Hablar de seguridad en América Latina continúa siendo hablar de homicidio. Ningún indicador expresa con tanta crudeza el deterioro de las condiciones de seguridad como la pérdida violenta de la vida. Los bienes pueden recuperarse; frente al homicidio, cualquier respuesta institucional llega necesariamente después de que se ha producido el daño más grave.


Asesor ante la Asamblea Nacional Constituyente por la Policía Nacional
Integrante del Colegio Profesional de Administradores Policiales COLPAP
La Constitución Política de Colombia de 1991, es el hecho más trascendental en la historia constitucional del país y una de las grandes conquistas jurídicas de los últimos 35 años.
La Constitución Política de Colombia expedida el 4 de julio de 1991, cumplió 35 años. Para la Policía Nacional esta Carta Magna, representa un hecho histórico de significativa trascendencia porque le dio vida constitucional a la institución, después de 100 años de espera y le otorgó los fundamentos especiales para el cumplimiento de su misión.
La normatividad constitucional fue sabia al plasmar en el capítulo VII “de la Fuerza Pública”, artículos 216 al 223, todo lo relativo a la Fuerza Pública y específicamente a la Policía Nacional (artículo 218), que le dio la base primordial que responde a sus fundamentos filosóficos, principios doctrinales, misión, definición, su naturaleza civil y funciones para el cumplimiento de su función pública y su actividad profesional, su régimen disciplinario, prestacional y de carrera, haciendo énfasis en el fuero penal militar, el uso legítimo de las armas y de la fuerza policial, funciones constitucionales de policía judicial, así como la reiteración de la prohibición del ejercicio del sufragio y la no participación en actividades o debates políticos partidista, entre otras.
Integrante del Consejo Directivo del COLPAP
El crimen complejo innova, se adapta y desborda fronteras. Los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana y la Interoperabilidad permiten que el Estado Colombiano responda con pensamiento flexible, decisiones oportunas y todas sus capacidades, sin militarizar ni securitizar la seguridad ciudadana.



Ct (RP) Fabio José Garzón Fisco
La industria farmacéutica desempeña un papel esencial en la protección de la salud pública y en el desarrollo económico de los países. La fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de medicamentos requieren altos estándares de calidad, trazabilidad y seguridad para garantizar que los productos lleguen en condiciones óptimas a los pacientes.
Sin embargo, el incremento de delitos como el hurto, el desvío, la adulteración, la falsificación y el contrabando de medicamentos ha convertido a este sector en un objetivo permanente de organizaciones criminales, generando riesgos que trascienden las pérdidas económicas y afectan directamente la seguridad sanitaria.


El terrorismo disminuyó en el mundo durante 2025, pero creció de manera alarmante en Colombia. Esa es, quizás, la cifra que mejor resume la paradoja de seguridad que enfrenta el país.
Mientras las muertes asociadas al terrorismo descendieron globalmente cerca del 28% y los incidentes cayeron 22%, Colombia registró un incremento de 70% en las muertes y de casi 47% en los ataques.
El país pasó de 301 incidentes en 2024 a 442 en 2025, contabilizó 213 fallecidos y 722 heridos, y ascendió al puesto 9 del Índice Global de Terrorismo 2026, su ubicación más crítica desde 2013.




En los últimos quince años, América Latina ha transitado desde la fuerza expansiva de la ola rosa hacia un resurgimiento de gobiernos de derecha y centroderecha.
La región, marcada por crisis económicas, inseguridad y fragmentación política, vuelve a inclinarse hacia modelos que prometen justicia, orden, eficiencia y estabilidad.
Este giro no es coyuntural: refleja el agotamiento de un continente que exige respuestas urgentes en medio de una consunción profunda.
Durante este periodo, la alternancia política confirma la naturaleza pendular de la región.
Tras el auge progresista que dominó los años 2000 y buena parte de los 2020, el mapa latinoamericano muestra hoy una disminución sostenida de las fuerzas de izquierda y un repunte de gobiernos de economía abierta, enfoques conservadores y nuevas derechas diversas y disruptivas.
Antecedentes históricos del consumo de sustancias en Colombia
La evolución del fenómeno de las drogas en Colombia constituye un proceso histórico trascendente que requiere comprender las dinámicas sociales, económicas y de seguridad que enfrenta el país hoy. Lejos de ser un problema reciente, sus raíces se remontan a las primeras redes de contrabando establecidas entre las décadas de 1930 y 1960, que sentaron las bases para el desarrollo de economías ilegales cada vez más sofisticadas.
Durante las décadas de 1960 y 1970, la denominada bonanza marimbera consolidó a Colombia como uno de los principales proveedores de marihuana para el mercado estadounidense, lo que impulsó la aparición de organizaciones criminales con capacidad para controlar la producción y el tráfico internacional.
Posteriormente, en las décadas de 1980 y 1990, el auge de la cocaína dio origen a los grandes cárteles, cuyo poder económico y militar desencadenó una de las etapas más violentas de la historia reciente del país. Paralelamente, el consumo interno de bazuco evidenció que las consecuencias del narcotráfico también impactaban directamente en la sociedad colombiana, especialmente en las poblaciones más vulnerables.