Especialidades aplicables a los inmuebles hipotecados.

Por lo que respecta a los inmuebles hipotecados en garantía de deudas de la concursada, hemos de tener en consideración que su enajenación por una cantidad que no alcance el importe por el que responde como consecuencia de la hipoteca constituida sobre él determinaría que solo pudiera pagarse al acreedor privilegiado y que éste, además, no viera satisfecho íntegramente su crédito ni pudiera obtener los réditos correspondientes a los intereses remuneratorios asociados al mantenimiento en el tiempo del préstamo concedido.
Por ello, si el préstamo hipotecario se encuentra al corriente de pago es razonable establecer que el inmueble solo pueda ser realizado (a través de las sucesivas fases que se establecen en esta resolución) si la oferta recibida supera el importe total (actualizado al momento de la eventual transmisión) por el que responde el inmueble.
De este modo, si sometido el inmueble al mercado a través de las dos fases de liquidación establecidas no se obtuviera una oferta como la requerida, se entenderá que el valor del activo es inferior al de la deuda garantizada y, puesto que se habrá realizado, al menos, una subasta sin postura mínima, al amparo del apartado segundo del artículo 423 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal, se dará audiencia a la administración concursal y al titular del derecho real de garantía, a los efectos de determinar el valor por el que se le adjudicará a dicho titular, o a la persona natural o jurídica que señale.
Realización de activos que garanticen créditos con privilegio especial.

El artículo 210.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal solo exige el consentimiento del acreedor titular del crédito privilegiado para la venta directa del bien sobre el que pesa el privilegio, de modo que no es necesario en los supuestos de realización por subasta.
Por subasta hemos de entender el proceso a través del cual se permite la concurrencia de postores para la presentación de ofertas, ya sea dentro de un plazo concreto (presentación de ofertas de forma no presencial) o en un lugar y momentos determinados (presentación de ofertas de forma presencial, ya sea física o telemáticamente).
Por tanto, ya que las dos fases establecidas en las reglas especiales de liquidación se configuran como subastas (la primera ante la administración concursal y la segunda ante la entidad especializada), no es preciso el consentimiento del acreedor con privilegio especial para realizar de modo individualizado el activo sobre el que pesa el privilegio. Tampoco lo será en el caso de que la oferta se presente tras la finalización de la segunda fase y antes de la conclusión del concurso, habida cuenta de que ya se habrán realizado, al menos, dos subastas del activo.
No obstante, resulta procedente reconocer al acreedor con privilegio especial una serie de prerrogativas respecto de la adquisición de aquéllos activos que sirvan para garantizar el crédito que ostentan. Estas son las siguientes:
Primera. No deberá consignar cantidad alguna en los casos en los que decida participar en la subasta de los bienes y se exija dicha caución.
Segunda. Tendrá derecho a igualar la mejor oferta realizada en la primera parte de la primera fase siempre y cuando haya comunicado una dirección de correo electrónico a la administración concursal en el plazo de quince días desde la fecha de resolución que fije las reglas especiales de liquidación.
La administración concursal le comunicará, sin dilación y a través de dicha dirección de correo electrónico, la existencia de la mejor oferta recibida sobre el bien de que se trate, de modo que el acreedor privilegiado dispondrá de un plazo de cinco días (suficiente en tanto que habrá podido sopesar la procedencia de adquirir el bien desde la fecha de la notificación de este auto) para comunicar a la administración concursal que iguala la oferta.
En el caso de que, a pesar de haber comunicado que iguala la oferta, se retracte de la misma o no la materialice en el plazo de diez días, de la cuantía que haya de entregársele en pago del crédito privilegiado se deducirá, en concepto de sanción, el 5% del importe de la oferta, que pasará a formar parte de la masa activa del concurso.
Tercera. Podrá ceder el remate que consiga en cualquiera de las fases de la liquidación.
Estas prerrogativas no serán aplicables en el caso de que el acreedor privilegiado, tras instar la iniciación o la reanudación de la ejecución separada, se desista de ésta con posterioridad a la finalización de la primera parte de la fase de subasta o venta concurrencial ante la administración concursal.

