación actual, que está llegando al activismo de la mano de este drama. Dije, y reitero, que eso da esperanza. Porque, a pesar de la tecnología de la muerte, en la que son expertos Israel y Estados Unidos, el futuro todavía depende de nosotros, de ser consecuentemente humanos.

6. Marcos Israel culmina con un argumento delirante: los militantes de la causa palestina habríamos inventado la acusación de genocidio como palanca para promover la revolución. La realidad es que el genocidio está a la vista, y millones de personas en el mundo lo condenan. Aquellos que hoy lo niegan tendrán dificultades para explicarles a sus hijos y nietos de qué lado de la historia estuvieron mientras el horror se perpetraba.

Los que en los sesenta fueron presos, exiliados, asesinados o desaparecidos no estaban buscando el totalitarismo. Luchaban por hacer realidad la aspiración de libertad, igualdad y fraternidad por la que tantas generaciones han luchado desde la revolución francesa. No lo hemos logrado aún. Habrá que seguir luchando por ello, por el futuro de todos y todas.

Entre los revolucionarios de los sesenta estaban Angela Davis, Leonard Peltier y Malcolm X, que buscaban algo tan elemental como la igualdad entre los seres humanos, sin distinción de color. Es por lo que luchamos hoy: que se considere que un ser humano árabe palestino vale tanto como uno judío israelí, ni más ni menos. Si molesta al señor Marcos Israel que millones de jóvenes luchen por eso, cabe preguntarse si merece ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH.

—Él ya controla todo el Estado. En El Salvador no hay más contrapesos. Y esto no es un decir, no es una creencia. Bukele impuso a su fiscal general ilegalmente, impuso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, modificó todo el sistema electoral, ha hecho varias modificaciones que, básicamente, lo que hacen es que para un partido de la oposición –que son minúsculos ya– sea mucho más difícil conseguir meter un diputado, por ejemplo, o un alcalde. Bukele ya reformó la Constitución, ya reformó la forma en la que se reforma la Constitución. La carta magna ya no es más una Constitución, sino un libro de los deseos de Nayib Bukele. Ya hay más de 53 periodistas en el exilio, según la Asociación de Periodistas de El Salvador. Hay decenas de presos políticos y, según el grupo de expertos de Naciones Unidas,¹ hay, a estas alturas, indicios fuertes que permiten concluir que en las cárceles del régimen y en el régimen mismo se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y, finalmente, 2 de cada 100 salvadoreños están en las cárceles; todos ellos en juicios secretos, cuyos expedientes son secretos y sus procesos son secretos. Hay juicios masivos de hasta 900 personas en una sola sala, personas que no se conocen entre sí. Dicho esto, Bukele sigue sosteniendo
una enorme popularidad, sigue siendo alguien que en las encuestas sale igual de querido que de temido. En la encuesta que hizo la universidad jesuita [Universidad Centroamericana José Simeón Cañas], Bukele y su régimen tuvieron arriba del 80 por ciento de popularidad. Pero cuando a la gente le preguntó si pensaban que podían sufrir alguna represión si hablaban mal del gobierno, cerca del 63 por ciento dijo que sí. Eso es amor con miedo. En términos de independencia electoral, El Salvador ya está en todos los índices electorales de América abajo solo de dos países: de Venezuela y de Nicaragua. En Nicaragua ya decretaron que ni siquiera hay elecciones; con eso podés imaginarte el barómetro.

—Cada vez son más los políticos de la región que elogian la política de seguridad salvadoreña. Algunos hablan de importar el modelo a sus países; otros se limitan a hablar bien de algunas aristas de la política. ¿Pensás que es posible importar una parte del modelo Bukele sin todo lo que trae aparejado?

—Bukele logró en El Salvador exterminar a las pandillas. Eso es un hecho. En El Salvador no hay más pandillas como las conocíamos. Bukele, con su régimen de excepción, las desarticuló. La pregunta es: ¿a qué costo? El modelo Bukele fue pesca con dinamita. El régimen de excepción es eso. Claro que vas a pescar algunos peces de los que querías, y vas a matar a un montón de la fauna marina. Bukele lo que hizo fue desatar los poderes del Estado represivo para que capturen a quien fuera. Encarcelaron a 97 mil personas en menos de un año. En las cárceles se permite la tortura, se amplió el proceso hasta siete años para que pases preso sin tener una condena, se sustituyó a todos los jueces. Es decir, en cualquier sistema que conservara contrapesos y el debido proceso, el 50 por ciento de la gente capturada en el régimen estaría libre, con lo cual no sería elmodelo Bukele: sería un modelo eficiente de persecución del crimen. En 2024, cuando Bukele asumió su segunda presidencia inconstitucional, violó cuatro artículos de la Constitución que no podían ser más claros, donde se afirmaba que alguien no podía estar más de cinco años en el poder, ni un día más. ¿Por qué a [Daniel] Noboa, que dice haber importado a Ecuador el método Bukele, no le sirvió, no le funcionó? Yo te respondo por qué: porque el método Bukele no es un arquetipo de ideas. Primero empezó con un pacto con las pandillas –aunque fuera secreto y está comprobado hasta por las autoridades estadounidenses que sancionaron a dos funcionarios– y luego terminó con un régimen de excepción. Bukele, más que ideas, tiene ocurrencias. La única regla del modelo Bukele es: todo el poder a un hombre. A Noboa no le funcionó porque él no tiene todo el poder.

—Concretamente, ¿cómo es el patrullaje territorial de las fuerzas de seguridad hoy en El Salvador?

—El Salvador es desde hace años un Estado policial. Hace un par de años redujo en 130 millones el presupuesto de educación y salud para otorgárselo al Ejército. Una de las primeras cosas que hizo fue ganarse a los militares, tenerlos de su lado, y también controla el comité de ascensos [encargado de decidir sobre las promociones militares]. Es decir, Bukele decide quién se convierte de almirante en contralmirante, quién pasa de coronel a general, etcétera. Bukele controla todo. Las calles están llenas de militares, de policías; un Estado donde el Ejército ya cumple una función de seguridad ciudadana.

—¿El Ejército tenía tareas de seguridad en gobiernos anteriores?

—Había lo que llamaba patrullas conjuntas: tenía que ir un policía y podían ir dos militares, sobre todo en el año 2015. Con Bukele ya el Ejército está plenamente integrado, o sea, tenés al ministro de la Defensa [Nacional], que es un militar, un contralmirante, con un fusil patrullando las calles y siendo filmado por dron. Ahora, El Salvador es, sobre todo, un Estado policial porque la policía puede llevarte porque sí. Cuando empezó el régimen, como eran conscientes de las tropelías que iban a cometer, lo primero que impusieron fue lo que en El Salvador se llama reserva total, una orden judicial de que no se puede revelar ningún caso de arresto, ningún fragmento de lo que se está juzgando, de las pruebas, en ningún momento. Eso, quien lo revele puede incurrir en un delito. A nosotros [El Faro] no nos importan las reglas del régimen. Entonces, obtuvimos 690 expedientes. En muchos de esos expedientes solo decía: «Mostró nerviosismo». Eso es todo lo que decía. Había otros en los que solo venía el número de documento único de identidad. Es decir, no habían hecho el esfuerzo esos policías y soldados ni siquiera de escribir un reporte de una línea diciendo por qué carajo habían agarrado a esa gente. Eso es un Estado policial, es un Estado donde la Policía, el Ejército, los cuerpos de seguridad tienen muchas más herramientas para capturarte que vos para defenderte.

—En tu libro más reciente marcás dos discursos: el del 4 de febrero y el del 1 de junio de 2024, cuando Bukele asumió su segundo mandato. ¿Por qué te parece importante destacarlos?

—Yo creo que en algún momento me puse demasiado concesivo con Bukele. Creo que Bukele ya había acumulado todo el poder en mayo de 2021, cuando ilegalmente destituyó al fiscal que lo estaba investigando. Todos esos fiscales están ahora en el exilio, los que investigaron la corrupción y los pactos de Bukele con las pandillas. Yo creo que, ahí, cuando controlás todo el poder, sos un dictador. Yo marco esos dos momentos porque esperé hasta los últimos momentos, cuando se eliminara cualquier formalismo administrativo de la democracia republicana. Cuando Bukele compite en las elecciones de 2024, él ya viola la Constitución, cuatro artículos. Si ni la Constitución está por encima de vos, ya no hay nada.

—¿La primera muestra del perfil autoritario de Bukele no fue la pantomima de toma de la Asamblea General en febrero de 2020? Fue antes de tener el control parlamentario en 2021 y de saltarse la Constitución para ser reelecto.

—La Asamblea seguía oponiéndose a él. Todavía había una Corte Suprema de Justicia, que en 2020, por ejemplo, decretó que muchas de sus decisiones en la pandemia eran inconstitucionales. Todavía había unos frágiles contrapesos, pero había. Había muchas alcaldías en poder de otros partidos. Creo que la de la toma de la Asamblea, cuando la usurpa con militares y con gente que lo filmaba desde todos los ángulos, y con drones, es la imagen más sincrética de Bukele. Eso es Bukele: mucha publicidad, Dios, militares y esa entelequia a la que él llama el pueblo. Ahí estaban todos los elementos con los que Bukele ha construido su poder.

—En el libro relatás también cómo la toma de la Asamblea Legislativa terminó siendo impulsada por memes…

—Nosotros publicamos esa historia, la investigamos durante más de un mes en El Faro y la documentamos. Él toma la Asamblea Legislativa para escapar de una narrativa en redes sociales que no le convenía. Yo creo que tiene una gran habilidad como publicista. Logra que la gente vea hacia donde él quiere que vea. Te pongo un ejemplo: el Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo]. En El Salvador hay 22 cárceles; ¿por qué el mundo solo quiere ver una? Porque es la que Bukele les enseña. Bukele quiere que el mundo la vea y el mundo la ve, y llegan de Estados Unidos youtubers y periodistas que creen que tienen una exclusiva. Cada vez que entran les dan un safari humano sin hacer una pregunta y les sacan a pandilleros a dar entrevistas con el torturador a la par. Y los periodistas creen que están haciendo una entrevista interesante.

—¿Y qué pasa con las otras 21 cárceles de El Salvador?

—Al menos en 14 de ellas donde hay presos del régimen el hacinamiento es total. La organización Socorro Jurídico Humanitario ya documentó 537 cadáveres que han salido de ahí desde 2022. Muchos de ellos –como nosotros en El Faro hemos documentado– han salido con señales de tortura. El último que documentamos era el de un muchacho que no tenía ningún antecedente penitenciario, que tenía antecedentes judiciales de haber sido víctima de las pandillas y que sale con un agujero en el pecho que le atraviesa todo el cuerpo. Todas las autopsias firmadas por los forenses del régimen dicen lo mismo: murió por edema pulmonar, que es como decir que te moriste porque dejaste de vivir. Porque el edema pulmonar es el producto de algo, de una golpiza, por ejemplo, que te inundó de sangre los pulmones.

—Hay quien dice que no existe el modelo Bukele, sino el llamado producto Bukele. ¿Cómo lo ves?

—En esencia, lo que tiene es un proyecto autoritario y va a hacer lo que sea para lograrlo. Si es necesario, va a vestirse de rojo y va a decir que el Che Guevara era lo mejor que existía, y que Nicaragua era el modelo que teníamos que seguir en Centroamérica; luego va a decir que es mejor [Donald] Trump y el Heritage Foundation y el movimiento MAGA [Make America Great Again]. Bukele va a hacer lo que tenga que hacer para lograr cumplir la única característica de su proyecto político: conservar el poder absoluto. Entonces, claro, eso te lleva a ser un producto muy alterable y un producto con muchos rasgos vacíos.

—Hablando de lo que vende, te llevo más atrás, a su primera campaña. ¿Qué características del descontento y la impotencia del electorado y de la población salvadoreña creés que logró canalizar Bukele para ser electo presidente? ¿Qué sucedía con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN] y Arena, partidos tradicionales de El Salvador, cuando Bukele ganó su primer mandato? ¿Cómo era el sistema político salvadoreño?

—Yo creo que había señales de que Bukele se venía. Lo que pasa es que la población salvadoreña, con toda razón, estaba tan harta de los partidos de la posguerra… Se robaron todo lo que pudieron, nos convirtieron en el país más homicida del mundo varios años seguidos. Nos dejaron, en un momento, en 2015 con una tasa de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso es como que asesinen a uno de cada 970 habitantes. Era una barbaridad. Fueron corruptos; los últimos cuatro presidentes estaban acusados de corrupción. Es decir, la gente estaba harta, los detestábamos profundamente, electoralmente ya nadie los quería, nadie los quiere. El FMLN ahora, que fue un partido que gobernó durante diez años el país antes de Bukele, no tiene ni un diputado. Y su mayor cargo es una concejal de la alcaldía capitalina, que es un cargo con cero trascendencia. Se ganaron lo que tienen porque fueron ineptos y corruptos. Ahora, Bukele, con todo ese poder, pudo haber ocupado su popularidad para otra cosa. Bukele la ocupó para decirle a la gente algo: «Te quité el problema de las pandillas y a cambio solo te lo pido todo». Todo el poder, no quejarte, que me dejes encerrar a quien quiera, que me dejes quitarles derechos civiles y otorgarles prerrogativas a los militares y a los soldados, y mantener ese régimen de excepción hasta cuando me dé la gana.

Esto lo tienen que saber los uruguayos: si usted quiere eso que llaman el modelo Bukele, si usted quiere la forma de Bukele, usted tiene que aceptar que el día que se lleven a su hijo, que es inocente, usted no se va a quejar. No tiene derecho a meter un habeas corpus, porque la Corte Suprema de Justicia no lo va a resolver porque está a favor de Bukele. No tiene derecho a exigir para su hijo que no lo juzguen con otros 900 criminales. No tiene derecho a que el Estado le ofrezca una defensa efectiva. La gente en Uruguay –eso, obvio– anhela una mejor vida, tiene derecho a anhelarla, y cree –yo creo que la gran mayoría con profunda ignorancia– que ese anhelo se lo puede suplir alguien como Bukele.

1. Se refiere al Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador. ↩︎

No se salva nadie

Mientras la campaña para las elecciones del 4 de octubre iba tomando temperatura con las presentaciones de los candidatos presidenciales en el Jornal nacional de la TV Globo, el de mayor audiencia del país, nuevos elementos publicados sobre el escándalo de los fraudes en el Banco Master, dirigido por el arrestado banquero Daniel Vorcaro (véase «Flávio Bolsonaro en caída libre», Brecha, 5-VI-26), se robaron la escena esta semana provocando un sismo en Brasilia y colocando al país en una crisis institucional gravísima. Si hasta el momento este esquema de fraudes multimillonarios había revelado una extensa red de tráfico de influencias que incluía a políticos de un lado y otro del espectro político, a empresarios, a abogados y al propio Banco Central, ahora alcanzó a las más altas esferas del sistema judicial: el Supremo Tribunal Federal (STF).

Todo surge a partir de un informe solicitado por el ministro del STF André Mendonça –relator de las investigaciones del caso Master– a la Policía Federal, que analizó mensajes obtenidos del celular de Vorcaro que dan cuenta de una comunicación frecuente y relación próxima del banquero con el más mediático y controvertido ministro del Supremo, Alexandre de Moraes. El martes 1, Mendonça filtró ese informe, dejando al descubierto la guerra que enfrenta él mismo, designado por el entonces presidente Jair Bolsonaro en 2021, con De Moraes, enemigo declarado del bolsonarismo. De Moraes ha conducido las investigaciones contra el expresidente por su intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 y fue también clave en el enfrentamiento entre Lula y el magnate estadounidense Elon Musk cuando el presidente brasileño quiso regular la red social X y bloqueó temporalmente sus cuentas. Fue De Moraes quien ordenó ese bloqueo.

Los documentos recuperados ahora por la Policía Federal muestran intercambios en los que De Moraes habría transmitido a Vorcaro información relacionada con posibles procesos que podrían afectarlo. Una de las revelaciones más escandalosas es una conversación en la que el banquero le pregunta al magistrado si debería salir del país, días antes de ser detenido por primera vez, el 17 de noviembre de 2025. En otro intercambio sospechoso, Vorcaro escribe: «Sabés que tengo una gratitud enorme contigo de por vida. Toda mi familia, los empleados, socios y amigos que dependen de nosotros tienen una deuda contigo y con tu familia. Muchísimas gracias por todo». Además, el informe revela que De Moraes habría revisado y editado un contrato de 131 millones de reales (unos 25,5 millones de dólares), firmado entre el estudio de abogados de su esposa y Vorcaro.

Las sospechas salpican al propio Mendonça. El periodista Paulo Motoryn, en su newsletter Noites húngaras, reveló que el magistrado se reunió en privado con Vorcaro en marzo de 2025. Mendonça confirmó que recibió al banquero, aunque dijo que se limitó a escucharlo. Los mismos documentos también mencionan al procurador general de la república, Paulo Gonet, cuyo nombre aparece en conversaciones de terceros vinculados al banquero y que esta semana actuó para anular las pruebas que incriminan a De Moraes. Edson Fachin, presidente del STF, tiene en sus manos la decisión de llevar el debate sobre el escándalo al pleno del tribunal.

Este caso vuelve a desnudar las dinámicas del poder en Brasil y a cuestionar la fortaleza de las instituciones frente a la corrupción y a los intereses de grandes capitales, a pocos días de una elección presidencial crucial.

Marcelo Aguilar | desde San Pablo

Los simuladores

Keiko Fujimori, la hija mayor del dictador Alberto Fujimori, llegó el mes pasado al gobierno de Perú luego de 15 años intentándolo. Aseguraba que su equipo estaba listo para «poner orden» como su padre en los años noventa. Y, como otros dirigentes de derecha y extrema derecha del continente, ha afirmado que su modelo para poner fin a la «crisis de criminalidad» es el del salvadoreño Nayib Bukele (véase en esta edición la sección Acento).

Perú sufre desde 2024 un incremento de la violencia del crimen organizado por grupos dedicados a la extorsión, la minería y la tala ilegales, y el narco. Leyes aprobadas por el Congreso que el mismo fujimorismo domina desde 2022 han facilitado y blanqueado la acción de esas organizaciones criminales. Lo más notorio en el primer mes de Fujimori en el Ejecutivo ha sido una simulación de «mano dura» que encubre complicidad.

Los casos más graves ocurrieron el fin de semana último. Entre domingo y lunes, Jenns Lara, un empresario de minería ilegal, fue secuestrado en la ciudad de Trujillo. Sus cuatro guardaespaldas resultaron asesinados durante la operación. Poco después, el empresario fue liberado gracias a gestiones de su padre, pero la Policía se atribuyó el «rescate» y recibió un tuit de felicitación de la presidenta. El sábado, había habido otro homicidio, el de la dirigente de ollas populares Betsy Mallma.

Miles de peruanos vieron el domingo en las redes un video de una cámara de seguridad que registró a los participantes en la operación contra Lara. Se los vio cuando, disfrazados de policías, disparaban con silenciador a los acompañantes de Lara y luego se llevaban al empresario en una camioneta. Eran altos, de complexión atlética, ágiles y manejaban armas largas con destreza. En cambio, los muchachos presentados a la prensa como responsables del crimen eran bajitos y desgarbados. Uno de ellos probó que estaba en su casa a la hora del cuádruple homicidio. «La Policía no ayudó en absolutamente nada», comentó Eleuterio Lara, padre de Jens, incómodo con la versión oficial. Al medio El Foco le informó que su hijo no reconocía a los detenidos como quienes lo tuvieron cautivo.

El viernes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, había enviado al Congreso un pedido de delegación de facultades legislativas en seguridad, empleo, sistema financiero, regulación ambiental, entre otros. Tras los asesinatos del sábado y domingo, pidió acelerar el trámite. El pedido contiene retrocesos en derechos laborales para jóvenes, autoriza la usura en el sistema bancario y, sobre todo, pretende denominar terrorismo a las acciones del crimen organizado, con el objeto de que el Ejército salga a las calles a actuar junto con la Policía.

En los primeros 30 días de presidencia fujimorista, hubo nada menos que 166 homicidios, sin contar los del 30 de agosto en Trujillo. El magistrado Richard Concepción, suspendido por seis meses por el régimen fujimorista, ha tomado cientos de decisiones en casos de crimen organizado desde la década pasada. Brecha le consultó acerca de las maniobras del gobierno para mostrar eficacia frente a los graves crímenes del domingo. «Está clarísimo que hay improvisación», contestó lapidario.

El primer mes de gestión de Fujimori está también marcado por la revelación de reuniones clandestinas entre la presidenta y Damián Valenzuela, un asesor y empresario argentino con sentencias por estafas millonarias en Estados Unidos y Argentina, y procesos por el mismo delito en Uruguay, donde una de sus empresas operó hasta 2024. Valenzuela ha querellado por difamación al director y a un reportero del semanario Hildebrandt en sus trece y exige una reparación por daño moral de 2 millones de dólares: arguye que las resoluciones civiles por estafa no ameritan que lo denominen estafador, como lo hizo esa publicación, y que las obligaciones civiles con personas a las que embaucó en un sistema de inversiones piramidales no son un delito penal. Por otro lado, medios peruanos han reportado vínculos entre Fujimori y Fernando Cerimedo, el operador digital argentino de extrema derecha detenido en Bolivia (véase «Esa trama», Brecha, 28-VIII-26). El diario La República informó que Cerimedo estuvo en Perú el día de la toma de mando de Fujimori y el digital La Encerrona halló que compró un dominio en internet usado por operadores fujimoristas para un conteo paralelo de votos que alimentara la idea de un fraude si ganaba el adversario.

Jacqueline Fowks | desde Lima

Esto no es una entrega

Cuando en mayo pasado el periodista argentino Marco Teruggi volvió a Venezuela, donde había vivido largo tiempo, una de las cosas que le dijeron sus interlocutores caribeños fue: «Este es el momento más difícil de la revolución». Se lo habían dicho también en 2013, cuando acababa de instalarse en Caracas, pero entonces recién había muerto Hugo Chávez y lo que estaba en juego, para el gobierno y sus partidarios, era cómo continuar «la revolución» sin «el comandante». Ahora, escribe Teruggi en un artículo que publicó en la revista Crisis («Goodbye Venezuela», 30-V-26), es la propia «revolución» la que parece haber llegado a su fin, y «de la manera menos pensada». «¿Hay una tortuosa persistencia más allá de los gestos evidentes de sumisión al imperio? ¿O la continuidad es un acto de subordinación sin decoro?», se preguntaba el periodista tres meses atrás. Cuando lo hacía, todavía los «gestos de sumisión» hacia Estados Unidos del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez –desde la intervención armada del 3 de enero pasado y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores– no habían llegado al grado al que llegaron esta misma semana.

El lunes pasado, Donald Trump anunció desde Washington un «acuerdo» firmado con Caracas para explotar más de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela. «Nunca en la historia se vio algo así», se jactó el presidente estadounidense. «Lo hicimos sin costo alguno para nuestros contribuyentes» y en condiciones tales que «la seguridad nacional de Estados Unidos se verá garantizada por mucho tiempo», con la posibilidad de utilizar los depósitos de crudo entregados «con fines sensibles diversos, incluso militares», subrayó. Horas después, tras agradecer a Trump y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por sus «esfuerzos» para llegar al acuerdo, la presidenta interina de Venezuela afirmó que su país seguirá teniendo un uso «soberano» de sus reservas petroleras y que no se trata, ni ahí, de una entrega.

Según la versión estadounidense, Venezuela concedió por un siglo (Rodríguez dice que por 25 años) 17 campos petroleros con reservas por unos 65.000 millones de barriles a la empresa venezolana North American Blue Energy Partners (Nabep). El pacto dispone que Nabep debe ceder el 35 por ciento de su capital al Estado estadounidense, en concreto al Pentágono, el rebautizado por Trump como Departamento de Guerra. A su vez, la cancillería estadounidense, el Departamento de Estado, podrá adquirir sin competencia el 20 por ciento de todos los pozos explotados hoy y en el futuro por Nabep a precio de costo. Y tendrá prioridad para hacerse de los restantes. «Todo esto proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia», incluso militares, señaló el comunicado estadounidense tras la operación. Otras perlas: la mayoría de los miembros del consejo de administración de la petrolera deberá ser de nacionalidad estadounidense, y Washington se reserva el derecho de veto para la designación de cualquiera de ellos. Serán tribunales estadounidenses los que entenderán en cualquier litigio entre las partes, y la empresa contará con «auditores, abogados y consejeros de prestigio estadounidenses». A cambio, Venezuela se asegura que durante los primeros 25 años del acuerdo recibirá de Nabep «alrededor de 200.000 millones de dólares» (Rodríguez afirma que serán 209.000 millones) por concepto de impuestos a las empresas y regalías. De haber sido explotados esos pozos por la estatal Petróleos de Venezuela SA, las ganancias hubieran sido enormemente mayores, señalaron los opositores al pacto, pero el gobierno de Rodríguez sostiene que la compañía está quebrada y no tiene dinero para operar.

Al considerar los fundamentos del acuerdo, la Casa Blanca sostuvo que, hasta ahora, «agentes extranjeros malignos saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China». Y agrega: «El presidente Trump ha restablecido la doctrina Monroe para purgar la influencia extranjera maligna de nuestro patio trasero y garantizar que la dominación de Estados Unidos en nuestro hemisferio nunca vuelva a ponerse en duda».

Pablo Pozzolo

La isla díscola

Los islandeses son muy pocos (apenas el 10 por ciento de la población uruguaya), pero son cosa seria. Cuando la crisis financiera de 2008 liquidó sus sobreendeudadísimos bancos, en vez de rescatarlos con dinero público, como hizo el resto de los países afectados, el gobierno de la época los dejó caer. El país se recuperó relativamente rápido de la recesión que siguió y hoy es una de las economías más prósperas de Europa. Y maneja sus propios recursos, por fuera de la Unión Europea (UE) y su moneda común, el euro. Bruselas se desespera desde hace años por integrar a Islandia, y las autoridades regionales pensaban que el referéndum del domingo pasado para reanudar las negociaciones de adhesión sería pan comido y el Sí se impondría fácil. Los sondeos así lo vaticinaban. Ganó el No por más de cinco puntos de diferencia (52,8 a 47, 2 por ciento) y la participación (del 82,5 por ciento) fue la más alta desde las cruciales elecciones parlamentarias que siguieron a la crisis financiera de 2008. En las zonas pesqueras (esa riqueza representa el 40 por ciento de los ingresos totales de la isla), el No arrasó. Las negociaciones para que Islandia se incorporara a la UE, iniciadas en 2010, se frenaron en 2013 precisamente por el tema pesquero. Dadi Már Kristófersson, el muy liberal ministro de Economía del actual gobierno de «unión nacional» encabezado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, había afirmado que la industria pesquera nacional no saldría perdidosa en caso de ingresar el país a la UE. Kristófersson fue uno de los principales defensores del referéndum. Una mayoría de islandeses no le creyó.

P. P.

La OCS constituye uno de los primeros escenarios en los que China comenzó a ensayar una diplomacia multilateral más ambiciosa, pasando progresivamente de ser objeto de las reglas del sistema internacional a participar activamente en su configuración.

El recorrido resulta revelador. En 1996, China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán constituyeron el Grupo de Shanghái, inicialmente concebido para resolver problemas fronterizos y establecer medidas de confianza militar. En 2001, con la incorporación de Uzbekistán, adquirió una nueva dimensión y se transformó formalmente en la OCS. Para China significaba institucionalizar una relación con su entorno continental inmediato y, al mismo tiempo, comenzar a construir un espacio multilateral en el que pudiera ejercer influencia sin reproducir necesariamente los modelos institucionales occidentales.

La OCS nació alrededor de una preocupación esencialmente securitaria. Las fronteras, la estabilidad de Asia Central y la lucha contra lo que la organización denominó las tres fuerzas –terrorismo, separatismo y extremismo– constituían el núcleo de su primera agenda. Pero fue ampliándose progresivamente. En 2017 ingresaron India y Pakistán; en 2023 lo hizo Irán, y en 2024, Bielorrusia. El resultado es una organización extraordinariamente heterogénea, que reúne hoy a diez Estados y que se extiende desde las fronteras orientales de China hasta Europa oriental, pasando por Asia Central, Rusia, el subcontinente indio y Oriente Medio, sumando 15 socios de diálogo, entre ellos Turquía, Arabia Saudita y Qatar. También tiene dos países observadores: Afganistán y Mongolia.

La ampliación modificó necesariamente la naturaleza de la organización. Ya no podía ser concebida simplemente como un mecanismo de seguridad centroasiático. Tampoco podía convertirse fácilmente en una alianza política convencional, pues sus miembros mantienen sistemas políticos diferentes, intereses nacionales frecuentemente divergentes y, en algunos casos, relaciones bilaterales particularmente complejas.

India y Pakistán constituyen el ejemplo más evidente. Pero no es el único. China y Rusia son socios estratégicos, aunque no tengan siempre idénticas prioridades; India mantiene una relación estratégica con Rusia y simultáneamente compite con China; Irán tiene sus propios intereses regionales, y los países centroasiáticos buscan preservar un margen de autonomía entre las grandes potencias.

La supervivencia de la OCS durante un cuarto de siglo, por tanto, ofrece una primera enseñanza sustancial: su cohesión no procede de la homogeneidad, sino de la capacidad para administrar la heterogeneidad.

En ese proceso, el entendimiento entre China y Rusia ha sido fundamental. No porque la OCS sea simplemente una organización dirigida conjuntamente, sino porque ambos países han encontrado en ella un espacio útil para coordinar intereses y preservar un marco de cooperación en Eurasia.

Desde la perspectiva china, Rusia aporta una dimensión estratégica y geopolítica indispensable. Para Moscú, la organización permite mantener una presencia institucionalizada en un espacio que considera fundamental y evitar que la creciente influencia económica china en Asia Central se traduzca automáticamente en una pérdida de protagonismo ruso.

El resultado es una suerte de equilibrio. China dispone de una extraordinaria capacidad económica y comercial; Rusia conserva un peso militar, energético y estratégico considerable. Los países centroasiáticos, por su parte, encuentran en la OCS un espacio en el que pueden relacionarse simultáneamente con ambas potencias.

DE LA SEGURIDAD AL DESARROLLO

Pero quizá la transformación más importante de la OCS se encuentre en la evolución de su propia concepción de la seguridad. La creación de nuevos centros especializados de seguridad pretende convertir los consensos políticos en mecanismos de cooperación más concretos. Pero la seguridad ha dejado de ser concebida exclusivamente en términos militares o policiales. De hecho, la OCS ha incorporado progresivamente el comercio, las infraestructuras, la energía, la conectividad, la educación, la innovación tecnológica y la economía digital. En 2026 China destaca la puesta en marcha de siete plataformas de cooperación dedicadas a industria verde, economía digital, innovación científica y tecnológica, energía, educación superior, formación profesional e inteligencia artificial, con más de 160 proyectos. La lógica que sugiere es que la estabilidad no se obtiene únicamente protegiendo las fronteras; también creando condiciones para el desarrollo. La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha contribuido a reforzar esta dimensión. La progresiva armonización entre las estrategias nacionales de desarrollo y los proyectos de conectividad euroasiática han convertido a la OCS en un espacio donde geopolítica y economía aparecen cada vez más entrelazadas.

LA HETEROGENEIDAD COMO MODELO

La OCS es quizá el ejemplo más acabado de cómo China ha aprendido a construir instituciones internacionales sin exigir homogeneidad política entre sus participantes. Aquí reside probablemente una de las aportaciones más interesantes de la experiencia de la OCS a la reflexión sobre las organizaciones internacionales. Es un modelo distinto al de muchas organizaciones surgidas en el espacio euroatlántico, donde la convergencia normativa y la proximidad de los sistemas políticos constituyen con frecuencia condiciones importantes para una integración más profunda. La OCS opera de otra manera. No pretende eliminar las diferencias. Trata de construir mecanismos de cooperación sobre ellas.

