El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) renovó su Comité Directivo para el periodo 2026-2027, como parte de los trabajos de su 48ª Asamblea General Ordinaria.

Durante la sesión, José Antonio Chávez Rodríguez asumió la presidencia del organismo en relevo de Manuel Fonseca Altamirano, quien concluyó su periodo al frente del Consejo.

La renovación de la mesa directiva se realizó con la presencia de Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Jabnely Maldonado, titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); y Víctor Rubén Guzmán Dagnino, titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), quienes participaron como testigos de honor.

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El mercado mexicano de vivienda mantiene comportamientos diferenciados entre segmentos, con mayor dinamismo en la vivienda media y de menor valor, mientras que el residencial muestra una postura más cautelosa por parte de los compradores, de acuerdo con Banco Inmobiliario Mexicano (BIM). 

Ernesto Fragoso, director corporativo de Banca Empresarial, Patrimonial y Fiduciaria de BIM, explicó que la institución observa un buen ritmo de colocación y absorción en los segmentos en los que concentra buena parte de su actividad de financiamiento inmobiliario. 

“Vemos un dinamismo en vivienda media hacia abajo, en el tema que nos toca hacer, que es desarrollo inmobiliario de viviendas”, señaló. 

El directivo indicó que este comportamiento está apoyado principalmente por el financiamiento disponible para los compradores finales a través de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). 

“En ese rubro vemos un buen ritmo, vemos una buena absorción del mercado”, afirmó. 

Vivienda residencial mantiene mayor cautela 

La situación es distinta en los segmentos de mayor valor. Fragoso señaló que BIM observa un mercado más retraído en vivienda media residencial, residencial y residencial plus, cuyos compradores mantienen una posición más conservadora ante el entorno económico. 

De acuerdo con el directivo, una diferencia importante radica en el perfil y las necesidades de quienes adquieren este tipo de propiedades. 

Mientras en los segmentos de menor valor la vivienda suele responder a una necesidad habitacional, parte de la demanda residencial corresponde a compradores que buscan una segunda o tercera propiedad, lo que les permite postergar la decisión ante periodos de incertidumbre. 

“Vemos un mercado un poquito más retraído, un mercado un poquito más conservador, más a la expectativa de qué está pasando”, comentó. 

80% de cartera de BIM se concentra en vivienda media hacia abajo 

El comportamiento de este segmento también se refleja en la composición de la cartera inmobiliaria de BIM. 

Fragoso señaló que la cartera total de crédito de la institución supera los 14,000 millones de pesos y que alrededor de 80% se encuentra concentrada en vivienda media hacia abajo. 

El 20% restante se encuentra diversificado en otros segmentos inmobiliarios. 

Además, detalló que aproximadamente 25% de la cartera del banco se localiza en el norte y noroeste del país, particularmente en entidades como Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. 

Menores tasas podrían impulsar financiamiento 

Hacia adelante, Fragoso consideró que el entorno de menores tasas de referencia puede contribuir a mantener el flujo de financiamiento y favorecer las decisiones de compra de vivienda. 

El directivo destacó que la reducción del costo del dinero permite que los créditos se vuelvan gradualmente más accesibles, aunque en el caso de las hipotecas el ajuste ocurre a un ritmo diferente debido a sus plazos de largo plazo. 

“Nosotros creemos que sí van a ir bajando, pero más lento”, indicó respecto a las tasas hipotecarias. 

De esta manera, BIM mantiene una perspectiva favorable para los segmentos de vivienda media y de menor valor, mientras que en el residencial prevé que los compradores continúen actuando con mayor cautela ante las condiciones económicas y financieras. 

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Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) prepara su entrada al mercado de créditos hipotecarios individuales con un nuevo producto que prevé lanzar durante 2027 para financiar la adquisición de vivienda nueva y usada. 

Antonio Karim Méndez de la Barrera, director de Banca Patrimonial de BIM, explicó que la institución trabaja actualmente en el desarrollo del producto, con el objetivo de ampliar su participación en el mercado de vivienda y complementar el financiamiento que ya ofrece a desarrolladores inmobiliarios. 

“Estamos desarrollando justamente ese producto para tenerlo en el corto o mediano plazo”, señaló el directivo. 

Posteriormente, Ernesto Fragoso, director corporativo de Banca Empresarial, Patrimonial y Fiduciaria de BIM, precisó que la expectativa de la institución es comenzar a ofrecer el crédito hipotecario individual el próximo año. 

“Nosotros estimamos que para el año que entra tengamos el producto de crédito hipotecario individual, para que personas físicas puedan acceder a créditos”, indicó. 

Fragoso agregó que el producto estará diseñado tanto para la adquisición de vivienda nueva como usada y que los financiamientos podrán alcanzar hasta 12 millones de pesos, aunque el monto otorgado dependerá de la capacidad crediticia de cada solicitante. 

BIM busca ampliar participación en mercado de vivienda 

La incursión en el crédito hipotecario individual ampliará la presencia de BIM dentro de la cadena de financiamiento habitacional, pues actualmente uno de los principales negocios de la institución es el crédito puente dirigido a desarrolladores. 

Méndez de la Barrera señaló que el banco mantiene un enfoque importante en proyectos con viviendas cuyos precios se encuentran entre 800,000 pesos y alrededor de 1.5 a 2 millones de pesos. 

En ese sentido, explicó que el nuevo producto responde también a la intención de atender directamente a las personas que buscan adquirir un patrimonio. 

