Pero, al mismo tiempo, ya se han levantado voces de expertos que alertan de este erróneo proceder que lleva sistemáticamente a arrojar dinero público al mar porque no se atienden los informes científicos que avisan de los efectos del cambio climático en nuestro país. Sin ir más lejos, la semana pasada se presentó el último estudio que analiza el progresivo aumento del nivel del mar y cómo este fenómeno influye en la costa catalana.

A pesar de lo que diga el nuevo presidente de Estados Unidos al negar el cambio climático, en Catalunya ha subido el nivel del mar en los últimos cincuenta años y, según los estudios más recientes, lo seguirá haciendo a un ritmo mayor o menor en función de la rapidez de los cambios del clima. No obstante, estamos hablando de que cada año se registra un aumento y que el incremento total oscilará entre 18 y 82 centímetros en el 2100, según las predicciones más optimistas y pesimistas, respectivamente. Si tenemos en cuenta que Catalunya tiene 150 kilómetros de litoral urbanizado con paseos marítimos, carreteras, vías de tren, puertos o edificios, no hay que ser Einstein para concluir que estamos ante un grave problema.

Las imágenes del último temporal son un síntoma de lo que está por llegar. El carril bici de Pineda destrozado o el camping de Malgrat de Mar inundado son ejemplos del futuro que nos espera. De ahí que las administraciones deben actuar con previsión y olvidarse de reconstruir infraestructuras en el mismo lugar y con las mismas débiles características, porque el próximo golpe de mar se las llevará por delante. Soy consciente de que el verano está a la vuelta de la esquina y de que el negocio del turismo es capital para nuestro país. Por eso comprendo las prisas por abordar las reparaciones. Pero también es necesario que antes de hacerlas se empiece a considerar el escenario futuro a medio plazo. Por ejemplo, los paseos y los viales hay que alejarlos de la primera línea de la ­costa.

Más preocupante es la afectación del avance del mar en la infraestructura ferroviaria que transcurre paralela al litoral. Son muchos los viajeros de los trenes de cercanías que en los últimos temporales han visto como las olas impactaban contra los vagones y bañaban literalmente a los pasajeros que había en su interior. También hemos visto imágenes inquietantes de la estructura que soporta las vías del tren a punto de ser descalzada por la fuerza del mar. No estamos ante una broma ni ante un episodio excepcional, porque se repite cada vez con más frecuencia. Es fundamental la prevención y la planificación a medio y largo plazo teniendo en cuenta la inexorable evolución del clima, por mucho que nos cueste aceptarlo.

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La mitad de las 6.600 hectáreas de pinedas del Maresme están en riesgo de desaparecer por el efecto del mencionado combinado que ha propiciado la expansión, hasta niveles muy preocupantes, de un pequeño escarabajo de tan sólo 3 milímetros que ataca a los pinos metiéndose en sus troncos y construyendo galerías donde procrean y acaban matándolos. Los técnicos medioambientales de la zona calculan que ya hay entre 200 y 300 hectáreas de árboles muertos, cifra que supone unas 5.000 toneladas de madera seca que puede arder a gran velocidad. Este combustible se ha convertido, a ojos de los bomberos, en una bomba de relojería.

Oriol Bassa, ingeniero de montes y técnico del Consell Comarcal del Maresme, no tiene dudas al augurar el recorrido futuro de esta plaga que ha viajado desde tierras valencianas. “El Vallès Oriental y la Costa Brava serán las próximas zonas afectadas”, asegura Bassa. Los alcaldes están alarmados porque la afectación en el paisaje es más que evidente. El color verde pino de las montañas ha cambiado a un tono marrón previo al gris que indica la muerte de los árboles.

La situación es tan preocupante que se ha creado un gabinete de crisis formado por especialistas de la comarca, de la Generalitat y de la Diputación, y al que hoy lunes se incorporarán los técnicos de los municipios afectados. Esta semana será determinante para afinar el pronóstico puesto que los pinos se están defendiendo de forma natural soltando buena parte de sus hojas. No obstante, los expertos son pesimistas y creen que las soluciones propuestas no impedirán una gran afectación en los bosques.