Cargas y gravámenes.

Las ventas se verificarán libres de cargas, salvo que se trate de embargos o trabas que aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva por no ser deudas de la concursada (artículo 201.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal), siendo competente para su cancelación el juez del concurso (artículo 52.2ª del Texto Refundido de la Ley Concursal, en relación con los artículos 225 del mismo y 84 de la Ley Hipotecaria).
Respecto de los activos afectos a créditos con privilegio especial, salvo en caso de subrogación del adquirente en la obligación de la concursada, la venta se realizará sin subsistencia del gravamen (artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Concursal), y el precio obtenido se destinará al pago de los créditos con privilegio especial por su prioridad temporal en caso de estar afecto a más de uno, y de existir sobrante, al pago de los demás créditos (artículo 431 del Texto Refundido de la Ley Concursal).
El libramiento de los mandamientos de cancelación de la anotación de concurso y de las cargas o gravámenes se realizará a instancia de administración concursal. En la solicitud, la administración concursal deberá, por una parte, identificar de manera individualizada y completa las cargas y gravámenes cuya cancelación se interesa (mediante la aportación de copia actualizada de la hoja registral), sin incluir embargos o trabas que aseguren deudas ajenas a la concursada, y por otra parte, acreditar la transmisión y, en el caso de cargas que sustenten privilegios especiales, que el precio obtenido se ha destinado al pago del acreedor privilegiado.

La entrada Procedimiento concursal. Concurso Ordinario 142/2026. SECCIÓN DE LO MERCANTIL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SEVILLA. PLAZA Nº 2. Segunda parte de la fase correspondiente a fase de subasta o venta concurrencial ante la Administración Concursal. se publicó primero en Asensio & Asociados - Asesores de confianza.

Especialidades aplicables a los inmuebles hipotecados.

Por lo que respecta a los inmuebles hipotecados en garantía de deudas de la concursada, hemos de tener en consideración que su enajenación por una cantidad que no alcance el importe por el que responde como consecuencia de la hipoteca constituida sobre él determinaría que solo pudiera pagarse al acreedor privilegiado y que éste, además, no viera satisfecho íntegramente su crédito ni pudiera obtener los réditos correspondientes a los intereses remuneratorios asociados al mantenimiento en el tiempo del préstamo concedido.
Por ello, si el préstamo hipotecario se encuentra al corriente de pago es razonable establecer que el inmueble solo pueda ser realizado (a través de las sucesivas fases que se establecen en esta resolución) si la oferta recibida supera el importe total (actualizado al momento de la eventual transmisión) por el que responde el inmueble.
De este modo, si sometido el inmueble al mercado a través de las dos fases de liquidación establecidas no se obtuviera una oferta como la requerida, se entenderá que el valor del activo es inferior al de la deuda garantizada y, puesto que se habrá realizado, al menos, una subasta sin postura mínima, al amparo del apartado segundo del artículo 423 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal, se dará audiencia a la administración concursal y al titular del derecho real de garantía, a los efectos de determinar el valor por el que se le adjudicará a dicho titular, o a la persona natural o jurídica que señale.
Realización de activos que garanticen créditos con privilegio especial.

