La entrada ¿Tengo que esperar a terminar el paro para hacerme autónomo? se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Perder un empleo y decidir emprender no son situaciones incompatibles. De hecho, para algunas personas el desempleo acaba convirtiéndose en el momento elegido para poner en marcha ese proyecto que llevaba tiempo esperando.
Entonces aparece una duda muy habitual. ¿Qué ocurre con el paro que todavía queda por cobrar si la persona decide darse de alta como autónoma?
Puede pensarse que comenzar una actividad económica supone dejar de cobrar inmediatamente la prestación. Sin embargo, no siempre es así.
En determinadas circunstancias, la prestación contributiva por desempleo puede compatibilizarse temporalmente con el trabajo por cuenta propia.
Conocer esta posibilidad antes de tramitar el alta resulta especialmente importante porque existen plazos para solicitarla.
Es posible hacerse autónomo y seguir cobrando el paro
Una persona que está percibiendo una prestación contributiva por desempleo y comienza una actividad por cuenta propia puede solicitar la compatibilidad entre ambas situaciones.
Esto permite mantener durante los primeros meses del negocio una fuente de ingresos procedente de la prestación generada durante la etapa anterior como trabajador por cuenta ajena.
La compatibilidad puede mantenerse durante un máximo de 270 días, equivalentes a nueve meses, o durante un período inferior si es menos tiempo el que queda pendiente de prestación.
Por ejemplo, si todavía quedan cinco meses de paro cuando comienza la actividad, no se generan nueve meses nuevos. Podrá mantenerse, en su caso, la prestación pendiente durante esos cinco meses.
Hay un plazo de 15 días que no conviene dejar pasar
Aquí encontramos uno de los puntos más importantes. La compatibilidad debe solicitarse dentro de los 15 días siguientes al inicio de la actividad por cuenta propia.
No estamos ante un trámite que pueda dejarse para cuando el negocio ya lleve varias semanas funcionando. El plazo es determinante para acceder a esta posibilidad.
Por ello, cuando una persona está cobrando el paro y está pensando en darse de alta como autónoma, resulta aconsejable revisar previamente qué opción le interesa y preparar conjuntamente los trámites.
¿Cuánto se sigue cobrando?
Durante el período de compatibilidad, se puede continuar percibiendo el 100 % de la cuantía de la prestación contributiva por desempleo, aplicándose, en su caso, la correspondiente retención del IRPF y sin deducción de la cotización a la Seguridad Social. Esto puede resultar especialmente interesante durante la fase inicial de un negocio.
Los primeros meses suelen concentrar gastos, inversiones y una facturación todavía irregular. Poder mantener temporalmente la prestación puede proporcionar cierto margen económico mientras la nueva actividad empieza a generar ingresos.
No solo afecta al autónomo individual
La posibilidad no queda necesariamente limitada a quien abre un negocio directamente como empresario individual. También puede solicitarse en determinados supuestos cuando la persona que está percibiendo la prestación se incorpora como socio de una sociedad laboral de nueva creación o socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado de nueva creación, siempre que quede encuadrada en el régimen de Seguridad Social correspondiente por razón de su actividad por cuenta propia.
Por tanto, la forma elegida para iniciar el proyecto empresarial también merece atención.
¿Y qué ocurre cuando terminan los nueve meses?
Llegados los 270 días máximos de compatibilidad, el cobro simultáneo de la prestación y el desarrollo de la actividad por cuenta propia termina. Pero eso no significa necesariamente que se pierda el paro que pudiera quedar pendiente.
En determinados supuestos, la prestación puede quedar suspendida, de forma que si posteriormente cesa la actividad por cuenta propia pueda solicitarse su reanudación.
Esta posibilidad es especialmente relevante porque permite diferenciar entre dos situaciones muy distintas: consumir completamente la prestación y conservar una parte pendiente para recuperarla posteriormente si el proyecto empresarial termina.
Si el negocio no funciona puede recuperarse el paro pendiente
Emprender siempre implica riesgo y la normativa contempla qué puede ocurrir si finalmente se abandona la actividad. Cuando se produce el cese en el trabajo por cuenta propia, puede solicitarse la reanudación de la prestación por desempleo que hubiese quedado suspendida, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
Aquí vuelve a aparecer un plazo importante. La solicitud de reanudación debe efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al cese en la actividad.
Cumplidos los requisitos, el derecho se reanuda a partir del día siguiente al cese.
La duración de la actividad como autónomo es importante
No todas las situaciones reciben el mismo tratamiento. Si el trabajo por cuenta propia tiene una duración inferior a 24 meses, la prestación suspendida puede reanudarse en los términos previstos aunque durante esa actividad no se hubiera producido el alta en alguno de los regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social.
Cuando la actividad dura entre 24 y 60 meses, para poder recuperar posteriormente la prestación suspendida cobra especial importancia haber estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (REAT) o, cuando corresponda, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Alcanzados determinados períodos, el derecho que permanecía suspendido puede extinguirse.
Cinco años marcan otro límite importante
La duración de la actividad puede llegar a provocar la extinción del derecho anterior. Con carácter general, si el trabajo por cuenta propia alcanza 60 meses, la prestación por desempleo que permanecía suspendida se extingue.
También pueden producirse consecuencias cuando la actividad se prolonga entre 24 y 60 meses y no se ha producido el alta en los regímenes especiales exigidos para poder acceder posteriormente a la reanudación.
Esto significa que una prestación suspendida no queda guardada para siempre.
¿Qué ocurre si también se genera derecho al cese de actividad?
Después de varios años como autónomo puede darse otra situación. La persona puede cumplir los requisitos para acceder a la protección por cese de actividad y, al mismo tiempo, conservar una prestación por desempleo anterior que había quedado suspendida. En ese supuesto puede existir la posibilidad de elegir entre ambas protecciones.
La elección tiene consecuencias, ya que las cotizaciones que dieron lugar a la prestación por la que finalmente no se opte no podrán utilizarse posteriormente para generar otra prestación.
No hay que confundir compatibilizar con capitalizar el paro
Quien quiere iniciar un negocio puede encontrarse además con otra posibilidad conocida habitualmente como capitalización o pago único de la prestación por desempleo.
Aunque ambas medidas pueden servir para facilitar el autoempleo, responden a planteamientos diferentes.
Compatibilizar permite seguir percibiendo periódicamente la prestación durante el inicio de la actividad, dentro de los límites establecidos. La capitalización persigue utilizar la prestación para facilitar la puesta en marcha del proyecto en los términos previstos legalmente.
La elección dependerá de las necesidades concretas del futuro autónomo, de la inversión necesaria y de la prestación que tenga pendiente.
Qué conviene revisar antes de hacerse autónomo
Si una persona está cobrando el paro y tiene previsto iniciar una actividad, lo recomendable es analizar la situación antes de tramitar el alta.
Hay que comprobar cuánto tiempo de prestación queda pendiente, qué importe se está cobrando, cuándo comenzará exactamente la actividad y durante cuánto tiempo se prevé mantenerla.
También interesa estudiar si resulta más conveniente compatibilizar la prestación, dejarla suspendida o valorar otras posibilidades vinculadas al inicio de la actividad.
