Desde el 1 de agosto de 2026, empresas, autónomos y asesorías disponen de seis días naturales —en lugar de tres— para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) las bajas de trabajadores y las variaciones de sus datos. El cambio llega con el Real Decreto 643/2026 y el Boletín Noticias RED 10/2026, que detalla cómo se aplica en la práctica y qué no cambia con la reforma.
El Real Decreto 643/2026 modifica el artículo 32.3.2.º del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, ampliando de tres a seis días naturales el plazo para presentar las solicitudes de baja y de variación de datos de las personas trabajadoras. La norma se publicó en el BOE del 30 de julio de 2026 y entró en vigor el 1 de agosto.
El cambio responde a una petición recurrente del sector: la medida busca facilitar la gestión administrativa de las empresas, atendiendo a las dificultades que venían señalando profesionales y representantes de empresas para gestionar múltiples comunicaciones en un espacio de tiempo muy breve.
El plazo son días naturales, por lo que cuentan sábados, domingos y festivos, y empieza a correr desde el día siguiente al cese o a la variación. Por ejemplo: si un trabajador cesa el 1 de agosto, la empresa tiene hasta el 7 de agosto (inclusive) para comunicarlo.
El Boletín Noticias RED 10/2026 aclara un matiz importante para evitar errores de cómputo:
Conviene despejar una duda frecuente entre gestores y departamentos de RRHH: la nueva regulación no permite dar de alta a una persona trabajadora dentro de los seis días posteriores a su incorporación, ya que el plazo ampliado se refiere exclusivamente a las bajas y a las variaciones de datos. Las altas mantienen su régimen habitual, comunicándose antes del inicio de la actividad.
La TGSS confirma que la ampliación no requiere ninguna adaptación técnica. En la práctica, basta con:
Aunque no forma parte directa del BNR 10/2026, conviene tener presente que el mismo Real Decreto introduce una obligación nueva y relevante para las empresas: comunicar el Código Nacional de Ocupación (CNO) de cada trabajador por cuenta ajena en alta, con un plazo transitorio de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta principios de febrero de 2027.
Aunque ahora hay más margen, el incumplimiento sigue teniendo consecuencias: si la baja se comunica fuera de plazo, la Seguridad Social la tramitará igualmente, pero la empresa continuará cotizando por ese trabajador hasta la fecha de comunicación y podrá enfrentarse a un procedimiento sancionador.
Para empresas y pymes:
Para autónomos con trabajadores a su cargo:
Para trabajadores y particulares:
Aunque el plazo se haya ampliado, la TGSS y los expertos coinciden en que no conviene sistematizar el retraso:
¿Necesitas ayuda para adaptar la gestión de altas, bajas y variaciones de tu empresa a esta nueva normativa? En nuestra asesoría de Cieza podemos revisar tus procesos con el Sistema RED y acompañarte en el cumplimiento de esta y otras novedades de la Seguridad Social. Contacta con nosotros y te ayudamos a resolver tus dudas.
El BOE ha publicado el Real Decreto 632/2026, que amplía a once nuevas patologías el listado que permite anticipar la jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 45 %. La medida permitirá que unas 50.000 personas puedan jubilarse a partir de los 56 años sin reducción en su pensión.
El Real Decreto 632/2026, de 29 de julio, modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009 para incorporar nuevas enfermedades al listado de discapacidades que dan acceso a la jubilación anticipada regulada en el artículo 206 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Este mecanismo permite reducir la edad mínima de jubilación cuando existen evidencias contrastadas de que una patología reduce de forma generalizada la esperanza de vida.
La norma entra en vigor el 31 de julio de 2026 y se aplica a los hechos causantes posteriores a esa fecha.
El anexo incorpora ahora las siguientes enfermedades:
Además, se amplía la definición de lesión medular para incluir tanto los casos de origen traumático como los de origen no traumático, y se crea una nueva categoría de «enfermedades sistémicas» que agrupa la esclerosis sistémica y la enfermedad renal crónica estadio G5, con el objetivo de dar más coherencia interna al anexo.