El artículo 210.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal solo exige el consentimiento del acreedor titular del crédito privilegiado para la venta directa del bien sobre el que pesa el privilegio, de modo que no es necesario en los supuestos de realización por subasta.
Por subasta hemos de entender el proceso a través del cual se permite la concurrencia de postores para la presentación de ofertas, ya sea dentro de un plazo concreto (presentación de ofertas de forma no presencial) o en un lugar y momentos determinados (presentación de ofertas de forma presencial, ya sea física o telemáticamente).
Por tanto, ya que las dos fases establecidas en las reglas especiales de liquidación se configuran como subastas (la primera ante la administración concursal y la segunda ante la entidad especializada), no es preciso el consentimiento del acreedor con privilegio especial para realizar de modo individualizado el activo sobre el que pesa el privilegio. Tampoco lo será en el caso de que la oferta se presente tras la finalización de la segunda fase y antes de la conclusión del concurso, habida cuenta de que ya se habrán realizado, al menos, dos subastas del activo.
No obstante, resulta procedente reconocer al acreedor con privilegio especial una serie de prerrogativas respecto de la adquisición de aquéllos activos que sirvan para garantizar el crédito que ostentan. Estas son las siguientes:
Primera. No deberá consignar cantidad alguna en los casos en los que decida participar en la subasta de los bienes y se exija dicha caución.
Segunda. Tendrá derecho a igualar la mejor oferta realizada en la primera parte de la primera fase siempre y cuando haya comunicado una dirección de correo electrónico a la administración concursal en el plazo de quince días desde la fecha de resolución que fije las reglas especiales de liquidación.
La administración concursal le comunicará, sin dilación y a través de dicha dirección de correo electrónico, la existencia de la mejor oferta recibida sobre el bien de que se trate, de modo que el acreedor privilegiado dispondrá de un plazo de cinco días (suficiente en tanto que habrá podido sopesar la procedencia de adquirir el bien desde la fecha de la notificación de este auto) para comunicar a la administración concursal que iguala la oferta.
En el caso de que, a pesar de haber comunicado que iguala la oferta, se retracte de la misma o no la materialice en el plazo de diez días, de la cuantía que haya de entregársele en pago del crédito privilegiado se deducirá, en concepto de sanción, el 5% del importe de la oferta, que pasará a formar parte de la masa activa del concurso.
Tercera. Podrá ceder el remate que consiga en cualquiera de las fases de la liquidación.
Estas prerrogativas no serán aplicables en el caso de que el acreedor privilegiado, tras instar la iniciación o la reanudación de la ejecución separada, se desista de ésta con posterioridad a la finalización de la primera parte de la fase de subasta o venta concurrencial ante la administración concursal.

Cargas y gravámenes.

Las ventas se verificarán libres de cargas, salvo que se trate de embargos o trabas que aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva por no ser deudas de la concursada (artículo 201.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal), siendo competente para su cancelación el juez del concurso (artículo 52.2ª del Texto Refundido de la Ley Concursal, en relación con los artículos 225 del mismo y 84 de la Ley Hipotecaria).
Respecto de los activos afectos a créditos con privilegio especial, salvo en caso de subrogación del adquirente en la obligación de la concursada, la venta se realizará sin subsistencia del gravamen (artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Concursal), y el precio obtenido se destinará al pago de los créditos con privilegio especial por su prioridad temporal en caso de estar afecto a más de uno, y de existir sobrante, al pago de los demás créditos (artículo 431 del Texto Refundido de la Ley Concursal).
El libramiento de los mandamientos de cancelación de la anotación de concurso y de las cargas o gravámenes se realizará a instancia de administración concursal. En la solicitud, la administración concursal deberá, por una parte, identificar de manera individualizada y completa las cargas y gravámenes cuya cancelación se interesa (mediante la aportación de copia actualizada de la hoja registral), sin incluir embargos o trabas que aseguren deudas ajenas a la concursada, y por otra parte, acreditar la transmisión y, en el caso de cargas que sustenten privilegios especiales, que el precio obtenido se ha destinado al pago del acreedor privilegiado.

La entrada Procedimiento concursal. Concurso Ordinario 142/2026. SECCIÓN DE LO MERCANTIL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SEVILLA. PLAZA Nº 2. Fase de subasta o venta concurrencial ante la Administración Concursal. se publicó primero en Asensio & Asociados - Asesores de confianza.