Veinticinco años después, la OCS puede ser interpretada así como uno de los laboratorios de la nueva multipolaridad. No es una alianza militar al estilo de la OTAN. Tampoco es una organización de integración comparable a la Unión Europea. Y sería simplificador considerarla únicamente un instrumento antioccidental.

Su ampliación ha reforzado, además, su dimensión de plataforma del llamado Sur global. El formato OCS Plus ha permitido ampliar el diálogo más allá de los miembros formales y conectar la organización con un círculo mucho más amplio de países y organizaciones internacionales.

En este sentido adquiere especial relevancia la propuesta de Xi Jinping de la Iniciativa para la Gobernanza Global, presentada en la reunión OCS Plus de Tianjin, en 2025. La propuesta plantea una gobernanza internacional más representativa, participativa y equitativa, y pretende insertar la experiencia de cooperación de la OCS en una discusión mucho más amplia sobre la arquitectura internacional. No es casual que el canciller chino, Wang Yi, haya planteado que la OCS contribuya a convertirse en una suerte de «zona experimental» para la gobernanza global.

LOS RETOS

La celebración del aniversario no debería ocultar, sin embargo, los problemas que enfrenta la organización.

El primero es precisamente su extraordinaria diversidad. Cuantos más miembros incorpora, más difícil resulta alcanzar consensos sustantivos.

El segundo es la relación entre China y Rusia. La cooperación sino-rusa constituye uno de los pilares de la OCS, pero la organización deberá evitar convertirse en una simple extensión de sus respectivas estrategias nacionales.

El tercero es India. La presencia simultánea de China, India y Rusia otorga a la OCS una extraordinaria relevancia, pero también introduce una complejidad geopolítica considerable. La capacidad de mantener la organización operativa pese a las rivalidades entre sus grandes miembros será una de sus principales pruebas.

El cuarto reto es convertir la cooperación económica en resultados efectivos. La conectividad, los pagos, las aduanas, la energía, las cadenas de suministro y la cooperación tecnológica ofrecen enormes posibilidades, pero también generan intereses contrapuestos.

Y existe finalmente un quinto desafío: evitar que la organización quede reducida a una plataforma declarativa. La proliferación de mecanismos y centros especializados deberá traducirse en capacidades institucionales reales.

(Xulio Ríos.. Fundador del Observatorio de Política China. Brecha reproduce fragmentos de esta columna publicada en el blog del autor. El título y el colgado son de Brecha.)

Una encuesta tras otra muestra lo mismo. El pueblo estadounidense sabe que el actual sistema económico está amañado. Los muy ricos se enriquecen más, mientras las familias trabajadoras tienen que luchar. Hoy, mientras el 60 por ciento de los estadounidenses vive al día, la clase multimillonaria jamás había tenido tanta abundancia. Tenemos más desigualdad de ingreso y riqueza que en cualquier otro momento de la historia del país. El 1 por ciento más rico posee más bienes que el 93 por ciento más pobre, y un hombre, Elon Musk, tiene más riqueza que el 50 por ciento de los hogares de menor ingreso del país.

De modo nada sorprendente, las familias trabajadoras están hartas de las políticas del statu quo y de las mismas viejas políticas del establishment, que les han fallado durante décadas. Quieren cambio, un cambio real, y están apoyando a los candidatos progresistas que luchan por ese cambio.

En el país más rico en la historia del mundo, los estadounidenses no quieren tener que batallar cada día nada más para pagar las cuentas. Las personas de la clase trabajadora no quieren morir años antes de lo que deberían a causa de enfermedades causadas por el estrés interminable que experimentan solo para sobrevivir. Y, al igual que las generaciones pasadas, no quieren que sus hijos tengan un menor nivel de vida que ellos.

Los políticos y los medios del establishment han descrito la agenda con la que los candidatos progresistas están ganando como «radical», «de extrema izquierda», «extremista» o, en palabras de Donald Trump, «comunista». Todo eso son tonterías. Un tema importante tras otro, la agenda progresista refleja con exactitud lo que una mayoría del pueblo estadounidense necesita y desea.

Permítanme aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas de las principales propuestas que la mayoría de los progresistas apoyan. Y díganme qué tan «extremas» les parecen.

REFORMA AL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS

Los progresistas creen que nuestro actual sistema de financiamiento de campañas está corrompido y socava la democracia. Es absurdo que un solo hombre, Musk, pueda gastar 290 millones de dólares para ayudar a elegir como presidente a Trump y que multimillonarios de los dos partidos puedan destinar cantidades ilimitadas de dinero a campañas por medio de los comités políticos conocidos como Super Pacs.

Nosotros creemos que debemos prohibir los Super Pacs y avanzar hacia el financiamiento público de las elecciones. Creemos que la democracia significa un voto por persona, no que los multimillonarios compren elecciones.

ATENCIÓN A LA SALUD

Los progresistas creen que el actual sistema de atención a la salud está destrozado, es inservible y exageradamente costoso. Creemos que es inmoral, e irresponsable desde el punto de vista fiscal, que tengamos que gastar el doble per cápita en este renglón que las personas de otros países grandes, en tanto 85 millones de estadunidenses no cuentan con seguro médico suficiente.

Al mismo tiempo, pagamos, con mucho, los precios más altos del mundo por medicamentos de patente. Los progresistas creen que la atención a la salud es un derecho humano y que debemos hacer lo mismo que todas las demás grandes naciones: garantizar la atención a la salud para todas las personas. Estamos de acuerdo con el 64 por ciento de estadunidenses que quieren un sistema de atención médica para todos.

PROTEGER AL TRABAJADOR

Los progresistas creen que todos los estadounidenses tienen derecho a un nivel de vida decente. Consideramos escandaloso que, en 2026, millones de trabajadores sigan percibiendo salarios de hambre y que el salario mínimo federal se mantenga en el deplorable monto de 7,25 dólares por hora. Creemos que el salario mínimo debe ser elevado por lo menos a 20 dólares la hora para poder subsistir.

También creemos que los patrones ya no deben poder negar mediante argucias legales el derecho constitucional de los trabajadores a afiliarse a un sindicato. Los progresistas apoyan la adopción de una propuesta de ley para proteger el derecho a sindicalizarse, que permitirá a los trabajadores afiliarse a sindicatos y negociar contratos que les proporcionen mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales.

GRAVAR A LOS RICOS

Los progresistas creen que, en una época de desigualdad sin precedentes de ingreso y riqueza, los más ricos del país deben comenzar a pagar una proporción justa en impuestos. En un tiempo en el que tenemos la tasa más alta de pobreza infantil entre los países más grandes y una tercera parte de nuestros adultos mayores padece estrechez económica, es absurdo que los multimillonarios tengan una tasa impositiva efectiva más baja que los choferes de autobuses o las enfermeras.

Las personas más ricas del país y las empresas de altas ganancias deben empezar a pagar lo justo en impuestos, de modo que podamos financiar de manera adecuada la atención a las necesidades de las familias trabajadoras, los niños y las personas de la tercera edad.

REGLAMENTAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los progresistas creen que la intelig|encia artificial (IA) y la robótica, desarrolladas e impulsadas por las personas más ricas de la Tierra, son las tecnologías más transformadoras de la historia e impactarán en cada hombre, mujer y niño.

En una era en la que la IA amenaza con desplazar a millones de trabajadores, despojarnos de nuestra privacidad, socavar nuestra democracia y tener un impacto negativo en la salud mental de nuestros hijos, creemos que el gobierno debe tener un papel decisivo en asegurar que estas tecnologías revolucionarias se usen para beneficiar a todos los estadunidenses, no solo para enriquecer aún más a los oligarcas de la alta tecnología.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los progresistas creen que la afirmación de Trump de que el cambio climático es un «engaño» no solo denota extraordinaria ignorancia, sino que es un verdadero peligro para el planeta. Los 11 años pasados han sido los más calurosos de la historia, y los tres últimos, los peores.

El año pasado, Estados Unidos y países de todo el mundo han tenido importantes olas de calor, inundaciones repentinas, aumento de sequías y terribles incendios forestales, y los científicos advierten que lo peor está por venir.

Los progresistas creen que debemos frenar por la fuerza la codicia de la industria de los combustibles fósiles. La verdad es que podemos crear millones de empleos sindicalizados bien pagados si alejamos nuestros sistemas de energía de los combustibles fósiles y los acercamos a la eficiencia y sustentabilidad energéticas. Por el bien de nuestros hijos, de las generaciones futuras y de la habitabilidad del planeta, eso es lo que debemos hacer.

POLÍTICA EXTERIOR

Los progresistas creen que necesitamos una reforma fundamental de las políticas exterior y militar. La guerra de Vietnam se basó en una mentira. La guerra en Irak se basó en una mentira. La actual guerra en Irán se basó en una mentira. No necesitamos gastar 1,5 billones de dólares al año en guerras interminables y en sostener dictaduras por todo el mundo. Desde luego, no tenemos que invertir decenas de miles de millones en sostener al gobierno extremista de Benjamin Netanyahu en Israel, que ha asesinado a 73 mil palestinos y lesionado a otros 170 mil, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos.

Pese a lo que los medios quieren que la gente crea, los progresistas están ganando en todo el país por una sencilla razón: las ideas que postulan son extremadamente populares. Es hora de que el establishment deje de decir a los estadounidenses qué deben creer y comiencen a escuchar lo que en verdad desean.

(Tomado de La Jornada de México, por convenio.)

Ocho poemas (que se presentan de forma bilingüe) y siete cuentos conforman esta selección que, ordenada de forma cronológica, se abre con el breve relato «Brember», aparecido en 1931 en las páginas del Swansea Grammar School Magazine, cuando el autor tenía 17 años, para cerrarse con la magistral pieza «Navidad de un chico en Gales», ese cuento que condensa en diez páginas todo el encanto de la infancia, en el que aparece «la nieve interminable manchada de humo» y donde «el viento en los árboles hacía un ruido como de hombres viejos, repugnantes, y tal vez palmípedos que bufaban en cavernas».

En cuanto a los poemas seleccionados, Gianera parece haber ido a lo seguro e incluyó en su corte algunas de las piezas más conocidas del autor, tales como «Fern Hill», «And Death Shall Have No Dominion» y «O Make Me A Mask». Entre los cuentos, además del rescate del temprano relato «Brember» (un prodigio de condensación descriptiva), se destacan «El árbol», «La vieja Garbo» y en especial «Los duraznos», el texto más extenso del volumen, originalmente publicado en Life and Letters Today, en 1938. Quiero detenerme en este cuento para subrayar algo que Gianera destaca en la breve introducción del libro, cuando apunta que los relatos y los poemas de Dylan Thomas procedían del mismo lugar, y ese lugar no era lo vivido. En una poesía y una cuentística tan autobiográfica y autorreferencial como la de Dylan Thomas cuesta, en principio, comprender lo anterior, pero es el propio autor el que lo decodificó cuando para una encuesta publicada por la revista Sur en1951, bajo el título «Manifiesto poético», expresó: «Quise escribir poesía porque me había enamorado de las palabras. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles, y antes de poder leerlas, me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representaban, significaban o querían decir tenía una importancia muy secundaria; lo que importaba era su sonido […]. Y todavía estoy a merced de las palabras, aunque creo que ahora puedo influir levemente en ellas, y hasta he aprendido a dominarlas de vez en cuando, lo que parece gustarles». El cuento «Los duraznos», ubicado en el centro mismo del libro que acá se comenta, grafica de forma cabal lo anterior.

La aparición de estos Cuentos y poemas selectos forma parte de un revival editorial de Dylan Thomas, propiciado por el hecho de que su obra entró al dominio público el 1 de enero de 2024. Sin ir más lejos, el año pasado la editorial argentina El Cuenco de Plata publicó su Poesía completa 1934-1952, con prólogo, traducción y notas de Patricia Ogan Rivadavia y Esteban Moore. Varias décadas después de muerto, el inquieto galés sigue en procura de dominar las palabras.

Las circunstancias en las que el impúber Joseph se distanció de su maestro son dignas de recordar: «¿Por qué me alejé? Yo era un adolescente. Una cosa es la conciencia espontánea y otra la reflexiva. Yo estaba en la primera […]. Pero un hecho me terminó de alejar del Taller. Fui a la última exposición de 1949, la última en vida de Torres, y él me ve, me reconoce, se me acerca y me mira con esos ojos maravillosos que tenía, ojos de joven, brillantes, penetrantes, casi hipnóticos; se me acerca, me personaliza y me dice: “Ud. hace tiempo que no va por el Taller, y el joven que no va por el Taller está perdido”. Y con mi rebeldía de adolescente, de hacer lo contrario de lo impuesto, menos todavía quise ir al Taller. Y cuando en ese mismo año murió, lo lloré, me dolió mucho».¹

Ese final abrupto marcó su verdadero comienzo de artista. Primero estudió dos años con Julio Alpuy, luego se arrimó al admirado Yuski (José Gurvich), más tarde fue alumno y amigo de Anhelo Hernández, los tres alumnos de Torres. De hecho, egresó de la Escuela de Bellas Artes del Taller de Anhelo. Antes había egresado de Filosofía del Instituto de Profesores Artigas, en donde obtuvo por concurso la Cátedra de Estética y Ética.

En todo momento mantuvo una posición de rebeldía frente al arte contemporáneo y moderno, y hasta de cierta tozudez: consideraba el arte abstracto una moda que había durado 120 años. Esos pintores, rezongaba, «ignoran ser una versión platónica del esencialismo: el color puro, la geometría pura que replicó Aristóteles».² Tal vez por eso se dedicó con pasión a estudiar a Figari, el pintor filósofo (y figurativo). En el año 2011 el Museo Figari publicó su tratado Figari. Estética, arte, pintura, que él dedicó a dos de sus maestros, Manuel Claps y Anhelo Hernández.

Quienes asistieron a sus clases afirman que era un excelente docente. Puedo asegurar que era tan generoso con los conocimientos como inquieto en su búsqueda. No solo fue un pródigo ensayista en medios nacionales e internacionales, también escribió una novela, El exilio de Dios (Ediciones de la Banda Oriental, 2003), y una decena de libros de poesía. Destacamos el último, Sonetos y otros poemas, en el que se prepara con crudeza y lucidez para la aceptación del final: «Si has amado y te han amado, has vivido./ Tu vejez será un cauce que se agota/ y que a veces, revive lo perdido;/ un río de imágenes que brota».

Vivió épocas de pobreza y padeció enfermedades que reducían su visión y su movilidad. Pero nunca bajó los brazos. Escribió y pintó –llegó a exponer en el Museo Nacional de Artes Visuales en 2010– y habló con quien estuviera dispuesto a departir sinceramente. No le bastaban las largas charlas telefónicas. También solía enviar cartas, a la vieja usanza. Muy amenas, lo pintaban de una pieza, en toda su picardía: «Yo, a tiempo completo, acosado por el fin del viaje. Si la Flaca me quiere, que me corra. Estoy muy ocupado. No hay viejo que no piense vivir otro año, escribió Cicerón ¿Sabés cuándo me doy cuenta de los años? Al afeitarme. Miro al espejo y me pregunto: ¿Y este viejo, quién es? Un fuerte abrazo». Gracias, querido profesor, también nosotros discurrimos en la extrañeza de ese río de imágenes y circunstancias.

1. Ana Laura Goñi, Lección 151. El Taller Torres García. Facultad de Arquitectura – Comisión Sectorial de Investigación Científica, Montevideo, 2008. ↩︎
2. Carta dirigida al autor, Montevideo, 26-XI-24. ↩︎

Siguiendo al investigador argentino Rafael Blanco, una primera clave de lectura supone admitir que la universidad no es un escenario neutral, sino un espacio cotidiano de socialización que regula de forma cotidiana relaciones, identidades y autonomía. Por ello, la violencia que allí irrumpe se inscribe en prácticas, silencios y códigos institucionales preexistentes; no inicia con la agresión física, sino que suele manifestarse previamente como vigilancia, insistencia o persecución, una secuencia de hostigamiento que requiere reconocimiento institucional.

Una segunda clave se vincula con la participación y la convivencia democrática. La prevención no puede organizarse solo desde la autoridad, la vigilancia o el control, pero tampoco consiste en que cada persona deba protegerse individualmente. Una comunidad universitaria segura necesita canales de participación en los que estudiantes, docentes y funcionarios puedan expresar preocupaciones, proponer y participar en la construcción de las reglas. Esto implica superar una falsa oposición entre libertad y autoridad, y requiere condiciones institucionales que lo hagan posible. Permite también identificar problemas que no siempre llegan a constituir una denuncia formal; funciona como alerta temprana, siempre que existan mecanismos claros para transformar la información en acciones de protección y no en nuevas conversaciones fragmentadas.

La tercera clave es la noción de pedagogías de la crueldad de Rita Segato, que permite analizar la violencia de género como una práctica que comunica y reproduce relaciones de apropiación, dominio y deshumanización. La insistencia frente al rechazo, la vigilancia y la persecución pueden ser comprendidas, entonces, como expresiones de una gramática a partir de la cual el «no» de una mujer deja de ser reconocido como una decisión autónoma. En este sentido, la violencia extrema puede constituir el punto culminante de una cadena de prácticas que fueron minimizadas, romantizadas o consideradas irrelevantes. De acuerdo con Segato, la violencia del agresor produce un efecto social: disciplina a la víctima y comunica a otras mujeres que sus cuerpos, movimientos y decisiones pueden ser vigilados o castigados cuando no responden a determinadas expectativas. La universidad debe construir otras pedagogías, enseñar que el rechazo no requiere justificación, que la disponibilidad afectiva no se presume y que ninguna persona tiene derecho a controlar la vida de otra.

La cuarta clave refiere a los protocolos, que son necesarios, pero que también tienen límites. Un protocolo no predice la conducta humana ni impide un ataque. Tampoco sustituye la formación, los recursos, la responsabilidad política ni la escucha cotidiana. Un protocolo adecuado puede cumplir funciones decisivas, establecer quién recibe una alerta, cómo se registra, qué medidas de protección se adoptan, cómo se evita la revictimización y qué responsabilidades corresponden. Puede impedir que una advertencia quede perdida entre oficinas, personas o niveles jerárquicos. Pero también un procedimiento que exija a la víctima demostrar previamente la gravedad de la situación puede convertirse en una nueva barrera. Del mismo modo, un sistema que archiva testimonios sin evaluar riesgos transforma la burocracia en una forma de inacción. Los protocolos deberían contemplar la orientación inicial, la evaluación de riesgo, las medidas de protección, el acompañamiento psicológico y jurídico, la coordinación entre servicios y el seguimiento. También deberían distinguir entre investigar responsabilidades y proteger a quien comunica una situación.

La quinta clave puede formularse desde la noción de pedagogía del cuidado, especialmente relevante frente al mundo digital. Porque las relaciones universitarias no se desarrollan solo en espacios físicos: continúan en redes sociales, grupos de mensajería, plataformas educativas, correos electrónicos y otros entornos digitales. La violencia digital puede incluir hostigamiento, intimidaciones, vigilancia, amenazas, difusión de información personal sin consentimiento, perfiles falsos, exposición pública o control de los vínculos virtuales. Estas prácticas no son separables de la violencia presencial; pueden anticiparla, prolongarla o intensificarla. La dimensión digital modifica la escala y la velocidad del daño. Una conducta de persecución puede continuar durante todo el día, alcanzar en simultáneo a múltiples personas y producir una exposición difícil de detener. La universidad debería ser capaz de formar a su comunidad para reconocer señales de violencia digital, preservar evidencias sin difundirlas, evitar la reproducción de contenidos dañinos y acompañar a quien pide ayuda. También debería establecer criterios sobre el uso de grupos académicos, redes institucionales y canales de comunicación, para evitar que estos espacios se conviertan en territorios sin responsabilidad.

Cuidar no significa vigilar a las estudiantes ni restringir su autonomía, sino limitar las conductas de quienes hostigan, persiguen o amenazan. Esta distinción es fundamental: la prevención no puede convertirse en una política de control sobre los cuerpos y los desplazamientos de las mujeres. La única arquitectura posible para la transformación es que la universidad ejerza la crítica de sus propias prácticas. Resulta central el trabajo conjunto entre el Rectorado y la Comisión Abierta de Equidad y Género, órgano asesor del Consejo Directivo Central creado en 2012 para incorporar la perspectiva de género en las políticas universitarias: ¿Cómo brindar respuestas rápidas en las facultades? ¿Cómo asegurar que la perspectiva de género atraviese la seguridad, la convivencia y el acompañamiento cotidiano?

La universidad no puede garantizar que nunca ocurrirá violencia. Pero puede decidir qué hace cuando una señal aparece, qué lugar concede a la palabra de quien advierte y qué mensaje transmite frente al hostigamiento. Allí se juega una parte decisiva de su responsabilidad.

El caso de Medicina enseña que la pregunta central no es solo cómo reaccionar ante la tragedia, sino qué señales podemos escuchar a tiempo, quién responde por ellas y cómo evitamos que la violencia sea la única forma de hacerse visible. Una universidad democrática y segura es aquella que transforma sus protocolos en herramientas vivas de cuidado y garantiza que nadie deba enfrentar el acoso en soledad.

Pero Rada no se quedó en la imitación. En su faceta como compositor se destaca su enorme capacidad para elaborar ese complejo caudal de influencias creando un estilo y un sello propio. Entre 1966 y 1968, junto con Eduardo Mateo y la barra de El Kinto, tiene una participación fundamental en nada menos que la creación de un nuevo territorio dentro de la música popular uruguaya. Una original fusión de tradiciones afroestadounidenses como el blues, el jazzy el rock (también el beat y la psicodelia en aquella época) con tradiciones afrouruguayas como el candombe y otros ritmos latinoamericanos. Seguiría profundizando en esa veta con Totem, Opa, su trayectoria en Argentina y a lo largo de toda su carrera solista.

Otra peculiaridad única de su actividad como compositor es que la pudo desarrollar sin tener educación musical formal ni tocar instrumentos armónicos. Rada compone desde su conocimiento y su intuición, con la cabeza, el corazón y el alma. ¿Cómo lo trasmite? Simplemente se lo canta a su parceiro de turno, desde el entrañable Manolo Guardia hasta los más jóvenes de estos días. Toca el ritmo y les canta la melodía, las armonías y también los arreglos.

Vaya forma de crear una obra integrada por casi 400 canciones grabadas en algo así como 54 discos editados (y no estoy incluyendo sus centenares de participaciones como invitado en discos de otros artistas). La mera cantidad no es un indicador de relevancia, pero, si escuchamos lo que hay adentro, ¡madre querida!

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Rada es un vocalista extraordinario, dotado de una afinación perfecta y de un amplio rango de frecuencias. Esta es una apreciación fría si no hablamos, además, de su forma de interpretar, su expresividad, su feeling y su swing, características con las que logra conmover los sentimientos más íntimos de los escuchas. Pero otro aspecto que siempre lo caracterizó es la utilización de su voz para generar diversos sonidos: ya fuese de animales o de la naturaleza en general.
A sus notables scats y malabarismos vocales, agrega conjuntos de fonemas como un instrumento más y todos los instrumentos que toca con la voz.

No faltan las inclusiones permanentes de expresiones, palabras e incluso frases completas aparentemente «ajenas» o «externas» a la canción, que de algún modo le quitan solemnidad y la dotan de un aura más vivencial. Como aquel (entre cientos) «Vamo arriba muchachos», a los pocos minutos de comenzar el tema «Montevideo» junto con Opa.

Rada es un estupendo percusionista, frontman, showman y humorista. En primer lugar, está el amor por su familia y amigos, y el segundo lo ocupa la música. Desde la punta de sus pies hasta su última mota, Rada irradia música, vive música. Y lo mismo con el humor que también forma parte indisociable de muchas de sus canciones.

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Transcribo algo que escribió el musicólogo Coriún Aharonián a mediados de los noventa: «Conscientemente o no, Rada hace un difícil doble juego en sus letras (cosa que también aparece en sus músicas), en un vehículo en apariencia muy simple (y qué difícil que es escribir simple, caramba), maneja contenidos ricos dichos en forma muy concentrada, referencias a la memoria, a símbolos, a lo onírico. Y vueltas de tuerca. Eso sí, son letras-letras. Como las más populares de Rubén Lena. Son textos que adquieren plenamente su sentido (su gracia, su ternura, su denuncia, su dramatismo, su gesto todo), solo cuando están cantados. ¿Cómo hace este hombre para derrochar tanto refinamiento, tanta ternura, tanta creatividad, y al mismo tiempo poner cara de “aquí no pasa nada”?».

Yo agrego que alcanza momentos tremendamente expresivos, en los que logra pasar de una ternura conmovedora a un estallido desgarrador. Y eso lo amalgama de forma espléndida con la música. Un ejemplo maravilloso es «Chinga Chilinga», o también «La Rada», en la que dice: «Barcos de muchas banderas alegran mis días/ allá en la rada de mi ciudad./ Gente que espera su gente llenos de alegría/ y otros que lloran porque se van.// Después el pito del barco sonando desgarra mil vidas/ y muchos padres y madres preguntan/ sin poderse explicar, ni siquiera entender// ¿Por qué se van? ¿Adónde van? ¿Volverán?// De ver los barcos partir muero todos los días/ allá en la rada de mi ciudad».

Todo esto y mucho más decanta en otro aspecto relevante: la profunda admiración que le tienen sus colegas (más allá del público). Todas sus bandas de acompañamiento han estado integradas por músicos excepcionales, algunos de ellos grandes popes del jazz. Y la mayoría afirma que los mejores momentos de sus vidas en cuanto a gozadera y en lo musical se dieron cuando tocaron con Rada. Superídolo, no solo en Uruguay, sino en Argentina y en varios países. Este reconocimiento también llegó a partir de varios premios, en particular el Grammy Latino a la Excelencia Musical que se le otorgó en 2011.

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Hemos hablado de muchos estilos y de mezclas y fusiones entre ellos. Pero quiero recalcar que el Negro es el embajador más importante del candombe que ha tenido nuestro país.

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Por último, quiero mencionar su modestia. Cuando trabajé en su biografía, él no quería hablar de sí mismo. Pero disfrutaba muchísimo hablando, con mucha propiedad y placer, de centenares de músicos y artistas que él había admirado y de los que se había nutrido. Seguramente, esa modestia se deba a que nunca se olvidó de sus raíces. De aquellos orígenes en un hogar muy pobre desde el punto de vista económico, pero con un entrañable amor de parte de su mamá –que tanto luchó para que pudieran salir adelante–. Durante su vida también tuvo un periplo de muchas adversidades, racismo incluido, que pudo ir superando con una resiliencia llamativa.

Te agradecemos enormemente, querido Negro Rada, por habernos alegrado la vida durante tantas décadas con tus canciones, tu música y tu forma de ser.

El aclamado director –y también programador de una sala de cine– recibió el sábado pasado el homenaje del 30.º Festival Internacional de Cine de Lima a su trayectoria: el certamen incluyó una retrospectiva de cuatro de sus filmes y una clase maestra en la que Bedoya abrió el diálogo.

El agente secreto es un thriller ambientado en Recife, en 1977, sobre un investigador que desarrolla tecnología en una universidad pública durante la dictadura y choca con los intereses de un empresario violento y de extrema derecha. En su intento por reunirse con su hijo, cambia de nombre y recibe ayuda de sus suegros y de otros amenazados por diversas causas. Pese al miedo y la persecución, la mayoría de los personajes disfruta lo que hay: el paisaje, el sol, el carnaval, el cine, la risa ante las mentiras de la prensa. «La película trabaja pequeños asuntos: el fumar, los encuentros, la sensualidad. Las cosas cotidianas tienen una corporalidad muy vital en la película, y es en realidad eso a lo que busca enfrentar la represión y las violencias política y empresarial», comenta Bedoya a Brecha.

¿Cómo ha logrado Mendonça Filho una audiencia tan joven? Bedoya responde que ese público conoce perfectamente las claves de los géneros del misterio, del cine fantástico o el de la violencia extrema. El director brasileño trabajó más de una década como crítico, viendo filmes de los años setenta y ochenta. «Es un cinéfilo y se ha alimentado de formas y técnicas propias de películas de Hollywood –personajes medio paranoicos, amenazas inciertas, el sentimiento del propio fracaso, caso de las de Alan J. Pakula o Brian de Palma–, eso y el cine italiano», detalla Bedoya, autor del libro El cine latinoamericano del siglo XXI.

Además, destaca el olfato de Mendonça Filho para «hacer un cine de autor, con elementos de género, y a la vez un cine popular, porque en dos de sus películas trabaja con estrellas del cine y la televisión brasileños: Sonia Braga en Aquarius y Wagner Moura en El agente secreto.

LA ACOGIDA EN PERÚ

Su primera película de ficción, Sonidos vecinos (O Som ao Redor) de 2012, fue exhibida al año siguiente en el 17.º Festival de Cine de Lima y ganó el premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) en la categoría ópera prima. En 2025, ese mismo gremio calificó a El agente secreto como el mejor estreno internacional, y le entregaron el premio al final de la clase maestra, poco antes de la clausura del festival.

«Esta continuidad nos permite identificar temas de lucha compartida que resuenan en nuestra propia realidad, como la defensa de la memoria histórica y personal frente a la voracidad capitalista y el olvido sistémico que afecta a nuestros países», dijo Luis Vélez en un pasaje del discurso en nombre de Apreci. Entre los asistentes a la clase maestra, varios jóvenes cinéfilos llevaban afiches o DVD para pedir un autógrafo. Muchos salieron del auditorio emocionados al ver la firma y la sencillez del cineasta.

Perú vive desde 2024 un embate contra la cultura debido al régimen autoritario que gobierna desde diciembre de 2022. Un proyecto de ley presentado en 2023 y aprobado en 2025 redujo los fondos para el cine y puso restricciones respecto a la temática; además, la nueva administración del Lugar de la Memoria –un museo sobre el conflicto armado interno 1980-2000– niega la responsabilidad de las fuerzas del orden en los crímenes contra civiles. El ministro de Justicia del gobierno de Keiko Fujimori, un político de extrema derecha, ha propuesto esta semana que su sector gestione dicho museo en vez del Ministerio de Cultura. Por ello, el público y la prensa peruana consultaron a Mendonça Filho sobre la importancia de los fondos estatales. «Una sociedad sana tiene el apoyo de la propia sociedad para la salud, la educación, la cultura. Tengo mucho orgullo de ser brasileño porque la Constitución considera el apoyo a la cultura, y la extrema derecha tiene una tendencia a ignorar o disminuir aspectos que son mínimos de la vida en sociedad: atacan a la cultura. El agente secreto fue hecha con apoyo federal, y Brasil es un país como Canadá, donde muchas películas requieren dinero para distribución. Creo mucho en el cine como instrumento de educación», contestó.

Mendonça Filho cuenta que los premios no gustaron a un sector de su país: «La extrema derecha tiene un deseo muy perverso: ver a una película brasileña fracasar. Una parte del público estaba muy orgullosa con El agente secreto, pero a cada nueva victoria había ataques muy locos contra la película. Es un comportamiento raro ir contra la cultura, porque es muy poderosa: es como intentar controlar el viento», contó a Brecha.

El director de Retratos fantasmas recordó que en los años del gobierno de Jair Bolsonaro el apoyo a la producción de cine brasileño fue interrumpido. «Como programador de una sala de cine puedo decir que ahora hay una programación muy grande, de 130 largometrajes por año, y que tenemos mucho apoyo. Hay una lucha para encontrar espacio para nuestras películas, pero en Francia pasa lo mismo. Me da un placer mórbido pensar que para la industria El agente secreto es una película autoral con cifras de cine industrial [comercial], y eso causa confusión en la cabeza a esta gente de la industria. Muchas películas industriales tuvieron cifras 20 veces menores que la película de dos horas y 40 minutos y con una pierna asesina: me gusta mucho confundir al sistema», relató en su clase maestra.