No existe una respuesta idéntica para todos los futuros autónomos.
Pueden ponerse en contacto con nuestro servicio SIGA Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
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]]>La entrada Teletrabajo desde España y retenciones cuando la empresa está en el extranjero se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>El teletrabajo ha hecho bastante más frecuente una situación que hace unos años podía parecer excepcional. Una persona reside en España, desarrolla aquí su jornada laboral, pero la empresa que le paga se encuentra en otro país.
Esta forma de trabajar puede generar cierta confusión. Si la nómina procede del extranjero y el empleador no practica retenciones españolas, es fácil preguntarse si ese salario debe tributar aquí, en el país de la empresa o incluso en ambos.
La Dirección General de Tributos (DGT), en su consulta vinculante V1339/2026, de 2 de junio, analiza un supuesto de estas características. El trabajador reside fiscalmente en España, presta sus servicios desde su domicilio para una sociedad portuguesa y esta no tiene sede en territorio español. La empresa, además, no le practica retenciones a cuenta del IRPF.
La conclusión tiene especial interés porque separa dos cuestiones que muchas veces se confunden. Una cosa es dónde debe tributar el trabajador y otra distinta que la empresa extranjera esté obligada a retener IRPF español.
Residencia fiscal y tributación por la renta mundial
El punto de partida es la residencia fiscal del trabajador. En el supuesto examinado, la DGT parte expresamente de que la persona es residente fiscal en España. Esto supone que tiene la condición de contribuyente del IRPF y, como regla general, debe tributar aquí por su renta mundial, independientemente de dónde se haya generado el ingreso y de cuál sea el país de residencia de quien lo paga.
Ahora bien, cuando intervienen dos países no basta con quedarse en la normativa interna española. Hay que comprobar también qué establece el correspondiente convenio para evitar la doble imposición. En este caso entra en juego el Convenio entre España y Portugal, y concretamente sus reglas relativas a los servicios personales dependientes.
En el teletrabajo importa dónde está físicamente el trabajador
Aquí encontramos probablemente la parte más interesante del criterio de la DGT. Para determinar dónde se ejerce un empleo no resulta decisivo dónde está la sede de la empresa, desde qué país se paga la nómina o dónde se aprovecha el resultado del trabajo. Lo verdaderamente relevante es dónde se encuentra físicamente el trabajador mientras realiza la actividad por la que cobra su salario.
En el caso estudiado, la persona trabaja desde su domicilio en España. Por ello, a efectos del Convenio hispano-portugués, el empleo se entiende ejercido en España.
Que los servicios se presten para una compañía portuguesa no cambia esta conclusión. Tampoco lo hace el hecho de que el resultado de ese trabajo se utilice o tenga efectos económicos en Portugal.
La DGT concluye, atendiendo a las circunstancias planteadas, que solo España tiene potestad tributaria para gravar esos rendimientos del trabajo.
¿Debe la empresa descontar IRPF español de la nómina?
Llegados a este punto aparece una duda bastante lógica. Si el salario tributa en España, ¿la empresa portuguesa tiene que practicar las mismas retenciones que practicaría una empresa española? No necesariamente.
Para que exista retención no basta con que el trabajador perciba un salario sujeto al IRPF. También tiene que existir un pagador que, de acuerdo con la normativa española, esté obligado a retener.
La regulación contempla determinados supuestos en los que las personas o entidades no residentes quedan sujetas a esta obligación. Entre ellos se encuentran quienes operan en España mediante establecimiento permanente y, en determinadas circunstancias, quienes desarrollan aquí su actividad sin disponer de uno.
Por eso hay que analizar la posición de la empresa y no quedarse únicamente con el origen extranjero de la nómina.
Una empresa extranjera que no opera en España puede no estar obligada a retener
La consulta plantea precisamente esta circunstancia. Si la sociedad portuguesa no opera en España mediante establecimiento permanente y tampoco desarrolla aquí una actividad económica sin establecimiento permanente, no se encontraría entre los sujetos obligados a practicar retención sobre el salario del trabajador.
Por tanto, bajo las premisas del caso planteado, no nacería la obligación de practicar retención a cuenta del IRPF español.
La DGT deja claro que el elemento relevante para determinar la existencia de esta obligación es que la entidad no residente opere en territorio español, ya sea con establecimiento permanente o, en los casos previstos legalmente, sin él.
Hay, además, un matiz que merece ser señalado. La consulta fue presentada por el trabajador y algunas de las preguntas afectaban directamente a las obligaciones fiscales de la empresa portuguesa. Tributos recuerda que una consulta debe referirse al régimen tributario de quien la formula y, por ese motivo, limita su contestación a la situación del empleado.
Sin retenciones, el impuesto no desaparece
Este es posiblemente el aspecto práctico que más debería preocupar al trabajador. Puede darse perfectamente esta combinación. El salario tributa en España, pero la empresa que lo paga no está obligada a practicar retenciones españolas.
En tal situación, durante el año el trabajador puede estar cobrando su salario sin los pagos a cuenta del IRPF que normalmente aparecen descontados en una nómina española.
Eso no elimina la tributación. Los rendimientos deben incorporarse a la declaración del IRPF y será el propio contribuyente quien tenga que afrontar la cuota que resulte de su autoliquidación.
Dicho de una manera sencilla, no haber sufrido retenciones durante el año puede traducirse en una cantidad importante a pagar cuando llegue la declaración de la renta. La propia consulta resume el criterio señalando que la inexistencia de retención no deja estos rendimientos fuera de tributación.
¿Qué conviene revisar si teletrabaja para una empresa extranjera?
No todos los casos de teletrabajo internacional son iguales. Antes de dar por sentado que se aplica el mismo criterio de esta consulta conviene revisar, al menos, dónde reside fiscalmente el trabajador, desde qué país realiza efectivamente su actividad, si trabaja algunos días presencialmente en el extranjero, qué convenio de doble imposición resulta aplicable y cuál es la presencia real de la empresa extranjera en España.
También merece atención la existencia o no de retenciones durante el ejercicio. Si no se están practicando, puede ser conveniente anticipar el impacto que tendrá el IRPF al presentar la declaración, evitando así que el resultado final llegue por sorpresa.
Pueden ponerse en contacto con el servicio SIGA Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
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]]>La entrada Permisos por cuidados ¿los días del convenio se añaden a los cinco días legales? se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Los cambios legislativos no siempre encajan a la primera con los convenios colectivos que llevan años aplicándose en las empresas.
Un buen ejemplo lo encontramos en los permisos retribuidos por cuidados. Desde la reforma de 2023, el Estatuto de los Trabajadores (ET) reconoce cinco días en determinados casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Hasta aquí, la regla parece clara.
El problema surge cuando el convenio colectivo de la empresa o del sector fue negociado antes de esa reforma y ya establecía una duración superior a la que reconocía entonces la ley. Más todavía si añadía días cuando el trabajador tenía que desplazarse.
La pregunta es inevitable. ¿Hay que sumar esos días del convenio a los cinco que actualmente reconoce el Estatuto de los Trabajadores?
La respuesta no puede darse de forma automática.