“De la misma manera que estamos apoyando a desarrolladores […] para poder crear o tener estas viviendas nuevas, asequibles, en términos generales para la población mexicana, en ese mismo sentido estamos buscando apoyar a ese tipo de mercado, de segmento de personas físicas, de personas que buscan hacerse de una casa”, comentó. 

Fragoso señaló que existe un mercado potencial importante entre las generaciones jóvenes que comienzan a independizarse, formar hogares y buscar alternativas tanto de renta como de compra de vivienda. 

Menores tasas podrían favorecer acceso al crédito 

El lanzamiento se prepara además en un contexto de reducción de las tasas de referencia, situación que podría favorecer gradualmente las condiciones del financiamiento hipotecario. 

Méndez de la Barrera explicó que el descenso en el costo del dinero puede trasladarse hacia menores costos de financiamiento y contribuir a que un mayor número de personas tenga acceso a un crédito para comprar vivienda. 

“Esto lo que provoca o lo que ayuda es que algún crédito, por ejemplo, el crédito hipotecario, en este caso para el beneficio de la vivienda, pueda ajustarse y ser más asequible para más personas”, afirmó. 

El directivo agregó que algunas instituciones financieras ya comienzan a ofrecer tasas hipotecarias inferiores a 9%, después de un periodo en el que se mantuvieron por encima de ese nivel. 

Por su parte, Fragoso consideró que las tasas hipotecarias podrían continuar descendiendo en el mediano y largo plazo, aunque aclaró que su ajuste suele ser más lento que el de la tasa de referencia debido a que estos créditos se contratan a plazos que pueden extenderse durante 20 o 30 años. 

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El Gobierno del Estado de México y el Banco Mundial trabajan en una estrategia para reordenar y mejorar el entorno urbano alrededor del Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, con una cartera de 53 proyectos estratégicos que abarcan 194 hectáreas en torno a la estación Toluca.

La propuesta busca aprovechar la infraestructura y los servicios públicos existentes para generar nuevos espacios públicos y áreas verdes, además de mejorar las condiciones para peatones y ciclistas. Para ello, el organismo internacional entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) estudios técnicos, diagnósticos y herramientas de planeación con una visión de largo plazo hacia 2045.

El paquete, denominado ‘Marco para el Desarrollo Urbano Sostenible y Adaptado al Clima en el Área de Influencia del Tren Interurbano México-Toluca’, establece lineamientos para orientar el crecimiento urbano en torno a la estación y aprovechar el potencial territorial que genera la infraestructura ferroviaria.

Un parque lineal entre los proyectos

Entre las propuestas destaca la creación de un Parque Lineal en el camellón central del bulevar Las Torres, con el objetivo de recuperar este espacio y convertirlo en un punto de encuentro para los habitantes de la zona.

A la par, los estudios contemplan acciones para mejorar la imagen urbana, ordenar el crecimiento alrededor del Tren El Insurgente y fortalecer la integración entre los distintos modos de movilidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Parcial del Tren Interurbano.

Para definir estas intervenciones, el Banco Mundial desarrolló, en colaboración con la Sedui y las firmas Deloitte y TEN Arquitectos, instrumentos de planeación orientados hacia un modelo de desarrollo urbano bajo en carbono.

El paquete también incluye Guías de Diseño Urbano con criterios para priorizar los desplazamientos peatonales y ciclistas, la accesibilidad universal, la seguridad vial y la incorporación de infraestructura verde y azul.

Además de los estudios, especialistas del Banco Mundial impartieron talleres al personal de la Sedui para fortalecer sus capacidades en materia de planeación urbana y facilitar la aplicación de estas herramientas en los proyectos que se desarrollen en el área de influencia del Tren El Insurgente.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de México busca establecer una visión de largo plazo para el desarrollo urbano alrededor de la infraestructura ferroviaria y orientar las futuras intervenciones de la zona bajo criterios de movilidad, espacio público, infraestructura verde y adaptación al clima.

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La frase: “México necesita modernizar sus catastros y registros públicos de la propiedad” parece que se dijo en 1999 y sigue vigente con la iniciativa de ley presentada dentro del paquete económico este 8 de septiembre de 2026 como anexo h), según se aprecia en la Gaceta Parlamentaria. 

La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral parte de un diagnóstico correcto: existen profundas diferencias entre entidades federativas y municipios en materia de actualización, digitalización, cartografía, interoperabilidad, capacidad técnica y calidad de la información inmobiliaria. Esta iniciativa tiene fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-R Constitucional, que faculta al Congreso para “…expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.” 

El problema es que la iniciativa propone una transformación nacional de gran alcance sin resolver adecuadamente la cuestión que durante décadas ha limitado cualquier intento serio de modernización: la capacidad técnica, institucional y económica de los municipios para llevarla a cabo. 

La propuesta contiene avances importantes que pretende establecer una Clave Única Catastral, una Cédula Única Catastral y Registral, una Plataforma Nacional Catastral, modelos homologados para trámites y servicios, mecanismos de interoperabilidad con los Registros Públicos de la Propiedad y estándares comunes para actualizar y compartir información. Todo ello puede mejorar la certeza jurídica, simplificar operaciones inmobiliarias, fortalecer la planeación urbana y, eventualmente, elevar la capacidad recaudatoria municipal. Sin embargo, el verdadero problema no está únicamente en lo que pretende hacer la ley, sino en determinar quién tendrá la capacidad material y financiera para hacerlo. 

La discusión necesariamente debe comenzar en el artículo 115 constitucional, porque el catastro no es simplemente una base de datos. Es una institución directamente vinculada con la hacienda municipal. La fracción IV del artículo 115 establece que los municipios administrarán libremente su hacienda y percibirán las contribuciones que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora. También corresponde a los ayuntamientos proponer a las legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para determinar las contribuciones inmobiliarias. 