1. Lote 1: 100% pleno dominio FINCA REGISTRAL: 220 R.P. Nº3 de Jaén, con carácter ganancial.

URBANA: NUMERO TREINTA Y CUATRO.-VIVIENDA TIPO A1 en la PLANTA , con acceso por el portal número dos , del Bloque 3 de la urbanización, situado en Jaén, en la calle Pintor Manuel Angeles Ortiz número cuatro, con una superficie útil de ochenta y nueve metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados, según la cédula de calificación provisional, y linda: por la derecha, entrando, con la vivienda tipo A2; frente, entrando, con el patio central que separa ambos portales; izquierda, entrando, zona de viales y jardines , y espalda, vivienda tipo B1 y zona de descansillo de escalera.-CUOTA: 1,74%. ESTA FINCA NO SE ENCUENTRA COORDINADA GRÁFICAMENTE CON CATASTRO.

Referencia catastral: 0219101VG3801N0313RZ.

CARGAS:

HIPOTECA:

A favor de: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA

Capital Principal: 195.000 EUROS

Int. Ordinar. Anual: Inicial: 12% 23.400 EUROS

Int. Demora: Inicial: 20% 70.200 EUROS

Costas y gastos: Inicial: 20% 39.000 EUROS

Plazo Amortización: 240 MESES Desde: 31 de diciembre de 2009 Hipoteca constituida con carácter unilateral habiendo sido aceptada por nota al margen. Conforme al artículo 144 de la Ley Hipotecaria, se hace constar que según la escritura que motiva la inscripción 12ª, el CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR del préstamo que grava esta finca a fecha 26/09/2014, es de 161.694,51¿. Jaén a 27 de Octubre de 2014.

– FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DOÑA MATILDE MARÍA DE LOMA-OSSORIO RUBIO, de JAÉN, el día 23/12/09, con número de protocolo 1.495. – CONSTITUIDA en la inscripción 10ª, TOMO: 2.253, LIBRO: 483, FOLIO: 111, con fecha 05/02/10.

La hipoteca objeto de la inscripción 10ª de esta finca se MODIFICA por la inscripción 12ª, ampliando el plazo de duración del préstamo en CIENTO TREINTA Y OCHO MESES, por lo que la fecha del vencimiento del préstamo será el TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CUARENTA Y UNO, amortizándose mediante TRESCIENTAS VEINTIUNA

CUOTAS MENSUALES. Se establece como precio para que sirva de tipo en la subasta la cantidad de doscientos veintiséis mil trescientos noventa euros con un céntimo. En virtud de escritura otorgada en Jaén, el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, ante el Notario Don Antonio Roberto García García, protocolo 1.354/2014. Inscripción 12ª de fecha 27 de octubre de 2014 ANOTACION EMBARGO JUDICIAL letra H a favor de UNION ANDALUZA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA -AVALUNION S.G.R.- a responder de 18.141,66 euros de principal; 5.442,5 euros de intereses y costas, en virtud de Auto/Providencia dictada el 14/10/15 por el JAEN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 DE JAEN, de JAEN en los autos número 1087/2015. Dicha anotación se ha practicado el día 09/12/15 DEUDOR: Juan Luis Rios Morales,

PRORROGA: La precedente anotación preventiva de embargo letra H de esta finca, comprensiva de los autos 1087/2015, se PRORROGA por un plazo de cuatro años más, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y haberlo así decretado doña Patricia Torres Ayala, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Jaén, antiguo mixto nº 3, en Diligencia de Ordenación por él dictada en Jaén el veintitrés de julio de dos mil diecinueve PRACTICADA en la letra I con fecha 14.08.2019.