La ley establece un mínimo que el convenio puede mejorar
El punto de partida es importante. Los permisos del artículo 37.3 del ET funcionan como un mínimo legal. La negociación colectiva puede mejorarlos, pero no reducir los derechos que reconoce la ley.
Esto significa que un convenio puede establecer una duración mayor, ampliar los supuestos que generan el permiso o introducir otras condiciones más beneficiosas para las personas trabajadoras.
Ahora bien, que un convenio contenga una mejora no significa necesariamente que esa mejora deba mantenerse exactamente igual cuando posteriormente cambia la norma legal sobre la que se construyó.
Aquí es donde conviene analizar cómo está redactado el convenio.
¿Qué ocurre con los convenios anteriores a la reforma?
Esta es probablemente la situación que puede generar más dudas en las empresas. Antes de la reforma de 2023, el Estatuto contemplaba para determinados supuestos relacionados con enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica una duración inferior a la actual y establecía una ampliación cuando era necesario desplazarse.
Muchos convenios colectivos se negociaron siguiendo precisamente ese esquema. Partían del permiso legal existente en aquel momento y lo mejoraban, por ejemplo, aumentando su duración ordinaria o concediendo más días cuando había desplazamiento.
Después llegó la reforma y el escenario cambió. El permiso legal pasó a ser de cinco días para los supuestos actualmente incluidos en el artículo 37.3.b) y desapareció de esta letra la anterior diferenciación de duración basada en la necesidad de desplazarse. La reforma también amplió las personas que pueden generar el derecho al permiso.
Y es precisamente ese cambio el que obliga a volver a leer los convenios anteriores.
La clave está en saber si existe una verdadera mejora autónoma
No todas las cláusulas convencionales están redactadas de la misma manera. Un convenio puede reconocer expresamente unos días adicionales a los establecidos legalmente. En ese supuesto existen argumentos mucho más sólidos para considerar que estamos ante una mejora autónoma.
Pero puede ocurrir algo distinto. Hay convenios que simplemente regulan el mismo permiso previsto en el Estatuto y fijan una duración determinada tomando como referencia la normativa que estaba vigente cuando se negociaron.
En este segundo caso, cuando la ley mejora posteriormente el permiso, no siempre será posible separar una parte de la antigua regulación convencional y añadirla al nuevo mínimo legal.
La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en comparar números. Hay que interpretar qué derecho se pactó realmente.
El desplazamiento es uno de los puntos que más problemas puede generar
La cuestión resulta especialmente interesante cuando el convenio contempla más días si la persona trabajadora tiene que desplazarse.
Imaginemos un convenio anterior a la reforma que reconoce tres días de permiso y permite ampliarlos hasta seis cuando es necesario realizar un determinado desplazamiento. Actualmente la ley establece cinco días para ese permiso. ¿El trabajador tendría entonces cinco días legales más los tres correspondientes al desplazamiento y, por tanto, ocho días? No necesariamente.
Si esos tres días estaban configurados como una ampliación del permiso convencional anterior y no como un derecho adicional independiente, puede entenderse que no existe una bolsa de tres días que deba añadirse automáticamente al nuevo mínimo legal.
Un ejemplo reciente del Tribunal Supremo
Esta cuestión ha llegado recientemente al Tribunal Supremo. La STS 629/2026, de 7 de julio, analiza un convenio que establecía tres días para determinados supuestos de intervención quirúrgica, hospitalización o enfermedad grave y permitía ampliarlos hasta otros tres cuando el trabajador necesitaba desplazarse al menos 75 kilómetros.
Tras la reforma legal, la empresa pasó a reconocer cinco días con carácter general y seis cuando existía desplazamiento. La representación de los trabajadores entendía, en cambio, que correspondían los cinco días legales más los tres del convenio, es decir, un total de ocho.
El Supremo rechaza esa interpretación. La razón es especialmente útil para otros convenios. La cláusula no decía que existieran tres días adicionales a los que estableciese en cada momento el Estatuto. Lo que hacía era regular el permiso legal existente cuando se negoció el convenio.
En el caso analizado eran seis días y no ocho
Antes de la reforma, el convenio estudiado por el Supremo permitía llegar a seis días cuando existía desplazamiento. Después de la modificación del Estatuto, el mínimo legal pasó a cinco días.
El Tribunal entiende que no procede tomar los tres días que antiguamente ampliaban el permiso y añadirlos íntegramente a la nueva duración legal. En el caso concreto, se mantienen cinco días como mínimo legal y un día adicional cuando existe el desplazamiento, conservándose así el máximo convencional de seis días.
Dicho de otra manera, la reforma legal mejoró de forma tan importante el punto de partida que una parte de la antigua mejora convencional quedó integrada en la nueva duración legal.
No todas las mejoras convencionales desaparecen cuando cambia la ley
Sería igualmente incorrecto extraer la conclusión contraria y pensar que una reforma legal absorbe siempre cualquier mejora anterior. Los convenios colectivos siguen pudiendo establecer condiciones superiores a los mínimos legales.
Por eso, si una cláusula reconoce claramente un permiso adicional o unos días complementarios independientes de la duración establecida por el Estatuto, habrá que respetar esa configuración siempre que continúe vigente. El análisis debe realizarse convenio por convenio.
Habrá que leer su redacción, comprobar cuándo se negoció, conocer qué decía entonces el Estatuto y determinar si las partes quisieron crear un derecho autónomo o simplemente mejorar el permiso legal existente en aquel momento.
Cuidado también con el permiso por fallecimiento
Hay otro detalle que merece atención. La reforma de 2023 separó el permiso por fallecimiento del permiso por accidente o enfermedad graves, hospitalización e intervención quirúrgica.
Actualmente, el artículo 37.3.b bis) del ET mantiene para el fallecimiento una regulación específica y contempla expresamente una ampliación cuando es necesario desplazarse.
Por tanto, no conviene mezclar ambos permisos ni aplicarles automáticamente las mismas reglas.
Atención. Enfermedad grave u hospitalización y fallecimiento son actualmente permisos diferenciados. Antes de calcular los días correspondientes hay que identificar correctamente cuál es el hecho que genera el derecho.
Qué deberían revisar ahora las empresas
Este criterio hace aconsejable revisar los convenios colectivos que contienen permisos negociados antes de las últimas reformas laborales.
Especialmente deberían comprobarse las cláusulas que establecen días adicionales por desplazamiento, las que reproducen prácticamente la antigua redacción del Estatuto y aquellas en las que no queda claro si existe una mejora autónoma o simplemente una duración superior al antiguo mínimo legal.
También interesa revisar cómo está aplicando la empresa esos permisos en la práctica. Una interpretación incorrecta puede acabar provocando reclamaciones individuales o incluso conflictos colectivos.
Pueden ponerse en contacto con el servicio SIGA Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
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]]>La entrada SIGA98 obtiene el certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>El ENS es el marco de referencia que establece los principios, requisitos y medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información en los sistemas utilizados por las Administraciones Públicas y por las entidades que les prestan servicios. Su objetivo es asegurar que la información se gestiona de forma adecuada frente a riesgos, amenazas e incidentes de seguridad.