El propio Real Decreto señala que este listado no es una relación cerrada, sino abierta y sujeta a revisión periódica conforme aparezcan nuevas evidencias médicas. La inclusión de estas once patologías es fruto de un procedimiento regulado por la Orden ISM/444/2025, en el que una comisión técnica formada por especialistas del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el INSS, el IMSERSO y el Consejo Nacional de la Discapacidad valoró la inclusión de cada patología antes de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitiera resolución.
Para beneficiarse de esta reducción de edad sin que suponga una merma en la pensión, las personas trabajadoras deben cumplir estos requisitos:
En estos casos, el periodo en que se reduce la edad de jubilación se computa como cotizado a efectos de calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión, lo que evita que el trabajador vea reducida su cuantía por adelantar la jubilación.
Para trabajadores con alguna de estas patologías: conviene revisar si cumples los requisitos de cotización y de afectación por la enfermedad, ya que podrías anticipar tu jubilación hasta los 56 años sin penalización en la pensión.
Para empresas: es recomendable conocer este cambio normativo de cara a la planificación de plantillas y a la gestión de empleados con discapacidad reconocida, especialmente en sectores con trabajadores de mayor edad.
Para autónomos: el mecanismo también resulta aplicable si se cumplen los requisitos de cotización, por lo que merece la pena valorar la situación personal ante una posible enfermedad incluida en el anexo.
Recomendación: si tú o alguien de tu entorno padece alguna de estas patologías, es aconsejable solicitar cuanto antes una valoración del grado de discapacidad, ya que el cómputo de los 5 años exigidos empieza a contar desde que se acredita el 45 % o más.
¿Quieres saber si cumples los requisitos para anticipar tu jubilación o tienes dudas sobre cómo te afecta esta ampliación? En nuestra asesoría de Cieza podemos estudiar tu caso. Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha modificado su criterio sobre la cotización de las cantidades abonadas por falta de preaviso en los despidos objetivos. El cambio, publicado en el Boletín de Noticias RED n.º 8/2026 el 14 de julio, obliga a las empresas a cotizar estos importes y a regularizar liquidaciones desde abril de 2025.
Hasta ahora, cuando una empresa no concedía los 15 días de preaviso previstos en un despido objetivo y optaba por abonarlos económicamente, la Seguridad Social consideraba esa cantidad como indemnizatoria y, por tanto, excluida de cotización.
La Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones ha revisado este criterio a la luz de la doctrina jurisprudencial existente. Su conclusión: la indemnización por despido y la cantidad abonada por falta de preaviso son conceptos distintos con naturaleza jurídica diferente.
El artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores distingue claramente entre la indemnización de veinte días por año de servicio y el plazo de preaviso de 15 días. Según la Seguridad Social, esta distinción tiene consecuencias prácticas relevantes: si una sentencia revoca la extinción laboral, el trabajador debe devolver la indemnización percibida, pero no la cantidad cobrada en concepto de preaviso. Esto refuerza la idea de que el preaviso tiene una naturaleza más próxima al salario que a una compensación por el despido.
El nuevo criterio implica dos obligaciones concretas:
Uno de los puntos más relevantes del boletín es que la Administración regularizará de oficio las liquidaciones ya vencidas desde abril de 2025. Esto significa que muchas empresas podrían recibir liquidaciones complementarias por despidos objetivos ya cerrados, sin que hubiera existido ningún aviso previo sobre este cambio de interpretación.
Conviene aclarar qué queda fuera de este cambio:
Para empresas: si has realizado despidos objetivos sin conceder el preaviso completo desde abril de 2025, es necesario revisar cómo se comunicaron esos importes en los ficheros CRA y valorar si procede una liquidación complementaria.
Para autónomos con trabajadores a cargo: las mismas obligaciones aplican si se han tramitado extinciones por causas objetivas sin preaviso, con el consiguiente impacto en el coste de cotización.
Para trabajadores: el cambio no afecta a los derechos ya reconocidos ni a la indemnización legal, que se mantiene igual; el ajuste se limita al tratamiento de cotización de la empresa.
Recomendación: dado que el criterio se aplica con carácter retroactivo y algunos despachos han señalado que la redacción del boletín resulta confusa en ciertos puntos, es aconsejable revisar caso por caso antes de asumir automáticamente una regularización.
¿Tu empresa ha gestionado despidos objetivos sin preaviso completo en el último año? En nuestra asesoría de Cieza podemos revisar tu situación y valorar si te afecta esta regularización. Contacta con nosotros y te ayudamos sin compromiso.