PRORROGA: La anotación preventiva de embargo letra H de esta finca, prorrogada por la letra I, comprensiva de los autos 1087/2015, se PRORROGA por un plazo de cuatro años más, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y haberlo así decretado doña María Inmaculada Barea Cobo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Jaén, en Diligencia de Ordenación por ella dictada en Jaén el catorce de febrero de dos mil veintitrés. PRACTICADA en la letra J con fecha 24/02/2023. Afección durante 5 años, desde el día de hoy, al pago de la liquidación definitiva por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el acto que comprende la anotación de embargo judicial letra K, declarada provisionalmente EXENTA. Jaén

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 04/03/2024 ANOTACION EMBARGO JUDICIAL letra K a favor de CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO a responder de 9.785,47 euros de principal; 2.935,00 euros de intereses y costas, en virtud de Auto/Providencia dictada el 31/10/23 por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE JAEN, de JAEN en los autos número 1302/2016. Dicha anotación se ha practicado el día 04/03/24.

Valor: 118.201,62 €.

3. b) Lote 2: 100% pleno dominio FINCA REGISTRAL: 3.914 R.P. Nº3 de Jaén, con carácter ganancial.

URBANA: DOS NOVENTA Y TRES AVAS PARTES INDIVISAS del elemento horizontal siguiente: NÚMERO UNO: Local situado en planta de semisótano del Bloque número III, en la urbanización sita en Jaén, can fachada principal a la calle Manuel Ángeles Ortíz, que ocupa una superficie útil de ochocientos cincuenta metros cuadrados, y en el mismo existen como elementos comunes del Bloque, las cajas de los ascensores, cuartos de basura, cuartos de cantadores y cajas de arena, cuya cabida no figura incluida en la primeramente citada. Se accede a este semisótano por la vía que discurre paralela a Renfe, mediante una puerta situada en la cara Norte del Bloque. Se destinará en principio a plazas de garaje, trasteros o locales que una vez delimitados prorratearán la cuota de participación en la totalidad del edificio. Para acceso, distribución y circulación entre las plazas de garaje ó trasteros se establece tal pasillo central de maniobra que será común a todos ellos, en la que no se podrá estacionar ni depositar vehículos que impidan la libre maniobra. Tiene a su favor servidumbre de paso de tubería. Linda: Norte, linea paralela al Sur a cincuenta y siete retrata setenta centímetros de distancia; Sur, linea paralela a los lados mayores del Bloque número I y a seis metros de distancia de dicho Bloque; Este, linea paralela al lindero Oeste, a una distancia de dieciséis metros cincuenta centímetros; Oeste, linea en la prolongación de la calle Avila, que se inicia a seis retrae: de distancia del Bloque I. Su cuota de participación en la totalidad del edificio es de16’11%. La expresada participación indivisa confiere el uso exclusivo de la PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO DIECISIETE, superficie de nueve metros y noventa decímetros cuadrados; y que linda, según se entra: por la derecha, con pared del edificio; por la izquierda, con el aparcamiento número dieciséis; por el fondo, con pared del edificio; y por el frente, con zona de tránsito y maniobra.

REFERENCIA CATASTRAL:021901VG3801N0192UQ

CARGAS:

– HIPOTECA:

A favor de: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA

Capital Principal: 15.983 EUROS

Int. Demora: Inicial: 29% 5.753,88 EUROS

Costas y gastos: Inicial: 20% 3.196,60 EUROS

Plazo Amortización: 48 MESES Desde: 24 de octubre de 2008

– FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DOÑA MATILDE MARÍA DE

LOMA-OSSORIO RUBIO, de JAÉN, el día 24/10/08, con número de protocolo 1.464.

– CONSTITUIDA en la inscripción 5ª, TOMO: 2.113, LIBRO: 343, FOLIO: 185, con fecha 21/11/08.

ANOTACION EMBARGO JUDICIAL letra G a favor de UNION ANDALUZA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA -AVALUNION S.G.R.- a responder de 18.141,66 euros de principal; 5.442,5 euros de intereses y costas, en virtud de Auto/Providencia dictada el 14/10/15 por el JAEN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 DE JAEN, de JAEN en los autos número 1087/2015. Dicha anotación se ha practicado el día 09/12/15. DEUDOR: Juan Luis Rios Morales,

La precedente anotación preventiva de embargo letra G de esta finca, se PRORROGA por un plazo de cuatro años más, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y haberlo así decretado doña Patricia Torres Ayala, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Jaén, antiguo mixto nº 3, en Diligencia de Ordenación por ella dictada en Jaén el veintitrés de julio de dos mil diecinueve; PRACTICADA en la letra H con fecha 14.08.2019.