La categoría media se aplica a sistemas en los que un incidente de seguridad podría tener un impacto significativo. Para determinar esta categoría se analizan dimensiones esenciales como la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad y la trazabilidad de la información, valorando cómo afectaría una pérdida o alteración de cada una de ellas al servicio prestado.
La evaluación revisa, entre otros aspectos, la existencia de una política de seguridad, la gestión de riesgos, la organización de la seguridad, el control de accesos, la protección de los sistemas, la continuidad del servicio, la supervisión de la actividad y la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.
La certificación de conformidad acredita que nuestros sistemas cumplen los requisitos establecidos por el ENS para la categoría media y que hemos implantado medidas técnicas, organizativas y de gestión adecuadas al nivel de riesgo de la información que tratamos.
En la práctica, este certificado refuerza la confianza de clientes, administraciones y colaboradores, ya que demuestra que trabajamos con procedimientos auditados, controles de seguridad proporcionados y una mejora continua orientada a proteger la información y garantizar la continuidad de nuestros servicios.
La obtención de este certificado supone un nuevo hito en nuestra apuesta por la seguridad, la calidad y la confianza. Seguiremos trabajando para mantener y mejorar nuestros estándares, adaptándonos a las nuevas exigencias normativas y tecnológicas y ofreciendo un servicio cada vez más seguro, fiable y transparente.
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]]>La entrada El TEAC cambia las reglas de la reinversión en vivienda habitual para los matrimonios en gananciales se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Vender la vivienda habitual y destinar el dinero obtenido a comprar otra suele asociarse a una idea bastante sencilla. Si se reinvierte todo, la ganancia obtenida en la venta puede quedar exenta en el IRPF, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente en la Ley y Reglamento del IRPF.
Sin embargo, la situación se complica cuando la vivienda que se vende pertenecía exclusivamente a uno de los cónyuges y la nueva casa se compra conjuntamente durante el matrimonio.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha aclarado esta cuestión mediante su Resolución RG 5896/2025, de 13 de julio de 2026. Y el criterio adoptado puede reducir de forma importante la exención que algunos contribuyentes esperaban aplicar.
¿Qué ha decidido exactamente el TEAC?
La cuestión puede entenderse mejor con una situación bastante habitual. Uno de los cónyuges tiene una vivienda privativa, por ejemplo porque la compró antes del matrimonio. La vende y obtiene una determinada cantidad de dinero. Posteriormente, ese importe se utiliza para comprar la nueva vivienda habitual del matrimonio, que pasa a tener carácter ganancial.
Podría parecer lógico pensar que, si todo el dinero procedente de la venta se ha destinado a la nueva casa, todo ese importe debe considerarse reinvertido.
El TEAC considera que no necesariamente. Para calcular la exención hay que atender a la parte de la nueva vivienda que fiscalmente adquiere el contribuyente. Cuando el inmueble tiene carácter ganancial y no se acredita una participación diferente, a efectos del IRPF se atribuye un 50 % a cada cónyuge.
Esto significa que una persona puede haber aportado una cantidad superior a ese porcentaje y, pese a ello, no poder considerar todo el desembolso como reinversión propia.
Reinvertir todo el dinero no garantiza la exención completa
Este es probablemente el aspecto más importante de la resolución. La Ley del IRPF permite excluir de tributación la ganancia obtenida por la transmisión de la vivienda habitual cuando el importe obtenido se reinvierte en otra vivienda habitual. Si la reinversión es parcial, también será parcial la exención.
Ahora bien, el TEAC entiende que no basta con seguir el recorrido del dinero. También hay que preguntarse qué derecho de propiedad está adquiriendo realmente quien pretende aplicar el beneficio fiscal.
Si un contribuyente paga una cantidad superior a la que corresponde a su participación en la nueva vivienda, ese exceso no supone, según el Tribunal, que esté adquiriendo una parte mayor del inmueble. En la práctica estará financiando la parte que pertenece al otro titular.
Y esa cantidad adicional no puede utilizarse para incrementar su propia exención por reinversión.
¿Por qué el régimen de gananciales genera esta situación?
Aquí aparece una diferencia entre el tratamiento civil y el fiscal que puede resultar algo desconcertante.
Desde el punto de vista civil, la sociedad de gananciales no funciona exactamente como una propiedad ordinaria al 50 %. Los cónyuges son titulares conjuntamente del patrimonio ganancial y no de una mitad individualizada de cada uno de sus bienes.
El IRPF, sin embargo, establece sus propias reglas. El artículo 11.3 de la Ley del IRPF dispone que los bienes y derechos comunes a ambos cónyuges se atribuyen por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique una participación diferente.
Por ello, una vivienda adquirida con carácter ganancial puede considerarse fiscalmente perteneciente en un 50 % a cada cónyuge, aunque desde una perspectiva estrictamente civil la explicación de la sociedad de gananciales sea más compleja.
Esta diferencia es la que utiliza el TEAC para resolver el problema.
Un ejemplo permite verlo con bastante claridad
Uno de los casos examinados resulta especialmente ilustrativo. El contribuyente había transmitido su anterior vivienda habitual por 217.739,72 euros. La nueva vivienda tuvo un coste de adquisición de 170.091,21 euros y el interesado adquirió el 50 %.
El TEAR consideró que la reinversión computable debía limitarse a 85.045,61 euros, es decir, a la mitad del coste de la nueva vivienda.
Teniendo en cuenta el importe obtenido en la transmisión una vez realizado el correspondiente ajuste, esa reinversión representaba aproximadamente un 39,07 %.
¿El resultado? La ganancia patrimonial obtenida en la venta no quedó completamente exenta. La exención se aplicó únicamente en esa proporción.
El ejemplo muestra bien dónde está el riesgo. Haber aportado personalmente una cantidad elevada para comprar la nueva vivienda no implica que toda ella vaya a servir para dejar exenta la ganancia obtenida anteriormente.
El porcentaje de la vivienda anterior y el de la nueva no tienen que coincidir
La resolución contiene, además, una precisión que conviene no perder de vista. El TEAC no dice que una persona que vende el 100 % de una vivienda tenga que comprar necesariamente el 100 % de la siguiente para disfrutar de la exención. Puede vender una vivienda de su exclusiva propiedad y adquirir solo una parte de la nueva.
Lo determinante será cuánto del importe obtenido puede considerarse efectivamente destinado a adquirir su participación en esa segunda vivienda.
Por tanto, el porcentaje de propiedad sigue siendo importante, pero no porque deba coincidir entre ambos inmuebles. Su función es determinar hasta dónde llega realmente la reinversión atribuible al contribuyente.
¿Qué ocurre si uno de los cónyuges aporta mucho más dinero?
Esta es seguramente una de las situaciones que más dudas puede provocar. Imaginemos que uno de los cónyuges vende una vivienda que era exclusivamente suya y aporta 200.000 euros para comprar la nueva casa. El otro aporta una cantidad muy inferior, pero la vivienda se adquiere con carácter ganancial y fiscalmente corresponde un 50 % a cada uno.
El hecho de que el primero haya desembolsado más dinero no significa, siguiendo el criterio del TEAC, que haya adquirido más propiedad.