El Tribunal Económico-Administrativo Central ha resuelto que la deducción del artículo 81 bis de la LIRPF por tener a cargo un familiar con discapacidad es plenamente embargable y compensable de oficio. La resolución, de 16 de junio de 2026, fija doctrina vinculante en unificación de criterio y podría extenderse también a otras deducciones del mismo artículo, como la de familia numerosa.
El TEAC analiza si los órganos de recaudación pueden embargar o compensar sin límites la deducción por ascendiente, descendiente o cónyuge con discapacidad a cargo, regulada en el artículo 81 bis de la LIRPF. La conclusión es clara: al no existir una norma que declare esta deducción inembargable, y al no compartir la finalidad de las ayudas protegidas por el Real Decreto-ley 9/2015, su importe puede embargarse íntegramente.
El caso que dio origen a esta resolución partió de una contribuyente que solicitó la devolución de 1.200 euros por su cónyuge con discapacidad. La AEAT detectó una deuda pendiente y compensó de oficio 780 euros de esa cantidad para cobrar una sanción de tráfico en periodo ejecutivo.
El TEAC parte de que se trata de una deducción en la cuota diferencial, lo que significa que se aplica independientemente de si la declaración sale a pagar, a devolver o resulta cero. Además, puede solicitarse de forma anticipada, con un pago mensual por parte de la AEAT, lo que en la práctica supone una transferencia directa de fondos públicos al contribuyente.
Precisamente por este funcionamiento, la propia exposición de motivos de la ley que la introdujo la definió como un auténtico impuesto negativo.
El Real Decreto-ley 9/2015 protege determinadas prestaciones públicas frente al embargo, como las rentas mínimas de inserción o las ayudas a personas en riesgo de exclusión social. El TEAC descarta que esta deducción encaje en ese grupo, entre otros motivos porque:
Según ha señalado Raquel Jurado, técnica del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el razonamiento del TEAC resulta extrapolable al resto de deducciones recogidas en el artículo 81 bis, ya que comparten la misma configuración jurídica como deducciones en cuota diferencial que funcionan como impuesto negativo. Esto incluiría también:
Cuando estas deducciones se acumulan en una misma unidad familiar, el importe embargable puede superar con facilidad los 2.400 o 3.600 euros anuales.
Cabe destacar que este criterio unifica la doctrina para toda la Administración, dejando sin efecto interpretaciones previas más favorables al contribuyente, como la que había adoptado el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en sentido contrario.
Para particulares: si tienes deudas con Hacienda u otros acreedores públicos y aplicas esta deducción, su importe puede ser embargado o compensado de oficio, sin límite alguno, con independencia de que se trate de la ayuda por discapacidad o por familia numerosa.
Para autónomos y empresas: aunque la deducción se aplica en el IRPF de personas físicas, conviene tenerla en cuenta al planificar la fiscalidad familiar cuando existan deudas tributarias abiertas, ya que no ofrece ninguna protección adicional frente al cobro.
Recomendación: si tienes esta deducción reconocida y una deuda pendiente con la AEAT u otro organismo, es aconsejable revisar tu situación antes de que se produzca la compensación automática, especialmente si combinas varias de estas deducciones.
¿Tienes dudas sobre cómo afecta esta resolución del TEAC a tu declaración de la renta o a una deuda pendiente? En nuestra asesoría de Cieza podemos revisar tu caso concreto. Contacta con nosotros y te ayudamos sin compromiso.
El Consejo de Ministros ha aprobado el plan estival 2026, que intensifica la vigilancia de la seguridad laboral frente a las altas temperaturas y refuerza el control de la contratación en sectores con mayor actividad estacional. La medida afecta especialmente a campo, construcción, hostelería y comercio, sectores donde el riesgo por calor y la irregularidad laboral aumentan en estos meses.
El Ejecutivo ha puesto en marcha los planes de actuación previstos para el periodo estival, que combinan dos frentes: la protección de la salud de los trabajadores ante el calor y el control de las condiciones de contratación en los sectores con mayor movimiento migratorio y estacional.