Esto significa que el catastro cumple simultáneamente funciones fiscales, territoriales, urbanísticas, administrativas y patrimoniales. Un municipio que no conoce correctamente qué existe dentro de su territorio, cuánto mide, qué se ha construido, cómo se ha subdividido o cuál es el valor económico aproximado de los inmuebles tiene necesariamente una capacidad limitada para administrar su territorio y recaudar el impuesto predial. Por eso, cualquier política nacional de modernización catastral debe respetar la autonomía municipal y, al mismo tiempo, reconocer que no todos los municipios poseen las capacidades necesarias para ejercer plenamente las facultades que la Constitución les reconoce. 

Una tarea pendiente desde la reforma constitucional de 1999 

Este problema no es nuevo. La reforma constitucional al artículo 115 publicada el 23 de diciembre de 1999 estableció en su artículo Quinto Transitorio que, antes del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas estatales, en coordinación con los municipios, debían adoptar las medidas necesarias para que los valores unitarios de suelo utilizados como base de las contribuciones inmobiliarias fueran equiparables a los valores de mercado. La propia reforma contemplaba que se realizaran los ajustes necesarios a las tasas para garantizar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. 

Han pasado más de dos décadas desde aquella disposición constitucional y todavía existen enormes diferencias entre municipios. La propia exposición de motivos de la nueva iniciativa reconoce que las instituciones catastrales presentan distintos niveles de desarrollo, actualización, sistematización y digitalización, y que en numerosos casos los valores catastrales no reflejan adecuadamente la realidad económica de los inmuebles. 

Esta situación permite formular una crítica que debería ser central en el debate legislativo: México no ha carecido únicamente de normas en materia catastral; ha carecido de capacidad institucional y presupuestaria suficiente para cumplirlas de manera homogénea en todo el territorio nacional. Si desde 1999 existe un mandato constitucional para mejorar las bases inmobiliarias municipales y en 2026 todavía reconocemos importantes rezagos, resulta difícil suponer que una nueva ley, por sí sola, resolverá el problema. 

La lección debería ser que una obligación jurídica a cargo de los municipios requiere infraestructura tecnológica, personal especializado, sistemas de información geográfica, levantamientos, cartografía, valuación, capacitación, digitalización y mantenimiento permanente, por lo que el mandato legal debe ir acompañado de los medios necesarios para cumplirlo. 

Los beneficios de la nueva ley son reales 

La iniciativa tiene virtudes que no deben perderse de vista, por ejemplo, el Plan Nacional Catastral pretende desarrollar y fortalecer los catastros, homologar procesos y criterios técnicos, impulsar la actualización permanente de la información, establecer estándares y modelos de datos y fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades catastrales. 

De esta manera, la Plataforma Nacional Catastral busca establecer un mecanismo de coordinación tecnológica entre Federación, estados y municipios. De acuerdo con la iniciativa, deberá integrar cartografía, módulos de gestión de trámites y servicios, gestión del impuesto predial y pagos digitales. Esto puede significar un avance considerable para ciudadanos, desarrolladores, inversionistas, notarios y autoridades, especialmente si consigue reducir duplicidades, tiempos de respuesta, diferencias entre bases de datos y posiblemente, reducir los fraudes inmobiliarios. 

Otro de los avances más relevantes es la vinculación entre catastro y Registro Público de la Propiedad. Durante décadas hemos tolerado que dos instituciones públicas encargadas de describir distintos aspectos de un mismo inmueble funcionen con información que no necesariamente coincide. El Registro Público refleja primordialmente la situación jurídica de la propiedad, mientras que el catastro identifica sus características físicas, geográficas, administrativas y fiscales. La iniciativa propone relacionar la Clave Única Catastral con el Folio Real mediante la Cédula Única Catastral y Registral. 

Una correcta interoperabilidad puede reducir discrepancias en superficies, ubicación, nomenclatura y antecedentes de los inmuebles. También puede mejorar la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias, facilitar la planeación territorial, detectar construcciones no incorporadas a los padrones y elevar la eficiencia administrativa, los cuales son objetivos correctos y necesarios. 

El problema comienza cuando se supone que todos los municipios mexicanos pueden implementar esas obligaciones bajo condiciones semejantes y la realidad es que tenemos más de 2,485 realidades diferentes en cada municipio del país. 

Una misma ley para municipios con capacidades profundamente distintas 

La iniciativa reconoce expresamente que los municipios tienen diferentes capacidades institucionales, técnicas y presupuestales y que esas disparidades repercuten en la prestación de los servicios públicos y en la administración de sus territorios. Sin embargo, el diseño financiero de la reforma no parece responder a la profundidad del diagnóstico que en la misma se formula. 

No puede compararse la capacidad de una ciudad metropolitana que cuenta con sistemas de información geográfica, cartografía digital, bases de datos integradas, personal especializado, infraestructura tecnológica y una importante recaudación propia, con la de un municipio pequeño cuyo catastro puede depender de unos cuantos servidores públicos y disponer de recursos mínimos. Ambos podrán recibir jurídicamente las mismas obligaciones, pero sus posibilidades reales de cumplirlas serán completamente diferentes. 

Uno de los grandes problemas de México es la necesidad de modernizar el catastro, desconocer la base del territorio disminuye las probabilidades de una planeación adecuada, de un diagnóstico certero y de seguridad jurídica sobre la propiedad, todo ello cuesta dinero, tanto el que se deja de ingresar, como el que se debe invertir. 