En primer lugar, hay que poner de acuerdo a los, nada más y nada menos, 4.200 propietarios de los bosques afectados para que corten los árboles muertos y trituren la madera resultante para eliminar al maldito escarabajo. Se ha descartado la fumigación aérea porque no solo mataría al antipático tomicus sino que acabaría con el resto de bichos. Así que la mejor fórmula es colocar trampas con olor a  que atrapan al escarabajo macho. Sin macho, la hembra no procrea y muere.

Como se ve, las soluciones planteadas son lentas para la urgencia de la situación. Por eso, los parques de bomberos de la zona están doblemente preocupados. Primero por el evidente peligro de incendio forestal en una zona densamente poblada y, en segundo lugar, porque la Generalitat les ha dicho que no tiene dinero para comprar los guantes y botas que necesitan para ir apagar incendios. Solo faltaba este ingrediente para que el cóctel acabe siendo explosivo.

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Es encomiable el esfuerzo de estos alcaldes por distanciarse de las estrategias que curiosamente tienen sus mismos partidos a nivel general. Pero lo tienen difícil. Quieran o no, las elecciones del 24-M trascienden el ámbito local porque la mayoría de las formaciones políticas han querido convertirlas en una primera vuelta de la cita trascendental para el proceso soberanista del 27-S. Lo sabe bien el mismo alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien afirmó que no le convenía el sentido general que estaba tomando la campaña municipal y, horas más tarde, el mismo president Mas dejaba clara la vinculación de las dos elecciones.

No obstante, también es cierto que los votantes tendrán muy en cuenta la persona que quieren en la alcaldía y, seguramente, pesará más el perfil del candidato que las siglas a las que pertenezca. Pero, en caso de duda, el futuro del proceso en Catalunya acabará decantando el voto hacia unos partidos u otros.

La estrecha relación de las dos elecciones también condicionará la política de pactos a la hora de formar los gobiernos en los Ayuntamientos. La cercanía de la campaña electoral de septiembre obligará a los partidos a mojarse lo menos posible y a dar pocas pistas de la futura configuración de alianzas postelectorales en el Parlament porque podría tener efectos negativos en sus expectativas y, de paso, defraudar a algunos de sus votantes. Este fenómeno se dará especialmente en las ciudades más significativas por lo que es fácil deducir que los pactos de gobierno en los municipios tardarán en concretarse y esperarán a ver qué panorama queda después de las elecciones de septiembre.

Por esta razón, será más que probable que los consistorios se constituyan en junio a precario. Es decir, que se eligirán a los alcaldes en segunda votación a partir de las listas más votadas y se les dejará gobernar en minoría hasta que se aclare la nueva correlación de fuerzas en Catalunya. Para algunos, como el mismo alcalde Trias, esta situación es conocida porque ha estado gobernando Barcelona así los últimos cuatro años. Para otros, será una novedad con la que deberán convivir unos meses. A pesar de esta precariedad política, quienes se encuentren en esta circunstancia han de recordar que la ley otorga a los alcaldes un poder ejecutivo que les permite gobernar en solitario sin excesivos problemas. Además, este escenario se dará en verano con la gente de vacaciones y, por eso, tendrá poca incidencia. Así que paciencia.

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“¡Esto de Twitter se tiene que acabar! ¡Hay que cerrar internet!”, han llegado a proclamar no pocos torquemadas desde tribunas mediáticas y políticas. Muchas de estas voces que ahora se rasgan las vestiduras por las maldades de las redes sociales mantienen activas cuentas en Twitter con más seguidores de los que nunca llegarán a reunir en un mitin. Y otros muchos pagan a ejércitos de trolls para que ataquen al enemigo utilizando prácticas tan deleznables como la de enmascararse tras perfiles falsos de ciudadanos indignados. Hay una doble moral.

Les pasa como a Mourinho. Sus victorias siempre son un mérito personal y sus derrotas se deben a los árbitros o a la maléfica organización del fútbol. No entienden que las redes sociales han llegado para quedarse y que, entre otras virtudes, han eliminado púlpitos y nos han situado a todos a un mismo nivel. Por eso, el tiempo acabará poniendo a cada uno en su sitio, como sucedió con las pócimas de las brujas medievales.