La pierna asesina fue un elemento de animación que usó de forma satírica para aludir a la represión dictatorial contra parejas homosexuales que se besaban en los parques.

El cineasta ya está preparando su próximo largometraje: estará ambientado en la década del 30 del siglo pasado y es producto del trabajo de archivo que hizo para el filme que ganó el Globo de Oro en 2025 (así como este surgió, a su vez, del proceso de documentación para Relatos fantasmas).

Al agradecer el premio del 30.º Festival Internacional de Cine de Lima, Mendonça Filho dedicó la distinción a los cineastas jóvenes. «El cine es una manera muy fuerte de quebrar la narrativa oficial, y el mundo es un lugar siniestro hoy: en la política, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Es un gran momento para hacer películas no solo porque es una manera de quebrar la narrativa, sino también porque tenemos los medios y la tecnología de nuestra parte.»

—¿No es tarea del Estado eso? ¿No sería tarea del Estado controlar y fortalecer el humedal? –repreguntaba la periodista Pilar Teijeiro.

—Sí, no, no, ni que hablar.Lo que pasa es que cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal –insistía el viceministro.

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No se trata de una declaración sorprendente en boca de un gobernante frenteamplista ni una rara avis en la concepción del desarrollo y del urbanismo en los ciclos progresistas: el Estado podría reducir su peso en este tipo de cosas y el «privado», a fuerza de millones, sería el indicado para venir a restaurar las décadas de abandono de un área pública –un bien natural común– y recibir a cambio una recategorización de un suelo rural deprimido con la que multiplicará sus millones. Pero quizás puede ser más llamativo que el interlocutor esta vez haya sido el número dos del Ministerio de Ambiente (MA), un hombre de perfil bajo, quien, además, dio un paso más en comparación con Edgardo Ortuño, el titular del ministerio. Caputi, que está en funciones desde julio de 2025, no se limitó a decir que la situación de los bañados de Carrasco será analizada por un grupo de trabajo técnico: el funcionario directamente puso en el centro de la escena al «privado». Como se recordará, este tema dio un salto hacia las primeras planas cuando se conoció que el humedal fue excluido del listado de los 37 que fueron declarados de importancia ambiental, en un decreto aprobado por el gobierno, en octubre de 2025 (véase «El descarte», Brecha, 10-VII-26). El retiro de las 937 hectáreas protegidas se produjo en las mismas fechas en las que ingresó a consideración de la Intendencia de Montevideo la propuesta de un ambicioso desarrollo privado de residencias de alta gama. La desconfianza y el malestar –que se propagaron incluso hacia la interna del Frente Amplio– crecieron a tal magnitud que obligaron al MA a reincorporar este humedal metropolitano en el decreto.

Sin embargo, la referida opinión de Caputi cobra otra dimensión a partir de información muy relevante que el viceministro no colocó en la escena pública: sus vínculos con Eduardo Costantini, el desarrollador de ese proyecto de urbanización en el norte de Carrasco.

El empresario de 79 años de edad, uno de los más ricos de Argentina, es un viejo conocido por estas tierras. Allá por 2008 logró hacerse –mediante su firma Consultatio SA– de 240 hectáreas próximas a la laguna Garzón, una zona de gran relevancia ecosistémica, que fueron recategorizadas a su imagen y semejanza. En esas tierras privilegiadas de Rocha estableció el exclusivísimo barrio privado Las Garzas. Fue de nuevo una oportunidad para los oficialismos de turno: con el beneplácito del entonces intendente socialista Artigas Barrios y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, Costantini puso su óbolo para solventar el 80 por ciento del costo del puente circular de la laguna Garzón (unos 3 millones de dólares).

Pero el nombre del potentado resurgió en los últimos meses, cuando se supo que está detrás del proyecto que pretende instalar una urbanización de 3 mil viviendas de alto poder adquisitivo en las inmediaciones de uno de los humedales más grandes del Uruguay y uno de los pocos metropolitanos que sobrevive en un territorio presionado por una voraz mancha urbana y la antropización de los recursos naturales. Las comparaciones con otra opus de Costantini, el barrio privado bonaerense Nordelta –famoso en los reels a partir de la irrupción en sus jardines de los rústicos y territoriales carpinchos–, no tardaron en aparecer. Pero entre el desembarco de Costantini en el codiciado tramo limítrofe entre Maldonado y Rocha y la probable conquista de una de las zonas naturales más valiosas de la capital uruguaya pasaron cosas.

EL PADRE, EL HIJO Y EL HERMANO

En 2021, Caputi, de profesión ingeniero agrónomo, ²fue el responsable del estudio de impacto ambiental nada menos que de la mansión que Costantini construyó en las cercanías del faro de José Ignacio –en el padrón 27–, a escasos metros de la costa atlántica. Allí hay unas codiciadas 40 manzanas que ostentarían el valor por metro cuadrado más caro del país. La residencia del empresario de 1.647 metros cuadrados, que insumió una inversión de 5.600.000 dólares, posee un subsuelo para albergar cuatro autos, una cava y un spa junto a una piscina exterior. El emplazamiento que se hunde entre las rocas incluye una segunda casa «auxiliar» de dos dormitorios. En los documentos del proyecto, prometía mimetizarse con el entorno: «azoteas verdes» con «réplicas del suelo natural», rocas intocadas –algo llamativo ya que de por sí el emplazamiento está en una punta rocosa– y el trasplante de la vegetación nativa afectada a los propios techos.

El estudio ambiental del proyecto, que obtuvo la categoría B (impactos ambientales moderados), fue realizado por Enviro Consultores, la empresa en la que el subsecretario trabajó hasta el mes anterior al de su asunción en el MA. En su cuenta de LinkedIn declara haber sido «consultor senior» desde 2009.

Sin embargo, la tarea de Caputi hace cinco años no se limitó a firmar y supervisar los estudios técnicos sobre la mansión en la que Costantini iba a residir en la temporada veraniega con su cuarta y joven esposa, la modelo Elina Fernández. El subsecretario fue uno de los tres apoderados del empresario para representarlo no solo ante las distintas direcciones del MA, sino también para desempeñar variados cometidos relacionados con el proyecto: «Inscribir empresas u obras; fijar sueldos fictos patronales, otorgar y suscribir peticiones o declaraciones juradas, notificarse de resoluciones y consentirlas […] y realizar todo tipo de trámite administrativo conveniente a los intereses del mandante». El nombre del actual viceministro aparece en una carta poder labrada por escribano en Punta del Este, el 5 de abril de 2021, que cuenta al pie con la expansiva rúbrica de Costantini. El documento, al que accedió Brecha, está inserto en el expediente del proyecto de construcción elevado al MA (2021/14000/004380). Quiere decir que la función de Caputi no fue la de un mero técnico contratado, sino la de un apoderado, una persona de confianza para realizar gestiones a nombre del empresario.

Los otros dos apoderados de Costantini fueron el director de Enviro, el ingeniero agrimensor Daniel Sztern Goldhar, y Tomás Torres. Sztern es conocido en la administración pública. Fue director nacional de Ambiente en el período de Jorge Batlle,
como parte del equipo del ministro blanco Carlos Cat. Al cabo de un año y medio pasó a ser el gerente de Medio Ambiente de OSE. Sztern fue también consultor de intendentes nacionalistas, como el coloniense Walter Zimmer y especialmente de Enrique Antía, que avaló la mayoría de los emprendimientos asesorados por Enviro en José Ignacio y otras zonas vírgenes de la costa de Maldonado.

Caputi, apodado el Tero, viene de otra extracción política. Pertenece al sector frenteamplista Asamblea Uruguay (AU) y es desde 1984 funcionario de la Intendencia de Montevideo (IM). Pasó por varios puestos en la comuna: director de Viveros (cargo que pertenece a Áreas Verdes, su servicio de origen), director de Limpieza (2016-2017), director de la Unidad de Coordinación Metropolitana (2017-2020) y director de la Unidad Administradora del Mirador Panorámico (2020-2025). En su trayecto puede advertirse un vínculo muy cercano con Jaime Igorra, también del sector AU, a quien asesoró cuando fue subsecretario de Vivienda (2005-2008) y presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (2009-2010).

La puerta giratoria que condujo a Caputi a la subsecretaría de Ambiente se abrió por efecto del conocido acuerdo entre el presidente Yamandú Orsi y el intendente montevideano Mario Bergara. El economista logró llevarse al palacio de ladrillos a Leonardo Herou, el viceministro de Ambiente designado originalmente, para realizar el nuevo plan de limpieza de la capital y, en su lugar, llegó al MA el ingeniero agrónomo, que integra uno de los sectores del espacio Seregnistas. Como se sabe, la IM es un organismo que tendrá un rol central en el futuro del proyecto de los bañados de Carrasco, al igual que el MA.

Pero al adentrarse en los numerosos expedientes en los que actuó la consultora Enviro se descubre que el vínculo privado del subsecretario de Ambiente con la familia Costantini no se limita a episodios aislados. En 2023, Caputi fue el técnico responsable del estudio de impacto de una de las residencias del barrio privado que Rodolfo, hermano de Eduardo y, entre otras cosas, propietario de Frigorífico Rioplatense, construyó en el balneario San Vicente de Maldonado. Una de las mansiones de La Bonita by Rodolfo Costantini está hoy en venta por casi 5 millones de dólares, promocionada como «de alto standing» en la zona «de mayor privilegio de este país, bien establecida, primera línea, a solo pasos del resplandeciente océano».

A la luz de los documentos, Caputi también conoce las virtudes de los páramos más agrestes que se yerguen entre lagunas costeras y se derraman hacia Rocha. En 2012, supo ser el técnico responsable del estudio de impacto ambiental y de la «tramitación» de un pomposo proyecto en las costas rochenses: «Fraccionamiento Las Cárcavas». La urbanización de «chacras marítimas» llevada adelante en nombre de una ignota razón social –Gridock SA– proponía 20 lotes en el llamado, en ese entonces, Paraje Lagunas Costeras, al sur de la ruta 10. La sorpresa aparece cuando las entrevistas de prensa y portales inmobiliarios permiten conocer que ese emprendimiento, emplazado en el balneario Santa Isabel y muy cercano a Las Garzas, fue desarrollado por el hijo homónimo de Eduardo Costantini, Edo. Ese podría haber sido el primer trabajo del viceministro, a través de la consultora Enviro, para la familia. Como nota al pie, el emprendimiento terminó mal: los predios se remataron y hubo denuncias de compradores decepcionados por la falta de exclusividad del barrio (entre ellos, la de una exesposa de Franco Macri). «Habrá mayor cantidad de gente y familias que roten en la ocupación y, en ese sentido, más riesgo de inseguridad y trasiego de personas», se lee en la demanda consignada por Búsqueda (8-II-23).

NOMBRAMIENTO CUESTIONADO

Caputi ya fue objeto de severas resistencias cuando se conoció su designación. Los cuestionamientos provinieron del nutrido grupo de organizaciones que vienen accionando en defensa de la faja costera y los ecosistemas vulnerables en Maldonado y Rocha. El nombre Enviro era muy conocido por los colectivos de vecinos y científicos, ya que aparecía en los expedientes de múltiples fraccionamientos en áreas de gran importancia ambiental. Estos grupos vienen activando desde hace años acciones judiciales en salvaguarda de los ecosistemas.

Uno de los proyectos más polémicos que contó con un estudio de impacto ambiental de Enviro y en el cual el viceministro también fue apoderado fue el de Marina Beach (de Manantial del Sol SA, Coralview LLC y Lokview LLC), presentado al MA en 2022. Esta urbanización, ubicada en la proximidad del balneario Buenos Aires, provocó tanta controversia que terminó llegando a la Justicia y al Parlamento durante el anterior gobierno. En particular, logró considerable cobertura cuando el MA cambió la clasificación del proyecto de la categoría B a la A –la que no implica impactos significativos en el ambiente–. El cambio se produjo a instancias del entonces titular de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés (Búsqueda, 3-X-24). Esta es una modificación muy buscada por los empresarios porque no obliga a presentar un estudio de impacto ambiental ni a convocar audiencia pública. Frente a la presión social, el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, convocó a tal audiencia a pesar del cambio de categoría ambiental.

Pero el apellido Caputi, en su calidad de técnico principal o interviniente en nombre de Enviro, figura en un largo collar de perlas costeras, particularmente de Maldonado. Es el caso del fraccionamiento Mar Azul Villas, otro barrio cerrado de José Ignacio construido en 2018. El viceministro fue el responsable técnico de la consultoría para el proyecto de construcción sobre la faja costera en el lote 36 (a nombre de Gustavo Kogan) y fue técnico interviniente en los proyectos residenciales de Adrián Suar, Nicolás Repetto y Mariana Fabbiani.

Caputi, en verdad, estuvo teniendo estos vínculos comerciales hasta el mes previo al de su asunción, incluso como apoderado frente al MA de una sociedad anónima (Coralgres). Esta firma es la que solicitó la autorización ambiental para edificar la casa Las Rocas, otra impresionante construcción de casi 700 metros cuadrados en una de las pocas manzanas libres del casco del faro de José Ignacio a 45 metros de la ribera costera. Escasos datos existen sobre quiénes están detrás de esta sociedad anónima.

Estos expedientes son solo algunos de los que están en conocimiento de la organización Red Unión de la Costa, que en julio del año pasado emitió un comunicado en el que objetaba la designación de Caputi: «Nuestro descontento se basa en el conocimiento certero de que dicha persona trabaja en una de las consultoras ambientales que tienen más solicitudes de autorizaciones ambientales frente al MA. Consideramos que esta situación configura un potencial conflicto de intereses, ya que su trabajo en la consultora podría influir en su función pública, comprometiendo una actuación imparcial y objetiva en la toma de decisiones que le compete». En esa comunicación, detallaron otros proyectos asesorados por Enviro que aguardaban permiso ambiental: el barrio privado El Milagro, impulsado por el grupo La Tahona en Salto, la urbanización Reserva del Mar, en la zona del arroyo El Potrero, y una más en Guazuvirá.

TODO VUELVE

La historia cobra a esta altura la misma fisonomía circular del puente de la laguna Garzón. Casi que una metáfora urbana de esa puerta giratoria que decide el derrotero de las valiosas cuencas que se extienden desde Montevideo hasta Rocha: los mismos apellidos, los mismos conceptos y ahora la figura de este ingeniero agrónomo que está en la cúspide política del ministerio que tendrá que pronunciarse sobre inversiones multimillonarias de alto impacto ambiental, presentadas por el mismo inversor para el que trabajó.

A estudio de este joven y cascoteado ministerio está el destino final de los bañados de Carrasco. Y también el del proyecto de un aeropuerto especializado en vuelos privados que se quiere construir cerca de Las Garzas con el impulso del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y el Ministerio de Defensa Nacional: ese que se insertaría en el corredor biológico que une dos lagunas comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en la reserva de biósfera de Bañados del Este. Dos proyectos sobre los que existen numerosas voces académicas que advierten acerca de sus consecuencias ambientales y sociales, que podrían resumirse en degradación y gentrificación. Los técnicos del MA, bajo la presión de autoridades nacionales y departamentales, deberán lidiar con la realidad de que el actual subsecretario trabajó para Eduardo Costantini, el desarrollador del barrio privado en el humedal metropolitano y, seguramente, uno de los mayores interesados en que el aeropuerto rochense de Corporación América se instale próximo al primer beach house que inauguró en 2013. Caputi no se ha excusado de opinar sobre las potencialidades de un proyecto capaz de «poner en valor» un humedal que ya está degradado, tiene asentamientos en sus cercanías y del que se retira turba. Los argumentos son similares a los que figuran en muchos de los documentos en los que contribuyó a relativizar los impactos ambientales de las urbanizaciones: después de todo se construirán en áreas ya «antropizadas» porque ya están loteadas, o ya hay muchas casas construidas, o carecen de cordón dunar por culpa de viejas plantaciones de acacias. Y si no están degradadas, después de todo, «no tienen actividades productivas relevantes». El círculo se cierra y merece conocerse.

1. Se intentó obtener la palabra del subsecretario, pero no se tuvo respuesta del área de comunicación del MA.

2. En una versión anterior del texto se escribió erróneamente que era ingeniero agrimensor. Las disculpas del caso.

Los espectadores pudieron comprobar por sí mismos si el documental era la «propaganda terrorista» que prometieron políticos y periodistas que, sin embargo, no lo habían visto. Los legisladores Felipe Schipani, Gerardo Sotelo, Gabriel Gurméndez, Rodrigo Blás, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi fueron invitados a la proyección y a participar de un debate posterior. «La proyección de esta película prevista en la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar fue suspendida luego de los cuestionamientos públicos formulados por usted y otros legisladores. Por ese motivo, queremos hacerle llegar esta invitación a asistir a esta nueva proyección y, posteriormente, a participar de la mesa de debate e intercambio con el público», rezaba la invitación. «Tratándose de una controversia que involucra cuestiones particularmente sensibles –la libertad de expresión, la exhibición cinematográfica, la representación audiovisual de la guerra y la situación del pueblo palestino–, resulta especialmente importante que quienes se pronunciaron públicamente sobre la película tengan la oportunidad de verla y debatir sobre ella a partir de su contenido efectivo. La actividad propone precisamente un espacio abierto de reflexión y discusión […]. La invitación es, por tanto, a ver la película y participar del intercambio, aun y especialmente cuando su valoración sobre la obra o sobre los acontecimientos que aborda sea diferente de la de quienes organizamos la actividad.» Ninguno de los legisladores respondió al convite.

El evento se hizo por una iniciativa de Brecha a la que se sumaron el Cine Universitario del Uruguay, la Coordinación por Palestina, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, Espacios Libres de Apartheid – BDS Uruguay, Mundo Afro, el Servicio Paz y Justicia, Cotidiano Mujer, Artistas por Palestina, Red de Ollas al Sur, Frente Estudiantil Diana Maidanik, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino – Uruguay, la Articulación Uruguay Líbano Al Watani, el Colectivo Fogones de la Memoria, la Asociación Civil Ágora, la comunidad charrúa Clan Choñik, la Hermandad Pro Derechos, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay y la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay.

Al finalizar la proyección, hubo una breve intervención a cargo de María Landi, Gregory Randall, Florencia Salgueiro y Ana María Araújo. El panel recordó las obligaciones de Uruguay en materia de derecho internacional ante los crímenes cometidos en Gaza, las formas en que los uruguayos podemos poner fin a los lazos de complicidad de nuestras instituciones con los criminales y genocidas y la importancia de escuchar la voz de los protagonistas de la masacre.

Desde el semanario queremos agradecer a todos los participantes. Y también a aquellos que, con su particular concepción de las libertades democráticas y la autonomía universitaria, en la estridencia o en el silencio, azuzaron el interés del público en conocer por sí mismo este aporte tan relevante para entender uno de los mayores acontecimientos de nuestra época.

Aunque el texto no contiene firmas, según pudo saber Brecha, fue elaborado como síntesis de los intercambios y discusiones de un grupo extenso de militantes en torno a diversas acciones del gobierno y a algunos de los episodios de mayor trascendencia política de este primer año y medio de gestión de Orsi. En ese sentido, se diferencia de otras iniciativas que han surgido desde las bases partidarias, como la convocatoria «Frenteamplistas: tenemos que hablar», que en octubre del año pasado llamó a los votantes de la coalición de izquierdas a trabajar «por un FA con el corazón a la izquierda» y que tenía caras visibles como el escritor Enrique Ortega Salinas.

Estas iniciativas se enmarcan en la lógica de autocrítica que tomó impulso particularmente tras la derrota en las elecciones de 2019, y que ha dado lugar a iniciativas como El FA te Escucha, en la que dirigentes frenteamplistas recorren el interior del país para obtener un diagnóstico de primera mano de la ciudadanía. Bajo esa tesitura también se reactivó la Agrupación Nacional de Gobierno, ámbito que nuclea a autoridades, legisladores oficialistas y dirigentes de la orgánica partidaria, que se reunió a principios de agosto y comenzará a hacerlo cada mes, con el fin de, en palabras del presidente del FA, Fernando Pereira, coordinar una «estrategia común» para mejorar los «problemas de gestión política» de la administración. El tema estará sobre la mesa en el próximo congreso ordinario que mantendrá la coalición de izquierdas en octubre, como consta en su documento base, un texto aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional, que habla de una «enorme carencia anímica» entre la militancia y de «malestar y desorientación».

MANIFIESTO

«En el trabajo, en el club, en la reunión familiar, en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, en la puerta de la escuela, o donde sea, los frenteamplistas rebatimos uno por uno los argumentos de la derecha, de los centros mundiales de poder, o de quien sea que se oponga a los intereses populares», sostiene la carta, pero advierte que, aunque «es muy doloroso decirlo, el gobierno se ha pasado de la raya al punto de que la mayoría de los frenteamplistas no defendemos sus decisiones». En el texto se enfatiza que esto «no se resuelve cambiando a los asesores de comunicación: el problema es político». Por ello, llaman a una «solución» que se base en «respetar los principios que hacen del FA una fuerza transformadora, profundamente de izquierda» y, a continuación, presentan un listado de cinco puntos.

«Estamos realmente atónitos ante la cantidad de veces que el lunes se dice una cosa, el martes se explica la del lunes y el jueves se anuncia que es distinto a lo del martes. La consigna es fácil: si no lo pueden decir, si no se puede contar sin tergiversarlo, entonces no hay que hacerlo», se expresa en el primero de los puntos, titulado «No aclaren que oscurece».

En el segundo, «No vender el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad», se rechaza el «supuesto pragmatismo» del gobierno, en el que «vale todo, porque si no se van las inversiones». El texto reivindica los «resultados económicos de valor histórico» de las tres gestiones anteriores del FA y reclama, en esa línea, una economía «al servicio de la política, y no al revés».

El tercer principio de la carta se denomina «Que paguen más los que tienen más», y rechaza la tesitura del discurso del gobierno sobre el sistema tributario, y la reiteración de la promesa de «no subir los impuestos». «En el FA, desde sus orígenes hasta hoy, sabemos que los impuestos son la única forma de redistribución de la riqueza postsalario en un sistema capitalista. Siempre estuvimos en contra de la consigna liberal y libertaria de que no hay que aumentar los impuestos, defendiendo que la política impositiva sea sustento de la justicia social», sentencia el documento.

«Miren primero al país, y después su rédito electoral personal» es el cuarto planteo de la misiva, en la que exhortan a las autoridades a no tomar «decisiones del país» en función de cálculos electorales. «Decidir una obra, un plan, una política por cómo va a afectar a quien toma la decisión en la próxima elección es una infamia, una muestra de egoísmo político que no queremos en el FA», subrayan en duros términos, aunque sin alusiones personales.

Por último, la carta plantea: «Los recursos prioritarios para lo prioritario». Allí el cuestionamiento es a la forma en la que el Ejecutivo encara sus prioridades políticas, y pone como ejemplo la pobreza infantil. «Si un tema es prioridad, [si] es lo políticamente más importante, debe ser lo primero a lo que se le asignan recursos», y no recibir «los que sobran […]. El presupuesto nacional es de 21.000 millones de dólares. Asignemos a la pobreza infantil lo que se necesita, y luego distribuyamos el resto.»

En el texto se plantea que el Poder Ejecutivo «debería implementar» un programa como el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social lanzado en 2005, y también «un gabinete de alto nivel, instituciones, programas, obras y todo lo que sea necesario para eliminar la pobreza infantil en diez años».

GESTIONAR EL PODER

En diálogo con Brecha, el exdirector de la Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) Daniel Mordecki reconoció que formó parte del grupo que elaboró el documento y explicó que la decisión de no firmarlo responde a evitar personalizar en figuras o sectores las críticas que puedan hacérsele al gobierno. En esa línea, remarcó que quienes formaron parte de estos intercambios están lejos de querer conformar una agrupación política, y que la publicación de la carta buscó ser una «operación política colectiva» desde las bases del partido, para dialogar con las autoridades sobre el «descontento» de la militancia de izquierda. «No es un problema de comunicación, es un problema político; no es que la gente no se entera, se entera y no está de acuerdo», subrayó.

Consultado sobre qué conversaciones primaron a la hora de llegar a este pedido a las autoridades, Mordecki indicó que, en general, «hay una idea muy fuerte de que el gobierno no toma ninguna decisión que pueda afectar a los poderosos». Esta premisa, según relató, ha quedado clara en áreas muy distintas de la gestión. Por ejemplo, en la negativa a abrir la discusión a eventuales nuevos gravámenes al capital o la riqueza –el impuesto al 1 por ciento más rico del país, planteado por el PIT-CNT– o en la marcha atrás a la creación de un organismo público de gestión de las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional). «El gobierno no es el poder, pero la política debe gestionar el poder, y cuando gobernás, o alterás las relaciones de poder, o no», apuntó.

En el plano de las relaciones internacionales, el análisis va en el mismo sentido: se juzga que Uruguay está tomando una posición en su política exterior reducida a una «justificación económica», principalmente orientada a una subordinación a Estados Unidos, «porque, si no, no hay inversión». En esa línea, mencionó la molestia de la militancia por la visita de Orsi al portaaviones estadounidense, o la respuesta del mandatario al ser consultado sobre su opinión ante los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe: «Mientras no haya agresión… Lo preocupante es cuando […] se recurre a armamento atómico». Esto dicta, a su vez, el posicionamiento de Uruguay frente a la guerra en Oriente Medio, analizó Mordecki, dada la cercanía de Israel a la de Estados Unidos. «El tema genocidio es un tema que arde», sostuvo Mordecki.

La necesidad de arrestar a Netanyahu si llegase a venir es una no-pregunta: no hay alternativas. Los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma, que regula la CPI, están obligados a hacerlo. Existen países europeos que han decidido incumplir sus obligaciones con la corte, como Francia y, notablemente, Alemania, uno de los mayores cómplices del genocidio en la actualidad, siempre sumisos a su enclave occidental en Oriente Próximo. En la misma situación están distintos países con gobiernos adictos a Donald Trump, como la Argentina de Javier Milei. ¿Qué ganaría Uruguay sumándose a este grupo, que difícilmente despierta el respeto internacional?

Sin embargo, Yamandú Orsi, al ser consultado en rueda de prensa sobre las declaraciones de Csukasi, dijo: «Hablar de lo que no existe [refiriéndose a una eventual visita de Netanyahu] está de más», sugiriendo que la subsecretaria debería haber evadido, tal vez, responder a la consulta. El presidente redobló, agregando: «Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente».

La respuesta de Orsi deja entrever una reflexión que va mucho más allá del caso concreto de la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu: habla sobre la importancia de los principios en la política exterior uruguaya, que también vienen siendo desafiados por la discusión sobre la recepción de deportados cubanos en nuestro país, entre otras iniciativas impulsadas por el gobierno de Trump. ¿Debería Uruguay mantener su compromiso histórico con las instituciones multilaterales y el derecho internacional o conviene ignorarlo en ciertos contextos? ¿Hay situaciones internacionales en las que la mejor manera de proteger los intereses uruguayos es ceder ante los deseos de países más poderosos que el nuestro?

El apoyo a las normas internacionales ha sido en Uruguay un consenso interpartidario hasta ahora, y eso tiene sentido: un país pequeño que nunca va a poder defenderse por la fuerza florece en contextos donde los conflictos se resuelven negociando en espacios institucionales y no por la voluntad del más fuerte. Velar porque existan instituciones que regulen el comportamiento de los países y den un marco claro para sus relaciones no es solamente una idea «deseable», sino «conveniente»: no solo para nuestro país, sino para todos los socios más débiles en el sistema internacional.

Por otro lado, la reputación de Uruguay como un país que respeta las normas es una fortaleza de nuestra política exterior. La alternativa es ser un país que se vende al mejor postor, al vil precio de la necesidad, que cede ante la presión de los poderosos. Y seamos claros: este contexto de presiones no es novedoso. Uruguay siempre estuvo en la mira de las potencias, buscando márgenes de maniobra entre gigantes. Las políticas imperialistas, obviamente, no se inventaron en el siglo XXI, y el que diga que ahora son más extraordinarias que antes está olvidándose, para empezar, de la Guerra Fría entera.

Las declaraciones de Orsi podrían haberse parecido más a las de Fernando Pereira, que dijo: «Lo cierto es que, si a mí me preguntan, yo digo que hay que cumplir con el derecho internacional». En el mismo sentido, Mario Lubetkin expresó: «Porque nosotros aplicamos dentro de la CPI y vamos a seguir aplicando. Si se pierden las referencias, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Si se dispersa todo en voluntades locales sin parámetros legales, ¿cómo vamos a gestionar la política internacional?» (La Diaria, 22-VIII-26). Incluso el ministro de Economía, Gabriel Oddone, planteó en un comité de base esta semana que «el único manual» en política internacional «es que los principios y la ética son lo que no se negocia» (La Diaria, 25-VIII-26).

Entonces, el presidente no solo no le llama genocidio al genocidio, ni busca que Uruguay revise sus contratos estatales, por ejemplo, de videovigilancia con Israel, ni propone que pausemos nuestros vínculos comerciales con ese país ni emite ningún gesto diplomático que deje claro que Uruguay no es cómplice de las atrocidades que está sufriendo Palestina, sino que también rompe con una tradición que está basada en las características inamovibles de Uruguay como país pequeño, pone en duda lo que hasta ahora era una de las únicas líneas en política exterior que todos los partidos políticos uruguayos defendían, como nuestro compromiso irrestricto con el derecho internacional, de una manera que no está respaldada por su partido ni por su equipo de gobierno.

Además de preguntarnos a qué o a quién responden las declaraciones de Orsi, poco más queda que seguir exigiendo: si nuestra política exterior no puede darnos orgullo, por lo menos que no dé vergüenza.

El panorama en Uruguay tiene cada vez más puntos de contacto con las realidades latinoamericanas. Las experiencias progresistas han enfrentado los mismos retos y han terminado enredadas en sus propias vacilaciones. Lo que nos distingue, por ahora, es que los proyectos más represivos y conservadores no se han encarnado con la virulencia simbólica y material que vemos en la gran mayoría del continente. A pesar de los vaivenes políticos, lo que se aprecia en la región es que las dinámicas de la violencia y la criminalidad están cambiando profundamente a la sociedad y a la propia política. El sueño de ejecutar una política de Estado se vuelve cada vez más ficcional, pues la propia política se ha transformado en una instancia dependiente y subordinada a las problemáticas de la violencia y el delito. Ya no puede enfrentar o controlar estos asuntos, sino que apenas logra sostenerse con ellos: la inseguridad sirve como foco hipervisible y urgente para solventar carencias a nivel redistributivo y estructural, los aparatos coactivos del Estado se reconfiguran sobre una infinidad de presiones corporativas, y los liderazgos y las competencias se sostienen con base en una interpretación continua de las demandas de seguridad y severidad. Las fórmulas se repiten y el margen de acción se reduce porque la política ya no puede conducir. El malestar ciudadano ante la acción o la omisión es el golpe de gracia para una racionalidad política que solo le queda apegarse al libreto de la radicalidad represiva. Este es el panorama que tenemos configurado en el continente bajo la tutela doctrinaria de la seguridad nacional de Donald Trump.

Volvamos al caso uruguayo y desentrañemos algunas tendencias que aparecen aquí y que pueden ser útiles para pensar contextos más generales. A pesar de su formulación básica, queremos esbozar nueve líneas que merecen, así lo creemos, discutirse a fondo.

1. Desde adentro y afuera, Uruguay ha sido visto como una excepcionalidad en
América Latina, también en materia de violencia y criminalidad. La cooperación internacional siempre ha entendido que nuestro país podía ser un laboratorio para soluciones promisorias. Pues bien, en ese terreno no hay nada novedoso para mostrar. A lo largo de décadas no hay un solo buque insignia que permita asociar a nuestro país con reducciones de la criminalidad y las percepciones de inseguridad. El actual Plan Nacional de Seguridad Pública opera sobre esa expectativa y tiene el desafío de constituir el primer antecedente que marque un cambio de tendencia.