Es necesario actualizar cartografía, georreferenciar predios, incorporar construcciones, depurar bases de datos, adquirir o desarrollar software, mantener servidores, garantizar ciberseguridad, capacitar funcionarios, realizar levantamientos y eventualmente adquirir imágenes aéreas u ortofotografía. También requiere especialistas que permitan actualizar valores de suelo y construcción mediante metodologías técnicamente defendibles. Con esta iniciativa, la interoperabilidad puede decretarse como obligación jurídica, pero su implementación requiere infraestructura y ésta requiere presupuesto. 

México ya cuenta con el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, identificado como U003 dentro del Ramo 15 correspondiente a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El programa constituye un antecedente importante porque permite financiar proyectos de modernización y establece mecanismos de participación federal y local. Sin embargo, su escala es muy distinta a la transformación nacional que ahora pretende la nueva ley. 

Además, el esquema de concurrencia financiera puede producir un efecto paradójico que enseguida explico: Los municipios que cuentan con mayores recursos propios se encuentran en mejores condiciones para aportar contrapartes y acceder a apoyos federales, mientras que aquellos con mayor rezago tecnológico pueden tener precisamente mayores dificultades para reunir los recursos necesarios. De esa manera, una política diseñada para reducir desigualdades puede terminar beneficiando más rápidamente a quienes ya poseen mejores capacidades institucionales que quienes no las tienen. 

La contradicción presupuestaria de la iniciativa 

El punto más delicado aparece en los propios artículos transitorios. La iniciativa establece responsabilidades para SEDATU, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las autoridades catastrales y las autoridades registrales. Los municipios deberán adoptar modelos nacionales, implementar herramientas tecnológicas, utilizar la Clave Única Catastral, incorporar la Cédula Única Catastral y Registral, adoptar la Plataforma Nacional Catastral y mantener actualizada su cartografía. 

Sin embargo, el artículo Octavo Transitorio establece que las erogaciones generadas por la entrada en vigor del decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto correspondientes y dispone expresamente que su implementación no requerirá recursos presupuestarios adicionales para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. 

Ahí se encuentra una de las principales contradicciones de la iniciativa, porque se pretende realizar una transformación estructural de la infraestructura catastral y registral mexicana, pero al mismo tiempo se establece que dicha transformación deberá financiarse esencialmente con los recursos existentes. 

Ahora bien, no sería correcto afirmar que en México no existe ningún recurso destinado a catastros, porque existe el programa U003 y existen antecedentes de inversión federal en modernización registral y catastral. El problema es diferente y más profundo: una reforma que amplía considerablemente las obligaciones y pretende construir una infraestructura nacional interoperable no viene acompañada de una fuente extraordinaria, suficiente y proporcional de financiamiento para hacerlo. 

Es poco lógico que se quieran obtener más ingresos, sin considerar las inversiones necesarias, y esta contradicción adquiere todavía mayor relevancia al formar parte de la discusión asociada al Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Si se pretende convertir la modernización catastral en una verdadera política nacional, sería lógico acompañarla de una estrategia presupuestaria plurianual. 

La insuficiencia presupuestaria de la reforma no consiste en que México carezca por completo de recursos destinados al catastro. Desde años anteriores existe el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, U003, que ha financiado proyectos de modernización mediante esquemas de concurrencia con entidades federativas y municipios. En 2024 contó con alrededor de 88.4 millones de pesos; en 2025 con aproximadamente 91.8 millones originalmente aprobados, y en el PPEF 2026 su estructura programática reportó alrededor de 95.5 millones de pesos.  

Sin embargo, en el Paquete Económico de 2027 no se identifica una ampliación presupuestaria extraordinaria y proporcional específicamente destinada a financiar proyectos de modernización para la construcción de una arquitectura nacional obligatoria que comprende una Plataforma Nacional Catastral, Clave Única Catastral, Cédula Única Catastral y Registral, interoperabilidad, cartografía actualizada y homologación tecnológica. 

Armonizar no debe significar centralizar 

También existe un aspecto constitucional que debe comprenderse con la creación de estándares nacionales y mecanismos de interoperabilidad que pueden ser jurídicamente razonables e incluso necesarios, pero no deben convertirse en un mecanismo indirecto de centralización de una función estrechamente relacionada con la hacienda municipal. 

La iniciativa intenta preservar este equilibrio al señalar que el Plan Nacional Catastral deberá aplicarse bajo principios de concurrencia, corresponsabilidad, apoyo técnico y respeto al ámbito competencial previsto constitucionalmente. Sin embargo, será indispensable revisar cuidadosamente los lineamientos, modelos y reglas técnicas que posteriormente se emitan. 

La Federación puede promover estándares nacionales, establecer mecanismos de intercambio de información y desarrollar infraestructura tecnológica común. Lo que no debería hacer es sustituir las decisiones que constitucionalmente corresponden a los municipios y a las legislaturas estatales en materia de hacienda municipal. 

Armonizar información no significa absorber competencias. 

La actualización catastral tampoco debe presentarse como sinónimo de aumentar indiscriminadamente el impuesto predial. Una cosa es actualizar correctamente los valores inmobiliarios y otra distinta determinar las tasas aplicables. La propia reforma constitucional de 1999 reconoció esta diferencia al ordenar aproximar los valores utilizados para las contribuciones inmobiliarias a los valores de mercado, pero también contempló ajustes en las tasas impositivas necesarios para mantener la proporcionalidad y la equidad tributaria. 