Para ello, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) lanza una campaña informativa dirigida a empresas y trabajadores con pautas concretas frente a las altas temperaturas. Paralelamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) desarrolla campañas específicas de vigilancia, coordinadas con las comunidades autónomas.
La supervisión se centra en las actividades más expuestas al calor:
La Inspección, además, priorizará las actuaciones derivadas de denuncias por estrés térmico, lo que agiliza la respuesta ante situaciones de riesgo comunicadas por los propios trabajadores.
La ITSS ya está enviando avisos electrónicos a empresas de distintos sectores recordando la normativa vigente y las medidas obligatorias de protección frente al calor. Estas comunicaciones incluyen también el material técnico elaborado por el INSST sobre prevención de riesgos derivados del cambio climático.
Sigue vigente lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2024, que obliga a las empresas a:
No adaptar la actividad a estas exigencias puede derivar en responsabilidad frente a la Inspección, especialmente en sectores ya señalados como prioritarios.
El plan estival también incide en la vigilancia de las obligaciones de alta y cotización a la Seguridad Social, así como en la contratación de personas extranjeras, en los sectores con mayor incremento estacional de actividad: agricultura, hostelería y comercio.
En este ámbito, la Inspección actúa de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dirección de Europol, en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas con fines laborales.
Para empresas: revisar y documentar los protocolos frente al calor, asegurar el correcto alta y cotización del personal, y prestar especial atención si se opera en campo, construcción, hostelería o comercio.
Para autónomos con trabajadores a cargo: las mismas obligaciones preventivas y de cotización aplican, con especial relevancia en explotaciones agrícolas y negocios de hostelería.
Para trabajadores: conocer que existe la vía de denuncia por estrés térmico y que esta será atendida con prioridad, además del derecho al permiso retribuido de cuatro días si las temperaturas impiden el acceso al puesto de trabajo.
¿Tu empresa cumple con los protocolos frente al calor o tienes dudas sobre las obligaciones de cotización de tu personal? En nuestra asesoría de Cieza podemos revisar tu situación y ayudarte a evitar sanciones. Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso.
Comprar un vehículo eléctrico en 2026 puede suponer un ahorro real de más de 7.000 euros si se combinan correctamente las ayudas del Plan Auto+ y los incentivos fiscales vigentes. Pero el beneficio varía mucho según quién realice la compra y para qué uso. Te explicamos todo lo que necesitas saber.
El marco de apoyo a la movilidad eléctrica en España combina dos vías: las ayudas directas a través del Plan Auto+ y los incentivos fiscales en el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades. Ambas son compatibles entre sí, aunque no se aplican igual para todos.
El programa Auto+ es el nuevo sistema de ayudas del Ministerio de Industria y Turismo para la compra de vehículos eléctricos en 2026, sustituyendo a los planes MOVES de años anteriores, con una dotación de 400 millones de euros.
Las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026 son retroactivas, lo que significa que si ya has adquirido tu vehículo este año, podrás solicitar la ayuda cuando se abra el portal de solicitudes.
Las cuantías máximas según el tipo de vehículo y comprador son:
Turismos eléctricos (categoría M1, hasta 9 plazas):
Furgonetas y camiones ligeros (categoría N1, hasta 3,5 t):
Además, los puntos de venta están obligados a ofrecer un descuento adicional mínimo de 1.000 € sobre el precio de venta.
Para ser considerados elegibles, los vehículos tienen que cumplir dos requisitos mínimos: que tengan etiqueta CERO y que no superen los límites de precio establecidos. Se incluyen eléctricos puros (BEV), híbridos enchufables (PHEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV) y vehículos de pila de combustible (FCEV).
La cuantía no es una cifra fija, sino que se calcula mediante una fórmula de tres factores denominada criterio EEE: Eléctrico, Económico y Europeo. Los vehículos eléctricos puros reciben el 50% de la ayuda máxima, mientras que los híbridos enchufables reciben el 25%. El precio del vehículo y el lugar de fabricación también influyen en la cuantía final.
Los particulares que compren un vehículo eléctrico nuevo para uso privado pueden aplicar una deducción del 15% del valor de adquisición en su declaración de la Renta.