2. En los últimos tiempos, asistimos a procesos que se entrecruzan. Por un lado, la seguridad ha permitido una repolitización conservadora y punitiva, con agendas, movilizaciones y conversaciones sociales intensas. Por el otro, las gestiones progresistas han despolitizado el proyecto al limitarlo a los resultados de la gestión, tal vez con algunos momentos de excepción (unas pocas iniciativas del primer gobierno del Frente Amplio, las movilizaciones contra las reformas constitucionales y contra la Ley de Urgente Consideración).

3. Lo que se ha consolidado es un Estado represivo más robusto. No importa si es más eficiente o eficaz, si actúa con base en principios de articulación o no, si presenta carencias materiales o institucionales. El punto es que tenemos un Estado represivo más fuerte que hace dos décadas atrás. Cada coyuntura pauta la necesidad de incrementar las inversiones en algún espacio de ese aparato.

4. El llamado enfoque dual cumple una función política inestimable: estimula una justificación cultural que concilia los impulsos punitivos con los proyectos tecnocráticos. Ambos pueden hacer cortocircuito, pero también pueden tener convergencia. En ese escenario, la política se transforma en un mero árbitro incapaz de definir fines e instrumentos alternativos.

5. Si durante mucho tiempo la idea de prevención operaba como freno y moderación del impulso represivo del delito, hoy el concepto ha quedado superado por la expansión de las diversas formas de vigilancia. Ya no se piensa la prevención como anticipación o como identificación y mitigación de factores de riesgo, sino como una estrategia capilar de controles tecnológicos que colonizan por completo nuestro mundo de la vida.

6. El crimen organizado se ha transformado en una referencia narrativa dominante. Definido como un peligro interno y externo, su sola enunciación política invita al combate o a la «guerra frontal». Cuanta más centralidad adquiere más selectivo se vuelve, pues no hay manera de sacar el foco en las dinámicas violentas de los barrios más vulnerables. A nivel global, la noción ha ido mutando hacia la de narcoterrorismo, como forma de asociar ese fenómeno con protestas, movilizaciones sociales y disidencias. La idea de terrorismo como ordenador del debate político todavía no tiene un uso intensivo en Uruguay, aunque ya hay señales de que eso también habrá de cambiar.

7. La consecuencia de todo lo anterior es la profunda desmovilización, la carencia de participación activa, la negación de las realidades comunitarias y territoriales como elementos políticos fundamentales, la limitación de saberes y la instrumentalización de los diálogos como instancias permanentes y deliberativas. A diferencia de otros países en que los movimientos sociales han sido perseguidos y severamente reprimidos, en nuestro país las debilidades de la sociedad civil y del campo académico obedecen a efectos de cercanía y neutralización por parte de un progresismo institucionalizado.

8. Uruguay sigue presentando altos niveles de victimización, ya sea en muertes violentas, en delitos contra la propiedad o en delitos por violencia de género. Hay una base de sufrimiento constante y cotidiano que viene transformando la vida de las personas y sus equilibrios emocionales. Además, es muy posible que esas denuncias de delitos contra la propiedad que vienen descendiendo en los últimos años respondan a nuevas modalidades criminales
que escapan por completo a la rutina de los registros estadísticos.

9. Las víctimas del delito y la violencia se han vuelto figuras preponderantes en los últimos tiempos. Sin embargo, producto tal vez de la normalización social del delito, y de los nuevos énfasis en la criminalidad organizada, las víctimas vuelven a quedar relegadas y eventualmente algunas de ellas pierden el carácter de «pureza». Una victimización grave concentrada en los territorios más vulnerables permite que las vidas que se pierden importen cada vez menos. Con la excepción de los «niños baleados», hay un volumen cotidiano de sufrimiento que queda sepultado por una densa capa de indiferencia moral. Las violencias del propio Estado se asumen como un daño colateral o como un mal necesario. La selectividad política en la gestión de las sensibilidades sociales es un rasgo de época que ya tiene su lugar instalado en nuestro país.

Es probable que estas tendencias reflejen otras más profundas a nivel societal y económico. A su vez, alguien puede interpretarlas como muy negativas, y que sobrevaloran las fuerzas ajenas y subvaloran las propias. Habrá quien hable de sesgos ideológicos y de falta de evidencias empíricas para sostener semejantes afirmaciones. No faltarán voces que señalen que estas miradas pierden de vista las gramáticas de resistencia, repliegue o reconfiguración que son también parte del escenario actual. No hay problemas con esas observaciones críticas, siempre y cuando pudiéramos acordar sobre la necesidad de pensar desde otros lugares y asumir procesos colectivos cada vez más desafiantes. Hay que elaborar nuevos guiones que reescriban por completo cada una de las líneas –pocas o muchas, acertadas o no– que hemos escrito hasta ahora.

(En el conversatorio montevideano del jueves hubo curiosidades: un Boric que había recuperado los aires casi juveniles y rebeldones de las movilizaciones estudiantiles chilenas de fines de la década pasada y dejado en un placar el empaque que lo distinguió durante su presidencia se sintió autorizado para convocar a las huestes progresistas a abandonar el «fanatismo por la moderación». «Al final, no lleva a ninguna parte», agregó, sin que presentara sus dichos como una autocrítica. Sonó raro, pero levantó ovaciones de una asistencia que, en buena parte, estaba constituida por participantes del congreso progre. Hubo también ovaciones para Constanza Moreira cuando convocó a no olvidarse del «pequeño Uruguay» que en este sur lejano «resiste». Cuesta hacerse una idea de esa resistencia. Era un público cautivo.)

Pero es en el reverso de las parálisis de las izquierdas que se ha especializado últimamente Stefanoni. Primero, con ¿La rebeldía se volvió de derecha?, un libro publicado en 2021 que ya ha agotado varias ediciones, y luego, en mayo pasado, con Un fantasma recorre el mundo: cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria (y qué podemos hacer para enfrentarla),ambos editados por Siglo XXI, el historiador y periodista se ha adentrado en el estudio del auge de las derechas extremas en todo el mundo. Se trata de un fenómeno que, dice, «por supuesto, no se puede explicar sin ver qué hicieron o qué no hicieron las izquierdas para que ese crecimiento tuviera lugar». Esas fuerzas, en muchos casos, se instalaron en los territorios –tanto físicos como simbólicos o discursivos– dejados libres o abandonados por el progresismo.

AQUELLOS PAYASOS

Cuando Stefanoni comenzó a escribir ¿La rebeldía…?, en época de pandemia, varios de los personajes que luego encarnaron lo que algunos han llamado ola parda eran mayoritariamente considerados poco menos que unos burdos histriones que no tenían posibilidad alguna de consolidarse. Sus partidos, y otros de cuño similar, aunque estaban en franco crecimiento, distaban grandemente de su saludable estado actual. «Algunos se preguntaban si no estaba exagerando. Yo mismo lo hice. Javier Milei todavía no había despuntado en Argentina. Alguien como el oscuro pensador del reseteo de las democracias Curtis Yarvin no era más que un excéntrico marginal. Hoy los dos son exitosos. Este segundo libro puede ser leído, en ese sentido, como una continuación del primero, ahora con muchos de estos tipos, que tal vez no hayan dejado, en cierta manera, de ser payasos, instalados en el poder y confluyendo en los hechos a pesar de todas las diferencias que los separan.» Lo más significativo que ocurrió entre 2021 y 2026, dice Stefanoni a Brecha, es que en amplias zonas del mundo occidental estas fuerzas han desplazado a las de la derecha tradicional. Les han pasado por arriba y las han subordinado: «Ahora forman parte del escenario político institucional de una forma desconocida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya no son una anomalía del sistema: lo integran. Verlas como una moda pasajera sería un error, porque aun cuando se las saque del poder o no lo hayan alcanzado tienen un peso considerable, como sucede en Brasil con el bolsonarismo o en Francia con Marine Le Pen. Han corrido los límites de la política de manera durable».

Cuando enuncia que hay «un fantasma que recorre el mundo» para hablar de esta «neorreacción», el argentino dice hacerlo, en parte, para dar cuenta de la fuerza actual del fenómeno y, en parte, para traer a colación aquella famosa frase inicial del Manifiesto comunista. «La extrema derecha de la que hablamos, toda ella, de Donald Trump a Javier Milei, de Jair Bolsonaro a Abelardo de la Espriella, de Vox o Isabel Díaz Ayuso a José Antonio Kast, de Giorgia Meloni a Marine Le Pen, y también tecnooligarcas como Peter Thiel o Elon Musk o pensadores como Curtis Yarvin confrontan con un comunismo fantasmagórico, como si hoy estuviéramos en la época de la Guerra Fría.»

LA INUNDACIÓN

Stefanoni piensa que hay, en efecto, una «máquina de guerra» ideológica de estas extremas derechas. «Disponen de fundaciones, medios de comunicación, instituciones; influencers las propagan, tecnomagnates las financian, pero no es que haya un titiritero detrás manejando piolines o un malo apretando botones o una estructura central. Capaz que es hasta peor: hay en acción una especie de ecosistema que se reproduce un poco por todos lados, un ecosistema descentralizado», gracias, en gran parte, a internet y las redes sociales. Es en ese espacio virtual, en el que «las emociones priman», que se concreta aquello a lo que se refirió Steve Bannon, el operador político de Trump: «Inundar la zona de mierda», generalizando la xenofobia, el racismo, las fake news, el antifeminismo («no ya tanto el odio al gay o la lesbiana, pues hay gays y lesbianas en las dirigencias de estos grupos», dice Stefanoni). «No es que tengan un proyecto político demasiado articulado. Son muy distintos entre sí. Basta constatar, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo no hay un solo grupo de extrema derecha, sino tres. Unos son más estatistas; otros, más puramente neoliberales; algunos quieren codearse con la derecha tradicional; otros la rechazan. Pero han logrado transmitir esa sensación de que funcionan como una aplanadora coordinada.»

Estados Unidos –la administración de Trump, muy especialmente– actúa, sin embargo, en los hechos como la encarnación imperial de la maquinaria de guerra ideológica de esta galaxia para gran parte de sus actores –los latinoamericanos sin excepción, algunos de los europeos–, pero es Israel quien realmente los unifica. A todos, inclusive a aquellos grupos que, apenas unos años atrás, destacaban por un antisemitismo sin fisuras y que hoy aparecen como los campeones de la defensa de un estado «blanquizado», al que ven como «la verdadera retaguardia de Occidente» frente a musulmanes y migrantes. «Sin mirar a Israel no se puede entender a las nuevas extremas derechas», apunta Stefanoni.

ISRAEL COMO PARADIGMA

El capítulo dedicado a Israel («Israel über alles: ¿qué significa el hipersionismo de las derechas?») ocupa alrededor de un tercio de Un fantasma recorre el mundo. Es de los más largos del libro. «Sin embargo, en la mayoría de las entrevistas que me han hecho en estas semanas, es sobre el que menos me han preguntado», dice Stefanoni a Brecha. ¿A qué obedece? «Y, bueno, es un tema que la derecha evita y que divide profundamente al progresismo. Hay un problema en muchos de los sectores progresistas a la hora de definir como genocidio lo que está sucediendo en Palestina.
En Alemania se llega a extremos: la enorme mayoría de los partidos, incluidos la socialdemocracia y los verdes, están completamente alineados con Israel, y en el país se han ido construyendo dispositivos para cancelar, censurar, reprimir y marginar a las disidencias, aunque provengan de movimientos judíos antisionistas que rechazan que Israel los represente. Es sorprendente ver a funcionarios del Estado alemán –nada menos que el Estado alemán– castigar por antisemitas a judíos que protestan por atrocidades que se cometen en su nombre.» Alternativa por Alemania, el gran partido ascendente de la ultraderecha, aislado –aunque cada vez menos: la realpolitik obliga a alianzas– por el resto del sistema político por tener en su interior a sectores francamente neonazis, participa, sin embargo, del consenso construido en torno a la defensa de Israel.

Stefanoni está al tanto de los devaneos del gobierno uruguayo respecto a Israel, los palestinos y un genocidio que no se quiere nombrar. «No lo entiendo», admite. «¿Hay intereses de por medio, miedo? ¿Qué sucede?»

En las derechas duras, la adhesión a Israel es, ante todo, ideológica. «Para el nacional-conservadurismo global la patria de Benjamin Netanyahu representa hoy un modelo de soberanía étnica y también un laboratorio de seguridad. La ven como vanguardia y como reaseguro. El lugar del enemigo, que décadas atrás ocupaban los judíos como elemento de disolución de la civilización occidental, ahora lo ocupan el migrante, el musulmán, el palestino y quienes los defienden, que, por lo general, se ubican en la izquierda, aunque la izquierda, el progresismo, a menudo, se retraigan.»

El apoyo a Israel les sirve, además, a estas fuerzas, para lavarse la cara de su antiguo antisemitismo. «Las extremas derechas son, actualmente, parte central de un paradójico dispositivo macartista que usan para castigar, en nombre del antiantisemitismo, por supuesto, a los palestinos, pero también a todo un universo resistente que incluye a judíos que rechazan el sionismo.»

¿DÓNDE ESTÁ EL FASCISMO?

Stefanoni no se ubica entre quienes atribuyen a los movimientos de la nueva derecha el carácter de fascistas: «Los investigadores que más han trabajado sobre el fascismo son los más firmes en negarles a estos movimientos ese carácter, a pesar de que tienen elementos que los emparentan y es tentador hacerlo porque simplifica las cosas y las lleva al terreno de lo conocido». Hay muchas diferencias con lo que sucedía en los años treinta del siglo pasado, dice. «Aquellos eran movimientos de masas,
por lo general armados, y tenían un proyecto de transformación social, en el sentido de que querían construir una suerte de hombre nuevo fascista. Nada de eso se ve ahora.»

Pero en el gobierno y en la sociedad en que Stefanoni sí ve características fascistizantes es en Israel. «La derecha israelí es supremacista, defiende y practica la limpieza étnica, defiende y practica el exterminio, el genocidio, de una población entera. Lo hace, además, con desparpajo, de manera planificada y hasta científica. Hay allí una forma de Estado de apartheid, con una legislación para una parte de la población discriminada y a exterminar, y otra para otra parte de la población, la privilegiada, la elegida. Es curioso que un país que se construyó sobre la memoria del Holocausto proceda así, pero eso solo añade perversión a la cosa: que las víctimas de ayer se conviertan en los victimarios de hoy. Los palestinos se han vuelto las víctimas de las víctimas, a las que se deshumaniza y animaliza de la misma forma que los regímenes nazis y fascistas deshumanizaban y animalizaban a los judíos. Cuando uno ve todo lo que se hace en Gaza o en los territorios ocupados, llama la atención que haya gente progresista que todavía hable de Israel como de la única democracia de Oriente Medio. Da para pensar dónde se ponen los límites. A la hora de definir campos ahí hay uno.»

FRONTERAS

«Socialistas sin complejos» se titula la adenda que cierra Un fantasma recorre el mundo. En ella Stefanoni abunda sobre la desolación ideológica que rodea a las izquierdas y los progresismos. Es más profunda aún que en los momentos posteriores al desplome del socialismo real, cuando surgían, por allá y por acá, movimientos antiglobalización, los «foros sociales mundiales» convocaban gente y movimientos, el belicismo encontraba límites en la movilización de las sociedades, se expandían los «indignados». Hoy, «el autonomismo desapareció, el populismo de izquierda se agotó y la derecha parece más “leninista” que la izquierda», apunta, aludiendo a declaraciones de Steve Bannon definiéndose como «leninista» o reivindicando a Antonio Gramsci, multicitado hoy «no como el referente del comunismo italiano», sino como «inspirador de teorías más o menos laxas sobre la hegemonía». «Los tradicionales espacios de sociabilidad de la cultura de izquierda –comités, locales culturales o sindicales, publicaciones– han desaparecido o están en retirada. Desde ellos, socialistas, comunistas o anarquistas proyectaban en décadas anteriores nuevas maneras de ver el mundo, cuando era la clase la que forjaba la identidad. Pero la clase ya no es lo que era.
¿Cuáles son hoy esos lugares? ¿Dónde están? ¿En las redes?», se pregunta durante la entrevista con Brecha. «No tengo idea cómo hacer hoy para reconstruir comunidad. Los que lo están haciendo con éxito son los evangélicos, pero bueno.»

En ese contexto, en el que hasta «la rebeldía se volvió de derecha», Stefanoni consigna que la izquierda y el progresismo se mueven entre la nostalgia y un presentismo dominado por la voluntad de no hacer olas y la resignación. El nostalgeo, piensa, lleva a algunos a insistir con consignas vaciadas de sentido y a otros a añorar instituciones propias de «un mundo basado en reglas» en momentos en que el orden liberal de posguerra estalla por todas sus costuras. Los presentistas se refugian, a su vez, en un wokismo bienpensante («¿Es simplemente [el wokismo] la izquierda posible en el marco de un liberalismo en ruinas, pero que se resiste a desaparecer?», se interroga el autor en su adenda).

Para salir del brete, Stefanoni propone, por un lado, volver a algunas definiciones identitarias olvidadas: la socialista, por ejemplo. El problema vuelve a ser qué meter dentro. «Socialismo democrático», dice el argentino. Y destaca su atracción por los socialistas democráticos estadounidenses que tienen como referente al joven alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. «Mamdani demostró que pueden conjugarse cierto wokismo y cierta identidad de clase», le dijo a Brecha. En el libro escribe: «El discurso de Mamdani hizo énfasis en cuestiones sociales como las desigualdades urbanas (y el acceso a la vivienda) sin dejar de lado su apoyo a la causa palestina; realizó una fuerte campaña territorial puerta a puerta y al mismo tiempo tuvo un enorme éxito en TikTok; recibió el apoyo de sectores acomodados de la ciudad y también de votantes de origen inmigrante de clase trabajadora, y, no menos importante, desplegó una campaña extremadamente moderna y profesionalizada –de un grado tal que el asesor electoral Lucas Malaspina habló de manera irónica de una “startup comunista”–, pero combinada con una enorme cantidad de jóvenes voluntarios». ¿Es transponible la experiencia Mamdani a otros contextos? Stefanoni duda. Cuando ubica a Boric como «un Mamdani chileno», la duda puede transmutarse en alarma. El argentino dijo también a Brecha: «En todo caso, si la izquierda no se ancla en las necesidades vitales de los de abajo y no canaliza sus miedos, ansiedades y malestares, muy lejos no va a ir y cualquier discusión carecerá de sentido». Parecería claro que así es, pero, cuando uno ve cómo los progresismos han generalmente canalizado miedos, ansiedades y malestares de los sectores populares, el no future vuelve por sus fueros.

Los soldados israelíes hicieron que unos perros destrozaran a un joven discapacitado y lo dejaron morir desangrado, mientras se llevaban a rastras a la madre que les suplicaba que lo ayudaran, pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, «Belén conduce la lancha a motor en toples, con una mano sujeta el timón y con la otra se cubre».

Los soldados israelíes han marcado puntos jugando al tiro al blanco. Un día había que disparar a niños en la cabeza, otro día en los testículos, otro día en la rótula, pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, Massimo Recalcati analiza psicológicamente a Michele Mari, que ha ganado el premio Strega (y ninguno de los dos dice que sea un genocidio).

El gobierno israelí bloquea la salida de Gaza y la entrada a los periodistas, a los médicos e incluso a las galletas y la mermelada, porque son demasiado calóricas para las mujeres y los niños, mientras que el 77 por ciento de la población sufre graves niveles de inseguridad alimentaria y, por ello, la mortalidad infantil se ha duplicado, pero no se puede decir que sea un genocidio, y, de todos modos, Dua Lipa se ha casado en Sicilia con 150 cannoli y un helado de sandía con flores de jazmín cristalizadas, recolectadas a las cinco de la mañana.

Han disparado contra personas hambrientas que hacían cola en los puntos de distribución de alimentos, matando a 2 mil de ellas; han destruido la red de abastecimiento de agua, obligando a los supervivientes a sobrevivir con 6 litros por persona, cuando, según la Organización Mundial de la Salud, para garantizar la higiene se necesitan entre 50 y 100. Pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, «Taylor Swift y Travis Kelce presentan a su nuevo perrito, aunque han decidido mantener la discreción sobre los detalles más íntimos». (No sé, TGcom24 los llama así).

Han acribillado a balazos el coche en el que una familia intentaba ponerse a salvo; han acribillado a balazos la ambulancia que se dirigía a rescatar a la niña, única superviviente en el habitáculo bajo los cuerpos ensangrentados de sus tíos, acribillaron el habitáculo para matar a la niña superviviente. Pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, Prada propone unas zapatillas de rafia en tonos beige adornadas con el icónico logotipo triangular y acabados en piel.

Han atacado 36 de los 36 hospitales en funcionamiento; han dejado morir a los recién nacidos en las incubadoras tras cortar la corriente; han asesinado a más de 1.500 médicos y enfermeros; han detenido a decenas de ellos sin juicio ni acusación formal, y los han hacinado en cárceles donde los presos son sistemáticamente torturados y violados con objetos punzantes introducidos en el ano hasta lesionarles los órganos internos, en las cárceles donde hay más de 300 niños detenidos por terrorismo en virtud de la ley que considera terrorista al niño que lanza una piedra contra el tanque que está ocupando su pueblo. Pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, Tarantino deja la dirección y vuelve a actuar junto a Kylie Minogue.

Han detenido las ambulancias, han hecho bajar a los paramédicos desarmados, los han asesinado uno tras otro, los han enterrado a los 15 junto con sus ambulancias bajo la arena, pero no se puede decir que sea un genocidio y, en cualquier caso, Sinner alivia los calambres con zumo de pepinillos.

Han arrasado ciudades enteras, colegios, iglesias, mezquitas, campos de fútbol y cafeterías a orillas del mar; han ocupado militarmente casi el 70 por ciento de la Franja; han destruido todas las universidades; han obligado al 90 por ciento de la población a vivir en tiendas de campaña, han incendiado las tiendas, han asesinado a más de 72 mil personas –21 mil de ellas, niños–. Pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, este verano puede realzar sus pestañas con postizos desechables para resaltar la mirada sin apelmazarlas.

Han disparado a los pescadores por pescar, a los periodistas por ejercer su profesión, matando a cientos de ellos en ejecuciones selectivas, pero no se puede decir que sea un genocidio y, en cualquier caso, es el año del caballo de fuego en el calendario del horóscopo chino, y los asuntos prácticos, en particular los relacionados con el hogar y la familia, generan tensiones, pero solo si es usted Libra.

Han hecho sobrevolar en plena noche los campamentos de desplazados con drones que emitían llantos de bebés y ladridos de perros para que la gente, aterrorizada, saliera al exterior y entonces atacarla, pero no se puede decir que sea un genocidio y, de todos modos, sale el nuevo sencillo de Beyoncé.

Han bombardeado sin piedad Líbano, ocupado el sur del país, arrasado pueblos, obligado a huir a un millón de personas, matado desde el 7 de octubre a más de mil palestinos en Cisjordania, donde no hay Hamás, detenido, en Cisjordania, a uno de cada cuatro palestinos a lo largo de su vida y, también allí, han arrasado pueblos, degollado ovejas, talado olivos, agredido a monjas, disparado a sacerdotes y amenazado con armas a carabineros italianos y a diputados estadounidenses, además de torturar y secuestrar a activistas internacionales, a eurodiputados, a médicos y a periodistas de todo el mundo; además, han instaurado un sistema de apartheid y presentado planes de limpieza étnica mediante videos generados con IA en los que, en lugar de las casas de los palestinos, aparecen complejos turísticos de lujo y casinos, y Trump y Netanyahu paseando por el paseo marítimo. Pero no se puede decir que sea un genocidio, ni siquiera se pueden interrumpir las relaciones militares, comerciales y estratégicas con Israel, ni tampoco se puede dejar de vender armas a Israel, y solo se puede sancionar 20 –o, mejor dicho, 21– veces a Putin por haber invadido Ucrania, pero cero veces a Israel, que ha invadido Palestina, Líbano, Siria, ha bombardeado seis Estados soberanos con las armas de Trump, quien sanciona a los jueces internacionales, a la ONU y a cualquiera que tenga el valor de decir genocidio y de denunciar el apartheid. Y, en cualquier caso, Giorgia Meloni, que no dice genocidio, no reconoce a Palestina, no sanciona a Israel y aumenta el gasto militar tal y como le pide Trump, viste de Cucinelli –que detesta el verde y adora los colores pastel y no dice genocidio–; Giorgia Meloni, que promete mano dura contra los migrantes irregulares y contra los antifa, pero no mueve un dedo contra los asesinos israelíes y estadounidenses, acude a la peluquería de Mara Carfagna y Elisabetta Gregoraci para hacerse un long bob rubio miel con balayage.

Y hay dos cosas que estudiarán las generaciones futuras: cómo fue posible el genocidio en Gaza y cómo fue posible que los periodistas habláramos principalmente de otras cosas. «Se nota que todos aspiraban al Premio Strega.»

(Publicado originariamente como «Quando c’era il genocidio ma i giornalisti parlavano di Belen» en Il Fatto Quotidiano. Brecha lo tomó del blog de Rafael Poch.)

La semana pasada, coincidieron en Montevideo un conjunto de actividades que convocaron a dirigentes e intelectuales del progresismo internacional. Una de esas actividades fue la presentación de la revista Nueva Sociedad en la Huella de Seregni. El secretario de redacción de la revista, Pablo Stefanoni, habló de cómo en este presente «las izquierdas revolucionarias no hacen revoluciones y las izquierdas reformistas no hacen reformas». Luego, el expresidente chileno Gabriel Boric dijo: «La izquierda pareciera que ha estado perdida, pero estar perdida no significa dejar de existir, significa preguntarse cómo volver a encontrar el camino».

El Plenario del Frente Amplio siente afectado el ser frenteamplista. Boric siente necesario aclarar que la izquierda existe. No estamos hablando de gente que esté tirando piedras desde afuera ni que represente en la actualidad posiciones especialmente radicales. Hablan de hechos conocidos, que no deben ser considerados controversiales.

* * *

No hace tantos años, la izquierda avanzaba en toda América Latina. Podemos imaginarla como una poderosa flota compuesta de naves con distintos tamaños y banderas. En el Foro Social Mundial de principios del siglo XXI no era contradictorio ser admirador de Lula y Chávez, de Cuba y el zapatismo.

El viento de la historia hinchaba las velas. Estaba claro que se estaba intentando dejar atrás al neoliberalismo, se proyectaban ambiciosos proyectos de integración regional y de reformas económicas y políticas, y se aspiraba a transformaciones culturales que, junto con la mejora de las condiciones de vida de la población, podían llevar a América Latina a una nueva situación, más igualitaria y más soberana.

Progresismo no era mala palabra en la medida que la palabra progreso, en una definición minimalista, significa simplemente que las cosas mejoran. Pero el consenso progresista no duró mucho. Al principio, las críticas y los desprendimientos podían ignorarse por ser muy minoritarios. Pero luego vinieron las derrotas electorales.

Aunque el grueso de la militancia y del electorado de izquierda mantenía su apoyo a las grandes alianzas –lo que hizo que estas se mantuvieran, aun en un mal momento, rozando mayorías electorales–, cada vez quedó más claro que crecía una crisis de sentido. La idea de que era necesario superar el progresismo rondó en muchos ambientes, pero la realidad demostró que era más fácil decirlo que hacerlo.

* * *

Podríamos usar una imagen conocida: la situación nos fuerza a arreglar el barco al mismo tiempo que navega. El problema es que, además, el barco va en la dirección equivocada y, además, no tenemos un mapa que nos diga a dónde ir. Y, además, estamos forzados a hacer maniobras para lidiar con los ataques (y las invitaciones) cada vez más intensos desde los portaaviones que pululan por ahí.

Las derechas del mundo están atravesando una mutación. Lo que llamamos ascenso de las extremas derechas es, en buena medida, el resultado de una disputa interna en la que se impusieron formas del discurso y la gestión política muy distintas a las que manejaba la derecha liberal anterior. Los tecno-oligarcas, jefes de la clase capitalista occidental, entienden que las nuevas tecnologías necesitan de un «nuevo contrato social» y que los mecanismos de control actuales permiten hacer política prescindiendo de las instituciones y las normas liberales. Puede no gustarnos, pero debemos admitir que se tomaron el trabajo de crear ideas nuevas, apropiadas para la nueva situación.

Es lógico reaccionar contra esta nueva derecha y hacer alianzas muy amplias para proteger mínimos de democracia, respeto y bienestar. Pero nuestro barco sigue haciendo agua. Admitir esto no debería dar vergüenza. Si lo pueden decir Boric y un documento aprobado por un plenario del Frente Amplio, lo podemos decir todos sin riesgo de que nos digan que tiramos piedras. Porque negarse a ver los agujeros por los que entra el agua es una forma de asegurar que no se resuelve el problema.

* * *

Es perfectamente defendible que se explique que son necesarias maniobras extrañas para evitar ataques en un mar embravecido. También es razonable defender la existencia del barco y que la mayor cantidad de gente posible se quede adentro. No da para enojarse, tampoco, con los que miran con cariño los botes salvavidas, aunque sean más chicos. Todo bien con todo eso: cuando las cosas van mal no hay que enojarse con quienes hacen lo que pueden para mantenernos a flote.

Del mismo modo, alguien tiene que tomar la tarea de discutir el rumbo, buscar mapas y pensar qué nave necesitamos. Puede que esa tarea estorbe un poco a otras que son urgentes. Seguramente no va a dar resultados rápidos. Pero es necesaria, tanto como navegar.

—Esta es una discusión que en nuestro continente se remonta, por lo menos, a los años sesenta. En ese momento la ciencia y la tecnología todavía estaban dominadas por un modelo positivista, o neopositivista, que empezaba a resquebrajarse. En 1962 aparece La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, y luego otras miradas que van a ir cuestionando ese modelo. Y ya en los años sesenta y setenta se empezó a ver que la perspectiva que tenemos de la problemática incide en el modo en que esa problemática se configura. Esta reflexión atravesaba distintos ámbitos del saber –teoría de la dependencia, pedagogía del oprimido, filosofía de la liberación, teología de la liberación– y entonces ubicarse desde América Latina, desde la periferia, desde los países en proceso de liberación era crucial, indicaba que nuestra comprensión del mundo debía siempre estar orientada a la transformación. Hoy es casi de Perogrullo: la ciencia y la tecnología no son neutrales. Esta idea se ha actualizado en torno a los algoritmos y las plataformas; es cada vez más evidente que detrás del diseño tecnológico hay valores, relaciones de poder. La situacionalidad da una orientación determinada al pensamiento latinoamericano de ciencia y tecnología, que siempre tendió a pensar soluciones a los problemas, a producir herramientas políticas, de gestión. Nuestro pensamiento siempre ha sido un pensamiento que estuvo fuertemente orientado a la transformación, a la praxis.

—Ese movimiento fue a la vez heterogéneo e integrado –había ideas y núcleos diferentes en distintos lugares–, pero también había elementos comunes, intereses compartidos.

—Por supuesto, hay idiosincrasias nacionales que uno puede identificar en los pensadores, pero creo que el rasgo paradigmático de la época o característico fue su regionalización: era realmente latinoamericano. Recordemos que era una época de exilios, de redes internacionales vinculadas también a los partidos de izquierda o a corrientes intelectuales, de pensamiento crítico. Había una dinámica de latinoamericanismo en el pensamiento. Tenía un vínculo muy fuerte sur-sur con India, Corea, Egipto, Senegal y también con Europa, e impactó con potencia a través del Grupo de los 77 en la conferencia de Viena del año 1979 sobre la transferencia tecnológica.