El calentón provocado por las barbaridades publicadas tras el crimen de León ha comportado que la Policía y la justicia haya empezado a aplicar una ley que ya existía y que también es vigente para los descerebrados que creen que en internet hay plena impunidad. Lo piensan porque nadie les había dado un serio toque de atención. Esta inacción legal no se debía a la falta de legislación, como se pretende argumentar ahora, sino al desconocimiento oficial de estas herramientas y al temor de ver a algún cazador cazado. Por eso, es deseable que el rastreo policial iniciado se extienda a todo tipo de víctimas y que no se limite a las de un solo bando. Hay mucho trabajo por delante, pero la buena noticia es que los bárbaros son una ínfima minoría entre millones de usuarios que utilizamos correctamente estos nuevos espacios virtuales que han afianzado el derecho universal de la libertad de expresión.

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Es una situación absurda. Por un lado tenemos miles de viviendas desocupadas y, por el otro, volvemos a oír planes públicos de construcción de pisos sociales. ¿Para qué queremos tantos pisos? Es necesario reflexionar sobre el modelo de promoción de vivienda pública que se ha impulsado hasta ahora y sería bueno que nos tomáramos en serio las nuevas tendencias que se empiezan a aplicar para evitar que parezcamos marcianos.

Hay municipios, entre los que se encuentra Barcelona, que son sensibles a las voces que piden que el dinero previsto para la construcción de pisos se destine a la adquisición de parte del parque de vivienda vacía. La coyuntura es favorable a esta idea porque el precio de los pisos se ha desplomado y los bancos son más benévolos con las administraciones que con los particulares a la hora de conceder créditos. En este sentido, CiU y PP llegaron a un acuerdo la semana pasada para comprar 300 viviendas deshabitadas en Barcelona para destinarlas a alquiler social. El Consistorio barcelonés estudia también otros sistemas más complejos como el de quedarse pisos vacíos, rehabilitarlos para alquilarlos y que los propietarios tengan la opción de recuperarlos más tarde. Será la primera vez que se apliquen estas fórmulas en Barcelona y el teniente de alcalde Antoni Vives me asegura que este será el camino a seguir. Una vía que, como siempre, ya han recorrido con éxito algunas entidades sociales. Es el caso de Cáritas que gestiona 350 pisos, el 40% son de compra y el resto son cesiones a un alquiler muy bajo. Carme Trilla, ex secretaria general d’Habitatge de la Generalitat y actual responsable de acción social de Cáritas, me da estos datos porque está plenamente convencida de que comprar vivienda vacía en lugar de planificar nuevas construcciones de pisos es ahora la fórmula más eficaz para abordar la situación de emergencia social que vivimos. 

Lo comparto plenamente. No estamos ante la ola de inmigración de los 60 y 70 que obligó a levantar barrios enteros a toda velocidad. En muchos casos, aquellas barriadas se convirtieron en guetos que necesitaron otro tipo de inversión pública para reconectarlos socialmente. Ahora hay que dar nuevas respuestas que, además, corrija viejos errores.

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La condena social ya estaba dictada, y al reo sólo le esperaba una ejecución pública que se evitó gracias a la prudencia del Ayuntamiento de su municipio, que decidió no ir más allá de la lamentación por la pérdida humana. Hizo bien el alcalde de Gelida, Lluís Valls, al negarse a convocar concentraciones populares de rechazo al supuesto asesinato porque, después de que el detenido pasara tres días en el calabozo, el caso dio un vuelco cuando el juzgado de Vilafranca del Penedès ordenó la libertad para el marido de la fallecida porque los forenses consideran que la muerte de la mujer pudo deberse a un suicidio. 

No sé si este hombre finalmente será exculpado de los gravísimos cargos que todavía se le imputan, pero como en tantos otros casos, la presunción de inocencia de nuestro aparente sistema garantista ha brillado por su ausencia. La violencia machista es una lacra que debemos combatir hasta erradicarla. Pero las herramientas que se usan para conseguir ese loable objetivo han generado un efecto secundario en forma de peligroso prejuicio que se ha instalado socialmente y que, de forma automática, convierte en sospechoso y condenable al hombre que tenga alguna relación con una víctima por el simple hecho de haber nacido varón. Y eso ofende a la mayoría de las personas del género masculino que, no sólo no tenemos nada que ver con la violencia, sino que condenamos enérgicamente cualquier agresión hacia las mujeres o hacia cualquier ser humano. Me niego a aceptar que una sociedad civilizada y moderna permita y potencie ese estigma, y es del todo impresentable que esto lo haga la administración pública. Sin duda hay que luchar contra el machismo con todas las armas legales posibles sin que ello suponga pisotear a nadie. 