Los puntos clave son:
Ejemplo práctico: Un turismo eléctrico de 35.000 € con 4.500 € de ayuda Auto+ y 1.000 € de descuento del concesionario tiene un coste neto de 29.500 €. La deducción del 15% se aplica sobre el tope de 20.000 €, lo que supone 3.000 € adicionales de ahorro fiscal.
Cuando el vehículo se adquiere para una actividad empresarial o profesional, la deducción del 15% no se aplica. En su lugar, el principal incentivo es la libertad de amortización, disponible para compras realizadas en 2024, 2025 y 2026.
Esta figura permite deducir fiscalmente el coste del vehículo de forma acelerada, sin tener que esperar a las cuotas de amortización ordinarias repartidas en varios años. El efecto es una reducción anticipada de la base imponible en los primeros ejercicios, con el consiguiente ahorro de tesorería.
Los tipos de vehículo que pueden acogerse son los mismos que para el Plan Auto+: BEV, PHEV, REEV y FCV. Importante: esta ventaja solo aplica a vehículos nuevos; los de segunda mano quedan excluidos.
Para los autónomos, la clave está en demostrar en qué medida el vehículo se usa para la actividad. Como regla general, la normativa presume una afectación del 50% para los turismos, salvo que pueda acreditarse un porcentaje mayor. Algunos sectores específicos (taxis, autoescuelas, empresas de alquiler) pueden deducir hasta el 100% del IVA soportado.
Más allá de las deducciones en IRPF e IS, los vehículos eléctricos disfrutan de otras ventajas:
Las ayudas del Plan Auto+ no son neutras fiscalmente. Con carácter general, en el IRPF se integran como ganancia patrimonial, y en el caso de actividades económicas o del Impuesto sobre Sociedades, constituyen un ingreso computable. Es un aspecto que conviene tener en cuenta al calcular el ahorro real de la operación.
Sumando todos los incentivos disponibles, el ahorro puede ser muy significativo:
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Perfil |
Ahorro potencial |
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Particular |
Hasta 4.500 € (Auto+) + 1.000 € (descuento concesionario) + 3.000 € (IRPF) = hasta 8.500 € |
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Autónomo / Pyme |
Hasta 6.000 € (Auto+) + 1.000 € (descuento) + libertad de amortización |
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Empresa |
Hasta 6.000 € (Auto+) + libertad de amortización acelerada |
La combinación de ayudas directas, deducciones fiscales y beneficios en otros tributos hace que el ahorro real dependa de muchos factores: quién compra, para qué uso, qué tipo de vehículo y cómo se financia. Una planificación adecuada puede marcar una diferencia importante.
En nuestra asesoría en Cieza analizamos tu situación concreta para que aproveches al máximo todos los incentivos disponibles antes de formalizar la compra.
Consúltanos sin compromiso.
El Real Decreto 416/2026, publicado en el BOE el 28 de mayo, renueva completamente las reglas de la jubilación flexible en España. A partir del 28 de agosto de 2026, los jubilados podrán compatibilizar su pensión con el trabajo, incluso como autónomos, con condiciones más ventajosas que hasta ahora.
La jubilación flexible es la posibilidad de cobrar la pensión de jubilación al mismo tiempo que se sigue trabajando. Hasta ahora era una opción poco utilizada, en parte porque las condiciones no resultaban especialmente atractivas.
El nuevo Real Decreto pretende facilitar el retorno de los pensionistas al mercado de trabajo, tras haberlo abandonado por jubilación total, sin tener que renunciar a una parte significativa de la pensión. Para ello, queda derogado íntegramente el Real Decreto 1132/2002, que llevaba más de dos décadas vigente sin revisión integral.
La norma entrará en vigor el 28 de agosto de 2026, tres meses después de su publicación en el BOE.
La ampliación al trabajo por cuenta propia constituye una de las novedades centrales de la reforma, al romper con la configuración precedente, ligada de forma exclusiva al trabajo asalariado a tiempo parcial.
Ahora bien, hay un requisito clave: el pensionista no puede haber estado de alta como autónomo en los tres años anteriores a su jubilación. Si se cumple esa condición, podrá reemprender una actividad por cuenta propia cobrando simultáneamente hasta el 25% de su pensión.
Antes había que esperar un tiempo desde la jubilación para poder solicitar la modalidad flexible. Con la nueva regulación, la jubilación flexible deja de estar vinculada a plazos previos y puede solicitarse en cualquier momento tras reconocerse la pensión.