Al mismo tiempo, uno podría decir que hay idiosincrasias por región. Es decir, una serie de problemáticas que se dan en contexto latinoamericano, pero asumen un perfil propio. Estoy pensando que, en el caso argentino –vinculado a un proceso de industrialización relativamente avanzado para el contexto regional–, tenés un variopinto arco de autores. Desde Oscar Varsavsky, que tiene una posición muy crítica, en diálogo con el marxismo, hasta autores provenientes de corrientes más reformistas, como Jorge Sábato, y miradas más desarrollistas; y en el medio, peronistas, como Rolando García o Amílcar Herrera. Pero todos tienen una preocupación por la soberanía y la autonomía tecnológica, no como aislamiento, sino como forma de disputar quién decide el destino tecnológico de un país. Entre estos autores, al principio hubo una discusión acerca de la inserción del sistema científico latinoamericano en un esquema mundial, casi como un subsistema dependiente –diagnósticos que se conservan casi en su totalidad–, que luego evoluciona hacia una reflexión sobre el papel de la tecnología.

Sábato es muy claro: entiende que en la dimensión tecnológica es en la que, en definitiva, se consolida la dependencia. Dice que hay cosas que hay que comprar, otras que copiar y otras que desarrollar. Es pragmático en la resolución, pero siempre con un horizonte de proyecto nacional enmarcado en una idea de país, de sociedad, de autonomía tecnológica como medio necesario para que no sean las corporaciones ni los agentes globales los que determinen tus posibilidades de desarrollo.

Ahí hay un concepto importante: autonomía científica y tecnológica como opuesta a la dependencia. Ellos se preguntan: ¿Cómo rompemos la dependencia? Tenemos que tener capacidad de decisión. Si no la tenemos, alguien está decidiendo por nosotros, en función de sus propios intereses.

—Esta discusión podría trasladarse al presente.

—Exacto. Pensemos en el capitalismo de plataformas. Somos absolutamente dependientes de las plataformas que consumimos. Nuestra población está inmersa: proveemos datos, consumimos contenidos. Entonces, ¿cómo peleamos contra ese monstruo? Avanzando en soberanía de decisión. Y con base en esa soberanía de decisión, habrá distintos caminos. Necesitás tener soberanía popular y política, pero hay que entender también que hoy la soberanía política requiere de una soberanía tecnológica.

Creo que la agenda de este movimiento está más vigente que nunca. Si recorrés una universidad latinoamericana, vas a ver una matriz cientificista dominante, que adopta los temas de la agenda internacional y se acopla a una producción científica guiada por las grandes revistas de su campo, que no se pregunta por la vinculación entre lo que hace y su entorno social. Y eso está en Ciencia, política y cientificismo, de Varsavsky, del año 1969.

Conceptos como los de política implícita y explícita, de Amílcar Herrera, refieren a cambios que a veces se producen en lo explícito –en este caso, de las misiones, de las instituciones, de los discursos–, pero que no se trasladan a las prácticas. Por ejemplo, en los gobiernos populares de inicio del siglo XXI había una intención de reorientar la ciencia, pero en los hechos encontrás este mismo desacople que Herrera identificó hace 50 años.

Ni hablar del triángulo de Sábato y [el politólogo Natalio] Botana, una propuesta de interacción sinérgica entre el Estado, las instituciones y la producción para lograr que el conocimiento local tenga un uso local. Esto mantiene una vigencia total.

—Y la alternativa que proponían no era replegarse en lo local y dejar lo universal a los países del centro: daban respuestas al universalismo del centro con un particularismo universal, podríamos decir.

—Es que el de ellos, el del centro, también es un particularismo universal. Este punto es muy importante. Cuando hago formación con movimientos sociales o sindicatos siempre digo que no se queden discutiendo la agenda de la pobreza, que discutan también la agenda de la riqueza, que no discutan las migajas, sino la torta. Aquellos pensadores no se quedaron discutiendo las migas: entraron a discutir el pastel. Y a veces asumimos nuestra condición dependiente de manera pasiva y somos, en todo caso, aplicadores de teorías del norte, sucursaleros –como dice Enrique Dussel– tratando de hacer la adaptación local o buscando la anomalía local que no se adapta a la teoría universal. Abandonamos la discusión universal.

—Más recientemente, cuando se intentó fortalecer los sistemas científicos, hubo una profesionalización que en verdad potenció la ciencia y la tecnología locales, pero en muchos aspectos implicó adoptar mecanismos de valoración y legitimación creados desde el norte.

—Comparto totalmente. En Argentina tuvimos una inyección de recursos en contextos de vacas gordas y matriz distributiva orientada al desarrollo, con un Estado presente. Se destinaron recursos importantes a la universidad, a la ciencia y a la tecnología, pero no fuimos capaces de esa discusión epistemológica. El horizonte de autonomía tecnológica no era compartido como en los años setenta. Vos tenés que cambiar una lógica. Esa inyección de recursos debió haber sido en absoluto subordinada al cambio de una lógica. Eso no ocurrió. Y de repente la evaluación por papers y la idea de hacer la carrera por prestigio acentuó ese dualismo estructural de una universidad que empezó a engordar, a crecer, a tener recursos, mientras un sector de la sociedad lo vio de afuera y fue distanciado. A la vez, no se tuvo la capacidad de dar respuesta a una serie de nudos que la sociedad percibió como problemáticos. Hay un déficit de ambas partes: del propio sistema, en no dar respuesta e integrarse mucho más profundamente a la sociedad, y también de la sociedad, que se ha despolitizado. Hoy la destrucción del sistema científico tecnológico no es una preocupación central de la sociedad. El hecho es que hace 50 años que todas las teorías económicas ven que el factor científico-tecnológico es la variable clave en la geopolítica y economía. Entonces, que un país destruya sus capacidades científico-tecnológicas es una condena al suicidio colectivo.

—En la actualidad, los sistemas científico-tecnológicos son globales. ¿Cómo se puede reivindicar la soberanía, lo nacional, lo regional en esta clave de particularismo universal en un contexto en el que las fronteras a veces parecen reliquias de otra época?

—La internacionalización de la ciencia es una realidad desde siempre; nunca conoció fronteras, no es un fenómeno contemporáneo. Pero hoy adquiere otra dimensión por las tecnologías digitales. Creo que es un dato de la realidad contra el cual no se puede ir, no tiene sentido. Porque expresa lo mejor de la humanidad: la posibilidad de colaboración entre distintas sociedades, distintas culturas, detrás de metas de conocimiento. Perder ese vínculo es también una firma de suicidio, es básicamente condenarte al oscurantismo.

Ahora, la internacionalización de la ciencia y la tecnología no es incompatible con procesos de identificación de prioridades nacionales. Incluso Estados Unidos, que es el corazón del sistema científico mundial, tiene absolutamente claras sus prioridades nacionales. Y no es un fenómeno del trumpismo, esto ya venía de antes. Recuerdo un discurso de [Barack] Obama en el que presentaba una agenda nanobiocognitiva para preservar la supremacía sobre China.

China planifica cada cinco años, incluso en metas más largas en temas específicos: a 10, 15, 20 o 30 años. Y ese camino no implica aislarse del estado del arte de esos temas en el mundo; todo lo contrario: mandan gente a formarse en distintos lugares para que vuelvan a China y fortalezcan la línea que ellos identificaron prioritaria en función de la etapa de desarrollo en la que están. Porque China hoy se propone competir en inteligencia artificial, en robótica, en transición energética, en los temas de frontera mundial. Hace 20 años no lo hacía, porque la etapa de su desarrollo era otra.

Ese es el camino: ¿Cuáles son los desafíos de conocimiento, la frontera interna del conocimiento?

—¿Y qué implicancias tiene eso para el desarrollo?

—Tanto que les gusta a los liberales hablar de déficit y superávit: América Latina tiene el 8 por ciento de la población mundial, pero el 3 por ciento de la producción científica. Producimos menos de la mitad de lo que deberíamos producir según nuestra población. Y, si sacáramos a Brasil del cálculo, estamos en la lona total, porque Brasil está en otra liga.

¿Y cuánto es el aporte latinoame-ricano a la producción tecnológica global? Es 0,1 por ciento. ¿Qué significa? Que si vos tenés un aporte medido en cantidad de patentes globales –que no es el mejor indicador, pero es del que disponemos–, quiere decir que el 99,9 por ciento lo estás importando. Es decir, prácticamente la totalidad de la tecnología que estamos utilizando es importada. Argentina es un exportador muy fuerte de soja, creo que Uruguay también. La tonelada de soja vale hoy 500 dólares, para decir un número redondo. ¿Cuánto vale este teléfono que tengo en la mano? Más o menos 500 dólares. ¿Cuánto pesa? 200 gramos. Es como decía el estructuralismo latinoamericano: deterioro de los términos del intercambio. ¿Cuánta soja tiene que vender Uruguay para poder ingresar los teléfonos que no produce porque no tiene la tecnología para hacerlo? Esto te lleva a una reprimarización. Te obliga a expandir la frontera agrícola, a sobreexplotar la tierra para poder sostener un nivel de vida según bienes de consumo que vos no tenés la capacidad de producir. La dependencia tecnológica es el corazón de la dependencia. Tenés que obtener dólares como sea para poder sostener este nivel.

—¿Y esto cómo se logra?

—De la noche a la mañana no va a ser. Pero Corea del Sur en los setenta tenía menos desarrollo que Argentina, y hoy nos supera ampliamente. Los países escandinavos tuvieron políticas nacionales que orientaban los sistemas científico-tecnológicos. Es que hablamos y pareciera que estamos todos de acuerdo. Pero después, en los hechos, no se modifican las prácticas. Es una discusión que tiene 50 años y es muy poco lo que hemos avanzado. Este es un tema de urgencia. Si no, nuestros pueblos no tienen futuro. ¿Hasta dónde podés sostener un esquema en el que tu exportación es básicamente de bienes primarios sin valor agregado? Y el valor agregado es, en esencia, ciencia y tecnología. Esa soja que vos exportás en bruto es procesada en China y obtienen 20 subproductos, y la semilla es tecnología alemana o estadounidense. Los sindicatos, los movimientos sociales, los universitarios, todos demandamos una parte mayor de la torta, lo cual es lógico, genuino y válido. Pero, si esa demanda no está acompañada de un cambio estructural en lo productivo, es una demanda insostenible en el tiempo. En contexto de vacas gordas, podés distribuir, pero ¿qué pasa cuando vienen las vacas flacas? Y son variables que no manejamos porque son internacionales, dependemos de una guerra o de la bolsa de Chicago. El que tiene autonomía tecnológica, agregación local de valor, estrategias de desarrollo claras, tiene mayor resiliencia a esas vulnerabilidades externas.

—También está el problema de la escala.

—La única posibilidad de que América Latina avance en la economía de plataformas, por ejemplo, es uniéndose, empezar a tener centros de datos soberanos de América Latina, pero no por país, porque no tenemos la capacidad financiera ni técnica para sostener centros de datos soberanos para los datos de nuestras poblaciones a la escala que se necesita para competir con los de datos de Google o Amazon. Podríamos pensar en el Mercosur, que es una estructura muy consolidada. ¿Por qué no podemos pensar en un centro de datos latinoamericano, en un país como Uruguay, que es superestable? Entonces, podrías disponer de la información pública y estratégica, con la escala necesaria. Por la escala, la integración regional y la unidad latinoamericana en estos temas son cruciales.

Minetti fue condenada a dos años y diez meses de prisión en Italia por inducción a la prostitución en el denominado caso Rubygate. Un antecedente que el reportaje retomaba al denunciar que en la chacra Gin Tonic, que la mujer tiene junto con Cipriani en La Barra, Maldonado, se hacían fiestas en las que habría consumo de drogas, con la participación de mujeres llegadas del extranjero y la asistencia de clientes vip.

Además, el reportaje señalaba que tanto el niño adoptado como otros menores de edad a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) visitaban la chacra. También incorporaba otros hechos, entre ellos, la desaparición de su madre biológica y la muerte de la abogada que había ejercido la defensa pública del niño, ocurrida en circunstancias que hasta hoy se siguen investigando como posible homicidio. A raíz de esta investigación, Cipriani denunció al medio italiano ante la Justicia en Nueva York.

Al mismo tiempo, las denuncias de Il Fatto Quotidiano abrieron vías de investigación tanto en Italia como en Uruguay. En Italia, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía de Milán que revisara los hechos denunciados, lo que derivó en la intervención de Interpol. Mientras tanto en Uruguay, el INAU abrió una investigación, que continúa hasta hoy, sobre el proceso de adopción y las visitas a la chacra.

LA VÍA ITALIANA

Un mes después de conocerse el reportaje, el 3 de junio de 2026, la Fiscalía de Milán emitió un comunicado en el que señaló que, de acuerdo con las averiguaciones hechas, no encontró elementos que contradijeran las pruebas reunidas hasta ese momento para otorgar el indulto. También indicó que el Procuratore della Repubblica –así menciona a la autoridad uruguaya contactada– informó que no se detectaron irregularidades en el procedimiento de adopción. Brecha se comunicó con el INAU para confirmar si esa información había sido proporcionada por la investigación del organismo, pero no obtuvo respuesta.

La Fiscalía de Milán sostiene, además, que quedaron desacreditadas las versiones sobre supuestas fiestas con drogas y sexo en las que Minetti habría participado. Según la autoridad italiana, los Carabinieri –la Policía de ese país– recogieron numerosos testimonios de personas que tenían conocimiento de los hechos, aunque el comunicado no explica si eran personas de Uruguay o de Italia. El escrito también descarta la existencia de indicios de delito relacionados con la muerte de la abogada que representaba al niño, y menciona que la profesional había dado su conformidad al proceso de adopción.

LA VÍA URUGUAYA

Por el lado uruguayo, Brecha consultó al INAU sobre la investigación administrativa que abrió en mayo sobre el proceso de adopción y las visitas a la chacra Gin Tonic de niños y niñas institucionalizados. Pasados cuatro meses, el organismo informó que la abogada a cargo del caso solicitó una prórroga para continuar con el análisis de los expedientes. En su momento, el vicepresidente del INAU reconoció al diario El País (11-V-26) que había «elementos que daban cuenta de una situación extraña».

Uno de los elementos centrales a investigar es por qué, si Minetti contaba con antecedentes judiciales al momento de iniciar el trámite de adopción, pudo completar el proceso, cuando la normativa impide adoptar a las personas que tengan antecedentes. Más aun teniendo en cuenta que se trata de una condena por un delito sexual.

En el proceso de adopción también había sido valorada una familia de Pan de Azúcar que había compartido tiempo con el niño en su casa. Otro elemento a determinar es cuál fue el criterio utilizado para optar por el matrimonio italiano y no por el uruguayo. Fuentes consultadas por este semanario señalaron que, incluso para los trabajadores del centro donde se encontraba el niño, un Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, esa decisión resultó extraña.

Por último, la investigación del INAU también deberá aclarar qué permisos y valoraciones institucionales se tuvieron en cuenta para autorizar las visitas de niños y niñas bajo el sistema de protección del organismo a la chacra Gin Tonic. En el reportaje de Il Fatto Quotidiano (27-IV-26) se señala que la pareja italiana había construido una estrecha relación con el organismo público: «dona dinero y bienes, y los fines de semana abre la chacra a los niños».

Desde hace meses, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU e INISA viene denunciando en Maldonado una situación de crisis, marcada por prácticas de negligencia institucional, principalmente en los servicios de 24 horas. «Se ordenan lineamientos que no son los institucionales ni se encuentran en ningún protocolo», «no se respetan las intervenciones técnicas, ejerciendo presión para modificarlas», señala un comunicado del gremio, fechado en noviembre de 2025.

UN NÚMERO MÁS

Mientras tanto, nadie parece estar buscando a la madre del niño adoptado. María de los Ángeles Colinet, de 29 años, está desaparecida desde febrero de este año. Colinet vivía en situación de calle y tenía un consumo problemático de drogas.

En el pedido de indulto de Minetti se señalaba que el niño había sido abandonado al nacer y que no mantenía vínculos con su familia de origen. Sin embargo, su separación de la madre y posterior incorporación al sistema de protección del INAU se produjo luego de que profesionales de la salud alertaran a la Justicia sobre la situación de consumo de la mujer.

La desaparición de Colinet no ha sido relacionada por el Ministerio del Interior (MI) con el proceso de adopción de Minetti y Cipriani. Su nombre, en cambio, es uno más en la lista de mujeres desaparecidas que el Estado acumula en su plataforma de personas ausentes.

María Zino, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, dijo a Brecha que estas situaciones son más frecuentes cuando se trata de mujeres con consumo problemático y provenientes de contextos de pobreza. «En vez de entenderlo como una circunstancia que las coloca en una situación mucho más vulnerable, se las responsabiliza.»

El colectivo lleva casi diez años acompañando a familiares de mujeres desaparecidas. Según Zino, durante este tiempo han visto cómo, en estos casos, el MI desestima las denuncias o directamente «no las registra». «Parece que hubiera víctimas de primera y de segunda», concluye la integrante del colectivo.

«Mi padre abandonó a mi madre cuando estaba embarazada, y mi madre me dio a luz cuando él ya se había ido. Ahora no hablo con él. Me duele ver pasar a los agentes de la Monusco [Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC)], porque los demás niños tienen a sus padres, pero yo no tengo al mío. La gente me llama “hija de zorra”. Cuando lo hacen me siento dolida y shockeada. Siento que pertenezco a este lugar, pero la gente habla mucho. Dicen que me perseguirán porque soy una extranjera. Me gustaría decirle [a mi padre] que piense en mí dondequiera que esté. Necesita saber que me abandonó en la República Democrática del Congo. Estoy sufriendo. Él debería saber que no tengo familia. Si mi madre muere, ¿quién me criará?» El testimonio es de Mado, una niña de entre 10 y 15 años, e integra la publicación «Nacidos entre la guerra y la paz: situando a los hijos de soldados de misiones de paz en una investigación sobre niños nacidos de la guerra», de 2022.¹ El padre de Mado (nombre ficticio) fue un militar uruguayo que sirvió en las misiones de paz en el Congo y se fue antes de que ella naciera.

Es uno en más de un centenar de casos recabados por las autoras de la investigación. O uno entre las seis denuncias –solo una comprobada– que contabiliza a nivel oficial el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). O uno entre las 11 denuncias recibidas por la ONU sobre paternidades de uruguayos en la Monusco. O es, quizás, uno de los casos nunca denunciados, como el de Luna Echegoyen.

LUNA

«Metí la pata, esta vez en grande», dijo el entonces teniente coronel José María Echegoyen a su hermana Lourdes, por teléfono. Ella recuerda nítidamente ese momento, le cuenta a Brecha. Al escucharlo, respiró profundo, se acomodó el yeso que tenía en ese momento y preguntó por qué. «En la misión en la que estoy me hicieron test de ADN, tengo una hija acá», respondió el militar.

Luna, su hija, había nacido en Uganda en 2012. Uganda tiene 765 quilómetros de frontera con el Congo. Desde 2010 cuenta con una sede de la ONU, el Centro de Servicios Regional de Entebbe, que brinda servicios logísticos y administrativos a 16 misiones en el continente africano, según su sitio web. En el aeropuerto de Entebbe suelen aterrizar los contingentes militares uruguayos que se dirigen a la misión en el Congo. En la misma ciudad situada sobre el lago Victoria toman cursos y capacitaciones que pueden llegar a durar al menos una semana, de acuerdo a las publicaciones en redes sociales del Ejército uruguayo. La ciudad también está entre las zonas autorizadas para los descansos obligatorios de los soldados, conocidos como rest and recuperation (R&R). Uganda también cuenta con los llamados campos de tránsito para refugiados de zonas de conflicto regionales como la RDC, Ruanda y Sudán del Sur.

«El coronel pudo estar de vacaciones en Uganda, donde mantuvo relaciones con la civil. A pesar de que por el régimen de tolerancia cero esté prohibido tener relaciones con civiles, siempre existe cierta impunidad entre los soldados», valoró el politólogo especializado en temas de defensa Julián González Guyer respecto a la relación de la que nació Luna. Ese régimen de tolerancia cero está en las medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales dictadas por el secretario general de la ONU en 2003. Allí se establece, entre otras normas de conducta, que «las relaciones sexuales entre funcionarios de las Naciones Unidas y los beneficiarios de asistencia, habida cuenta de que se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, socavan la credibilidad e integridad de la labor de las Naciones Unidas, por lo que están firmemente desaconsejadas». Pero las circunstancias precisas en que tuvo lugar la relación de la que nació Luna, el lugar o la edad de su madre no se conocen. Echegoyen no se las contó a su hermana Lourdes cuando le dio la noticia. Brecha solicitó al MDN mediante un pedido de acceso a la información pública el expediente por el que se tramitó el reconocimiento de la paternidad de la niña. El ministerio entendió que correspondía ampararse en el artículo 9 literal D de la ley de acceso, que permite declarar reservada la información que pueda «poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona». «La información solicitada refiere a cuestiones de índole personal del fallecido y de su fallecida hija», su divulgación «tiene incidencia en la esfera dispositiva de otras personas» y «podría vulnerar el derecho» a su privacidad, resolvió el MDN, en una resolución firmada por la ministra Sandra Lazo.

El semanario también solicitó información sobre las actividades de Echegoyen en la Monusco desde 2012 hasta su retiro. El ministerio también las declaró bajo reserva, refiriéndolas como «datos de carácter personal» del militar. Sin embargo, en resoluciones públicas que se pueden rastrear en la web consta que Echegoyen volvió a la misión en el Congo dos veces luego de haber tenido a Luna: como observador militar entre el 29 de mayo de 2015 y el 30 de junio de 2016, y como oficial de Estado Mayor de la ONU entre el 1 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2020. Ambas resoluciones tienen la firma del expresidente Tabaré Vázquez y del exministro de Defensa Jorge Menéndez. En junio de 2019, el Parlamento votó su venia para que ascendiera a coronel y, el 22 de abril de 2020, el entonces ministro de Defensa Javier García firmó su designación como subjefe del Centro Coordinador de Misiones de Paz del Ejército, a propuesta del Comando General del Ejército. Los jerarcas de turno tenían elementos muy evidentes para saber de su paternidad: Luna había venido a vivir a Uruguay con Echegoyen y su familia en 2015. Sin embargo, en una ampliación de la respuesta al pedido de acceso del semanario, el ministerio comunicó que el caso de Luna «nunca llegó a la órbita del Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz» o Sinomapa, porque para ello debió «existir una denuncia previa de la víctima ante Naciones Unidas, la cual no sucedió».

Un reportaje de este mismo semanario informaba, en 2022, de las paternidades de cascos azules uruguayos en Haití. Allí, distintas fuentes circunscribían estos «errores» principalmente a la tropa, con menor formación (véase «Tolerancias devaluadas», Brecha, 4-II-22). Pero el caso de José Echegoyen es distinto: se trata de un oficial. A diferencia de los arrestos a rigor y las prohibiciones de volver a las misiones aplicados a soldados que tuvieron hijos en la isla caribeña, Echegoyen tuvo en el Ejército una carrera ascendente hasta que en 2022 pasó a retiro.

LUNA EN URUGUAY

El retiro de Echegoyen empeoró el relacionamiento con su hija, que ya no era bueno. Durante un viaje a Salto, el militar intentó ahorcarla. «Ya había intentado matarla con el cinturón del auto, y no sé cómo, pero la niña pudo escapar, pudo salir y pedir ayuda», recordó Lourdes, la tía de Luna, en diálogo con el semanario. La niña pasó transitoriamente por un centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Salto, relató la tía, y luego terminó en el Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar Panambí del INAU, en Maldonado (donde vivía la familia), por las reiteradas situaciones de violencia. Cuando Lourdes se percató de que su sobrina estaba en ese hogar, realizó los trámites correspondientes para acceder a su tenencia. Recuerda que los funcionarios del INAU estuvieron en su casa, conocieron a su esposo y a su hija de 21 años. También recuerda el tiempo que pasó junto con Luna, su canto y su forma de bailar, su alegría y sus ocurrencias. «Ella me decía que iba a hacer dinero con videítos de YouTube, que iba a ir a conocer a su madre biológica y me iba a llevar con ella. Se reía y me decía
que lo iba a hacer, mientras hacía gestos con sus manos.»

Luego Echegoyen y su esposa quisieron recuperar la tenencia de Luna. La Justicia falló a su favor. Pero entre diciembre del 2024 y mayo del 2025 al excoronel se le aplicaron medidas cautelares hacia la niña, que insistía en mantener el vínculo –en grupo y bajo supervisión– con su padre.

De mayo a junio del 2025 se dio una prórroga de estas medidas, para esperar al 24 de agosto el informe de seguimiento que decidiría el resto. Pero todo pasó antes de ese 24; el INAU decidió el 19 de agosto elevar un informe, en el que explicó que se incumplían las medidas cautelares y solicitó una pericia psicológica y psiquiátrica del excoronel.

De acuerdo a la radio Cadena del Mar, de Maldonado, Echegoyen fue a una sede del INAU ese 19 de agosto, donde una funcionaria le explicó la evaluación del instituto. Él se descompuso delante de las puertas del INAU y se dirigió a donde Luna.

Luego, pasó.

Luna vio a su padre en un centro de salud, donde estaba por una consulta de fonoaudiología. Le dijo que, para irse, iba a esperar por su «madre de corazón». Echegoyen salió y volvió a entrar armado. Sonaron los disparos. Luna cayó sin vida en ese mismo momento. Luego él se disparó en la cabeza y murió pocas horas después en el hospital. El pasado miércoles se cumplió un año del filicidio.

1. Kirstin Wagner, Heather Tasker, Luissa Vahedi, Susan A. Bartels y Sabine Lee, «Born between war and peace: Situating peacekeeper-fathered children in research on children born of war», Frontiers in Political Science, 2022. ↩︎

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, explica que los 70 millones son solo para el edificio, que la inversión se definió según lo que la empresa puede afrontar hoy y que el equipamiento tecnológico, GPU (unidades de procesamiento de datos) incluidas, será una etapa posterior: una infraestructura de mayor escala requeriría varios cientos de millones que Antel no estaría en condiciones de invertir. Dicho de otro modo, se anunció que se financiará la cáscara del data center. El hardware, que efectivamente hace IA, y el software, que lo pone a funcionar, quedan para después; sin plazo, sin monto y sin proveedores conocidos.

Aun así, lo que está en juego excede el monto de la inversión: el gobierno plantea que una empresa pública ocupe un lugar central en la infraestructura sobre la que se construirá la próxima etapa de la economía digital uruguaya. Puede ser una oportunidad de soberanía o, si no se toman ciertas decisiones, otra forma de dependencia.

¿DE QUIÉN SERÁ LA INTELIGENCIA?

No sabemos nada sobre qué habrá dentro del edificio. Álvarez había explicado tiempo atrás que la nueva infraestructura ampliaría la capacidad existente y daría redundancia geográfica al data center de Pando. Y había señalado, además, una posibilidad significativa: se podría procesar allí información crítica que hoy podría terminar en infraestructuras privadas, incluidas historias clínicas, datos biométricos y, eventualmente, información de seguridad y defensa.

La idea parece evidente, pero entre tener los datos dentro de Uruguay y tener soberanía sobre ellos hay una distancia considerable.

¿Quién fabrica las GPU? ¿Quién controla el software que las hace funcionar? ¿Quién suministra los modelos? ¿Dónde estarán las claves de acceso? ¿Qué ocurre si un proveedor extranjero cambia sus condiciones comerciales, queda sometido a una sanción internacional o decide no vender determinado equipamiento? No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas; parece relevante, entonces, que se hagan ahora. Porque podríamos terminar con un edificio uruguayo lleno de tecnología extranjera, y que las decisiones claves se sigan tomando en California, Shenzhen o Taipéi.

UNA VIEJA HISTORIA LATINOAMERICANA

La historia de América Latina es la historia de la exportación de materias primas e importación de productos industrializados. En los últimos tiempos exportamos datos para importar plataformas. En este sentido, el problema no atañe solo al problema de la privacidad individual relacionado con el celo por los datos, sino también a quién acumula el conocimiento producido en colectivo por una sociedad.

La IA lleva este asunto a otra dimensión: ya no alcanza con tener los datos, hay que tener también capacidad de cómputo para procesarlos, y esa capacidad es extraordinariamente desigual. La economista Cecilia Rikap, que expuso en el evento Antel Summit –celebrado el 12 de agosto en una conferencia titulada «Dependencia digital y soberanía»–, le puso nombre a esa asimetría. Rikap investiga lo que llama monopolios intelectuales: corporaciones que se apropian de conocimiento producido de manera colectiva en universidades e instituciones públicas, lo convierten en activos privados y cobran renta por su uso.

Aplicado a los data centers, describió la investigadora, se trata de un «extractivismo gemelo», pues el despojo de datos y conocimiento se sostiene sobre un extractivismo mayor de recursos naturales. También advirtió sobre lo que llama totalitarismo epistémico: el riesgo de que el tipo de IA disponible y las agendas de investigación terminen definidos a puertas cerradas por un oligopolio en lugar de que se discutan democráticamente. Esa dependencia alcanza incluso a iniciativas regionales que se presentan como autónomas, pero terminan utilizando Amazon Web Services.

Vale registrar dónde Rikap dijo todas estas cosas: en el escenario del Antel Arena, dispuesto por una empresa pública y en una jornada en la que Google y Huawei también tuvieron su espacio.

NO NECESITAMOS OTRO CHATGPT

Uruguay no necesita un modelo que compita con los gigantes estadounidenses o chinos. Existen hoy modelos abiertos de gran porte que pueden descargarse y ejecutarse sobre infraestructura propia: no son los más capaces, pero para una enorme cantidad de tareas alcanzan, y permiten algo que ninguna interfaz comercial ofrece: auditarlos, ajustarlos con datos locales y ponerlos a funcionar sin que cada consulta salga del país.

Un modelo entrenado sobre legislación y jurisprudencia uruguayas; sistemas que trabajen sobre historias clínicas sin datos alojados en el exterior; herramientas adaptadas por la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) a nuestro sistema educativo que permitan a los docentes cortar la dependencia con Google –firmada recientemente por Ceibal y la propia autoridad de la enseñanza–; cómputo asequible para la Universidad de la República. Nada de eso exige inventar un ChatGPT a la uruguaya. Exige sí decidir qué modelos necesitamos, dónde ejecutarlos y qué datos estamos dispuestos a entregar a terceros.

Tendremos, claro, que usar tecnología extranjera: no fabricamos GPU ni controlamos la cadena de semiconductores. Para ello tenemos que ver a la soberanía tecnológica no como autarquía, sino como capacidad de negociación; y esa capacidad crece si se ejerce de a varios, empezando por los espacios regionales.

La pregunta para cuando Antel anuncie sus proveedores no será si son estadounidenses, chinos o europeos, sino cuánto poder conservará Uruguay frente a ellos. Una cosa es que Antel construya el data center
para vender capacidad de procesamiento y otra que funcione como capa nacional de cómputo, disponible para universidades, investigadores, organismos públicos y empresas pequeñas que hoy no pueden pagarla (algo que una empresa privada extranjera no tiene ningún incentivo para desarrollar).

Álvarez habla de modalidades híbridas: usar modelos extranjeros, pero ejecutarlos sobre infraestructura de Antel. Es decir, el modelo y las GPU pueden ser extranjeros, pero los datos y la inferencia –las consultas a la IA– quedarían bajo infraestructura uruguaya. Esto es un camino a medias: no es una apuesta por soberanía absoluta, pero tampoco es entrega de datos junto con la capacidad de procesarlos.

LA NUBE TIENE OTROS COSTOS

La IA consume recursos físicos, y bastantes. La Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo eléctrico de los data centers pasará de unos 415 teravatios por hora en 2024 a unos 945 en 2030. Rikap lo dimensionó de otro modo: los centros de datos privados ya consumen más electricidad que un país como Francia.