La cantidad que exceda del valor correspondiente a su participación puede estar sirviendo para financiar la adquisición atribuible al otro cónyuge. Y ese exceso queda fuera de su reinversión a efectos de esta exención.
No es una cuestión exclusiva de los matrimonios
El razonamiento utilizado por el TEAC va más allá de la sociedad de gananciales. El Tribunal busca que situaciones económicamente parecidas reciban un tratamiento fiscal similar.
Pensemos en dos hermanos que compran una vivienda al 50 %. Si uno de ellos paga el 80 % del precio, no por ello adquiere automáticamente el 80 % de la propiedad. Parte de lo pagado habrá servido para financiar la participación del hermano.
Algo semejante ocurre con una pareja casada en separación de bienes o con cualquier adquisición en proindiviso.
La idea que utiliza el Tribunal es relativamente sencilla. A efectos de la exención, cada persona debe computar la cantidad destinada a adquirir su propia participación en la nueva vivienda.
Existe margen para acreditar una participación diferente
La resolución también deja abierta una cuestión especialmente interesante para la planificación de futuras operaciones. El artículo 11.3 de la Ley del IRPF establece la atribución por mitad de los bienes comunes, pero añade una excepción cuando se justifique otra cuota de participación.
Por tanto, el 50 % no debe interpretarse como una regla absolutamente inamovible para cualquier operación.
Existen distintas formas jurídicas de articular la adquisición de una vivienda durante la vigencia de la sociedad de gananciales. Dependiendo de las circunstancias, pueden existir participaciones distintas o incluso adquisiciones con componentes privativos y gananciales.
Precisamente por ello, cuando uno de los cónyuges va a aportar una cantidad considerable procedente de la venta de un bien privativo, conviene analizar previamente cómo se realizará la compra y cómo quedará configurada jurídicamente la titularidad.
No se trata simplemente de reflejar de cualquier manera un porcentaje más conveniente desde el punto de vista fiscal. La participación que se pretenda defender deberá responder a la realidad jurídica y económica de la operación y poder acreditarse.
Un criterio que deberá tenerse en cuenta a partir de ahora
La relevancia de esta resolución no está únicamente en el caso concreto. El TEAC ha intervenido porque existían posiciones diferentes entre los tribunales económico-administrativos regionales (TEAR). Mientras Cantabria defendía la limitación de la reinversión en función de la titularidad adquirida, otras resoluciones de la Comunidad Valenciana y Andalucía habían mantenido planteamientos más favorables al contribuyente.
Con la resolución de 13 de julio de 2026, el Tribunal Central unifica el criterio. La conclusión es que la cantidad que puede computarse como reinversión debe guardar correspondencia con el porcentaje de propiedad adquirido en la nueva vivienda. Si se trata de una adquisición ganancial y no se acredita una participación distinta, fiscalmente se partirá, con carácter general, del 50 % para cada cónyuge.
Qué conviene hacer antes de vender y comprar
La principal enseñanza práctica de esta resolución es que la planificación debe realizarse antes de formalizar la nueva adquisición.
Cuando se vende una vivienda privativa y se pretende destinar el dinero a la futura vivienda habitual del matrimonio, no basta con comprobar que se cumplen los plazos de reinversión.
También habrá que analizar de dónde procede el dinero, qué porcentaje de la nueva vivienda adquirirá cada persona, qué carácter tendrá el inmueble, cómo quedará recogida la operación en la escritura y qué cantidad podrá considerarse realmente reinvertida por cada contribuyente.
Hacer esta revisión después de haber comprado limita considerablemente las posibilidades de organizar correctamente la operación.
Pueden ponerse en contacto con este el servicio SIGA Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
La entrada El TEAC cambia las reglas de la reinversión en vivienda habitual para los matrimonios en gananciales se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>La entrada Las empresas disponen ahora de seis días para comunicar las bajas a la Seguridad Social se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Desde el pasado 1 de agosto de 2026 las empresas cuentan con algo más de margen para realizar uno de los trámites habituales en la gestión laboral. Las bajas de trabajadores y las variaciones de sus datos ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya no deben comunicarse dentro de los tres días naturales siguientes. El nuevo plazo pasa a ser de seis días naturales.
El cambio ha llegado de la mano del Real Decreto 643/2026, de 29 de julio, publicado en el BOE del 30 de julio, y responde a una petición bastante comprensible de quienes gestionan diariamente un elevado número de movimientos de afiliación.
No parece una modificación espectacular sobre el papel. En la práctica, sin embargo, esos tres días adicionales pueden evitar bastantes incidencias, especialmente cuando coinciden fines de semana, periodos vacacionales o acumulaciones importantes de altas y bajas.
De tres a seis días naturales
Hasta ahora, las solicitudes de baja y las variaciones de datos de las personas trabajadoras debían presentarse dentro de los tres días naturales siguientes al cese o al momento en el que se hubiera producido la modificación. Ese plazo se duplica.
Desde la entrada en vigor de la reforma, las empresas y quienes actúen en su representación disponen de seis días naturales siguientes al cese en el trabajo o a la fecha en la que se produzca la variación.
La palabra «naturales» es importante. No hablamos de seis días laborables. Sábados, domingos y festivos forman parte del cómputo.
Por ejemplo, si una persona cesa en la empresa un día 1, el cómputo comienza al día siguiente y los seis días siguientes entran en el plazo, con independencia de que entre medias exista un fin de semana.
La modificación se aplica desde el 1 de agosto de 2026
El Real Decreto entró en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación, es decir, el 1 de agosto de 2026.
A partir de ese momento comienza a aplicarse el nuevo margen de seis días para las bajas y variaciones sometidas a la nueva regulación.
Esta fecha resulta especialmente importante en situaciones cercanas al cambio normativo, ya que no conviene aplicar automáticamente los seis días a movimientos producidos antes de la entrada en vigor.
En la gestión diaria, la fecha real del cese o de la modificación continúa siendo el punto de partida fundamental para saber qué plazo corresponde.
El cambio afecta a bajas y variaciones, pero no a las altas
Este matiz merece destacarse porque puede dar lugar a errores. El nuevo plazo de seis días se refiere a las solicitudes de baja y a las variaciones de datos.
Las altas siguen teniendo un funcionamiento distinto y deben tramitarse, con carácter general, antes de que la persona trabajadora comience a prestar servicios.
Por tanto, no debe trasladarse el nuevo margen de seis días a todos los movimientos de afiliación.
Dicho de una forma sencilla, para las bajas y determinados cambios disponemos ahora de más tiempo. Para las altas, la regla continúa siendo la comunicación previa.
¿Por qué se ha ampliado el plazo?
La propia norma explica el motivo de este cambio. Profesionales que actúan en representación de las empresas habían trasladado las dificultades que suponía concentrar numerosas comunicaciones en un espacio de tiempo tan breve.
La situación podía complicarse especialmente cuando una gestoría gestionaba muchas empresas y se producían numerosos movimientos de trabajadores al mismo tiempo.
El problema no era únicamente organizativo. Una comunicación presentada fuera de plazo puede producir consecuencias para la empresa representada. Por eso, el Gobierno ha considerado oportuno ampliar el margen de tres a seis días y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
La reforma, por tanto, no nace de una modificación del concepto de baja, sino de algo mucho más práctico. Dar un plazo razonable para gestionar correctamente las comunicaciones.