La jornada de trabajo compatible con la pensión pasa a situarse entre el 33% y el 80% respecto a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Dentro de ese rango, la pensión se reduce en proporción inversa a la reducción de jornada.
Como incentivo al retorno al mercado laboral, si el pensionista espera al menos 6 meses desde su jubilación antes de reincorporarse, obtiene un porcentaje adicional de pensión:
Es la medida más directa para quienes ya han causado pensión y quieren volver al mercado laboral de forma parcial. Ahora tienen más margen de jornada, mejores importes de pensión y la posibilidad de hacerlo también como autónomos.
En el caso del trabajo por cuenta propia, la pensión compatible será siempre del 25%. Aunque es un porcentaje limitado, supone un cambio significativo: hasta ahora esta opción directamente no existía dentro de la jubilación flexible.
Las empresas que contraten a pensionistas bajo esta modalidad deben tener en cuenta que el trabajador mantiene su condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social durante todo el periodo de compatibilidad.
Hay una mejora especialmente relevante para quienes se jubilaron anticipadamente sin haberlo elegido (por despido, por ejemplo): cuando regresen a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verán mejorada su pensión inicial al recalcularse la base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.
La nueva regulación afecta a todos los regímenes de la Seguridad Social, excepto a los regímenes especiales de funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y personal al servicio de la Administración de Justicia.
Antes de solicitar la jubilación flexible conviene valorar bien varias cosas: el porcentaje de jornada que se va a trabajar, si conviene esperar esos 6 meses para obtener el bonus adicional, y si la modalidad es compatible con otras prestaciones o complementos que se estén percibiendo.
Las cotizaciones realizadas durante la compatibilidad no mejoran la pensión, salvo en el caso de jubilación anticipada involuntaria. También es importante saber que no se reconocen complementos a mínimos durante el periodo de compatibilidad, aunque se recuperan íntegramente una vez que cesa la actividad.
Cada situación es diferente y las implicaciones dependen de tu tipo de jubilación, la jornada que vayas a realizar y si tienes previsto trabajar por cuenta ajena o como autónomo. En nuestra asesoría en Cieza te ayudamos a entender cómo afecta esta nueva normativa a tu caso concreto y a tomar la mejor decisión.
Consúltanos sin compromiso antes de que entre en vigor en agosto.
Fuente normativa: Real Decreto 416/2026, de 27 de mayo, BOE núm. 130, de 28 de mayo de 2026.
Desde el 1 de enero de 2026, los propietarios de inmuebles pueden deducirse hasta un 20% en la declaración de la Renta por instalar sistemas de autoconsumo de energía renovable. Una medida aprobada por el Real Decreto-ley 7/2026 que conviene conocer antes de que acabe el año.
El Gobierno ha aprobado, a través del RDL 7/2026, una nueva deducción en el IRPF específica para quienes instalen en 2026 sistemas de autoconsumo eléctrico basados en energías renovables, como paneles solares fotovoltaicos. La instalación también puede incluir sistemas de almacenamiento, es decir, baterías.
Se trata de un incentivo fiscal nuevo, diferente a las deducciones por eficiencia energética que ya existían. Su impacto se notará en la declaración de la Renta de 2027, correspondiente al ejercicio 2026.
Existen dos tramos según el tipo de inmueble:
10% – Para propietarios que instalen el sistema en cualquier inmueble de su titularidad (vivienda unifamiliar, local, etc.).
20% – Para propietarios de viviendas situadas en edificios de uso predominantemente residencial donde se haya realizado la instalación colectiva.
La base máxima de deducción es de 5.000 euros anuales, descontando cualquier subvención pública recibida o pendiente de resolución.
Se consideran gastos deducibles todos los relacionados con la instalación:
Importante: el pago debe realizarse mediante tarjeta, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta. No se admite el pago en efectivo para poder aplicar la deducción.
Esta deducción está pensada principalmente para personas físicas que quieran reducir su factura energética y, al mismo tiempo, obtener un ahorro fiscal. Eso sí, hay condiciones que cumplir:
Si la instalación se realiza en un edificio de uso predominantemente residencial, cada propietario podrá aplicar la deducción del 20% sobre su parte proporcional del gasto. Es una oportunidad especialmente interesante para comunidades que estén planteándose dar el salto al autoconsumo compartido.