Uruguay tiene una ventaja, y es su matriz eléctrica con participación excepcionalmente alta de energías renovables, pero el problema no se resuelve ahí. Un data center demanda carga plana, las 24 horas de los 365 días, incluidas las noches sin viento y los años secos. Eso no se satisface con excedentes eólicos, sino con potencia firme, que es justamente la parte cara y más sucia del sistema. La pregunta para UTE no es si hay energía, sino qué respaldo hay que construir y quién lo paga.

Con el agua la escala engaña: un data center puede ser una fracción insignificante del consumo mundial y un problema serio para un territorio concreto. Uruguay ya dio esa discusión, y también fue en Canelones: la propuesta original del data center de Google contemplaba refrigerar los procesadores con agua de OSE. El sociólogo Daniel Pena, investigador de la Universidad de la República, tuvo que litigar para que el Ministerio de Ambiente (MA) entregara la cifra: hasta 7,6 millones de litros diarios, el consumo de unas 55 mil personas. Google cambió el sistema a refrigeración por aire, lo que resolvió una parte del problema y desplazó la otra hacia el consumo eléctrico. Y este campo no está habitado solo por servidores.

Recientemente, cuatro familias que viven en predios linderos al proyecto de Google recurrieron ante el MA para cuestionar la autorización ambiental de 2024. El estudio de impacto las identificó como receptores sensibles (y a una de ellas como «el vecino más vulnerable») frente al impacto acústico, aunque –según el recurso– no fueron individualizadas ni consultadas durante su elaboración. Recién en julio de 2026, con la obra casi terminada, accedieron al expediente por un pedido de acceso a la información pública. Denuncian iluminación industrial nocturna, ruidos antes inexistentes y pruebas de generadores, con viviendas a menos de 100 metros de muros, equipos y chimeneas. No corresponde aquí determinar si esas denuncias deben prosperar, lo que importa es que una infraestructura digital transforma el territorio que la recibe y que quienes viven ahí no deberían enterarse cuando la obra ya está levantada.

¿QUÉ QUEDA DESPUÉS
DE LOS 70 MILLONES?

Los 250 puestos de trabajo merecen una precisión que nadie dio: no sabemos cuántos corresponden a la obra y cuántos a la operación. Un data center es intensivo en capital y poco intensivo en trabajo una vez construido. En el caso de Google, la obra empleó unas 800 personas en el pico, mientras que la fase operativa insumió entre 200 y 250. Si los 250 de Antel son de construcción, el argumento del empleo dura tres años.

Otra vez Rikap fue directa a este respecto, y vale tomarla en serio aun cuando el proyecto sea público: calificó de «fantasiosa» la promesa de que la llegada de infraestructura genere crecimiento automático o empleo masivo y remarcó que dejan una huella ecológica considerable sin tributar de manera sustancial ni dinamizar las economías locales, porque la mayor parte del capital se va al exterior en la compra de semiconductores.

Es que el retorno depende por completo de qué se construya encima. Si la infraestructura permite crear empresas, formar especialistas, sostener investigación y vender cómputo a la región, los 70 millones pueden multiplicarse. Si termina alojando servidores de compañías extranjeras que usan electricidad y conectividad uruguayas para clientes de otros países, habremos levantado una magnífica máquina uruguaya que no será nuestra. Desde el punto de vista de mercado, no hay nada ilegítimo en este segundo escenario, pero es otro proyecto, y convendría decirlo antes y no sobre hechos consumados.

Y esa es la discusión que deberíamos dar ahora: no si Uruguay tendrá inteligencia artificial, sino quién tendrá la inteligencia artificial de Uruguay.

El trabajo puede proporcionarnos ingresos, identidad, vínculos sociales y oportunidades de desarrollo. Pero también puede exponernos a lesiones, enfermedades e incluso la muerte. Desde hace décadas se considera el trabajo como uno de los principales determinantes sociales de la salud; las condiciones laborales ayudan a explicar por qué algunas personas enferman, se lesionan o viven menos que otras.

En este sentido, los accidentes laborales no son hechos aislados o inevitables. Cada lesión ocurrida durante el trabajo refleja las condiciones en las que este se ejerce, la forma en la que se organiza la producción y, en definitiva, la importancia que una sociedad le asigna a la prevención.

Tomando como base el informe Tendencias en la incidencia de accidentes laborales en Uruguay y cambios en la composición sectorial del empleo (2014-2025), presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 13 de julio, comparto aquí un breve análisis al respecto. El estudio estima la incidencia de los accidentes laborales por cada 100 mil cotizantes durante ese período, a partir de datos provenientes del Banco de Previsión Social (BPS) y del Banco de Seguros del Estado.

UNA EVOLUCIÓN CON DOS TENDENCIAS OPUESTAS

En 2014, la incidencia de accidentes laborales en Uruguay fue de 3.500 por cada 100 mil personas cotizantes al BPS. Cinco años después, en 2019, había descendido a 2.706 por cada 100 mil. Esto representa una reducción acumulada del 23 por ciento en el período y equivale a una disminución promedio del 5,2 por ciento anual.

Este descenso coincidió con un período de importantes transformaciones en el campo de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en nuestro país, durante el cual se fortaleció el marco regulatorio a través de la implementación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (decreto 127/014 y accesorios), la actualización de las normas que establecen las condiciones de SST en la industria de la construcción (decreto 125/014) y se consolidó un nuevo escenario a través de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (ley 19.196). Al mismo tiempo, se produjeron cambios en la formación de quienes trabajan en prevención de riesgos laborales, que elevaron el nivel académico (el cual no solo se orientó a la intervención, sino también a la producción de conocimiento sobre las condiciones laborales en los propios lugares de trabajo).

No podemos afirmar que estas medidas hayan sido la causa directa del descenso. Sin embargo, la coincidencia temporal es evidente: la reducción de la incidencia de los accidentes laborales ocurrió en un período en el que la prevención de riesgos comenzó a ocupar un lugar de mayor relevancia en las políticas públicas y en los lugares de trabajo.

LA PANDEMIA Y DESPUÉS

En 2020, la pandemia de covid-19 modificó la forma en que trabajábamos. Algunas actividades se redujeron, otras transformaron su modo de organización y millones de personas se incorporaron al trabajo remoto.

Por lo tanto, la reducción observada en la incidencia de los accidentes laborales durante 2020 no puede interpretarse de la misma manera que los cambios ocurridos antes o después, ya que respondió a un contexto excepcional.

Entre 2021 y 2024, en tanto –luego de la crisis–, la incidencia de los accidentes laborales se incrementó sostenidamente. En 2021, fue de 2.538 por cada 100 mil cotizantes, mientras que en 2024 alcanzó los 3.003. Esto representa un aumento acumulado del 18 por ciento en el período y un incremento anual promedio del 5,8.

El dato es significativo: al finalizar 2024, la incidencia de los accidentes laborales fue casi 10 por ciento superior a la registrada en 2019, por lo que el aumento observado desde 2021 revirtió parcialmente aquel descenso alcanzado durante los años previos a la pandemia.

A primera vista, podría parecer que estamos cada vez peor luego de la crisis –la incidencia de los accidentes laborales aumentó todos los años entre 2021 y 2024–, pero los datos de 2025 introducen un matiz importante: ese año el patrón de incremento sostenido dejó de reproducirse.

Si la tendencia iniciada en 2021 se hubiera mantenido, la incidencia esperada para 2025 debía alcanzar los 3.194 accidentes por cada 100 mil cotizantes. Sin embargo, el valor registrado fue de 3.006, aproximadamente un 6 por ciento menor que el proyectado.

¿CÓMO SE EXPLICA?

Una posible explicación para el aumento en la incidencia de los accidentes laborales entre 2021 y 2024 podría estar asociada a un eventual cambio en la composición sectorial del empleo luego de la pandemia: que una mayor proporción de personas hubiese pasado a trabajar en actividades más riesgosas, por ejemplo. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

Entre 2021 y 2024, la redistribución relativa de los trabajadores entre los distintos sectores de actividad fue de apenas el 2,9 por ciento. Dicho de otra manera: de cada 100, menos de tres cambiaron de sector de actividad durante el período. Entre 2024 y 2025 ese valor fue incluso menor (menos de uno de cada 100).

El análisis sugiere que quizás las causas deberían buscarse dentro de los propios sectores; cambios en la organización del trabajo, intensidad de la producción, estrategias y políticas de prevención y fiscalización tal vez podrían explicar la evolución observada.

Hay que considerar que la evidencia internacional ha descrito un comportamiento procíclico de los accidentes laborales: tienden a disminuir durante períodos de crisis económica y a aumentar en las fases de recuperación. La forma en que ese comportamiento se manifiesta aporta información sobre la fortaleza de los sistemas nacionales de prevención de riesgos. En España, por ejemplo, un equipo de investigación observó que la reducción de los accidentes laborales durante la crisis económica de 2008 fue seguida de un aumento durante la recuperación posterior. Según los investigadores, ello reflejó una recuperación económica que no estuvo acompañada por un fortalecimiento equivalente de las condiciones de seguridad y salud laborales. Es decir, parte del crecimiento económico se produjo a costa de un elevado nivel de accidentes, lo cual expuso las debilidades del sistema preventivo español. ¿Habrá pasado algo parecido en Uruguay?

En nuestro país los primeros años de la recuperación económica coincidieron con un aumento sostenido de la incidencia de los accidentes laborales. En 2025, sin embargo, la economía continuó expandiéndose sin que ese incremento volviera a repetirse, en un comportamiento compatible con la evidencia internacional.

Más que el crecimiento económico en sí mismo, lo que parece influir es la forma en cómo se organiza la recuperación. Es que, luego de una crisis, las empresas pretenden retomar su producción, procurando muchas veces mantener (o incluso reducir) sus costos. Para que el crecimiento sea factible en esas condiciones, es probable que se sustente en cambios en la organización del trabajo que subordinan las condiciones laborales a las exigencias de la recuperación económica. Incluso, una menor capacidad de fiscalización o un debilitamiento de la prevención podrían contribuir a este escenario.

Tampoco podemos afirmar que esto haya sido exactamente lo que ocurrió en Uruguay, pero a partir de este estudio podemos formular una serie de preguntas que hasta ahora permanecían invisibles. Si el aumento en la incidencia de los accidentes laborales entre 2021 y 2024 no parece explicarse porque las personas comenzaron a trabajar en sectores más peligrosos, entonces: ¿aumentó la intensidad del trabajo durante los primeros años pospandemia? ¿Se redujeron las inversiones destinadas a la prevención de riesgos laborales? ¿La fiscalización perdió capacidad de intervención? ¿Se incorporó personal bajo modalidades de contrataciones precarias? ¿Hubo un deterioro de las condiciones laborales en algunos sectores?

Hoy no contamos con información suficiente para responder estas preguntas mediante un análisis estadístico, pero todas ellas surgen de manera natural a partir del análisis crítico de los resultados que sí tenemos disponibles.

¿QUÉ PASÓ EN 2025?

La experiencia uruguaya deja, además, otra interrogante. Si durante los primeros años de recuperación económica la incidencia de los accidentes laborales aumentó al mismo tiempo que crecía la economía, ¿qué cambió en 2025 para que la economía continuara expandiéndose sin que aumenten los accidentes? ¿Mejoraron las estrategias de prevención dentro de las empresas? ¿Se intensificaron las acciones de fiscalización? ¿Se recuperaron capacidades institucionales de prevención y control? ¿La prevención de riesgos laborales volvió a ocupar un lugar de relevancia dentro de las políticas públicas y de la gestión de los lugares de trabajo?

Encontrar respuestas a estas preguntas probablemente sea mucho más importante que discutir la variación decimal del número de accidentes en un determinado año. Porque comprender cómo una sociedad logra expandir su economía sin que ese crecimiento implique un mayor riesgo para quienes la sostienen debería ser el principal objetivo de cualquier sociedad que se precie de tal.

(Mathías Cosentino. Licenciado en Biología Humana, ingeniero tecnológico prevencionista y asesor de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)

El anuncio, escueto pero contundente, fue emitido y recibido con general beneplácito: era la respuesta, como reconocieron las autoridades, a una reivindicación de muchos años del movimiento cooperativo de vivienda, que veía incrementados sus costos de producción en el orden de un 15-20 por ciento por aplicación de un gravamen injusto e injustificado en una política social que luego subsidia las cuotas a pagar a quienes no puedan hacerlo por la insuficiencia de sus ingresos. En los hechos, eso significaba que el MVOT le devolvía al MEF, por impuestos, parte de los recursos que este le vierte por mandato presupuestal, lo que le impide hacer más y llegar a más gente. El Estado pegándose un tiro en el pie.

2. El anuncio de la exoneración no se acompañó en esa instancia, sin embargo, por el texto del artículo correspondiente. Y cuando este se conoció, comenzaron las dudas. En efecto, el proyecto establecía: «[Se otorgará,] a las cooperativas de vivienda, un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a los costos directos de construcción que integran las obras del proyecto cooperativo. Solo se admitirá la devolución del impuesto incluido en aquellos bienes o servicios incorporados directamente a la obra civil. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones que deberán cumplir los proyectos y las cooperativas de vivienda, a los efectos de poder acceder al crédito a que refiere el inciso anterior. Asimismo, podrá fijar límites por proyecto cooperativo para acceder al beneficio».

Casi cada una de estas frases encierra una duda: ¿cuándo se otorgaría ese crédito: en el transcurso de la obra o al finalizar esta? ¿En qué consistiría ese crédito? Se manejó que podría ser un certificado de la Dirección General Impositiva (DGI) endosable para el pago de IVA a proveedores o de otras contribuciones, como los aportes al Banco de Previsión Social, pero también que podría descontarse del préstamo otorgado y así reducir la cuota a pagar para devolverlo. ¿La exoneración alcanzaría al IVA que grava el asesoramiento técnico? En el parlamento, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, dijo que no, porque esa no era una reivindicación de los cooperativistas, pero la ley general de cooperativas establece que se trata de un servicio, por lo que estaría incluido. Por otra parte, solo se exoneraría lo que se incorpora directamente a la obra civil. Pero ¿qué es la obra civil? ¿Las viviendas, la infraestructura, todo o parte del proyecto cooperativo? ¿Cuáles serían las condiciones que el Ejecutivo establecería para los proyectos y qué límites podrían fijarse, si es que deben fijarse límites?

3. Todas estas preguntas son importantes, pero hay una que es decisiva: ¿de dónde saldrían los fondos para efectivizar ese crédito, si en realidad es un reintegro y no una exoneración, si las cooperativas deberían pagarlo (¿y con qué?) y luego se les devolvería? Y eso dependería de cómo se haga el reintegro: si es un certificado de la DGI, saldría de donde entró y sería una renuncia fiscal, pero, si se deduce de la deuda a pagar, no saldría de ningún lado: simplemente las cooperativas devolverían menos al Fondo Nacional de Vivienda, que será el renunciante y pagará los costos de la medida.

En la fundamentación del articulado de la rendición se establece como resultado positivo esperado de la exoneración que «los costos de construcción de las cooperativas serían menores». «Ello disminuiría el valor de tasación de los inmuebles, reduciendo también el gasto que el Ministerio de Vivienda realiza cada vez que otorga un préstamo para la construcción de una cooperativa de vivienda» (y, con el mismo dinero, podría otorgar más préstamos). Teniendo en cuenta la importancia de la inversión en cooperativas en los planes de vivienda, este efecto no sería menor y contribuiría a satisfacer otra demanda y otro compromiso del gobierno: aumentar la inversión pública en vivienda para duplicarla al final del período. Pero esto solo pasaría si efectivamente hay exoneración, y no si solo hay una disminución de la cantidad a devolver. Por el contrario, esto último agravaría el problema, porque, al ser genérico, se estaría dando un subsidio de capital a quienes lo necesitan y también a quienes no lo necesitan.

Una ley no debe contener nada más que aquello que es imprescindible para que quede del todo clara cuál es la voluntad del legislador. Todo lo que exceda de eso es materia de la reglamentación de la ley, o, decididamente, sobra. Pero, del mismo modo, una ley no puede dejar dudas acerca de cómo se aplica, porque, si hay dudas, queda un ancho campo para que la reglamentación –o la misma aplicación– apunte en otra dirección no deseada. La redacción del artículo que llegó a Diputados no cumple con este principio, por lo cual era imprescindible perfeccionarla, lo que no sucedió en la Comisión de Presupuestos de Diputados. La discusión y aprobación se dará en el plenario, ya cerrada esta edición de Brecha, y hay mociones para modificar el texto, pero a esta altura no parece que por allí esté la solución, porque no aclaran suficientemente cómo se procederá, que es lo que se necesita.

4. Pero, además, lo que dispone el proyecto de rendición de cuentas no solo tiene una redacción confusa, sino que es muy parcial. En efecto, no se trata de la exoneración del IVA, sino de la exoneración de IVA. Y la ele que está en una expresión y no en la otra es la que hace la diferencia entre lo total y lo parcial, y entre cumplir con lo comprometido y dar solo un primer paso.

Porque las Bases Programáticas 2025-2030 del Frente Amplio, su compromiso con la ciudadanía, no solo establecen la exoneración del IVA para las cooperativas, sino que especificaba que «se tenderá a eliminar las cargas impositivas a la inversión en los programas de vivienda social con financiamiento público» (pág. 49). Y eso incluye a las cooperativas, pero también, y quizá hasta con más razón, a programas para los grupos más vulnerables, como las relocalizaciones, la regularización de asentamientos y la mitigación de la precariedad. E incluye el IVA que se paga al adquirir materiales de construcción, pero también al contratar servicios, adquirir o arrendar equipos o pagar suministros básicos. Y entonces sí, la reducción de costos de los programas del MVOT sería sustantiva y se estaría más cerca de dar un nuevo impulso al compromiso de duplicar el presupuesto de vivienda. Y de poder llegar a la construcción de 18 mil viviendas nuevas y a la concreción de las más de 50 mil otras soluciones habitacionales a las que el gobierno se comprometió en el Plan Quinquenal de Vivienda.

5. El MEF se esforzó en sus comparecencias en Diputados en probar que la renuncia fiscal por la medida que está teniendo ahora media sanción en esa cámara era suficientemente reducida para no alterar los equilibrios fiscales. Tocaría ahora al Senado devolverla a Diputados con los ajustes necesarios para que sea lo suficientemente amplia para cumplir con claridad los compromisos asumidos y tener el verdadero impacto que se necesita.

1. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (usuarios); la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo; la Federación de Cooperativas de Viviendas de Propietarios (propietarios), y la Federación del Programa de Vivienda Sindical (cooperativas sindicales). ↩︎

El estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que las fuerzas estadounidenses se retiren por completo de la zona del golfo Pérsico. El vocero de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, lo repitió hace pocos días: «Corresponde a la parte estadounidense detenerse y reparar sus acciones ilegales y destructivas». Recordemos que este conflicto comenzó a mediados de 2025 con un ataque estadounidense-israelí que el presidente de Estados Unidos Donald Trump llamó guerra de los Doce Días, y fue retomado en febrero en un nuevo ataque de la potencia norteamericana, que tuvo como resultado el martirio del líder supremo Alí Jameneí. Esa segunda escalada atrajo a Pakistán como mediador del primer memorando de entendimiento en un escenario de exigencias maximalistas de Irán y concesiones estadounidenses.

El control de Ormuz es la carta fuerte de Irán: los peajes y el manejo del flujo energético y derivados que transitan por el estrecho de aguas territoriales que comparte con Omán pusieron en jaque la economía mundial y le permitirán financiar el esfuerzo bélico.¹ Además, muestra el punto de sutura entre los intereses del gobierno de Estados Unidos en frenar las consecuencias del conflicto, previo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, con los del gobierno de Israel, que necesita que el conflicto se mantenga activo antes de sus propias elecciones.

Irán fijó, en un escenario de máximas en el cual está cómodamente posicionado, seis demandas para sentarse a la mesa de negociación que pueden ser leídas como la capitulación de Trump: el cese total de las amenazas y ofensas a los valores iraníes; el fin de las agresiones en Líbano, Palestina, Yemen e Irak; una retirada militar completa de Estados Unidos del golfo Pérsico y sus bases navales y aéreas; una reparación de daños por 300.000 millones de dólares por el conflicto; el levantamiento de las sanciones económicas unilaterales, y la liberación incondicional de los activos iraníes bloqueados.

GUERRA DE MERCADOS

La república islámica aprendió a jugar el juego de quienes habitan la Casa Blanca y sus asociados. Por ejemplo, ataca buques cisterna minutos antes de la apertura de mercados para mover el precio del petróleo y los bonos, juego al que hasta ahora solo jugaba Trump con sus vaivenes en prensa y en Truth Social, su red social de preferencia, ganando dinero con la especulación financiera de la guerra. Según reveló Fortune a partir de su propia declaración jurada ante la Oficina de Ética Gubernamental, Trump le sacó provecho personal comprando sistemáticamente acciones de petroleras y empresas de defensa mientras él insistía en público con que la guerra terminaría pronto. Esta es una presión calculada sobre Trump, que teme un desplome económico de cara a unas elecciones en las que los republicanos arriesgan perder la mayoría que tienen en ambas cámaras. Un dato interesante es que el 22 de julio la Cámara de Representantes aprobó una resolución bajo la War Powers Act para forzar a Trump a abandonar la guerra con Irán, con un resultado de 214 a 208 gracias a que cuatro republicanos votaron junto con los demócratas. Ese mismo día, el Senado la bloqueó por apenas dos votos, 49 a 47. Un Congreso todavía de mayoría oficialista está, en consecuencia, a tan solo dos votos de prohibirle la guerra a su propio presidente, en medio de un conflicto que la Casa Blanca sigue presentando puertas afuera como controlado y necesario.

SIN MUNICIONES

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calculó que hacia fines de julio Estados Unidos ya había consumido entre dos tercios y tres cuartas partes de su stock de interceptores Patriot (pasó de unos 2.200 antes de la guerra a menos de 830) y una proporción similar de su inventario de THAAD, el sistema de defensa antimisiles de mayor altitud. Ambos estaban destinados en primera instancia a Europa para proveer a Ucrania y en segunda instancia al domo de hierro israelí y las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. Consultado por el Wall Street Journal, Trump intentó desmentir esos datos, pero la evidencia que citan sus propios funcionarios va en sentido contrario: a fines de julio, el mismo diario y el New York Times coincidieron en que Trump había decidido postergar una nueva ofensiva de gran escala contra Irán, en medio del cese al fuego, precisamente por la escasez de misiles de defensa aérea.

No es un dato menor que las principales bases de Baréin y Kuwait hayan sido prácticamente desalojadas. Es la principal potencia militar del planeta reconociendo a regañadientes, a través de sus propios medios de referencia, que no tiene el colchón logístico para sostener una guerra total sin arriesgar sus capacidades en otros frentes (empezando por Taiwán, que ya monitorea el desgaste con atención, según reportó Asia Times, y siguiendo por Ucrania, según expresó su presidente Volodímir Zelenski al intentar vincular la guerra de Irán con la de Ucrania).

Trump busca una salida, pero Irán no le regala ninguna victoria fácil, por mínima que sea. Todo apunta a que, por ahora, elige dejar correr la presión económica antes que una nueva escalada militar, una señal de que el margen de maniobra es más estrecho de lo que Washington admite en público. La decisión de fondo sigue siendo la misma: una concesión humillante o una escalada de consecuencias impredecibles. Algunos analistas señalan que existe una tercera vía: Trump podría negociar con Omán una porción de los ingresos que reciba por la tarifa que cobre junto con Irán, lo que podría darle una especie de excusa propagandística a su favor.

GRIETA EN LA INTELIGENCIA

Otro episodio bien reciente, revelado por The Washington Post, es lo sucedido en la cumbre de la OTAN en Ankara. Trump fue retirado en secreto del avión presidencial y trasladado en un carro de catering hasta una aeronave militar alternativa por una alerta sobre un supuesto plan iraní para derribar el Air Force One, el avión presidencial estadounidense. El dato que aportó el Post fue que este reporte de inteligencia lo había transmitido Israel a la CIA y, aunque los analistas de esa agencia de inteligencia la evaluaron como de baja confiabilidad, decidieron comunicarla a la administración, que por prevención decidió tomar medidas. De todas maneras, el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió viajar en el Air Force One. La propia prensa estadounidense está documentando fisuras entre lo que Israel empuja como una amenaza y lo que la inteligencia de Estados Unidos efectivamente valida. Es la misma lógica que atraviesa toda la guerra: decisiones que se toman más por la presión del socio regional que por evidencia propia.

LA ALIANZA DE LA MECA

El viernes 7, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, por el que un ataque contra uno será visto como una afrenta contra los tres. Es la primera vez que una potencia nuclear, Pakistán, se compromete formalmente con el segundo ejército de la OTAN, Turquía, y con el peso financiero saudita. Circuló la idea de que este acuerdo extiende el paraguas nuclear pakistaní a Arabia Saudita y Turquía. El texto establece la misma fórmula de defensa colectiva que el artículo 5 de la OTAN, que tampoco obliga a una respuesta automática ni nombra un adversario, es decir, cada firmante decide qué acción tomar. Esa ambigüedad, deliberada, habilita la lectura de que se extiende de hecho un paraguas nuclear informal a Arabia Saudita y Turquía. El canciller turco, Hakan Fidan, lo desmintió, pero no desestimó el mecanismo. Lo que no admite matices es la lectura de que la región ya no confía en el paraguas de seguridad estadounidense. Autoridades de Israel han declarado su preocupación al respecto, las iraníes han saludado la iniciativa. El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, calificó la alianza de La Meca como «muy peligrosa y muy preocupante», y advirtió que empuja a Israel a profundizar alianzas alternativas con Grecia, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, India y Somalilandia.

1. N. de E.: El fin de semana pasado Donald Trump, con su habitual matonismo ya poco creíble, dijo que «Estados Unidos declarará próximamente a Ormuz como su propiedad». ↩︎

La poesía de Wolf nunca necesitó ampararse en la metáfora esquiva y más bien prefiere ir a la caza de lo concreto –el nombre propio o la anécdota sencilla–, aquello que ya viene con carga metafórica dentro. En «Un asunto», por ejemplo, tema en el que viene escondido el título del álbum (y que nace a partir de una joda que le hizo a su hijo, cuando amenazó con anotarlo en una iglesia pentecostal), Wolf recibe un llamado y, al atender, al otro lado alguien dice: «Tenemos un plan perfecto para ti». El diablo comparece sin la tensión trágica del cruce de caminos de un Robert Johnson y se acomoda sobre un rasgueo de guitarras que coquetea con el funk y bajo el swing característico del género, es decir, filoso pero con un groove latente. Son acordes que se van abriendo, relajados, acompañados por unos coros que por momentos suenan casi espectrales y recuerdan un poco a las arquitecturas sonoras que arma Warren Ellis para Nick Cave en las versiones en vivo de «The Ship Song».

«El bien no significa mucho si no existe el mal», suelta en ese mismo track, dejando picando una idea que reaparece en distintas capas a lo largo de su repertorio. Pasa también en «Pepper», la canción dedicada al saxofonista homónimo, y en donde entona: «Morir, nadie sabe nada, nada de morir; nacer, nadie sabe nada, nada de nacer».

La curiosidad por las vidas ajenas convive con otra búsqueda, esta más literaria: durante una charla reciente en el programa Galgomundo, Wolf habló de su fascinación por Yukio Mishima y de cómo en el autor japonés encontró una manera de describir los objetos que no había conocido antes. Y algo de ello se deja ver en este trabajo, en la precisión casi quirúrgica para armar las escenas y en el gusto por arrimar la cámara bien cerca de las cosas en lugar de opinar sobre ellas.

La excepción a esa costumbre aparece en la sexta canción, «En el fondo forestal del día», que toma prestada la letra entera de un poema publicado en los años cuarenta por el venezolano Vicente Gerbasi. Es la primera vez que Wolf le pone música a un texto ajeno en el historial de Los Druidas, y la elección tiene todo el sentido del mundo: Gerbasi escribía sobre arañas que tejen estrellas en la penumbra o sobre el olor sideral de la flor del café. Es decir, comparten una parecida vocación por el detalle y lo mínimo estallando en forma de imagen.

El primer adelanto del álbum, «Calpean Star», da buena cuenta de cómo respira el resto del material: una canción que nació –según contó en entrevista con La Diaria– de la forma más casual posible, con el algoritmo de Spotify tirándole «The Wreck of the Edmund Fitzgerald» –aquella balada de Gordon Lightfoot sobre un carguero hundido en el lago Superior– mientras Wolf limpiaba la casa un mediodía. Se puso a pensar entonces en los barcos naufragados en nuestras costas y en cómo le volvió al cuerpo ese día el recuerdo de una tarde –andaba por sus 15 años–, cuando salió a pescar en chalana y merodeó los fierros viejos del Calpean Star, que por aquel tiempo todavía asomaban en el agua de la rambla Sur. La canción va narrando la explosión que sacó de la cama a los vecinos de la Ciudad Vieja, el incendio en las calderas, las semanas en que la playa Ramírez quedó tapada de carne podrida de ballena. Más allá de la estampa trágica, Wolf actúa como un archivista sentimental de la ciudad, uno que rescata la memoria marítima y obrera de la Montevideo de los sesenta, caso de la de aquel buque frigorífico que terminó siendo parte de la mitología popular de la rambla.

BUEN VIAJE, CAPITÁN

Ese universo de la pesca, del mar, de su calma y su hostilidad regresa sobre el final con «Buen viaje, capitán», un tema dedicado a Óscar, el pescador del Polonio ya referido. Uno que a su vez trabajaba en la parada de los jeeps en la entrada al balneario y al que Mandrake escuchó siempre con mucha atención: entre charla y charla, el hombre le fue enseñando los secretos del oficio. Tiempo después, el músico se enteró por el informativo que la embarcación de Óscar se había perdido en el mar, y la noticia lo conmovió al punto que tuvo que dejar de hacer sus cosas para sentarse a escribir este adiós.

Walter Nego Haedo aparece como el primer invitado formal en la discografía de la banda y aporta sus congas en cinco temas («Un asunto», «Viejos», «Pepper», «La puerta cancel» y «Buen viaje, capitán»). Haedo es un percusionista curtido en las Llamadas del carnaval –a quien Eduardo Mateo descubrió en su momento–, por lo que la genealogía musical se acomoda sola y perfecta, ya que Mandrake considera a Mateo como el más grande de todos los tiempos. Así, Mateo apadrinó en su momento a Haedo y ahora Haedo se sienta a tocar con Mandrake.

Su golpe se siente claro en «La puerta cancel», un tema que arranca despojado, la guitarra siendo golpeada mientras las cuerdas se mantienen muteadas, y una percusión juguetona que acompaña muy bien a una letra que habla de curiosear sin permiso una casa ajena. Los instrumentos se van sumando para abrazar imágenes cada vez más minuciosas, esas rejas de hierro con guardas caladas que todavía resisten en los zaguanes viejos de la ciudad.

El álbum se registró tocando en vivo en el estudio Mastodonte, entre febrero y marzo de este año, dejando para después las voces y algún ajuste de teclados y slide en el estudio El Templo, bajo la producción artística de Ignacio Echeverría, bajista del grupo. Grabar en vivo es lo que Mandrake prefiere ahora. La grabación pista por pista –es decir, primero la batería, luego el bajo, y así– con que grabó con Los Terapeutas ya no le convence: entiende que de esa forma se pierde el alma, ese pathos que al grabar en vivo pisa con pulso firme.

A diez años de los primeros ensayos de Los Druidas, la formación que completan Federico Anastasiadis en batería e Ignacio Iturria en guitarra, mantiene una vitalidad envidiable. Alberto Wolf sigue estando dispuesto a pactar con lo bueno y lo malo de todas las cosas, solo que ahora lo hace frente a testigos, caso de ese barco hundido que custodia la escena desde el fondo del río.