La anotación preventiva de embargo letra G de esta finca, prorrogada por la letra H, comprensiva de los autos 1087/2015, se PRORROGA por un plazo de cuatro años más, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y haberlo así decretado doña María Inmaculada Barea Cobo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Jaén, en Diligencia de Ordenación por ella dictada en Jaén el catorce de febrero de dos mil veintitrés. PRACTICADA en la letra I con fecha 24/02/2023.

Valor: 11.482,02 €.

Primera Fase. Subasta o venta concurrencial ante la administración concursal.

Esta primera fase está integrada por dos partes. La primera tendrá lugar siempre y consistirá en la recepción de ofertas por la administración concursal. La segunda, solo se producirá respecto de aquéllos activos por los que se haya recibido más de una oferta o solo una que no alcance el 75% del valor fijado en el inventario (o, a falta del mismo, en la documentación aportada por el deudor).

Primera parte.

Durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de esta resolución, cualquier persona (incluidos los acreedores privilegiados) podrá realizar ofertas por los bienes o derechos de la masa activa. Este plazo se considera suficiente porque esta resolución se ha dictado cuando han transcurrido más de dos meses desde la declaración de concurso y, por ello, los interesados han dispuesto de tiempo suficiente para conocer la existencia del concurso y analizar la posibilidad de presentar ofertas a la administración concursal.

La oferta se dirigirá a la administración concursal (a través de la dirección de correo electrónico indicada), y deberá identificar de manera precisa tanto el activo objeto de aquélla como el importe ofertado y detallará el resto de sus condiciones (asunción en su caso de cargas, impuestos y forma de pago, entre otras).

En el caso de realizar una oferta por varios activos deberá indicar si puja por ellos de manera individualizada (debiendo determinar el precio atribuido a cada uno) o por el lote (fijando solo el precio global), de modo que solo será posible la adjudicación de parte de los bienes o derechos en el primer caso.

Si concurren, de un lado, ofertas sobre activos individuales y, de otro lado, una oferta sobre un lote que incluya (total o parcialmente) dichos activos, la administración concursal realizará la adjudicación en favor de la oferta sobre el lote si la suma de las ofertas de los activos individuales no alcanza la realizada por dicho lote.

Sin embargo, si el lote incluye uno o más activos sobre los que no se han recibido ofertas individuales, la adjudicación se producirá a favor de las ofertas individuales si la administración concursal considera (sobre la base de criterios objetivos) que los activos incluidos en el lote y carentes de ofertas individuales, pudieran realizarse en las siguientes fases por un importe superior a la diferencia entre la suma de las ofertas individuales y la oferta realizada por el lote. La administración concursal deberá justificar las razones de esta decisión en el siguiente informe trimestral de liquidación que realice.

Los activos respecto de los que solo se haya recibido una oferta serán adjudicados al oferente por la administración concursal si aquélla supera el 75% del valor del activo.

Segunda parte.

En el caso de que haya más de una oferta o de que la única presentada no alcance el 75% del valor del activo, la administración concursal convocará a una subasta a los postores (de manera individualizada) y a quienes quisieren concurrir (a cuyo efecto dará suficiente publicidad a la convocatoria).

Esta subasta se celebrará en el plazo de diez días naturales a contar desde la finalización del plazo para la presentación de ofertas y tendrá lugar, de modo telemático y simultáneo, ante la administración concursal, a través de la plataforma que ésta determine.

Las ofertas realizadas durante el plazo de un mes previo a esta subasta conservarán su validez, de modo que el importe de la mejor oferta presentada se considerará tipo mínimo de la subasta.

