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La ley 1/2024 de transición energética y Cambio climático, Gobierno Vasco, establece el marco jurídico para alcanzar el objetivo descarbonizar la actividad socio-productiva, la transición a una economía circular y la adaptación al cambio climático.
Teniendo como referencia las emisiones de gases de efecto invernadero, en adelante GEIs, del año 1990, se plantea como objetivo que en 2050 estas emisiones se hayan reducido al 100%, teniendo como objetivo intermedio el 33% para el 2030, el 45% con respecto al 2005.
Gobierno Vasco trabajará en dos líneas, eficiencia energética y energías renovables.
En el ámbito de la transición energética, Euskadi se plantea un ahorro energético de al menos un 12% para 2030 y del 37% para 2050, teniendo como año base 2021. Los planes y estrategias se enfocan a la reducción de consumo energético a través de apostar por consumo de proximidad, economía circular, aprovechamiento de energía térmica de excedencia, movilidad no motorizada, diseños urbanísticos eficientes energéticamente, educación, eficiencia de las instalaciones térmicas, rehabilitación urbana y edificios, adaptación de alumbrado público.
Por su parte, energías renovables tiene como objetivo que al menos el 32% del consumo final energético provenga de estas fuentes para 2030. Para alcanzar este objetivo se impulsarán la implantación de estas tecnologías y de sistemas de almacenamiento
Aunque aún no se ha publicado el reglamento que aplica a la ley, donde se establezcan plazos, ya se conocen qué acciones conllevará para la administración pública y para empresas de diferentes sectores.
Por e ello la ley promueve el cálculo de huella de carbono y la economía circular, puesto que las emisiones directas de gases de efecto invernadero del sector industrial y asociadas a la electricidad representan el 30% de las mismas. La economía circular en procesos productivos permite reducir el consumo de materias primas, entorno al 7%, y la generación de residuos, así como el consumo energético, entre 30-50% en función de la actividad, y por ende reduce la huella ambiental generada por la actividad.
¿Qué conlleva esto para las empresas?
La ley obliga a los siguientes sectores a calcular su Huella de carbono de organización y elaborar un plan de reducción:
- Instalaciones industriales
- Actividades de comercio, turismo y resto de subsectores del sector servicio
- Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras
- Instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de aguas
- Edificación
Con el cálculo de la huella de carbono de organización y/o de producto o servicio se computan la totalidad de los gases de efecto invernadero asociados, permitiendo así tener una imagen de partida y permitiendo fijar un plan de reducción de las emisiones, para así contribuir a la mitigación del cambio climático. Como organización aporta una ventaja competitiva puesto que mejora la eficacia de los procesos, mejora la imagen de la marca y permite cumplir, adaptarse y anticiparse al marco normativo.
Voluntariamente, el cálculo puede registrarse actualmente en el registro gratuito de MITECO, Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico, y muy pronto en el REGISTRO VASCO, que servirá para acreditar en licitaciones y concursos públicos que dispone de cálculo de Huella de Carbono, que será requerido en los pliegos de contratación.
Además, en función del sector, se plantean otras medidas, como pueden ser:
- en el caso de industria, la incorporación de la economía circular en sus procesos, orientada a la reducción del consumo energético y la disminución de la utilización de las materias primas y de su huella de carbono
- en el caso de comercio, turismo y resto de subsectores del sector servicio, el fomento del comercio local y de proximidad.
- en el caso de actividades agro ganaderas, el fomento de sistemas de producción que protejan los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas, potencien la capacidad de fijación de carbono, reduzcan las emisiones y el consumo de agua, impulsen la economía circular, mantengan la fertilidad del suelo y aseguren unas producciones sanas y sostenibles. La utilización de prácticas agrícolas y forestales que eviten la degradación del suelo, en particular, la erosión, contribuyendo a la vez a la conservación de la materia orgánica del suelo. d) La utilización racional de fertilizantes químicos, sustituyéndolos, en la medida de lo posible, por fertilizantes de origen orgánico procedentes de la propia explotación o del entorno, o de residuos orgánicos. El fomento de la correcta gestión de los purines, estiércoles, residuos agrarios y pesqueros, incorporando las mejores técnicas disponibles, incluyendo la obtención de energía y promoviendo la economía circular
Las administraciones públicas impulsarán incentivos fiscales para actuaciones enfocadas a la mitigación del cambio climático, reducción y absorción de emisiones, así como la adaptación al cambio climático.
¿Qué conlleva esto para la administración pública?
Elaboración de Planes de Clima y Energía por parte de Diputaciones y de municipios de más de 5.000 habitantes. Estos municipios deberán elaborar y aprobar los planes, y éstos ser evaluado cada dos años para revisar el grado de cumplimiento.
En el caso de municipios con menos de 5.000 habitantes los planes podrán ser elaborados de forma individual o comarcal.
Las administraciones públicas serán promotoras y facilitarán el desarrollo de proyectos de energías renovables, contando con la participación ciudadana. En este aspecto tienen importante relevancia las comunidades de energías renovables.
Para la implantación de acciones, de los presupuestos generales, se destinará un 2,5% para realizar estas acciones y, además, se establece el canon a energía renovables que se implanten o estén implantadas en suelo no urbanizable, cuya recaudación será destinada a conservar y recuperar el medio ambiente.
Otra medida para impulsar al descarbonización, de manera indirecta, es incluir en los pliegos de contratación la obligación por parte de los licitadores de disponer de la Huella de Carbono de productos, servicios y suministros, vinculado con el objeto del contrato.
Resumiendo, se pone especial énfasis en el fomento de certificaciones ambientales, específicamente la huella de carbono para organizaciones, y la huella ambiental para productos y servicios, así como el fomento de la eficiencia energética y el uso e implantación de energías renovables.
Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieras precisar, contáctanos.
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