¿Significa que podemos esperar seis días para comunicar una baja?
Legalmente existe ese margen. Operativamente, no siempre será buena idea agotarlo. Cuando la empresa conoce el cese y dispone de todos los datos necesarios, sigue siendo aconsejable transmitir la baja cuanto antes.
Esperar hasta el último día aumenta el riesgo de que aparezca algún problema. Puede existir un dato incorrecto, un rechazo del Sistema RED, una incidencia informática o simplemente una diferencia entre la fecha comunicada por la empresa y la que consta en la documentación laboral.
Con tres días de margen adicional hay más tranquilidad, pero sigue siendo conveniente mantener una gestión ágil.
También se amplía el plazo para las variaciones de datos
La reforma no afecta únicamente a las bajas. Las variaciones de datos de los trabajadores también pasan a disponer del plazo de seis días naturales siguientes al momento en el que se produzca el cambio.
Aquí resulta particularmente importante diferenciar entre lo que técnicamente permita realizar una plataforma y lo que establece el plazo reglamentario.
Que un sistema informático permita introducir determinados cambios posteriormente no significa necesariamente que la comunicación vaya a tener la consideración de realizada dentro de plazo. La referencia que debe tenerse presente es sencilla. Seis días naturales desde que se produce la variación.
¿Qué deberían revisar ahora las empresas?
La ampliación del plazo aconseja actualizar algunos procedimientos internos, aunque no exige convertir la gestión laboral en algo distinto.
Conviene revisar especialmente la forma en que las empresas comunican las bajas al despacho o departamento de personal. Si la información llega tarde, parte de los seis días habrá transcurrido antes incluso de comenzar el trámite.
También es recomendable comprobar siempre la fecha efectiva del cese, revisar las respuestas del Sistema RED y guardar la documentación acreditativa de cada comunicación.
Un procedimiento sencillo puede evitar muchos problemas. La empresa comunica inmediatamente el movimiento, se comprueba la fecha, se realiza la transmisión y se verifica después que el proceso ha terminado correctamente.
La reforma trae además cambios en los aplazamientos de deudas
Aunque la ampliación del plazo de las bajas es probablemente la novedad más visible, el Real Decreto 643/2026 modifica también distintas reglas relativas a los aplazamientos de deudas con la Seguridad Social.
Una de las novedades afecta a las garantías. Con la nueva regulación no será necesario constituirlas cuando la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000 euros.
Tampoco serán necesarias cuando la deuda sea inferior a 250.000 euros si se acuerda ingresar al menos un tercio dentro de los diez días siguientes a la notificación de la concesión y el resto se abona durante los dos años siguientes.
Aunque estas cuantías ya tenían antecedentes en criterios anteriores de la Tesorería, ahora quedan incorporadas expresamente al reglamento.
También cambia el tratamiento de las deudas pequeñas
La norma modifica además uno de los supuestos que puede llevar a denegar un aplazamiento por la escasa cuantía de la deuda. El límite pasa del doble del salario mínimo interprofesional (SMI) mensual a un SMI mensual vigente en el momento de presentar la solicitud.
En la práctica, esta reducción puede permitir que determinadas deudas que anteriormente encontraban esta barrera tengan ahora más opciones de acceder a un aplazamiento.
Además, esta circunstancia no será aplicable a aquellos aplazamientos que lleguen a tramitarse y concederse de forma automatizada.
Se abre la puerta a los aplazamientos automatizados
El Real Decreto también permite que la TGSS establezca sistemas de concesión automatizada para determinados aplazamientos. La medida está pensada para aquellos casos en los que no resulte necesaria la constitución de garantías y se cumplan las condiciones que establezca la correspondiente resolución.
Esto puede agilizar considerablemente ciertos expedientes, ya que la tramitación, emisión y notificación de la resolución podrá realizarse de forma automatizada.
Ahora bien, la norma habilita esta posibilidad. Su funcionamiento concreto dependerá de las condiciones que establezca posteriormente la TGSS.
Hay deudas que continúan siendo inaplazables
La reforma también deja clara una cuestión que no debe olvidarse. Siguen sin poder aplazarse las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores por cuenta ajena o asimilados.
Tampoco son aplazables las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La norma aclara, además, que esta última limitación alcanza tanto a trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores por cuenta propia.
Estas cantidades deberán ingresarse, si no se hubieran pagado antes, dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución por la que se conceda el aplazamiento.
Nueva obligación sobre la ocupación de los trabajadores
Existe otro cambio que puede pasar algo más desapercibido, pero que las empresas no deberían dejar para el final.
El Real Decreto establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que los empresarios comuniquen a la Tesorería General de la Seguridad Social el código de ocupación laboral, única o principal, de las personas trabajadoras por cuenta ajena que se encuentren de alta, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Ocupaciones vigente.
La obligación afecta a aquellos casos en los que esta información todavía no haya sido comunicada.
El objetivo es que la Administración disponga de datos adecuados para elaborar los informes utilizados, entre otras cuestiones, en el eventual reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en determinadas actividades especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres.
Pueden ponerse en contacto con el servicio SIGA Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
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]]>La entrada Fechas fiscales clave de septiembre y octubre de 2026 para autónomos y empresas se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Septiembre
Hasta el 14 de septiembre
INTRASTAT – Estadística Comercio Intracomunitario
Hasta el 21 de septiembre
Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las Instituciones de Inversión Colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas y, de rentas de no residentes obtenidas sin establecimiento permanente.
IVA
Impuesto sobre las Primas de Seguros
Impuestos Especiales de Fabricación
Impuesto Especial sobre la Electricidad
Impuestos Medioambientales
Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras
Hasta el 30 de septiembre
IVA
Impuestos Medioambientales
Declaración informativa mensual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de cualquier tipo de tarjetas y mediante pagos asociados a números de teléfono móvil
Declaración informativa mensual de cuentas en toda clase de instituciones financieras y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras
Octubre
Hasta el 13 de octubre
INTRASTAT – Estadística Comercio Intracomunitario
Hasta el 20 de octubre
Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las Instituciones de Inversión Colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas y, de rentas de no residentes obtenidas sin establecimiento permanente.
Pagos fraccionados Renta
Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes
IVA
Impuesto sobre las Primas de Seguros
Impuestos Especiales de Fabricación
Impuesto Especial sobre la Electricidad
Impuestos Medioambientales
Impuesto Especial sobre el Carbón
Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma
Hasta el 30 de octubre
IVA
Impuestos Medioambientales
Hasta el 31 de octubre
IVA
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]]>La entrada Las sociedades patrimoniales también pueden aplicar la reserva de capitalización se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Como ya sabrá, la reserva de capitalización permite reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (IS) cuando la entidad incrementa sus fondos propios y mantiene ese aumento durante el plazo establecido legalmente.
Aunque este incentivo suele relacionarse con empresas que desarrollan una actividad económica ordinaria, la Ley no excluye de forma general a las sociedades patrimoniales. Por este motivo, una entidad dedicada, por ejemplo, al arrendamiento de inmuebles puede aplicar la reducción siempre que tribute a uno de los tipos de gravamen admitidos y cumpla el resto de los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado expresamente este criterio en una consulta vinculante V 0997-26 relativa a una sociedad patrimonial dedicada al alquiler de locales comerciales y que no contaba con personal contratado para su gestión.