Los autónomos que instalen el sistema en su vivienda habitual (y no en el local o espacio afecto a su actividad) podrán beneficiarse de la deducción. Si el inmueble está vinculado a la actividad económica, la instalación quedaría fuera de este incentivo.
Esta deducción no es compatible con las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética de viviendas (las que miden la reducción del consumo de energía primaria), cuando se trate del mismo inmueble y la misma instalación. Tampoco es posible aplicar a la vez el tramo del 10% y el del 20% sobre una misma actuación.
Si tienes dudas sobre qué deducción te conviene más aplicar, lo mejor es analizar tu caso concreto antes de tomar una decisión.
La deducción se practica en el ejercicio fiscal en que finalice la instalación. Como el plazo máximo es el 31 de diciembre de 2026, se reflejará en la declaración de la Renta del año que viene (campaña 2027).
Imagina que instalas placas solares en tu vivienda unifamiliar por un coste total de 4.000 euros (sin subvenciones). Con la deducción del 10%, podrías recuperar 400 euros directamente en tu próxima declaración. Si la instalación se realiza en un edificio residencial y el gasto total es de 5.000 euros, la deducción del 20% supondría 1.000 euros menos a pagar.
Cada situación es diferente: el tipo de inmueble, si existe subvención, la forma de pago o si eres autónomo son factores que pueden cambiar el resultado. En nuestra asesoría en Cieza analizamos tu caso para que aproveches al máximo todos los beneficios fiscales disponibles.
Consúltanos sin compromiso y empieza a planificar tu instalación con cabeza.
Fuente normativa: LIRPF disp.adic.62ª, introducida por el RDL 7/2026, art.36.Tres, BOE 21-3-2026.
Una sentencia clave de abril de 2026 establece que el trabajador debe aportar indicios de que se han producido excesos de jornada antes de que la empresa asuma la carga de la prueba. La resolución pone fin a años de criterios contradictorios entre tribunales y tiene implicaciones directas para empresas, autónomos y trabajadores.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 372/2026 de 15 de abril, ha aclarado las consecuencias del incumplimiento empresarial del registro diario de jornada previsto en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.
La pregunta de fondo era clara: si una empresa no lleva el registro de jornada obligatorio, ¿significa eso que automáticamente debe pagar todas las horas extra que reclame el trabajador? La respuesta del Supremo es no, no de forma automática.
El fallo diferencia dos escenarios distintos. Si existe un horario prefijado y conocido por ambas partes, el trabajador deberá aportar indicios de que ese horario no se cumple en la realidad. Solo si lo hace, la falta de registro de jornada traslada al empresario la carga de probar la jornada realmente realizada. Si, en cambio, los patrones horarios no son fijos, la empresa sí debe probar cuál es la jornada realmente realizada por el trabajador.
En otras palabras: la ausencia del registro de jornada ya no es una «bala de plata» para el trabajador. El contexto importa.
El litigio enfrentaba a un trabajador del sector comercio con un empresario autónomo titular de un pequeño negocio. El empleado reclamaba cantidades por supuestas horas extraordinarias correspondientes a varios ejercicios laborales. La empresa reconoció parcialmente una deuda de 1.000 euros, pero negó el resto. El Supremo confirmó el fallo del TSJ de Castilla-La Mancha: el trabajador no había aportado tickets, albaranes, comunicaciones electrónicas ni testigos que acreditaran la prolongación habitual de su jornada.
Esta sentencia es una buena noticia relativa, pero no elimina la obligación legal de llevar el registro de jornada. El Supremo rechaza que la falta de registro produzca por sí sola una inversión automática de la carga de la prueba, pero mantiene que, cuando existen indicios suficientes de incumplimiento, la empresa deberá acreditar la jornada realmente realizada.
No llevar el registro sigue siendo una infracción, y en caso de litigio, seguirás en una posición de desventaja si el trabajador aporta cualquier prueba mínima.
Si tienes un horario fijo y percibes que tu empresa no respeta ese horario, el hecho de que no lleve registro de jornada no basta por sí solo para ganar un juicio. Necesitas documentarlo: mensajes, correos, testigos, tickets… cualquier indicio que apoye tu reclamación.