Este tema es delicado porque ha habido recientes intentos para que los estados graven con un impuesto estatal las traslaciones de dominio, lo cual encarece la propiedad y hace menos competitivos para inversiones a esas entidades y los ingresos son mínimos, comparados con los problemas que acarrean, incluyendo amparos que en la mayoría de las ocasiones terminan por tildar dichos impuestos de inconstitucionales. 

Volviendo a la reforma, una política catastral moderna puede incluso permitir una mejor recaudación sin generar incrementos desproporcionados. Incorporar construcciones omitidas, identificar correctamente los predios, actualizar superficies, eliminar privilegios, reducir evasión y mejorar la cobranza, esto, sin duda, permitirá distribuir de manera más equitativa la carga tributaria. 

El verdadero problema mexicano es un círculo vicioso: catastros deficientes producen baja recaudación; la baja recaudación genera municipios financieramente débiles, y los municipios financieramente débiles carecen de recursos para modernizar sus catastros. La ley puede ayudar a romper ese círculo, pero únicamente si viene acompañada de inversión institucional. 

Lo que debería corregir el Congreso 

En la mesa de los legisladores todavía hay oportunidad de modificar la iniciativa, si es que la voluntad se los permite, estamos a tiempo de que pueda convertirse en una reforma de enorme importancia. Una primera modificación debería ser revisar el artículo Octavo Transitorio para evitar que una transformación de alcance nacional nazca limitada presupuestariamente. Al mismo tiempo, debería establecerse un Programa Nacional Plurianual de Modernización Catastral y Registral, con recursos identificables y metas verificables. 

También sería necesario realizar un diagnóstico nacional que clasifique a los municipios conforme a su grado de desarrollo catastral. No todos requieren lo mismo. Algunos necesitan interoperabilidad; otros requieren migración tecnológica; actualización cartográfica, y existen municipios que prácticamente requieren crear o reconstruir su infraestructura catastral. 

Los apoyos federales deberían considerar esa realidad. No resulta razonable exigir las mismas aportaciones a municipios metropolitanos con alta capacidad recaudatoria y a gobiernos locales cuya hacienda apenas alcanza para prestar los servicios públicos fundamentales. Podrían establecerse porcentajes diferenciados de participación federal de acuerdo con capacidad fiscal, rezago tecnológico y población. 

La reforma debería incluir además un programa permanente de profesionalización del personal catastral, mecanismos de asistencia técnica federal y estatal, estándares de ciberseguridad y una transición gradual que evite imponer obligaciones imposibles de cumplir en plazos uniformes. 

Asimismo, sería conveniente establecer indicadores nacionales de desempeño que permitan conocer qué porcentaje de los predios se encuentra georreferenciado, qué proporción de la cartografía está actualizada, cuál es el grado de coincidencia entre catastro y Registro Público, cuántas construcciones se encuentran incorporadas correctamente, cuál es el nivel de digitalización y cómo evoluciona la recaudación predial como resultado de la modernización. 

Sólo entonces podría hablarse de una verdadera política nacional de fortalecimiento catastral. 

Una buena ley puede fracasar si no existe capacidad para cumplirla 

México necesita tener esta discusión de ley, necesitamos mejores catastros, mejores registros públicos, información territorial confiable, interoperabilidad, trámites más sencillos y mayor seguridad jurídica para las operaciones inmobiliarias. También necesita fortalecer las haciendas municipales y reducir la dependencia financiera de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales. En esos objetivos, la iniciativa avanza en la dirección correcta. 

Pero existe una lección que no debería ignorarse. Desde la reforma constitucional de 1999 existe un mandato para fortalecer las bases inmobiliarias municipales y aproximar los valores utilizados para las contribuciones inmobiliarias a los valores de mercado. Más de veinte años después seguimos reconociendo enormes diferencias entre municipios. El problema nunca fue exclusivamente jurídico. Ha sido también institucional, técnico y financiero. 

Por ello, si ahora México pretende dar un salto todavía mayor hacia plataformas nacionales, interoperabilidad, cartografía permanentemente actualizada, una Clave Única Catastral y la integración automática con los registros públicos, el Congreso debe responder una pregunta elemental: ¿con qué recursos se financiará esa transformación? 

No se puede exigir a miles de municipios que desarrollen capacidades que históricamente no han tenido y, al mismo tiempo, establecer en los transitorios que no existirán recursos presupuestarios adicionales para hacerlo. 

De mantenerse así la iniciativa, existe incluso el riesgo de obtener un resultado contrario al objetivo planteado. Los municipios con capacidad económica podrán modernizarse rápidamente, mientras aquellos con menores recursos avanzarán lentamente o dependerán de apoyos federales insuficientes. Una ley diseñada para reducir las diferencias catastrales podría terminar ampliándolas. 

México sí necesita una Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, pero necesita algo más que una buena arquitectura jurídica. Necesita convertir esa legislación en una verdadera política de Estado respaldada por capacidad institucional y financiamiento suficiente. 

Porque una norma puede establecer obligaciones, estándares y plazos, pero no puede producir por sí misma servidores, cartografía, especialistas, sistemas de información ni capacidad técnica municipal. 

Sin presupuesto suficiente, la armonización catastral corre el riesgo de existir en la ley, pero no en el territorio, sería otra reforma como la de 1999. 

*Karim Oviedo

Miembro del Consejo Consultivo de AMPI. Ex Presidente Nacional de AMPI 2025

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El actual ciclo de reducción de las tasas de referencia abre una oportunidad para invertir en México, particularmente ante la expectativa de que éstas continúen descendiendo, señaló Ernesto Fragoso, director corporativo de Banca Empresarial, Patrimonial y Fiduciaria de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM). 