La reducción general pasa a ser del 20%
Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2025, la reserva de capitalización se ha visto reforzada. Con carácter general, la reducción aplicable asciende al 20% del incremento de los fondos propios de la entidad. Hasta ahora, el porcentaje era inferior, por lo que el incentivo adquiere una mayor importancia en la planificación del cierre fiscal.
Este porcentaje se calcula sobre el incremento de fondos propios determinado conforme a las reglas específicas de la Ley, y no sobre cualquier aumento que aparezca contablemente en el patrimonio neto.
El límite puede elevarse al 25%
La reducción no puede aplicarse sin límite. Como regla general, su importe máximo será el 20% de la base imponible positiva previa a la propia reducción, a determinados ajustes contables y a la compensación de bases imponibles negativas.
Sin embargo, cuando el importe neto de la cifra de negocios de la entidad sea inferior a un millón de euros, ese límite máximo se eleva al 25%.
Esto significa que una pequeña sociedad puede aprovechar una parte mayor del incentivo en el mismo ejercicio, siempre que el incremento de sus fondos propios permita alcanzar dicha cuantía.
Qué cifra de negocios debe comprobarse
Para saber si resulta aplicable el límite del 25%, no basta con observar de forma aislada la facturación reflejada en el último cierre contable. La norma exige revisar el importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo en el que se genera el derecho a la reducción.
Cuando ese importe sea inferior a un millón de euros, podrá aplicarse el límite incrementado del 25% de la base imponible positiva previa.
La reserva debe mantenerse durante tres años
La aplicación del incentivo exige que el incremento de los fondos propios se mantenga durante un plazo de tres años desde el cierre del período impositivo al que corresponda la reducción. La Ley contempla una excepción cuando la disminución se produce como consecuencia de pérdidas contables, pero fuera de ese supuesto será necesario conservar el incremento durante todo el período exigido.
Además, la entidad debe dotar una reserva contable por el importe de la reducción aplicada. Esta reserva tendrá que aparecer en el balance con absoluta separación, bajo una denominación adecuada, y permanecer indisponible durante esos mismos tres años.
Los incrementos de plantilla permiten porcentajes reforzados
La nueva regulación incorpora porcentajes superiores cuando aumenta la plantilla media de la entidad. La reducción puede elevarse:
Este incremento también debe mantenerse durante tres años.
En el caso de muchas sociedades patrimoniales sin personal contratado, estos porcentajes reforzados no tendrán aplicación práctica. No obstante, conviene conocerlos cuando la entidad sí cuenta con trabajadores o prevé incorporarlos.
La falta de base imponible no hace perder inmediatamente la reducción
Puede ocurrir que la sociedad genere el derecho a la reserva, pero no disponga de suficiente base imponible positiva para aplicarla en su totalidad. En ese caso, las cantidades pendientes podrán aplicarse en los dos períodos impositivos que finalicen inmediatamente después del cierre del ejercicio en el que se generó el derecho, junto con la reducción que, en su caso, corresponda en cada uno de esos ejercicios. En todo momento deberán respetarse los límites legales aplicables.
El criterio de la DGT no sustituye la comprobación de los requisitos
La consulta de la Dirección General de Tributos confirma que no existe una exclusión específica para las entidades patrimoniales y que el límite del 25% puede aplicarse cuando la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros.
No obstante, la propia DGT advierte que su contestación parte de los hechos declarados por el consultante. No entra a comprobar la realidad de los datos contables, la correcta determinación del incremento de fondos propios ni el cumplimiento efectivo de los requisitos del artículo 25 de la Ley. Estas cuestiones podrán ser revisadas posteriormente por la Administración tributaria.
Recomendaciones
Las sociedades patrimoniales con beneficios y una cifra de negocios inferior a un millón de euros deberían revisar la posible aplicación de la reserva de capitalización antes de cerrar el Impuesto sobre Sociedades.
Para ello será necesario comprobar el incremento real de los fondos propios, identificar las partidas que no pueden computarse, calcular correctamente el límite del 25%, dotar la reserva de forma separada y planificar su mantenimiento durante tres años.
Una revisión realizada antes de aprobar las cuentas anuales permite coordinar mejor la distribución del resultado, la contabilización de la reserva y la liquidación del impuesto, evitando perder un incentivo que puede reducir de forma apreciable la tributación de la sociedad.
Pueden ponerse en contacto con nuestro departamento Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
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]]>La entrada El seguro de vida de la hipoteca puede reducir la factura del IRPF se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>Uno de los aspectos que más controversia ha venido generando en la tributación de los inmuebles arrendados es determinar qué gastos pueden deducirse realmente al calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario. La normativa enumera numerosos gastos deducibles, pero no siempre resulta sencillo determinar si determinados desembolsos guardan una relación suficientemente directa con la obtención de los ingresos derivados del alquiler.
Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su Resolución de 24 de junio de 2026, fijando un criterio que puede beneficiar a muchos propietarios que tienen financiada su vivienda mediante un préstamo hipotecario.
El seguro de vida no siempre puede deducirse
Conviene hacer una primera aclaración importante. La resolución no establece que cualquier seguro de vida relacionado con una vivienda alquilada sea deducible en el IRPF. El criterio únicamente afecta a determinados supuestos en los que ese seguro mantiene una relación directa con la financiación del inmueble.
Por tanto, la contratación voluntaria de un seguro de vida por motivos personales continúa sin generar, con carácter general, un gasto deducible en los rendimientos del alquiler.
La clave está en la financiación del inmueble
El elemento determinante no es el seguro en sí mismo, sino la función que desempeña dentro de la financiación. El TEAC considera que cuando la entidad financiera exige contratar un seguro de vida como condición para conceder el préstamo o cuando su contratación permite acceder a un tipo de interés más reducido, existe una vinculación económica directa entre ese gasto y la financiación utilizada para adquirir o construir el inmueble arrendado.
En estas circunstancias, las primas dejan de verse como un gasto estrictamente personal para pasar a integrarse dentro del coste financiero asociado al inmueble.
No se trata de un seguro sobre el inmueble
Otro aspecto relevante que aclara la resolución consiste en diferenciar el seguro de vida de otros seguros tradicionalmente deducibles. Los seguros de incendio, responsabilidad civil, robo o similares protegen directamente el inmueble que genera los rendimientos y ya estaban expresamente previstos en la normativa.
Sin embargo, el seguro de vida protege a la persona asegurada y no al inmueble. Por ese motivo, el Tribunal entiende que su deducción no puede fundamentarse en las normas específicas aplicables a los seguros sobre el bien arrendado, sino en su consideración como un gasto relacionado con la financiación.
El concepto de gasto deducible es más amplio de lo que parece
Uno de los aspectos más interesantes de esta resolución es que el TEAC recuerda que la relación de gastos deducibles prevista en la Ley del IRPF no constituye una lista cerrada. La propia norma habla de gastos necesarios para obtener los rendimientos e incluye únicamente algunos ejemplos.