Si eres empresa o autónomo con trabajadores:
Si eres trabajador:
El Tribunal Supremo ha puesto orden en un terreno que generaba mucha inseguridad jurídica. Ahora bien, la mejor estrategia tanto para empresas como para trabajadores sigue siendo la misma: cumplir con la ley desde el principio y dejar todo correctamente documentado.
Si tienes dudas sobre cómo gestionar el registro de jornada en tu empresa o quieres saber cómo afecta esta sentencia a tu situación concreta, contacta con nuestra asesoría en Cieza. Te ayudamos a estar al día y evitar problemas laborales antes de que lleguen.
La Agencia Tributaria ha publicado su hoja de ruta para 2026 y los focos están claros: facturación electrónica, movimientos bancarios, sector inmobiliario y patrimonios que no cuadran con lo declarado. Si tienes una empresa, eres autónomo o tienes un patrimonio relevante, esto te afecta directamente.
El pasado 12 de marzo de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Dirección General de la AEAT por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026.
Este documento es, en la práctica, el mapa que Hacienda publica cada año para indicar dónde va a centrar su atención inspectora. Conocerlo con antelación permite a empresas y autónomos revisar su situación y corregir posibles riesgos antes de recibir un requerimiento.
El aplazamiento al segundo semestre de 2026 de las campañas informativas relativas a la adaptación de los sistemas de facturación (Reglamento VERI*FACTU) confirma que su obligación entrará en vigor en enero de 2027.
Esto significa que durante 2026 la AEAT va a intensificar la asistencia y las notificaciones a empresas y autónomos para que adapten sus sistemas. No es una obligación inmediata, pero quien no comience a prepararse ahora llegará tarde en 2027.
Esta es una de las novedades más relevantes del plan. La forma de pagar y mover dinero ha cambiado, y la AEAT se adapta: el plan 2026 intensifica el seguimiento de los nuevos medios de pago.
Se potenciarán los mecanismos para detectar movimientos en proveedores de servicios de pago y créditos comerciales en terminales punto de venta (TPV), y también se impulsará la actuación sobre criptoactivos y activos tokenizados.
¿Qué implica esto para tu negocio? Que todos los cobros —ya sean por TPV, Bizum o plataformas digitales— quedarán registrados y cruzados con lo que declaras.
El mercado inmobiliario vuelve a ser uno de los grandes focos. La planificación de 2026 intensifica los planes de lucha contra el fraude en el sector inmobiliario y de la construcción, con especial atención a la utilización abusiva de sociedades instrumentales.
También se revisarán los alquileres publicitados en plataformas digitales, las SOCIMI y la correcta aplicación del IVA o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en operaciones de compraventa.
La Agencia Tributaria controlará especialmente a contribuyentes con desajustes relevantes entre rentas declaradas y movimientos financieros, así como a empresas y profesionales con uso intensivo de efectivo o con márgenes declarados anormalmente bajos.
Se prestará especial atención a:
La AEAT perseguirá el uso fraudulento del régimen especial de trabajadores desplazados, prestando atención a supuestos basados en contratos de trabajo simulados o en el incumplimiento del requisito de no residencia efectiva previa. Además, se escrutarán los cambios de domicilio fiscal ficticios entre Comunidades Autónomas, sobre todo cuando el entorno societario del contribuyente permanezca en su territorio de origen.
En 2026 se impulsarán intercambios de información entre la AEAT y las CCAA, incluyendo datos censales, información sobre familias numerosas, fianzas de arrendamientos y operaciones con trascendencia fiscal como la constitución de rentas vitalicias.
Esto afecta especialmente a tributos como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el ITP, gestionados por las comunidades autónomas.
El mensaje del Plan 2026 es claro: la incoherencia fiscal es hoy el principal detonante del riesgo inspector. Hacienda no necesita auditarte para saber si algo no cuadra; los datos ya están ahí.
Algunas recomendaciones prácticas:
En nuestra asesoría en Cieza (Murcia) analizamos tu situación de forma personalizada para que puedas anticiparte a cualquier riesgo fiscal. Contáctanos sin compromiso y te ayudamos a revisar tu cumplimiento tributario antes de que Hacienda llame a tu puerta.