Durante su participación en el evento Conecta BIM CDMX 2026, el directivo destacó que la economía mexicana mantiene condiciones de solidez pese a los episodios de volatilidad registrados durante los últimos años. 

“Creo que el peso está fuerte, creo que la economía está sólida, está apretada, pero está sólida, está avanzando”, afirmó. 

Fragoso explicó que BIM realizó un ejercicio para analizar el comportamiento del tipo de cambio entre marzo de 2018 y agosto de 2026, periodo en el que identificó un promedio cercano a 19 pesos por dólar. 

En ese lapso, recordó, el mercado atravesó acontecimientos como la pandemia de Covid-19 y distintos procesos políticos y electorales que generaron episodios de volatilidad; sin embargo, el peso posteriormente recuperó terreno frente a la moneda estadounidense. 

“Yo creo que apostarle a México es una gran apuesta”, sostuvo el directivo de BIM. 

Tasas abren oportunidad para inversionistas 

Otro de los factores que Fragoso consideró relevantes para las decisiones de inversión es el comportamiento de las tasas de referencia. 

Durante su exposición explicó que, después del ciclo alcista registrado tras la pandemia, las tasas comenzaron una trayectoria descendente conforme se normalizaron las condiciones económicas. 

Ante este escenario, consideró que quienes buscan instrumentos de inversión de mediano y largo plazo pueden encontrar actualmente condiciones favorables antes de que las tasas continúen disminuyendo. 

“El mejor momento para invertir es hoy, porque el ciclo va a seguir bajando; en el mejor escenario se va a estabilizar un tiempo, pero va a seguir bajando”, señaló. 

Fragoso recordó que las tasas de inversión están vinculadas al comportamiento de las tasas de referencia, por lo que una reducción progresiva también modifica los rendimientos disponibles para los inversionistas. 

En ese sentido, explicó que contratar instrumentos a plazos de dos, tres o cinco años durante periodos de tasas elevadas permite mantener rendimientos mayores frente a inversiones realizadas posteriormente, una vez avanzado el ciclo descendente. 

BIM destaca posición en financiamiento inmobiliario 

Durante la presentación, Fragoso también expuso algunos indicadores financieros de BIM y destacó la participación de la institución dentro del financiamiento al sector inmobiliario. 

De acuerdo con el directivo, la cartera de crédito del banco supera los 14,500 millones de pesos, mientras que su captación se encuentra por encima de los 12,400 millones de pesos. 

Asimismo, señaló que BIM registra un índice de capitalización (ICAP) de 15.61% y un índice de morosidad de 2.48 por ciento. 

Fragoso destacó que los créditos otorgados por la institución se encuentran respaldados principalmente por activos y garantías vinculadas con proyectos inmobiliarios. 

Finalmente, afirmó que BIM se ubica en el tercer lugar dentro de la banca en financiamiento inmobiliario para desarrolladores de vivienda, posición que, aseguró, refleja la especialización que el banco ha construido en este mercado. 

Con ello, el directivo sostuvo que las condiciones actuales de la economía, el comportamiento del tipo de cambio y el ciclo descendente de las tasas configuran un escenario que puede resultar atractivo para quienes buscan oportunidades de inversión en México. 

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La Oficina Subregional de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica abrió la convocatoria para integrar Circuito Urbano 2026, una agenda que reunirá actividades relacionadas con vivienda, territorio y desarrollo urbano durante Octubre Urbano.

La convocatoria está dirigida a personas, organizaciones, ciudades, comunidades y gobiernos de todos los niveles en México, Cuba y Centroamérica. Además, busca sumar al diálogo a representantes del sector privado, academia, sociedad civil, organizaciones comunitarias, colectivos y profesionales vinculados con el ámbito urbano.

Para esta edición, Circuito Urbano tendrá como tema ‘De la vivienda a la ciudad: itinerarios colectivos para un hábitat resiliente’, con el que ONU-Habitat plantea ampliar la discusión sobre el hábitat y su relación con la construcción de ciudades resilientes.

Una convocatoria para distintas actividades

De acuerdo con ONU-Habitat, las propuestas no tendrán que ajustarse a un formato único. Los participantes podrán organizar actividades presenciales, virtuales o híbridas, de acuerdo con sus objetivos y contexto.

Entre las opciones se encuentran coloquios y debates, recorridos barriales, exposiciones fotográficas, capacitaciones, clases magistrales, concursos escolares, campañas de comunicación, series de entrevistas y presentaciones de informes.

Asimismo, la convocatoria contempla propuestas con otros formatos, siempre que permitan generar una conversación en torno a los retos de la vivienda y la ciudad.

Las actividades deberán realizarse entre el 5 y el 31 de octubre de 2026, periodo en el que se desarrolla Octubre Urbano. Este mes comienza con el Día Mundial del Hábitat, el 5 de octubre, y concluye con el Día Mundial de las Ciudades, el 31 de octubre.

Registro abierto hasta septiembre

Las personas y organizaciones interesadas deberán enviar su propuesta antes del 20 de septiembre de 2026 mediante el formulario de registro.

Una vez que ONU-Habitat confirme la participación, los organizadores recibirán una invitación a una sesión virtual informativa, en la que conocerán herramientas para desarrollar y difundir sus actividades.

Posteriormente, las propuestas seleccionadas se incorporarán a la programación de Circuito Urbano, que tendrá difusión en el sitio web y redes de ONU-Habitat MCC, así como en el portal global de Octubre Urbano.