Esto permite interpretar que también pueden deducirse otros desembolsos cuando exista una conexión económica clara con la obtención de los ingresos derivados del alquiler.
Según el Tribunal, lo verdaderamente importante no es que el gasto sea estrictamente obligatorio desde un punto de vista jurídico, sino que contribuya de forma directa a la obtención de los rendimientos.
Un criterio que puede reducir la tributación de muchos arrendadores
La resolución parte de una idea sencilla. Si el propietario acepta contratar un seguro de vida para conseguir una financiación más barata, el coste total de esa financiación no está formado únicamente por los intereses del préstamo, sino también por el importe de las primas satisfechas.
Desde un punto de vista económico, ambos conceptos forman parte del coste necesario para mantener la financiación del inmueble arrendado. Por ello, impedir la deducción del seguro mientras se admiten los intereses supondría, según el Tribunal, gravar una capacidad económica superior a la realmente obtenida por el contribuyente.
¿Qué deben revisar ahora los propietarios?
Quienes obtienen rentas por el alquiler de inmuebles financiados mediante hipoteca deberían comprobar varios aspectos antes de presentar su próxima declaración del IRPF. Entre ellos conviene verificar:
Disponer de esta documentación facilitará la justificación del gasto en caso de una futura comprobación tributaria.
Recomendaciones
La resolución del TEAC supone un criterio favorable para muchos contribuyentes, pero no convierte automáticamente en deducibles todas las primas de seguros de vida.
Cada caso debe analizarse individualmente para comprobar si realmente existe una vinculación directa entre el seguro y la financiación del inmueble arrendado. Antes de aplicar esta deducción en la declaración del IRPF resulta aconsejable revisar la documentación del préstamo hipotecario y confirmar que se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal.
Una correcta revisión previa puede evitar futuras regularizaciones y permitir aprovechar aquellas deducciones que la normativa y la doctrina administrativa reconocen de forma expresa.
Pueden ponerse en contacto con nuestro departamento Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
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]]>La entrada La limitación de la adquisición de participaciones y acciones propias en las sociedades de capital se publicó primero en Conocimiento jurídico.
]]>En ocasiones, cuando un socio desea abandonar la sociedad, surge una idea aparentemente sencilla: que sea la propia empresa quien adquiera sus participaciones. Sin embargo, esta posibilidad está muy limitada por la Ley de Sociedades de Capital.
La razón es clara. Si una sociedad pudiera comprar libremente sus propias participaciones o acciones, podría verse reducido su patrimonio en perjuicio de los acreedores y alterarse el equilibrio existente entre los socios. Por ello, la adquisición de autocartera constituye una excepción y únicamente puede realizarse en los casos expresamente previstos por la normativa.
Existen diferencias entre las sociedades limitadas y las anónimas
Aunque ambas pueden adquirir participaciones o acciones propias en determinados casos, la regulación no es exactamente la misma.
En las sociedades limitadas el régimen es especialmente restrictivo. Solo pueden adquirirse participaciones propias en situaciones tasadas, como determinadas reducciones de capital, adquisiciones gratuitas, adjudicaciones judiciales o algunos supuestos relacionados con la separación o exclusión de socios, entre otros.
En las sociedades anónimas existe una mayor flexibilidad, aunque también deben cumplirse condiciones específicas relacionadas con la autorización de la junta, los límites patrimoniales y el porcentaje máximo de acciones que pueden mantenerse en autocartera.
La junta general suele desempeñar un papel fundamental
Muchas operaciones de autocartera requieren una autorización expresa de la junta general. En determinados supuestos será este órgano quien deba aprobar la adquisición, fijando aspectos esenciales como el número máximo de participaciones o acciones, el precio de adquisición o el plazo durante el que podrá ejecutarse la operación.
Esta intervención pretende garantizar la transparencia de la decisión y proteger el interés social frente a posibles actuaciones unilaterales de los administradores.
La sociedad no puede comprometer su equilibrio financiero
Uno de los principios básicos que inspira esta regulación consiste en evitar que la adquisición de autocartera debilite económicamente a la sociedad. Por ello, la Ley establece que determinadas adquisiciones solo podrán realizarse cuando, una vez ejecutadas, el patrimonio neto continúe siendo suficiente para cubrir el capital social y las reservas legalmente indisponibles.
En otras palabras, la sociedad no puede utilizar recursos esenciales para financiar este tipo de operaciones.
La autocartera no puede mantenerse indefinidamente
Cuando la sociedad adquiere participaciones o acciones propias, la normativa también fija plazos para decidir su destino. Dependiendo del supuesto concreto, será necesario transmitirlas nuevamente o amortizarlas mediante la correspondiente reducción de capital dentro de los plazos establecidos por la Ley. El objetivo es evitar que la autocartera se convierta en una situación permanente.
Mientras permanezcan en poder de la sociedad, los derechos quedan suspendidos
Las participaciones o acciones propias no funcionan igual que el resto. Mientras permanezcan en la cartera de la sociedad, los derechos políticos asociados a ellas quedan suspendidos. En consecuencia, no pueden utilizarse para votar en las juntas ni para alterar las mayorías sociales.
Además, la Ley exige dotar determinadas reservas contables mientras la autocartera permanezca en el activo de la sociedad.
La asistencia financiera también está prohibida
Otro aspecto que suele generar dudas aparece cuando un tercero desea adquirir participaciones de la sociedad.
Con carácter general, la sociedad limitada no puede financiar esa operación concediendo préstamos, anticipando fondos o prestando garantías para facilitar la adquisición de sus propias participaciones.
Esta prohibición pretende evitar operaciones artificiosas que, en la práctica, supongan una financiación indirecta por parte de la propia sociedad.
Las consecuencias pueden ser relevantes
Cuando una adquisición se realiza incumpliendo los requisitos legales, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple incidencia administrativa. Dependiendo del caso, la operación puede resultar nula, obligar a la enajenación o amortización de las participaciones, exigir reducciones de capital e incluso generar responsabilidades para los administradores cuando no adopten las medidas previstas por la Ley.
Por este motivo, este tipo de operaciones deben planificarse cuidadosamente antes de formalizar cualquier acuerdo.
Situaciones en las que conviene revisar la normativa
La regulación sobre autocartera cobra especial importancia cuando se producen situaciones como:
En todos estos supuestos resulta aconsejable estudiar previamente cuál es la alternativa jurídica más adecuada antes de que la sociedad adquiera directamente las participaciones.
Recomendaciones
Las operaciones de autocartera constituyen una de las materias más técnicas del Derecho societario. Antes de que una sociedad adquiera participaciones o acciones propias conviene analizar el tipo de sociedad, el motivo de la operación, la situación patrimonial, los acuerdos sociales necesarios, el tratamiento contable y las consecuencias fiscales.
Una planificación adecuada permite evitar nulidades, responsabilidades para los administradores y futuras incidencias registrales, garantizando que la reorganización del capital social se realice con plena seguridad jurídica.
Pueden ponerse en contacto con este nuestro departamento Jurídico para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
La entrada La limitación de la adquisición de participaciones y acciones propias en las sociedades de capital se publicó primero en Conocimiento jurídico.
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