El show de Lebón y Aznar, respaldados por una banda de excelentes músicos jóvenes, a los que puntualmente se suma Juanito Moro, hijo del fallecido baterista, comienza con la proyección de un paisaje de playa, evocando los orígenes en Búzios, donde se inició la historia del grupo que pasó de ser rechazado por la crítica y el público a llevar el apodo de los beatles argentinos.

Esa playa con una ola rompiendo también me recuerda a la canción que dice: «Mientras miro las nuevas olas/ yo ya soy parte del mar». En aquella imagen, el mar era lo que integraba al artista al flujo de la historia, a la vez que daba cuenta de las modas pasajeras. Es posible que la letra sea de las más proféticas de Charly García, porque en estos 50 años parece que aquella dinámica marítima se agotó y una última gran ola devolvió a los que ya eran parte del mar. Todas las bandas de décadas pasadas, aquellas que nunca soñamos ver en vivo, fueron arribando con diversos grados de deterioro, muchas con bajas en sus filas, a la interminable playa del presente. Una vez allí, nuestros ídolos se incorporaron, se sacudieron un poco la arena, se acomodaron el pelo que les quedaba y, como entrañables zombis, caminaron a tientas, olfateando el aire hasta encontrar un escenario donde cumplir nuestro deseo y emocionarnos de nuevo con las canciones que formaron parte de nuestras vidas.

Hasta hace unos años, la única condición para el revival era que la estrella presentara signos vitales (como ocurrió con un muy disminuido Chuck Berry en el Teatro de Verano, en 2013), pero ya no es estrictamente necesario. Soda Stereo volvió con el holograma de Gustavo Cerati y, ya rizando el rizo y con su show ABBA Voyage, ABBA demostró que ni siquiera se requiere estar muerto para hacer trabajar a los sustitutos tecnológicos.¿Cómo ocurrió esto? Hubo otro deseo que también se nos cumplió: el acceso ilimitado y gratuito a toda la música. El modelo sustentado en la venta de discos pasó al de plataformas, y el producto escaso, con valor de mercado, es la performance en vivo. La música grabada dejó de pagar las cuentas.

Unos días atrás, me encontré con una entrevista a Riki Musso, en la que le preguntaban si volvería el Cuarteto de Nos con la formación original y su respuesta fue: «¿Para qué? ¿Para cantar las mismas canciones? Es como ir a ver a Palito Ortega. ¿Por qué no escuchan la música que hago ahora?». Lo que pasa es que no queremos música nueva, Riki. Y menos grabada, no hay tiempo para escuchar un disco. Queremos al cuarteto de nuestros 18 años, volver a ese lugar feliz, y por esa experiencia estamos dispuestos a pagar un montón de plata. Y ya que lo nombrás, también queremos a Palito Ortega. Y mejor aún, a todo el Club del Clan, que viene al caso, porque, justamente, la canción de Serú seguía diciendo: «¿Te acuerdas del Club del Clan/ y la sonrisa de Jolly Land?».

Medio siglo después, viene Palito Ortega y llena un teatro, tal vez con parte del mismo público que luego irá a ver a Serú Girán (y también al Cuarteto original, si fueras un poco más razonable, Riki).

En X hay una cuenta llamada África de Toto en Aspen. En la descripción aclara que se trata de un bot que avisa cada vez que suena el clásico tema de 1982 en esa FM de Buenos Aires. Un par de veces por día, publica mensajes como los siguientes: «1 de la trasnoche, 58 minutos, suena África de Toto. Estás en Aspen 102.3», «Sábado gris. La angustia existencial es eso que sentís entre el momento en que termina África de Toto en Aspen y el instante en que vuelve a sonar. 24 horas y sumando».

Que no suene «África» en Aspen durante 24 horas es una anomalía. Y, bajo esa misma lógica, sería extraño que una banda como Serú Girán desapareciera definitivamente. Durante décadas, la disolución de una banda significaba que la historia seguía. El grupo quedaba atrás, convertido en una memoria, una discografía. Ya era parte del mar, como decía la canción. La lógica contemporánea parece ser: si algo fue importante, tiene que volver a como dé lugar. No se me escapa el hecho de que, a partir de 1960 y en el espacio de cuatro décadas, el rock y el pop alcanzaron un volumen tal que no se hace fácil salir de su campo gravitacional. Muchos cambios sociales, culturales y tecnológicos coincidieron en un período relativamente breve, pero el impulso que provocaron parece agotado. Seguimos entonces orbitando las mismas estrellas, o el espacio que dejaron al apagarse.

* * *

Dicho todo esto, creo que Serú Girán es la banda más interesante e innovadora que dio el rock argentino. Su vuelta, aún parcial, resulta en un show muy digno y emotivo. Debería, pues, alegrarme, pero tengo la sensación incómoda de que regresa algo por lo que ya hice un duelo, como si me encontrara con un familiar fallecido mucho tiempo atrás.

La canción de la que hablábamos al principio sigue diciendo: «Qué bueno estar en la playa cuando se han ido/ los que tapan toda la arena con celofán./ Recordar las estrellas que hemos perdido/ y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir».

Recordar las estrellas que hemos perdido. ¿Se puede recordar sin primero aceptar la pérdida? Me pregunto si, en esta urgencia contemporánea por revivirlo todo, habremos abolido el derecho al duelo.

¿Cuántos futuros hemos dejado de imaginar, cuántas músicas nunca llegaremos a escuchar, por empeñarnos en obligar a los que ya eran parte del mar a caminar otra vez entre nosotros, convirtiendo el presente en un parque temático de nuestra juventud?

En 1968, el gobierno de Jorge Pacheco prohibió la exhibición en Uruguay de La batalla de Argel. Tras tres semanas de éxito de taquilla, fue proyectada en privado para un grupo de jefes policiales que, luego de ver la cinta, decidieron que «incitaba al desorden». Aquello provocó protestas generalizadas y hasta El País denunció «la censura ideológica». Además de una obra maestra del cine, La batalla de Argel es un documento fundamental sobre la descolonización y la contrainsurgencia. En ella se muestran varios actos de ataques letales a civiles por el Frente Nacional de Liberación argelino, no sin cierto tono heroico y celebratorio, cuando la herida todavía estaba muy fresca.

La gran Palestina no tiene ese tono. Su director y su productor no integran Hamás. Su distribución no está a cargo de Hamás. Pero tampoco hay en ella una glorificación de Hamás o un enaltecimiento de sus acciones del 7 de octubre, como se puede comprobar al ver la película. Nada de esto importó a nuestros legisladores, porque, a diferencia de los policías de Pacheco, ellos ni siquiera vieron lo que exigieron censurar. El País felicitó, el viernes pasado, a los censores por impedir «una promoción explícita del accionar terrorista».

No hace falta mirar un documental para proteger su exhibición entre adultos en la universidad. Pero clamar por su censura, y celebrarla como un triunfo, cuando ni siquiera se conoce su contenido, es toda una declaración de principios. Esta columna no busca explicar a nuestros legisladores cómo funcionan la libertad de pensamiento y de expresión. Lo saben bien, o al menos eso nos quieren hacer creer cuando nos hablan de Irán, Cuba y Venezuela.

La aparición de uniformados de Hamás en un afiche ofende la sensibilidad de algunos uruguayos. ¿A cuántos ofenden las acrobacias retóricas que hacen en nuestros medios los voceros israelíes para justificar el asesinato de niños y el bombardeo de hospitales? Debemos discrepar con el furor woke de Schipani, Sotelo y Da Silva y con la sensibilidad de cristal de Bianchi. La ofensa no parece un criterio democrático sano para censurar una película.

Hamás no está en ninguna lista de organizaciones terroristas reconocida por Uruguay. Pero si la película tuvo aportes de sus combatientes –aunque sean los de dos fotógrafos, en un equipo de producción de decenas de civiles, durante solo algunos minutos de metraje–, ¿no será precisamente eso digno de interés? Dada nuestra dieta mediática casi cotidiana de entrevistas a Roni Kaplan y comunicados de la embajada de Israel y la B’nai B’rith, acceder a un material que tenga aportes de «la otra campana» es valioso de por sí. ¿Acaso no cuenta con la «colaboración» de Israel la mayor parte de lo informado en Uruguay sobre Oriente Medio, fruto muchas veces de viajes organizados por la parte interesada?

Los legisladores que dicen haber logrado la censura «fueron avisados de esto a través de un mensaje de la embajada de Israel, agradeciendo por haberse manifestado en contra», informa El País. Vienen de haber participado de recientes tours de propaganda y reuniones en Israel, pagos por esa embajada. El diario que celebra la censura es dirigido por el ganador más reciente del premio a la militancia que dan la Organización Sionista del Uruguay y la alcaldía de la ciudad ocupada de Jerusalén.

Me permito una hipótesis. No son los crímenes de Hamás lo que asusta a los censores. Lo que tocó una fibra hipersensible fue que esta película se anuncia como un documental en el que los propios palestinos registran el genocidio del que son víctimas. No sería la primera vez. La senadora Bianchi acusó a Brecha de «estar defendiendo al terrorismo, como siempre», cuando entrevistamos al civil palestino Ayman Abusharekh y contamos que Israel le mató 33 familiares, incluidas mujeres y niños.

El lobby que operó en la censura de esta película no puede tolerar la voz palestina, la voz que le recuerda los crímenes del sionismo. Si no es esta la causa, ¿a qué se debe la elección de tantos medios uruguayos de dar voz solo a israelíes, civiles y militares, pero nunca entrevistar a un civil palestino, mucho menos a un militar? ¿Por qué las únicas historias de vida que merecen tiempo al aire son las de víctimas israelíes, pero nunca palestinas?

El lobby no son «los judíos». Nuestra comunidad judía tiene una hermosa diversidad de convicciones. En ella están Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio en Palestina y una infinidad de otros judíos uruguayos que no se sienten representados por las posiciones del lobby. Este es un grupo pequeño de personas de variada ascendencia y religión, como nos demuestran dirigentes políticos y mediáticos de muy cristiana estirpe, todos esforzados militantes. Es la red de vínculos que esta minoría teje entre sí y con las embajadas de Israel y Estados Unidos la que ha mantenido un monopolio del discurso local sobre Oriente Medio. Allí, Israel viene de matar a 250 periodistas en Gaza y a 15 en Líbano. En Uruguay, su influencia adopta formas de censura y de persecución laboral cada vez menos sutiles.

Los comunicadores deberíamos señalar estas presiones indebidas a nuestra labor y a la autonomía universitaria, su incidencia política, su desprecio por la libertad de expresión. Evitar nombrar el genocidio, evitar nombrar al lobby, cuando su existencia es obvia para todos, es dañino para la comunidad judía y para la democracia. Callar su existencia y sus métodos solo alimentará las teorías conspirativas sobre su alcance y confirmará la versión de que el lobby «controla a los medios y a los políticos».

Cuando todo termine, «cuando no entrañe riesgo alguno, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades», como recuerda nuestro colega Omar el Akkad, todo el mundo habrá querido estar siempre en contra de la masacre de 20 mil niños, del apartheid, de la estúpida e interesada complicidad. Cuando todo termine, la cobardía y el silencio no habrán valido nada.

La normativa, aprobada como símbolo del avance regulatorio en el marco de la lucha contra el lavado de activos, rige también para las declaraciones juradas de las campañas electorales, aunque estos documentos todavía están bajo la evaluación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que asiste a la CE en la revisión de la documentación. También serán analizadas por la Corte las infracciones de los partidos y los canales de televisión sobre el capítulo de la publicidad electoral, que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ya identificó, pero cuyas eventuales sanciones aún no se han dispuesto (véase «Letra muerta», Brecha, 23-I-26).

El proceso de auditoría del financiamiento permanente de los partidos identificó omisiones por parte de todas las fuerzas políticas y reabrió la discusión sobre eventuales modificaciones a la normativa, en pos de mejorar los procesos y apuntar a una legislación que efectivamente mejore la prevención de prácticas ilícitas en lo que respecta a las finanzas partidarias.

INCUMPLIMIENTOS

En términos generales, los partidos políticos violaron más o menos los mismos artículos de la ley. Uno de ellos fue el 51 –incumplido por todos–, que los obliga a tener un registro contable a través de «libros de contabilidad, y de donaciones y contribuciones autenticados por la Corte Electoral». También se incumplió el requisito que encomienda a los partidos a designar a un «oficial de cumplimiento», encargado de la supervisión y control de los procedimientos internos para prevenir el «lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva». La auditoría constató que este último requisito lo cumplieron solamente el Frente Amplio y Cabildo Abierto. En tanto, Identidad Soberana incumplió un tercer aspecto de la normativa, ya que superó la contribución mensual que pueden hacer al partido las personas afiliadas que ocupan cargos electivos y políticos –de un 15 por ciento de la retribución líquida.

Pero el aspecto más llamativo de los estados contables de los partidos estuvo en el Partido Colorado (PC), que no presentó «los registros contables que resumen los estados financieros del partido», según el TCR, por lo que «no fue posible obtener evidencias de auditoría suficiente». Por tanto, el órgano emitió en su caso un «dictamen de abstención de opinión». En diálogo con Brecha, el presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, dijo que el órgano se comunicó y pidió a los partidos ampliar la información necesaria para completar los procesos de auditoría, pero explicó que, como meros auxiliares de la Corte Electoral para esa tarea, no les corresponde a ellos las consideraciones vinculadas a sanciones ni multas.

Por su parte, el directorio de la Corte aprobó por unanimidad todos los informes de auditoría de los partidos políticos excepto el de los colorados, que no fue votado por el ministro Pablo Klappenbach, quien consideró que la omisión debería haber motivado la discusión de eventuales sanciones a la fuerza política, según explicó en diálogo con el semanario.

Consultado al respecto, el presidente de la CE, Wilfredo Penco, dijo a este semanario que se siguen «estudiando eventuales sanciones» sin perjuicio de la aprobación de las auditorías. Además, indicó que los técnicos del TCR emitieron una serie de recomendaciones a cada partido político para que mejoren sus mecanismos de registro y entrega de información para instancias siguientes. Sin embargo, indicó que no se solicitó al PC que entregue los registros contables no presentados. Brecha se comunicó con el secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, quien indicó que el contador del partido está «trabajando el tema», pero se abstuvo de hacer declaraciones al respecto.

ELEFANTE EN LA HABITACIÓN

En términos generales, los organismos involucrados evaluaron positivamente la aplicación de la nueva normativa de declaraciones de ingresos, aunque reconocieron que la ley «necesita modificaciones». Como ya lo había anunciado en diálogos anteriores con este semanario, Penco reiteró que la idea es que los organismos se reúnan para intercambiar sobre el proceso para eventualmente presentar, en conjunto, propuestas de modificaciones. En ese sentido, un aspecto a revisar es el plazo que tienen los partidos para presentar la documentación solicitada y el que tienen los organismos para su revisión y publicación.

En diálogo con Brecha, el doctor en Ciencias Políticas Rafael Piñeiro, que ha estudiado de cerca el financiamiento político, consideró que de esta primera experiencia de aplicación de la nueva ley debería surgir una reflexión interinstitucional con respecto a cuál es la finalidad de los controles y qué aspectos le interesa monitorear al Estado.

«Primero hay que entender que se audita el financiamiento permanente de los partidos políticos porque la legislación establece un subsidio, con fondos públicos, para quienes tienen representación parlamentaria. Entonces, es relevante para el Estado saber en qué se gastan esos fondos públicos», explicó. En este sentido, consideró que las faltas que los partidos cometieron en esta oportunidad parecen referir más a una cuestión de «formas», pero «no tienen nada que ver con aspectos sustantivos». En ese sentido, se preguntó cuán relevante es que los partidos cuenten con un libro contable, o con un oficial de cumplimiento, y consideró que primero habría que pensar en «cuáles son las prácticas que el Estado quiere estimular, cuáles quiere disuadir y, para esto, qué aspectos le interesa controlar». A su entender, «esta reflexión ha estado completamente ausente en las formas de discusión de estas normativas».

Piñeiro tomó el caso del PC como ejemplo para evaluar la ley vigente. Según explicó, el procedimiento del registro contable es «costoso y requiere de una capacidad burocrática y técnica, que, si no se registró orgánicamente en su momento, luego será más caro aún reconstruir». Entonces, a la hora de declarar, «también hay una valoración de cuán importante es cumplir con esa obligación», por lo que, si es algo que no tiene sanciones, o si las multas son de bajo costo, podría optarse por esa opción. En este caso, se preguntó si no sería pertinente «suspenderle el financiamiento permanente al partido hasta tanto no presente la información solicitada», aunque en términos generales consideró que él preferiría «menos controles de forma, que complican el funcionamiento interno de los partidos políticos, y priorizar asuntos más relevantes».

Si la supervisión de los fondos busca evitar el lavado de activos, no es suficiente con controlar lo que los partidos declaran, analizó, ya que los eventuales «fondos malhabidos» que existan no van a estar declarados como tales en los registros contables presentados. En cambio, mencionó como un control central la revisión de las donaciones que los partidos reciban, cuáles son sus montos, rastrear que los donantes estén debidamente identificados para descartar orígenes ilícitos. Por otra parte, evaluó que es necesario pensar en controles externos que vayan más allá de lo declarado por los partidos: los actos públicos, la propaganda a través de redes sociales o mediante cartelería, o la publicidad electoral. «Si los órganos de supervisión monitorean toda esa actividad, pero en lo declarado esos gastos no figuran, ahí hay una omisión, y hay fondos no declarados», ilustró. «La estrategia de control debería estar concentrada para que no se nos pase el elefante por delante», concluyó.

—Sí, desde mi punto de vista, y el de varios otros académicos de la ecología y la biofísica, alcanzamos un proceso de expansión que está llegando a su límite. Ya existe una incapacidad biofísica de seguir expandiéndose en términos de flujos de energía y materiales. Porque, aparte, por un simple principio termodinámico, toda producción, transformación de energía y materiales produce entropía –energía de bajo valor o materiales de desecho que se exportan al sistema de donde se extraen–. Y ese proceso, que arrancó en nuestra especie en forma profunda y expansiva con la agricultura, se profundizó con la revolución industrial primero y con la Gran Aceleración después. Eso implicó cambios de matrices energéticas, biomasa, tierra, expropiación de luz solar de los cultivos y de la superficie terrestre a través de la domesticación de plantas y animales. Luego vino la extracción de carbón, después el petróleo, que es básicamente una energía solar acumulada por los ecosistemas durante millones de años y que estamos transformando de manera acelerada, a una tasa casi 10 millones de veces más rápida de la que llevó su acumulación. Por lo tanto, esa forma de vida es insostenible por definición y está llegando a su fin, claramente.

—Me resultó muy interesante esa imagen que manejás sobre los humanos como seres carroñeros que devoraron toda esa energía acumulada proveniente de otros seres vivos.

—Nosotros estamos utilizando un legado de luz solar transformada por las plantas, por los ecosistemas antiguos, en energía química, hidrocarburos básicamente. Uno podría hacer la metáfora de la carroña, porque nuestros primeros ancestros en el linaje de los homínidos, en esa interfase de frugívoros y herbívoros a omnívoros y cazadores, tuvieron probablemente una fase de aprovechamiento de los cadáveres de animales antes de especializarse en la caza. Y por eso usé esa metáfora, pero, en el fondo, nuestra civilización, nuestra infraestructura impresionante del siglo XXI, nuestras ciudades, nuestros viajes, nuestra ciencia, nuestro arte están sostenidos por esas otras vidas. El petróleo representa todo el funcionamiento guardado debajo de la corteza terrestre de ecosistemas pasados, a lo largo de millones de años y millones de hectáreas. Por lo tanto, eso en sí mismo representa una singularidad en nuestra historia energética: es algo que nunca más vamos a volver a tener. Entonces, esas esperanzas tecnológicas de energías prometedoras y limpias, que nos van a llevar a un camino de desarrollo sin provocar daño ambiental, están por fuera de la realidad biofísica del planeta.

—Hay un fuerte cuestionamiento en tus ensayos a la centralidad omnipotente que ha tomado la noción de crecimiento económico, al que describís como «un objeto de culto en sí mismo». La economía aparece como un «bucle autorreferencial» que se ha separado de su sustento material.

—Hoy en día estamos atrapados en ese discurso de que sin crecimiento nada es posible. Sin crecimiento no hay libertades, dicen los líderes políticos desde lo que llamamos derecha, y los que llamamos de izquierda dicen que sin crecimiento no es posible combatir la inequidad. Y esa es una falacia, porque ya ha llegado este momento en que el planeta está ecológicamente en ruinas y con un sistema energético que no va a seguir expandiéndose, sino que se va a ir achicando. Por tanto, ese futuro expansivo es un futuro perdido, no existe. Es una ilusión pensar que vamos a seguir creciendo porque nuestros empresarios o políticos van a generar más productividad o más trabajo: no está ocurriendo y no va a ocurrir, porque hay un límite biofísico y energético. Yo a veces le saco un poco el peso a los líderes políticos, porque simplemente son el reflejo del humor y la narrativa dominante en una sociedad. Nos dan una narrativa que nosotros estamos construyendo todos los días, pero que está muerta. Lo que viene es un mundo no de cada vez más, sino de cada vez menos: cada vez menos libertades de consumo, cada vez menos personas, cada vez menos energía, cada vez menos producción y cada vez también menos entropía –porque, al producir menos, también se exporta menos basura al ambiente–. Y ese futuro hay que trabajarlo, porque también va a ser transitorio. Al menos para mí, no existe una sociedad ideal, todo depende del tipo de energía que se tenga, cómo se transforme y hacia dónde se va; de cómo seamos capaces de construir formas civilizadas, equitativas, de habitar ese futuro más austero y con menos capacidad de generar bienes materiales. Es un desafío tremendo que no está arriba de la mesa.

—Hoy se abunda en ese latiguillo del desarrollo sostenible. Parece un anestésico, porque hay actividades absolutamente incompatibles con la vida y la salud de los ecosistemas y, por tanto, con la nuestra.

—Desarrollarse, crecer, expandirse, crear sociedades con más bienes materiales, más estructuradas, con más servicios, con mejor salud, con mejor educación tiene un costo. Esa energía que hay que transformar implica un costo para los ecosistemas, que es de donde extraemos esos materiales y esa energía. Por lo tanto, esas dos palabras son como un oxímoron: no puede haber crecimiento y que sea sostenible. Todo crecimiento, todo desarrollo, per se es insostenible. La pregunta es cómo logramos condiciones dignas de vida en una sociedad con la menor cantidad posible de daño o de exportación de entropía al sistema natural que nos permite seguir viviendo, tener un clima estable, agua, suelos, comida, bienes materiales y habitabilidad.

—Otra cosa que atraviesa tu relato es cómo los extractivismos han afectado las ruralidades, causando también permanentes migraciones internas con manchas urbanas que se expanden.

—Esta tendencia a la urbanización es una tendencia mundial. Ya cerca del 60 por ciento de la población global es urbana, cuando 70 años atrás el porcentaje era la mitad. La única forma de vivir en ciudades es con un flujo de energía que permita subsidiar la producción de alimentos a través de maquinaria y tecnología para que la gente deje de producir alimentos, los consuma y haga otras cosas. Una ciudad es como una especie de pozo energético, un succionador de energía y materiales

—En Uruguay hay estudios que ya muestran esa pérdida de tejidos rurales por efecto de los monocultivos forestales y sojeros. Además, esos modelos intensivos están amenazando el principal ecosistema de nuestra región: el bioma de los pastizales naturales.

—Yo soy de la idea de que en Uruguay la única salida posible para tener una vida digna es a través del pastizal. Y hablo del pastizal del Río de la Plata, un ecosistema madre que tenemos en común con el sur de Brasil y con parte de la mesopotamia y de la pampa húmeda de Argentina. El pastizal es el centro organizador de nuestra convivencia, y cuando digo nuestra involucro a humanos y no humanos en esas reglas de convivencia. Es un ecosistema dominador y clave: sin pastizal no hay habitabilidad posible. Esas casi 1,2 millones de hectáreas forestadas en los últimos 40 años son casi un atentado de lesa humanidad contra el ecosistema más importante del Uruguay. Y toda esta idea del cambio del uso del suelo para una actividad que generaría crecimiento, divisas y trabajo en ningún momento pone en la ecuación cuánto de eso va a ocurrir realmente, cuando tenés una inversión de capitales extranjeros que va a sacar producción y va a dejar la basura en la casa –hablo de entropía, deterioro de los suelos, la pérdida del ecosistema clave, porque, en el fondo, estás matando 1,2 millones de hectáreas de pastizal por plantaciones forestales, y ni que hablar de las diferencias de evapotranspiración y cómo eso repercute en la pérdida de agua potable–. Y, como plantea Daniel Pena en su tesis, también está esa pérdida de estructura de las comunidades rurales que nadie pone en la balanza. Eso se puede replicar a otras actividades, como los monocultivos de soja y otras actividades agrícolas industriales.

—Estuviste también entre los científicos que redactó un documento presentado por colectivos que buscaron frenar la nueva ronda de prospecciones de petróleo y gas en el mar uruguayo. En particular, planteás que hay una falta de timing en Uruguay al incurrir de nuevo en esta práctica.

—Sí, tenemos esa narrativa en Uruguay desde que yo era niño. Se piensa que si encontramos petróleo todo va a ser diferente, y no es así, porque hay un timing termodinámico en el momento en el cual se encuentra petróleo. Hay un tema lógico en la explotación del petróleo: primero se sacan las frutas de las ramas más bajas, los pozos de alto rendimiento. Esto alude a la relación entre los barriles de petróleo que se invierten para la extracción contra los que se obtienen libres para trabajo, para hacer cosas. En 1920 o 1930 en Texas, la relación era de 1 a 100: un petrolero texano invertía un barril y sacaba 100 libres. Eso ha venido declinando, sobre todo después de 1960, hasta llegar a los estándares de hoy, que son de 1 a 13. Las petroleras están trabajando ahí en el margen ya. Pero, además, el mundo en 1960 tenía 3.000 millones de personas y la Gran Aceleración estaba en plena trayectoria expansiva, en personas, bienes, servicios, maquinaria, autos, fabricación de automóviles, aviones, carreteras, edificios, ciudades. Encontrar petróleo ahí era encontrar el tesoro de la familia y eso fue lo que le pasó a Noruega, que aparte lo gestionó de una forma bien diferente a otras sociedades, con una planificación en el largo plazo. Si encontráramos yacimientos serían más difíciles de extraer. Pero, aparte, estaríamos encontrando petróleo en un mundo con más de 8.000 millones de personas, con ese sistema que está desacelerando. Las perspectivas de que eso nos pueda servir para algo son muy menores. Lo encontramos tarde, si lo encontramos, y, lo que es peor, para esa esperanza de encontrarlo se está haciendo una exploración sin tener la más mínima idea, por más que el gobierno diga otra cosa, de los efectos que vamos a provocar en el sistema marino.

—Por otro lado, está el boom de las energías «verdes» y el megaproyecto de hidrógeno en Paysandú.

—Son como manotazos. Es una ilusión pensar que esas formas de energía van a sustituir a los combustibles fósiles y nos van a permitir seguir haciendo las cosas de la misma manera. O pensar que no tienen impacto, porque supuestamente tienen la marca en el orillo de renovables. Hay que distinguir muy bien en lo conceptual: la fuente de energía puede ser renovable –solar, eólica o hidráulica–, pero no necesariamente lo es el sistema de transformación para convertirla en energía útil para actividades humanas. Y no es sostenible por definición, porque implica un uso de materiales, superficie terrestre y energía de otro tipo para construir, instalar y hacer funcionar esos sistemas de transformación de energía. Todos usan superficie –los paneles solares y los parques eólicos– que deja de ser usada para otras cosas y, por lo tanto, usan materiales que tienen que ser después desechados o reciclados. Hay también una producción de esos materiales que per se tampoco es sostenible, porque implica minería y, en la mayoría de esos procesos, el uso de combustibles fósiles para toda esa infraestructura. La fuente de energía puede ser renovable, pero eso no quiere decir que tenga una ecuación útil en términos de lograr captar más energía de la que se invierte, que es el proceso básico para que haya vida. Además, para poder acumular esa energía solar en hidrógeno hay que usar agua y romper moléculas, lo que implica invertir energía para poder transformar ese vector en algo que se pueda usar. Y, hasta ahora, esa inversión, por lo que yo he visto, es mayor a la energía que se obtiene; por lo tanto, es un proceso termodinámico con un saldo negativo.

Pero todo el mundo piensa que podremos hacer lo mismo con esas transformaciones de energía a partir de fuentes renovables, cuando es como pasar de una dieta hiperproteica que te permite ser un atleta de alto rendimiento a una con ayuno intermitente y basada en fibra. Hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer sí o sí y eso no está en el discurso de las energías. No aparece cómo vamos a tener que vivir. Probablemente vamos a tener que volver a muchas de esas formas de energía, pero eso implica una transformación en la forma de producir y consumir.

—En tus trabajos subyace siempre la dimensión política y la cuestión de las democracias modernas. Sobre todo, cómo ese abuso de los límites planetarios expulsa comunidades –humanas y no humanas–, con fenómenos migratorios y sociales que tensan los sistemas de representación.

—Sí, trato de enfatizar la relación entre democracia y energía. La forma de sostener un sistema político basado en la equidad de opiniones y en la equidad de distribución de esa energía tiene una relación con lo que llamamos democracias modernas liberales. En el fondo, uno pone representantes para tomar decisiones, pero uno tiene cero forma de tener algún tipo de poder sobre la distribución y las transformaciones de energía. Cero. Entonces, desde mi punto de vista, ahí ya no hay democracia. Hay una especie de juego de roles, pero en las decisiones sobre las cosas importantes –la forma en la cual transformamos y distribuimos energía–, no tenemos ninguna incidencia. Las sociedades realmente equitativas son aquellas en las cuales la población tiene mecanismos para controlar, distribuir y decidir cómo se transforma y se distribuye la energía. El historiador Timothy Mitchell dice que las democracias modernas nacieron con el carbón y murieron con el petróleo, porque el carbón permitía a los trabajadores de las minas, los ferrocarriles y los puertos controlar el flujo de energía que llegaba a los centros de consumo, que básicamente eran las industrias metalúrgicas y textiles del Imperio británico del siglo XIX. La materialidad del carbón necesitaba de mucho trabajo humano y permitió forjar las incipientes democracias liberales del siglo XX. Pero el petróleo destruyó todo eso, porque, por su propia materialidad, es un fluido que sale por presión y no necesita tanta incorporación de personas en el flujo de producción. Esa energía dominante de la Gran Aceleración escapó del control de los trabajadores y las personas.

Es muy importante entender, ante nuevas formas de transformación de energía inevitables –solar, eólica, hidroeléctrica–, que sin control democrático de esos procesos no hay democracias posibles. Sin mecanismos explícitos de control, algunas materialidades son más difíciles de controlar y nos llevan a lo que tenemos hoy: un mundo tremendamente desigual, donde un 0,1 por ciento de la población mundial controla casi el 80 por ciento del flujo de energía.

—¿Cómo surgió la idea de hacer esta trilogía?