Al concluir cada actividad, los participantes deberán compartir los principales resultados de la discusión, información sobre asistencia desglosada por género, fotografías, videos y otros materiales relevantes para integrar el informe de la edición 2026.

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El Infonavit elevó de 29,000 a 60,000 viviendas su meta de construcción en Tamaulipas como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, con una inversión superior a 37,600 millones de pesos (mdp).

Durante la entrega de viviendas en el fraccionamiento Infonavit Arecas, en Matamoros, Octavio Romero Oropeza, director general del instituto, informó que actualmente existen 43,000 viviendas contratadas para su construcción. Además, previó incorporar otras 500 unidades en los próximos días, con lo que el avance llegará a 72% de la meta estatal.

El funcionario encabezó la entrega junto con Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, y Daniel González Escobar, director General de Coordinación Técnica de la Sedatu. En el desarrollo Infonavit Arecas se contemplan 780 viviendas para derechohabientes como parte del programa federal.

Infonavit reestructura créditos en Tamaulipas

Además de la construcción de vivienda, el Infonavit reportó avances en la atención de créditos considerados impagables mediante el programa Solución Integral.

A nivel nacional, el instituto ha reestructurado 4.8 millones de créditos, de los cuales 288,000 corresponden a familias tamaulipecas. Con estas acciones, los acreditados cuentan con mejores condiciones para continuar con el pago de sus financiamientos.

Asimismo, el Infonavit entregará 140,000 liberaciones de hipoteca de manera gratuita en Tamaulipas para quienes cumplieron con el pago de su crédito.

Infonavit suma 547,000 viviendas contratadas

A nivel nacional, el Instituto cuenta con 471 conjuntos habitacionales contratados, que en conjunto representan 547,000 viviendas y un avance de 45% respecto de la meta sexenal.

De ese total, 230,000 viviendas ya se encuentran en construcción y 39,500 han sido colocadas entre los derechohabientes. Además, 43 fraccionamientos ya agotaron su oferta y seis más abrirán durante septiembre.

La entrega en Matamoros representa la quinta que realiza el Infonavit en Tamaulipas y la número 44 a nivel nacional. Estas acciones forman parte de la meta del instituto de construir 1.2 millones de viviendas durante el sexenio para los derechohabientes con menores ingresos.

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Hoy en día, los usuarios pueden solicitar crédito directamente desde su teléfono móvil sin procesos complicados ni largas filas. Esta modalidad digital ha revolucionado el acceso al financiamiento, permitiendo que más personas obtengan recursos para cubrir necesidades específicas, realizar compras o enfrentar imprevistos. 

Si buscas una alternativa práctica para adquirir productos y pagarlos en cómodas mensualidades, el crédito en línea representa una solución moderna que se adapta a tu ritmo de vida.

Qué es un crédito en línea y cómo funciona

Un crédito en línea es una línea de financiamiento que se solicita y gestiona completamente por internet, sin necesidad de visitar una sucursal física. A diferencia de los tradicionales, está diseñado para ofrecer rapidez, simplicidad y accesibilidad a través de plataformas digitales que evalúan tu perfil y te otorgan una respuesta en cuestión de minutos.

El funcionamiento es sencillo: 

• Completas un formulario digital con tu información personal, 
• Proporcionas los documentos requeridos de forma electrónica
• Recibes una respuesta de aprobación casi inmediata. 

Una vez autorizado, puedes utilizar tu línea de crédito para realizar compras en miles de productos, desde electrodomésticos y tecnología hasta ropa y artículos para el hogar, todo con la flexibilidad de pagarlo en plazos accesibles.

Las características principales incluyen un proceso 100% digital, depósito rápido y requisitos accesibles. Esta modalidad elimina las barreras tradicionales del financiamiento, permitiendo que más personas accedan a productos y servicios sin comprometer su liquidez inmediata.

Ventajas de solicitar un crédito en línea de forma rápida

• La principal ventaja de un crédito en línea es la velocidad de respuesta. El proceso es relativamente sencillo: se completa un formulario en línea, se proporciona información básica y, según la empresa, la respuesta de aprobación puede llegar en menos de 15 minutos. 
• Otra ventaja es la ausencia de anualidad en muchas opciones disponibles. Esto significa que no pagas una cuota anual por mantener activa tu línea de crédito, lo que reduce considerablemente el costo total del financiamiento. 
• Los plazos flexibles son otro beneficio clave. Puedes elegir pagar tus compras en 12, 24 o hasta 36 meses, ajustando las mensualidades a tu capacidad de pago. Esta flexibilidad te permite planificar mejor tus finanzas personales y mantener un equilibrio saludable entre tus ingresos y gastos.

Cómo solicitar un crédito en línea de manera efectiva

Prepara tu documentación básica

Antes de iniciar el proceso, es fundamental contar con los documentos necesarios. Los requisitos estándar incluyen ser mayor de edad, generalmente al menos 18 años, y contar con identificación oficial vigente como INE o pasaporte para verificar la identidad del solicitante. 

Completa el formulario en línea

El proceso de solicitud en línea permite iniciar el trámite desde cualquier lugar, completando información básica como nombre, dirección, fecha de nacimiento, correo y teléfono. La mayoría de las plataformas digitales han optimizado sus formularios para que sean intuitivos y rápidos de completar, generalmente en menos de 10 minutos.

Recibe tu aprobación y comienza a usar tu crédito

Una vez enviada tu solicitud, la plataforma evaluará tu perfil crediticio y te notificará la decisión en pocos minutos. Si tu solicitud es aprobada, recibirás información sobre tu línea de crédito aprobada, el monto disponible y las condiciones de pago. 

