De este modo, un despido en caso de enfermedad supondría un riesgo para el empresario, ya que puede dar lugar a un despido nulo y a una posible indemnización adicional por el daño moral sufrido por el trabajador.

La cuantía de esta indemnización, que deberá determinarse por el juez, no está fijada de antemano por la norma. La jurisprudencia ha ido adoptando un criterio que consiste en acudir a los importes previstos como sanciones en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en cuyo artículo 8 se enumeran las diferentes conductas e infracciones; y en su artículo 40 establece las cuantías, que van de los 7.501 euros (en su grado mínimo) a los 225.018 euros (en su grado máximo).

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i) Indignidad para suceder (esta causa puede apreciarse desde haber sido condenado por sentencia firme dictada en juicio penal por haber intentado matar al testador, hasta cuando se destruya, se esconda o se altere el testamento, entre otras).

ii) Denegación de alimentos al testador o a su cónyuge o conviviente en pareja estable, o a los ascendientes o descendientes del testador, en los casos en que existe la obligación legal de prestárselos.

iii) Maltrato grave al testador, a su cónyuge o conviviente en pareja estable, o a los ascendientes o descendientes del testador.

iv) Suspensión o privación de la potestad, por causa imputable a la persona suspendida o privada de dicha potestad.

v) Ausencia manifiesta y continuada de relación familiar, siempre que sea por causa exclusivamente imputable a quien tiene que percibir la legítima.

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La sanción prevista es:
a) Prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
b) Multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.
c) Multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.

Además, debemos subrayar que sólo se podrá proceder contra el denunciante tras el sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.

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En primer lugar, debe subrayarse, en contra de cierta creencia, que la pensión de alimentos no se extingue automáticamente cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, ya que obligación se extiende hasta que estos alcanzan “suficiencia económica” (siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo).

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El Tribunal Supremo (TS) ya determinó que son deducibles las retribuciones que perciben los administradores cuando las mismas están contabilizadas, acreditadas y previstas en los estatutos sociales, sin que haga falta que se aprueben por la junta general.

Ahora, la Sentencia del TS de 13 de marzo de 2024 da un paso más y señala que, si las retribuciones están acreditadas y contabilizadas, su no previsión en los estatutos sociales no puede comportar, en todo caso, la consideración de liberalidad y la improcedencia de su deducibilidad, ya que “no es admisible que un gasto salarial que está directamente correlacionado con la actividad empresarial y la obtención de ingresos sea calificado de donativo o liberalidad no deducible”.

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A nadie escapará que esta renuncia puede provocar un perjuicio en los acreedores de la persona que renuncia, pues no podrán cobrarse con los bienes que potencialmente podrían heredarse.

Así, para proteger a los acreedores del heredero, el Codi Civil de Catalunya establece en su artículo 461-7 lo siguiente:

• La repudiación de la herencia en perjuicio de los acreedores del heredero llamado no puede oponerse a estos, que pueden cobrar los créditos de fecha anterior a la repudiación sobre los bienes de la herencia o sobre la cuota de herencia repudiada si faltan otros recursos para cobrarlos.

• El derecho de los acreedores caduca al cabo de un año de la repudiación.

Es decir, que si los acreedores se enteran de que el heredero ha repudiado la herencia para negarse a pagar, pueden reclamar el pago de las deudas con los bienes de la herencia, teniendo hasta un año para poder imponer esta acción.

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No obstante, en el caso de que la dimisión implique la vacante total de administradores en la sociedad (por ejemplo, porque se trata de un administrador único), será requisito esencial que dicho administrador demuestre que ha convocado previamente una Junta General en la que se haya incluido en el orden del día el nombramiento de uno nuevo.

Una vez acreditada la convocatoria indicando que se va a renunciar al cargo y que debe nombrarse un nuevo administrador, la inscripción de la renuncia no se podrá condicionar a que la Junta llegue a un acuerdo sobre el nuevo nombramiento.

De este modo, aunque la Junta no adopte el acuerdo de nombrar un nuevo administrador, finalizan las obligaciones del saliente, por entenderse suficientemente cumplida su obligación de diligencia.

Si la sociedad finalmente se queda sin administrador se producirá una paralización de los órganos sociales que impedirá su adecuado funcionamiento. Este supuesto aparece reflejado en el artículo 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital como causa de disolución.

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La Sentencia señala que serán deducibles aquellas disposiciones a título gratuito realizadas por relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y todas aquellas que no comprendidas expresamente en esta enumeración respondan a la misma estructura y estén relacionadas con la actividad empresarial o dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Obviamente, la carga de la prueba de que ese gasto está relacionado con su actividad corresponde al obligado tributario, por lo que es aconsejable dejar constancia de que el encuentro está relacionado con la actividad empresarial y su resultado.

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Por lo tanto, es posible cambiar la hipoteca de banco y poder seguir aplicando la deducción (si tenemos derecho a ella). Para ello se deberá acreditar la conexión con el prestamista, su destino vinculado a la vivienda y la justificación de su devolución, por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

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La Audiencia considera probado que la acusada, “con ánimo de obtener un beneficio ilícito” se llevó a su casa a su madre, con la que había perdido el contacto años atrás, aprovechando que esta “presentaba un grado de dependencia severo y un deterioro cognitivo moderado”.

La situación de convivencia duró cerca de dos años y medio, y durante este tiempo la acusada aprovechó “su calidad de guardadora de hecho y su condición de autorizada en las cuentas bancarias para ir progresivamente apoderándose del patrimonio de su madre”.

Así, extrajo cerca de 39.000 euros en más de medio centenar de operaciones. Teniendo en cuenta los gastos de manutención de la madre y el abono de retribuciones que pudo hacer a terceras personas para el cuidado de la anciana, el tribunal considera que la acusada “ha hecho suyo injustificadamente” un total de 19.000 euros, importe este con el que la condenada, asimismo, deberá indemnizar a la perjudicada.

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