No soy capaz de imaginar el mal trago que pasó el viudo esos tres días entre rejas. Si ya es durísima la pérdida de la pareja, debe de ser terrible que se te acuse de haberla asesinado. Un horror para él y para su único hijo. El alcalde Valls se ha disculpado ante el imputado, en persona y a través de una nota oficial. La Generalitat también ha rectificado y ha lamentado el “dolor añadido” que ha podido causar la condena pública a la que le sometieron. Que sirva de ejemplo.

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¿Se imaginan que esto sucediera en España? ¿O en cualquier otro país europeo? Les aseguro que la calle, la prensa y la mayoría de líderes de opinión estarían reclamando la cabeza o cabezas de los políticos que hubieran llevado al país a este cierre gubernamental. En cambio, nada de eso está sucediendo. No ha dimitido nadie. Ni un triste secretario de Estado. Al contrario, hay quien ve esta americanada con admiración, siguiendo esa extraña adoración incondicional que sufren por todo lo que viene del país de las hamburguesas y las bebidas de cola.

Pues nada, sigamos babeando ante esta freakada que puede acabar teniendo muy graves consecuencias para la economía mundial, como ya sucedió con la crisis que sufrimos desde hace más de cinco años y que también empezó en la venerada América.

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Uno de los momentos cumbres del concierto del sábado fue la construcción, por parte del público, del mosaico Freedom Catalonia 2014 mientras sonaba Els Segadors, himno oficial de Catalunya. La organización buscaba que esa fuera la imagen principal del acto, especialmente dirigida al mundo. De ahí que, como en anteriores ocasiones, se usara el inglés. Pero, esta vez, la repercusión del concierto y de esta imagen ha sido prácticamente nula en los principales medios de comunicación internacionales. A diferencia de lo que sí pasó con la manifestación del pasado 11 de septiembre o con las elecciones catalanas de noviembre que fueron cubiertos ampliamente por medios de todo el mundo, en esta ocasión se ha hecho el silencio.

¿Qué ha pasado?

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La web de La Moncloa ofrece teóricamente versiones en los cuatro idiomas oficiales de España (castellano, catalán, gallego y vasco), aunque en realidad ninguna de esas opciones funciona y todos los textos aparecen en castellano. En cambio, la pestaña que ofrece la traducción al inglés si que despliega la versión en la lengua de Shakespeare.

Se desconoce si la traducción al alemán y francés viene ordenada por la troika europea para que así los hombres de negro puedan consultar más fácilmente los documentos que aprueba el Gobierno. En cambio, se nota quién manda en Europa ya que la cancillera Merkel sólo traduce la web de su gobierno al inglés y el presidente Hollande ni tan solo eso, la web oficial del Eliseo sólo se puede leer en francés.

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Sea lo que sea, cuando Rajoy comparezca ante el Congreso de los Diputados habrá pasado casi medio mes desde que se dieron a conocer las dramáticas cifras de paro en España. Está claro que no hay prisa. O quizás no hay mucho qué decir.

Mientras tanto, es impresionante la pensión que se llevará Alfredo Sáenz como exconsejero delegado del Banco Santander. 88 millones de euros. Como se trata de una entidad privada, no hay nada que objetar. Aunque sí me permiten, esa estratosférica cifra puede leerse de varias maneras y contraponerla con los sueldos de 450 euros mensuales que la empresa privada está proponiendo hoy mismo para los minijobs.

Veamos. Si la esperanza de vida de los españoles es de 79 años, en el caso de los hombres, y dado que el señor Sáenz tiene ahora 70 años, el exconsejero delegado del Santander puede disfrutar de 9,7 millones anuales. Dicho de otra manera, 26.788 euros cada día. O mejor, 1.116 euros cada hora. No está mal. ¿Qué harías con mil cien euros cada hora? Se aceptan propuestas.

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