Algunas plataformas te permiten comenzar a utilizar tu crédito de inmediato de forma digital, mientras que otras pueden requerir que recojas una tarjeta física en una sucursal.

Requisitos básicos para obtener un crédito en línea sin anualidad

Como se mencionó anteriormente, los requisitos para acceder a un crédito en línea sin anualidad son generalmente accesibles y están diseñados para facilitar el proceso de solicitud. El primer requisito fundamental es la edad: debes ser mayor de edad para poder asumir un compromiso financiero legalmente. Esto garantiza que tienes la capacidad legal para firmar un contrato de crédito.

El comprobante de domicilio es igualmente necesario para confirmar tu residencia actual. Este puede ser un recibo de servicios como luz, agua, teléfono o internet, preferiblemente con una antigüedad no mayor a tres meses. Algunos proveedores también aceptan estados de cuenta bancarios o contratos de arrendamiento como comprobantes válidos.

Además de estos documentos básicos, algunas plataformas pueden solicitar información sobre tus ingresos o historial crediticio, aunque esto varía según el proveedor. La ventaja de los créditos digitales es que muchos han simplificado estos requisitos, permitiendo que personas sin historial crediticio extenso también puedan acceder a financiamiento.

Por qué elegir una línea de crédito digital para tus compras cotidianas

Una línea de crédito digital ofrece beneficios significativos para gestionar tus compras cotidianas de manera inteligente. 

• La principal ventaja es la flexibilidad financiera: puedes adquirir productos que necesitas ahora y pagarlos gradualmente sin comprometer tu liquidez inmediata. Esto es especialmente útil para compras importantes.
• La ausencia de anualidad en muchas opciones digitales significa que no pagas comisiones anuales por mantener tu línea de crédito activa. Este ahorro se traduce en un costo total menor del financiamiento, permitiéndote destinar esos recursos a otras necesidades o metas financieras. 
• Otro beneficio importante es la construcción de historial crediticio. Al utilizar tu línea de crédito de manera responsable y realizar tus pagos puntualmente, estás generando un historial positivo que te abrirá puertas a mejores productos financieros en el futuro, como créditos hipotecarios o automotrices con mejores condiciones.
• La gestión 100% digital también representa una ventaja significativa. Puedes consultar tu saldo, realizar pagos, revisar tus movimientos y gestionar tu crédito desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de tu smartphone. 

Finalmente, contar con un crédito en línea te brinda seguridad financiera para enfrentar imprevistos. Los créditos en línea pueden utilizarse para cubrir necesidades específicas de corto plazo, como imprevistos o gastos que no pueden postergarse, siendo útiles siempre que se ajusten a la capacidad de pago de la persona. 

Tener acceso a recursos adicionales te permite manejar emergencias sin recurrir a préstamos informales o comprometer tus ahorros.

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El arquitecto y urbanista Daniel Libeskind fue distinguido con el Praemium Imperiale 2026 en la categoría de Arquitectura, galardón otorgado por la Japan Art Association para reconocer aportaciones sobresalientes en distintas disciplinas artísticas. 

Libeskind, cofundador de Studio Libeskind, es reconocido internacionalmente por obras como el Museo Judío de Berlín y el plan maestro para la reconstrucción del World Trade Center de Nueva York, así como por una producción arquitectónica caracterizada por la exploración de la memoria, la identidad y la experiencia espacial.  

Una arquitectura vinculada con la memoria 

Al anunciar el reconocimiento, la Japan Art Association destacó la capacidad del arquitecto para evocar la memoria cultural a través de una arquitectura original y de fuerte carga emocional, además de subrayar la influencia que disciplinas como la música, la filosofía y la literatura han tenido en su trabajo. 

Nacido en Polonia y posteriormente establecido en Estados Unidos, Daniel Libeskind desarrolló inicialmente una formación musical antes de orientarse hacia la arquitectura, experiencia que ha influido en su aproximación al ritmo, el sonido y la percepción del espacio. 

A lo largo de su carrera ha desarrollado museos, salas de conciertos, centros de convenciones, edificios universitarios, hoteles, complejos comerciales y torres residenciales en distintas ciudades del mundo.  

Su reconocimiento internacional se consolidó con el Museo Judío de Berlín, inaugurado en 2001 y considerado una de sus obras más representativas. El edificio utiliza geometrías fragmentadas, recorridos y vacíos para abordar la historia de la comunidad judía en Alemania y la memoria del Holocausto. 

Asimismo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Daniel Libeskind ganó el concurso internacional para desarrollar el plan maestro de reconstrucción del sitio del World Trade Center en Nueva York, proyecto que planteó la reorganización del complejo y reservó espacios destinados a la memoria de las víctimas. 

Su obra se caracteriza por el uso de formas angulares y geometrías expresivas, así como por una estrecha relación entre los edificios y la historia de los lugares donde se insertan. 

Reconocimiento internacional a las artes 

El Praemium Imperiale se entrega desde 1988 y reconoce anualmente trayectorias destacadas en arquitectura, pintura, escultura, música y teatro o cine. 

Entre los arquitectos premiados en ediciones anteriores se encuentran Eduardo Souto de Moura, Shigeru Ban y Francis Kéré.  

En la edición 2026, Daniel Libeskind comparte el reconocimiento con Cate Blanchett, en teatro y cine; Jenny Holzer, en pintura; Andy Goldsworthy, en escultura; y Herbert Blomstedt, en música. 

Cada uno de los ganadores recibirá 15 millones de yenes, además de una medalla que se entregará durante una ceremonia que se realizará el 28 de octubre en Tokio.  

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