—El 7 de octubre, cuando sucedieron también estos atroces hechos en Israel, me llamaron la atención como a cualquier ciudadano que está más o menos informado. Solo que en mi caso esa información me llegaba mayormente desde la perspectiva israelí, que es como nos llegan las noticias por los medios occidentales. Entonces decidí profundizar en el tema y al hacerlo me encontré con autores muy interesantes, que son judíos. Uno de ellos incluso es israelí, Ilan Pappé, catedrático de Historia en Inglaterra, y el otro, también docente, pero en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es Norman Finkelstein. A través de ellos comencé a profundizar en el tema desde la perspectiva que ahora me doy cuenta es la correcta. Al tomar contacto con toda esta historia comenzó a nacer en mí esta inquietud de hacer algo en lo que yo me dedico, que es el cine. Entonces, busqué el modo de ponerme en contacto directamente con personas en Palestina y a través de Instagram contacté a un fotoperiodista de guerra que trabajaba como corresponsal de una cadena televisiva china en Rafah, Mahmoud Zaqout. Y me mencionó que él no tenía experiencia en cine ni en documental, sino simplemente como reportero, que es un mecanismo de trabajo diferente. Le dije que no se preocupara de ese aspecto, que, si estaba dispuesto, yo me encargaba. Allí comenzamos una comunicación prácticamente unos dos meses después del 7 de octubre y comencé a enviarle información de cómo es hacer un documental. Así se inició el proceso. Luego llegué a la conclusión de que yo tenía que viajar al lugar. Al inicio me lo planteé de un modo ingenuo, creyendo que iba a poder entrar. Así que viajé a Egipto, a El Cairo, y lo intenté. Al menos tres veces intenté entrar a Palestina a través de Rafah. Obviamente, fue algo imposible y por eso me quedé en Egipto.

—¿Por qué fue imposible?

—Porque no lo permite Israel. Israel no permite entrar desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre. El Ejército israelí mantiene cerrados todos los accesos a Palestina. Y peor cuando avisas que vas a hacer algún tipo de tarea informativa, y ya no digamos un documental. Los medios tienen prohibida la entrada a Palestina. Ya va camino a cumplir tres años así. Es decir, toda la información que nos llega a Occidente es a través de periodistas palestinos exclusivamente y eso no tiene la difusión que tienen los medios occidentales. Ahí ya vemos la manipulación. Tenemos la perspectiva occidental, la que se difunde en los grandes medios masivos, y difícilmente tenemos la información directa, a excepción obviamente de las redes, que es donde los propios palestinos pueden transmitir casi en tiempo real todas estas atrocidades.

—Tanto en Uruguay como en Argentina tenemos políticos de primer orden que afirman que esta película no debe exhibirse en espacios públicos ni académicos porque fue hecha por Hamás o con la participación de Hamás en la producción.

—Eso es inexacto. Desde el primer documental de la trilogía, que es Gaza, la franja del exterminio, intenté entrar en contacto con Hamás. Mahmoud Zaqout, que es mi persona de confianza en Gaza, me dijo: «No, es imposible, olvídalo. No es factible eso». Y, efectivamente, no lo logré, y Mahmoud Zaqout tampoco. Así que hicimos el primer documental y luego comenzamos a hacer el segundo, que es este, La gran Palestina. Ahí ya ampliamos el círculo de contactos dentro de Palestina. Finalmente, a través de estas nuevas personas fue que entramos en contacto, pero no con la organización Hamás, que eso quede claro. Entramos en contacto con dos combatientes de Hamás, gente que está ahí jugándose la vida frente al quinto ejército más poderoso del planeta. Son esas dos personas de Hamás las que colaboraron con el documental, pero no la organización Hamás. Es claro que hay que abordar el tema desde todas las perspectivas. A mí no me interesa hacer un panfleto a favor o en contra de nada. Como documentalista, tengo que ser muy objetivo con cualquier tema que aborde y esta no fue la excepción. Para tener la perspectiva completa, me pareció y me parece muy importante que haya esta participación. Y me siento muy orgulloso de haber logrado la participación de estos dos luchadores por la libertad de su tierra.

—Estos dos combatientes ¿son parte de un equipo de cuántos colaboradores palestinos que hay en total en esta película?

—Hay mucho material de personas civiles a través del registro de imágenes con sus teléfonos. A todos se les pidió autorización, a ellos o sus familias, pero es una cantidad impresionante de civiles que colaboraron. Los fotógrafos profesionales que participaron son 12 y todos tienen sus créditos al final del documental. Y de ellos, dos son fotógrafos de Hamás. Esa es la participación de estos dos combatientes. Incluso ni siquiera portan armas, son parte de la organización que va registrando lo que sucede a un nivel profesional fotográfico, obviamente desde la perspectiva de Hamás. Para quienquiera que vea el documental completo, son muy evidentes cuáles son las partes que pertenecen a los dos fotógrafos de Hamás, porque a través de ellos es el único modo posible de acceder a esas imágenes. Cualquier persona puede identificarlo claramente, y se refieren más que nada a la entrega de rehenes israelíes.

—Al comienzo te referías a lo sucedido en Israel el 7 de octubre como una atrocidad. ¿Cómo valorás como documentalista incluir en tu trabajo aportes de personas que vienen de la organización implicada en esos hechos?

—Mi centro como persona y como cineasta es el humanismo. No pertenezco a ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha ni de centro. Trato de ser lo más veraz posible. Entonces, si Hamás comete un acto violento con víctimas, por supuesto que estoy en contra. Es tan atroz como lo otro. Puedo entender de dónde viene esa violencia, puedo entender que hay un hartazgo, que son casi 80 años de vivir bajo el yugo de Israel y que eso iba a explotar. Pero no lo puedo aceptar. Si yo hiciera un documental de ese hecho atroz, lo abordaría del mismo modo, del lado de las víctimas. Pero, repito, eso ya lo han abordado otros. Y en muchos casos con muchísimo sesgo, incluso a veces con mucha mentira y manipulación. Yo estoy ocupado con el otro lado. Para que cada quien saque su conclusión poniendo todos los hechos en la balanza, no uno solamente, sino todos los hechos. Ha habido muchas personas judías aquí en México que han visto mis películas. Después de ver mi documental, les ha aportado elementos para ver el asunto de forma diferente. Para mí eso es muy importante, que la gente vea el documental y después de verlo que valore su postura, que saque sus conclusiones.

Entre lo grabado por civiles no profesionales hay un video especial. El de un rescatista, que aparece al final del documental. Él se grabó yendo con sus compañeros a un rescate tras recibir un llamado de socorro y allí fueron asesinados. La filmación es en tiempo real, desde su perspectiva. Todo el documental es cien por ciento desde la perspectiva del palestino.

—Ese registro que aparece al final, muy impactante, es el del asesinato de 15 trabajadores humanitarios: ocho miembros de la Media Luna Roja palestina, cinco de la defensa civil y un empleado de la ONU. Esa filmación ha sido tomada por agencias de la ONU y otros cuerpos legales internacionales como prueba de crímenes de guerra cometidos por Israel.

—Exacto. Cuando sucedió esa masacre y los rescatistas desaparecieron, la versión de Israel fue que había atacado personas en esa área porque hacían movimientos sospechosos, no portaban las luces de ambulancia y no se identificaban como rescatistas. Pero luego los rescatistas aparecieron en una fosa común, enterrados junto con las ambulancias, y al recuperar sus cuerpos se encontró
 en el bolsillo de un rescatista de 19 años su teléfono con todo el episodio filmado. Y así fue cómo surgió esta prueba contundente del engaño de parte de Israel. Costó mucho trabajo conseguir el video completo, porque hay muchos fragmentos en internet, pero en el documental está la grabación completa como epílogo, porque es la síntesis de lo que está sufriendo todo palestino, del engaño.

—¿A qué se debe tu decisión de, en estos dos documentales, tener testimonios directos de palestinos, filmaciones realizadas por los propios habitantes de Gaza, pero no tener filmaciones realizadas por Israel, por civiles israelíes o por el Ejército de Israel?

—Es muy sencillo. Toda la versión de Israel, del Ejército de Israel, de las autoridades y los medios de Israel son versiones que corren por todo el mundo en los grandes medios occidentales. En muchos casos, es la única versión que llega a nosotros y difícilmente tenemos la voz palestina. No tenemos, salvando las redes, un acceso de modo profesional a la narrativa del otro lado. Y creo que es necesario conocer también este lado de la historia, el testimonio de la gente de Gaza.

—Tu respuesta me recuerda la frase, muy conocida, del intelectual palestino Edward Said que decía que en Occidente los palestinos tienen que pedir permiso para narrar su propia historia, porque no se los considera narradores legítimos de su propia experiencia.

—Exacto, es así. Yo recomiendo a todos ver el documental completo. Y ahora que mencionas a Said, quiero recordar que en el documental también está la colaboración de un gran poeta palestino, Marwan Makhoul, que colaboró con un poema completo que está allí acompañando el recorrido de los refugiados, más de 300 mil refugiados que estaban del lado de Rafah cuando llegó el supuesto cese el fuego y regresaron, mayormente a pie, a la ciudad de Gaza.

—¿Qué pensás de la reacción que ha despertado la proyección de tu película en el gobierno argentino y entre algunos políticos uruguayos, que la han tratado como propaganda terrorista?

—Pues, es natural. Javier Milei se ha autoproclamado «el presidente más sionista del mundo». Imagina qué puede opinar un personaje como él de un documental como el mío, es natural… Este documental lo que está haciendo es desenmascarar, aclarar, la postura de estos políticos sionistas que apoyan el genocidio. La lucha por la verdad es una lucha que hay que mantener y quienes creemos en ella desde un punto de vista humanista no debemos bajar la guardia, no tenemos que dejar amedrentarnos por estos políticos y mandatarios sionistas. Al contrario, debemos demostrar más determinación en hacer llegar la verdad de los palestinos.

—¿Cómo ha sido la recepción de estos dos documentales sobre Palestina en tu país, México?

—Excelente. Los dos documentales fueron estrenados en el lugar que yo considero más importante para este tipo de cine, que es la Cineteca Nacional. Ahí estuvieron los dos documentales por varias semanas. Todas mis películas, unas nueve o diez, ya han sido estrenadas allí. Estas dos han sido muy bien recibidas y he sido invitado a varios estados y recibido muchas solicitudes de proyección, sobre todo de universidades, el otro lugar natural para este tipo de cine. También de la Universidad Cornell, de Nueva York, y otras universidades estadounidenses. Ahora estamos realizando la tercera parte de la trilogía de Gaza, que esperamos tenerla para finales de año.

En un momento en que se están disputando y desarticulando las políticas de memoria sobre la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado en la región y se impulsan acciones para revisar los parámetros de responsabilidad estatal por el uso de violencia, es importante no perder de vista lo que ocurre en el ámbito local. Mirar estos procesos de justicia transicional a escala local en comunidades del interior del país permite reconocer avances en las luchas por verdad, memoria, justicia y reparación, aun cuando hayan pasado 52 años de los hechos vulneratorios de los derechos humanos.

En los últimos años, se avanzó en la organización de grupos locales, la construcción de memoriales y el acceso a la justicia en pequeñas comunidades del interior del país donde la violencia del Estado entre 1968 y 1985 destruyó el tejido social e instaló culturas en las que el miedo, la sospecha y la delación se habían convertido en experiencias cotidianas. La coordinación Interiores en Red ha permitido desde 2017 potenciar sus esfuerzos por conseguir justicia. Los casos relacionados con el centro clandestino de detención Los Vagones en Canelones en 2022, por tortura y privación de libertad contra militantes de la Unión de Juventudes Comunistas en San José en 2023 y por torturas cometidas contra vecinos de San Javier en Río Negro en 2025 dan muestra de los diferentes tiempos de estos procesos a diferentes escalas, pero también de la fuerza de las organizaciones comunitarias. La ola del negacionismo a nivel global y regional no coincide con los avances en la búsqueda de acceso a la justicia a través de juicios orales y públicos en el interior de Uruguay.

El mapa de las luchas populares pasa por Bella Unión hoy al igual que ayer. Hacia fines de los años sesenta la organización de trabajadores cañeros (UTAA) y quienes se sumaron a la lucha revolucionaria fueron reprimidos brutalmente por el gobierno autoritario, sufriendo asesinatos, tortura, prisión, violencia sexual y desaparición. El trabajo de la comunidad organizada y redes de solidaridad permitieron resistir ese embate ayer, y ahora permiten sostener las luchas para lograr trabajo digno, educación, vivienda, salud y terminar con la impunidad.

En 2013, a partir de las leyes de memoria, se conformó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión para recordar a los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado oriundos del lugar. Esta organización comunitaria de derechos humanos surgida de manera autoconvocada investigó, recogió testimonios y publicó el libro Aportes a la construcción de la memoria colectiva (2020), que sirvió de insumo para presentar la denuncia penal que derivó en la formalización de dos exjerarcas de las Fuerzas Conjuntas que operaban en el Regimiento de Caballería 10, Abayubá Burlón y Héctor Varela.

Este viernes 7 de agosto, una semana después de la inesperada muerte de Nicolás Colacho Esteves –viejo líder de UTAA y referente del grupo de Verdad y Justicia de Bella Unión que impulsó la denuncia penal de la causa Cuello y otros–, se escucharon los testimonios de cinco víctimas de tortura detenidas en 1972. Ruben Santana, Ricardo Salsamendi y Edgar Itte González se conectaron desde Europa, a donde llegaron como refugiados durante la dictadura. José Ignacio Moreira y Eomar Díaz (Chiquiño) se hicieron presentes en la audiencia del juzgado de Bella Unión.

Los testimoniantes de la audiencia del 7 de agosto relataron que, luego de encapucharlos, los golpearon con los puños y, al llegar a la caballeriza del Cuartel 10.^o de Caballería en Bella Unión, siguieron los golpes, la picana, el caballete, el colgamiento de los pies para el submarino, entre otras modalidades de tortura.¹ Los testimonios dan cuenta del uso de la violencia y la tortura de forma sistemática. El Estado que torturó a miles de detenidos durante esta etapa siniestra de Uruguay es el mismo Estado que aún está en deuda con los miles de afectados por su actuación ilegítima y de terror durante esos años.

En 2014, el entonces relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, señalaba en el informe sobre su visita a Uruguay que se «hizo uso de la fortaleza de las instituciones para aplicar un terrorismo de Estado que conllevó la persecución de opositores políticos y personas opuestas al régimen, detenciones arbitrarias masivas y el uso sistemático de la tortura (con la mayor población per cápita de detenidos y personas torturadas de las dictaduras del Cono Sur)». ¿Por qué desplegar este nivel de violencia en una pequeña comunidad del norte del país? Como dijo Colacho, recordando a víctimas del terrorismo de Estado en Bella Unión en una exhibición de fotografías de Juan Ángel Urruzola que organizamos en 2024, «todos fueron perseguidos por algo, porque asumieron una idea de lucha y de transformación de la realidad que los llevó a oponerse a las ideas dominantes de Uruguay». Esa violencia del Estado buscó reprimir la organización social y defender intereses económicos, así como generar un grado de terror que atravesó la sociedad toda. Sin embargo, como demuestra este juicio, todavía se mantiene en la comunidad la tradición de organización social y lucha por la defensa de una vida digna.

Colacho Esteves simboliza este legado de luchadores sociales de la zona que creen poder cambiar una realidad injusta. Por eso, quienes se reunieron frente al juzgado para acompañar a los testimoniantes y seguir el juicio en vivo recordaban también a un referente de esta lucha. Al lado de una bandera de UTAA se escuchaba una canción hecha por José Pablo el Cocha Pereira: «Hasta siempre viejo Colacho de la patria y la verdad. Tu legado es coherencia, firme en nuestra Bella Unión» y «tu lucha no muere, sigue en cada cañaveral».

Al igual que Colacho, el grupo por Verdad y Justicia de Bella Unión mantiene la coherencia en sus principios y la defensa de los derechos humanos a través de este juicio que reconoce y visibiliza a las víctimas e historiza las luchas del presente conectándolas con las del pasado. Este trabajo por memoria y justicia transmite a nuevas generaciones no solo testimonios sobre la violencia del Estado, sino también las memorias de proyectos emancipadores del pasado. El avance de la causa de Miguel Ángel Cuello y las más de 60 personas que sufrieron tortura en Bella Unión en 1972, junto con los trabajos de memoria del colectivo, materializan políticas de memoria y mantienen una tradición de organización social en defensa del bien común. Una vez más son los familiares y los colectivos sociales organizados los que demandan del Estado el cumplimiento de sus obligaciones y la garantía de no repetición, manteniendo viva la lucha desde el cañaveral.

(Mariana Achugar y Flor de María Meza. Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República)

1. El juicio fue transmitido en vivo por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) con apoyo de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de Udelar y Crysol. Puede verse en el canal de YouTube de APU. ↩︎

Luis Pedernera reúne una amplia experiencia en el monitoreo de lugares de privación de libertad y un profundo conocimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. A su vez, combina experiencia práctica sobre el terreno, independencia de criterio y capacidad de diálogo y cooperación con los Estados, algo indispensable para el mandato preventivo del SPT.

Además, ha desempeñado un papel central en el sistema universal de derechos humanos. Fue presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas –el primer latinoamericano en ocupar esa responsabilidad–, ejerció la presidencia de la Reunión Anual de Presidentes de los Órganos de Tratados de la ONU y contribuyó al fortalecimiento de la coordinación y la integridad del sistema. Su liderazgo y su rol como punto focal para la protección frente a represalias han consolidado un reconocimiento internacional ampliamente compartido por gobiernos, instituciones nacionales, organismos internacionales y sociedad civil.

Su trayectoria de más de tres décadas en el trabajo sobre la justicia penal juvenil, la prevención de la tortura y la protección de las infancias, junto con su experiencia directa en visitas de monitoreo y su capacidad de interlocución con múltiples actores, lo convierten en un perfil excepcionalmente adecuado para integrar el SPT. En un contexto en el que la representación de América Latina y el Caribe corre riesgo de disminuir, la decisión de Uruguay de promover esta candidatura reafirma su compromiso histórico con los derechos humanos y con el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección.

Las organizaciones firmantes saludamos, por tanto, la presentación de esta candidatura y consideramos fundamental que Uruguay impulse perfiles independientes, técnicamente sólidos y comprometidos con la prevención de la tortura en todas sus formas, en especial en relación con niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

ANONG, Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMUD), Asociación Social y Cultural Ver del Alma, Centro Francisco Pérez, CIPPUS, Cotidiano Mujer, Crysol, Dianova, El Abrojo, El Paso, Federación de Organizaciones de la Discapacidad, Fundación Mario Benedetti, Hermandad Pro Derechos, Ipru, Jacarandá-Cultura de la Memoria, Luna Nueva, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Redes Amigos de la Tierra, Serpaj

Como es de público conocimiento, el día anterior el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani cuestionó en redes dicha exhibición y dijo que convocaría al decano de la FIC a la Comisión de Educación de Diputados para dar explicaciones por «hechos de carácter antisemita», aduciendo que se trata de «una película de propaganda del grupo terrorista Hamás». El hecho despertó inmediatamente todo tipo de reacciones y declaraciones, y el Ceico canceló la exhibición al día siguiente.

Como BDS-Espacios Libres de Apartheid Uruguay sostenemos la pertinencia de acceder a materiales como La gran Palestina, una magnífica película coral que nos permite ver a través de los ojos de las personas que quedaron atrapadas en Gaza entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025, período durante el cual existió un cese al fuego con intercambio de rehenes.

Como señalaron algunas de las personas que acudieron a la FIC al no haber sido advertidas de la cancelación, se trata de «ver, justamente, lo que no se muestra en ningún lado»; «películas de este estilo no hay en casi ningún streaming hoy en día. La otra campana la tenemos muy clara: queremos ver la propia de los mismos palestinos»; «realmente hay una visión dominante que se niega a aceptar lo que está ocurriendo en Palestina, el genocidio que está ocurriendo, la falta de cumplimiento del alto al fuego, la matanza permanente, que no empezó el 7 de octubre del 23. Hay que conocer desde 1948 cuál ha sido la historia».

Invitamos al diputado Schipani y a todos quienes estén interesados a ver la película para poder intercambiar al respecto con propiedad, tal como corresponde en una sociedad que respeta la libertad de expresión.

Montevideo, 13 de agosto de 2026

—Digo que la movilización de 1996 es poco recordada porque siento que no hay bibliografía que hable del tema. Si no vas a las ediciones de Brecha o de La República de la época, no ves mucha cobertura desde el lado de los estudiantes. Está el libro de Raúl [Zibechi], La revuelta juvenil de los 90, y otro de [François] Graña, pero no mucho más. Tampoco registros, porque no había redes, era todo analógico. En internet encontré la desocupación de la IEC [Instituto de Enseñanza de la Construcción] y más nada… Eso me hizo preguntarme y preguntarles a mis compañeros y compañeras: «¿Por qué no hablamos de esto?», «¿por qué no se habla de las ocupaciones del 96?», «¿hay intención política en no hablar del movimiento?».

Muchos de mis compañeros dicen que las pocas fotos que conocen son del álbum que tengo, por eso también quiero contar esto: para dejar una huella en internet, para que mañana, si buscás sobre la ocupación del 96, puedas acceder a esos materiales que yo hace cinco años vengo recolectando, y que hace muchos más vengo guardando. Fue un movimiento estudiantil grande, posdictadura. Estuvimos durante un mes ocupando 35 centros educativos. No es changa.

—¿Ese álbum de fotos fue el disparador del trabajo?

—Es un álbum de fotos de la ocupación del Liceo 15 de Montevideo en el 96, donde estudié. Estaba mudándome de un apartamento a otro en la pandemia y lo encontré, sin recordar que lo tenía. Fue viajar en el tiempo. Me dije: «¿Por qué tengo esto acá? ¿Quién me lo dio?», y recordé que mi madre me lo había dado 20 años antes, cuando ella trabajaba en el liceo. Lo encontraron porque iba a haber una reforma edilicia. El álbum resistió dos mudanzas a dos países diferentes: primero a Estados Unidos y después a Argentina. Yo me decía: «¿Qué valor tiene? ¿Por qué guardo esto y no otras cosas que no traje de Uruguay?». Ahí empecé a buscar a la gente que aparece en el álbum, y buscándola dije: «Che, esta historia hay que contarla». A mí me cambió la vida participar de las ocupaciones del 96, es algo que conozco desde muy adentro.

—Se suele recordar al IAVA, el Dámaso, el Zorrilla, el Bauzá o el Liceo 10 a la cabeza de las ocupaciones de 1996, pero el pódcast transcurre en el Liceo 15…

—Siempre tuve claro que mi objetivo de estudio no podía ser las ocupaciones en general porque no iba a poder llegar a eso, mucho menos a la distancia, viviendo en Argentina. También pensaba: «¿Qué tiene el 15 que no tenga el IAVA o que no tenga el Bauzá?». Entonces encontré un hecho: el 15 fue el único liceo de todas las ocupaciones del 96 que tuvo un atentado; nos rompieron los vidrios, vandalizaron toda la fachada. Además, está ubicado en pleno Carrasco, frente a lo que era la casa de Pablo Goncálvez. Nadie esperaba que nosotros ocupáramos, éramos los nenes raros, nos trataban como los chetos de las ocupaciones, cuando muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, vivían en la Cruz de Carrasco. Así que dije: «Hay una historia distinta para contar acá, algo que puede sumar valor».

—¿Cómo fue dar con tus compañeros de aquel momento?

—Muy movilizante. Mi única preocupación genuina es no romantizar el movimiento, porque lo que te acordás también sufre cambios en función de la memoria… Y lo mismo pasa con los compañeros. En general uno recuerda las cosas buenas, y hasta lo ve con cierto romanticismo a la distancia, y yo me fui de Uruguay con 30 años. En el proceso de producción, la mayoría de los testimonios son de excompañeros del liceo, que en muchos casos no veía hace 20 o 25 años. Tuve que reencontrarme con mi historia y mi pasado, y fue algo muy desafiante. Hay 15 testimonios de 15 compañeros a los que encontré, pero estoy esperando que se publique el pódcast para hablar con los que no.

—¿Cuál era la lucha de la generación del 96 y cómo maduró entre sus protagonistas?

—La reforma [de Germán] Rama fue inconsulta. Se dio a conocer a través del presupuesto [para el período 1995-1999] y recién analizándolo se entendía de qué iba la cosa. Hoy como docente, a 30 años de ese movimiento, leo las declaraciones de [Carmen] Tornaría [exconsejera del Codicen] y el diagnóstico que hacían las autoridades, y en algunas cosas lo comparto; precisábamos la universalización de la educación, la formación y perfeccionamiento docente, actualizar programas. Pero el presupuesto que daban era insuficiente y la reforma no solucionó los problemas.Quizás éramos un poco ingenuos en querer ser consultados para algo que hoy capaz tampoco tendría lugar, pero la verdad es que desconocieron a las asambleas técnico-docentes y las soluciones que se planteaban, lejos de formar, precarizaban más.

No es casualidad que mucha gente que atravesó esa situación ahora se dedique a las ciencias sociales, al periodismo o la docencia. Una de las hipótesis del pódcast es que muchos de los que participaron en el 96 son los cuadros políticos de la izquierda actual y del Frente [Amplio]. Ese es un dato que siento que habla bien de nuestro sistema democrático; los gurises que empezaron sus armas militantes en el 96, con 16, 17 años, hoy son las personas que están en cargos políticos. Después podemos discutir si te coopta el partido o la agrupación adecuada, si tus ideales traicionan o no a ese movimiento que fuiste hace 30 años. Pero es otra discusión.

—¿Pintó ocupación es solo para la generación que ocupó en 1996 o también se dirige a las actuales?

—Una de mis preguntas era: «Las ocupaciones de 2023 [durante la transformación educativa del gobierno de la Coalición], cuando empecé a grabar, ¿eran consecuencia de la reforma [de Rama]? ¿O se estaba peleando algo que teníamos en el 96 y que decíamos que si lo cambiaban lo íbamos a perder?». Descubrí que sí y que no. Líber Arce murió manifestándose por el boleto estudiantil. Nosotros en el 96 teníamos eso garantizado, peleamos por otras cosas. Esas otras cosas quizás hoy las tienen garantizadas, y se pelean por otras que tal vez igual nosotros pusimos en conversación. Por ejemplo, el feminismo: hubo antecedentes, un primer taller sobre aborto en nuestra generación. Nosotros no hablábamos de participación o de cuota femenina, pero había horizontalidad, se empezaban a gestar otros vínculos y formas de organizarse.

Que ahora los estudiantes reivindiquen la salud sexual, la diversidad, la salud mental, me parece que habla de tener otras cosas resueltas que se evidenciaron en la acumulación de estos procesos. No digo que sea lineal; no hablábamos de salud mental en la ocupación ni de feminismo, pero hay algo en la acumulación de la lucha que, cuando un derecho está mínimamente cubierto, podés cuestionar otras cosas. Me parece que ahí hay un vínculo de la acumulación de las generaciones, de las discusiones a nivel generacional que yo celebro.

Uno de los motivos para hacer este pódcast fue y es transmitir a las nuevas generaciones que la salida es colectiva y, en estas sociedades tan dormidas, me parece que es importante despertar esa chispita. Estoy convencida de que soy docente por la experiencia de las ocupaciones y por eso también creo que es importante contar: para contagiar a otros.

Si bien desde que comenzaron las primeras reformas promercado en Cuba, allá por 1994, este tipo de cuestionamiento se ha repetido, lo cierto es que no existe una única respuesta que cierre de una vez el cuestionamiento o que lo esclarezca. Cómo se leen las transformaciones que desde los años noventa el proyecto cubano ha tenido que hacerle, para sobrevivir y vivir, al modelo que heredó de Europa del Este depende mucho de las tradiciones, referentes, intenciones y hasta afectos de cada cual.

UN CUCO PERMANENTE

Para los enemigos de la revolución cubana, la idea del fin del socialismo se repite con sorna una y otra vez. Incluso la convicción de que nunca hubo, o hace mucho tiempo que no hay, socialismo. Sin embargo, no cejan un momento en emplear a Cuba en su propaganda como el cuco comunista que debe asustar a los niños. En cuanto a una zona de la izquierda, el socialismo está muy lleno de estructuras imaginarias, que no por imaginarias dejan de ser lo bastante rígidas. A veces sorprende lo seguros que están algunos sobre cómo es y cómo no es en absoluto algo que prácticamente no ha existido. El discurso oficial del Partido Comunista de Cuba, por su parte, es que esta reforma no implica renuncia a la idea del socialismo y que se inspira en experiencias como las de China y Vietnam. Ya sabemos que también hay todo un debate en torno al carácter socialista de China y Vietnam, preñado de varias de las contaminaciones argumentativas que hemos mencionado para este momento de Cuba.

En cualquier caso, creo que para leer las transformaciones en Cuba de una manera lo más acertada posible hay que ubicar las razones contextuales, y también sus razones históricas. El modelo económico cubano que lleva varias décadas intentando ser reformado está inspirado en la planificación centralizada burocrática de la Unión Soviética. Mientras Cuba estuvo insertada en un mercado internacional estructurado en torno a esa lógica económica, garantizó crecimiento y bienestar a la sociedad. Luego del colapso de los socialismos de Estado del este europeo, Cuba se encontró sola frente a un mercado capitalista mundial en el que no estaba plenamente insertada y con un modelo económico cuyas deficiencias inherentes lastraban seriamente esa inserción.

El propio Fidel Castro decía a la altura de 2010 y en vísperas del inicio de la primera gran reforma, la llamada Actualización, que el modelo cubano no nos servía ni a nosotros.¹ Ya en 1994, había dado los primeros pasos con medidas como la apertura a la inversión extranjera, el otorgamiento de las primeras licencias para pequeños negocios privados y la apuesta por el turismo. Es precisamente en ese contexto que se fortalece el bloqueo con la ley Helms-Burton, en un intento de impedir que, si Cuba abría su economía al mundo, otros países se le adelantaran a Estados Unidos. La ley Helms-Burton le da carácter extraterritorial al bloqueo al estilo del perro del hortelano: Estados Unidos no invertiría en Cuba, pero tampoco permitiría que otros lo hicieran libremente.

Cuando se miran tanto las medidas de 1994 como la reforma de 2011 y la actual, se percibe una intención que permanece: buscar la inserción de Cuba en el mercado global en aras de (re)capitalizar la economía nacional. Es un diagnóstico consensuado que, en las condiciones de la isla, no serán posibles ni el crecimiento ni el desarrollo sin inversión extranjera. Las distintas políticas de agresividad estadounidense desde los noventa hasta hoy, especialmente las del binomio Donald Trump-Marco Rubio, sabotean esa posibilidad, lo cual, a su vez, estrecha el margen de maniobra y las capacidades de negociación del Estado cubano respecto a los inversores extranjeros. El momento actual es especialmente crítico en ese aspecto y ello explica la radicalidad de las medidas propuestas, orientadas a llamar a cualquiera (cubano o extranjero, residente en Cuba o no) a ingresar capital a la destruida y asediada economía del país.

Es difícil pensar en las reglas de construcción del socialismo cuando la discusión es si se vive o no se vive. Si Cuba colapsa definitivamente y es reconquistada por Estados Unidos y la mafia de Miami, cualquier posibilidad histórica de emancipación será clausurada por un largo tiempo. El destino del socialismo no está garantizado, como es obvio, pero su margen de probabilidad permanece mientras Cuba sea una nación realmente soberana que pueda decidir en cada momento hacia dónde ir. Si este gobierno será capaz de comandar las fuerzas del mercado que está desatando en la dirección de una sociedad más justa no es, independientemente de sus declaraciones, una respuesta que pueda tenerse ya, pero sí es una posibilidad. Donde esa posibilidad no existe es en la derrota. El socialismo cubano no puede sobrevivir a Cuba: necesita, primero, que Cuba viva.

El tiempo dirá si las concesiones que la revolución cubana se ve obligada a hacer en medio de la guerra y en un mundo anémico de revoluciones liquidaron al socialismo o no. Sin embargo, me permito señalar que, todavía hoy, en pleno 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a la reforma con más medidas coercitivas y ha publicado un informe en el que califica a Cuba como «capital del comunismo en el siglo XXI» [véase «La violencia macartista de Marco Rubio», Brecha, 24-VII-26]. No soslayemos esto, pues, como diría el Che Guevara, en estas cosas el imperialismo tiene mejor intuición que nosotros.

1. Mauricio Vicent, «Fidel Castro: “El modelo cubano ya no nos funciona ni a nosotros”», El País de Madrid, 9-IX-10. ↩︎