Celebrada la subasta, la administración concursal adjudicará cada uno de los activos al titular de la mejor oferta realizada, siempre que sea igual o superior al 50% del valor que conste en el inventario (o, a falta del mismo, en la documentación aportada por el deudor).

La administración concursal podrá encomendar la celebración de esta subasta a una entidad especializada, en cuyo caso serán aplicables las previsiones establecidas para la segunda fase de la liquidación, con las siguientes salvedades:

Primera. La duración de la subasta será de quince días.

Segundo. Los emolumentos de la entidad especializada no podrán superar la diferencia entre el tipo mínimo de esta subasta (el importe de la oferta más alta remitida a la administración concursal) y el precio final de venta.

Previsiones generales aplicables a las dos partes de la primera fase.

Caución para participar en las subastas.

Las ofertas solo se considerarán válidamente realizadas cuando el oferente haya prestado caución equivalente al 5% del importe de la oferta, de modo que la administración concursal no tendrá en cuenta las ofertas que no cumplan con este requisito.

Esta caución se ha de depositar por el oferente en la cuenta corriente ES75 0049 1775 1228 1001 1912, indicando Concurso Ordinario 149/2025. JM Nº1 Jaén y el lote por el que se oferta así como el nombre, apellidos NIF/CIF del oferente. Su resguardo de ingreso ha de acompañar la oferta que se envíe.

La administración concursal comunicará al oferente cómo prestar la caución y podrá modificar el porcentaje de ésta (sin superar el 15% del importe de la oferta), en atención a las circunstancias concurrentes, tales como el valor del activo o la complejidad de su realización.

La caución no será considerada masa activa del concurso y será devuelta por la administración concursal a los oferentes que no resulten adjudicatarios. No obstante, la administración concursal podrá retener la caución de los postores no adjudicatarios que pudieran serlo como consecuencia de los establecido en los puntos siguientes.

Adjudicación.

La adjudicación será provisional hasta que se haya abonado el precio completo, para lo cual el adjudicatario dispondrá del plazo de un mes desde que la administración concursal (o la entidad especializada, en su nombre) le comunique tal condición. Excepcionalmente, la administración concursal podrá ampliar este plazo respecto de algún activo concreto, debiendo justificarlo en el siguiente informe trimestral de liquidación.

Consecuencia de la falta de abono del precio.

Si el adjudicatario provisional de un activo no abonare el precio completo en ese plazo perderá la caución entregada (que pasará a formar parte de la masa activa del concurso) y la adjudicación quedará sin efecto.

La administración concursal podrá optar por adjudicar el activo al segundo postor, para lo cual será necesario que la oferta de éste alcance el 85% del importe de la oferta del adjudicatario provisional que no abonó el precio completo.

Si no opta por esta adjudicación, celebrará una nueva subasta a la que convocará al postor o postores de la anterior (de manera individualizada) y a quienes quisieren concurrir (a cuyo efecto dará suficiente publicidad a la convocatoria).

Esta subasta se celebrará en el plazo de diez días naturales a contar desde la finalización del plazo para la abonar el precio completo del activo y tendrá lugar, de modo telemático, ante la administración concursal, a través de la plataforma que ésta determine.

Las ofertas realizadas previamente por los postores que no resultaron adjudicatarios conservarán su validez en el seno de esta subasta, de manera que solo será posible ofertar por un importe superior al de la mejor de tales ofertas.

Celebrada la subasta, la administración concursal adjudicará el activo al titular de la mejor oferta realizada, siempre que sea igual o superior al 50% del valor que conste en inventario (o, a falta del mismo, en la documentación aportada por el deudor).

Si se tratare de la quiebra de la subasta de la segunda parte de la primera fase, la celebración de la nueva subasta también podrá encomendarse a una entidad especializada, con las especialidades previstas en dicha fase.

Se puede solicitar ampliación de información en el plazo y correo referenciados en este anuncio.

La entrada Procedimiento concursal. Concurso Ordinario 149/2025. Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Jaén. Fase de subasta o venta concurrencial ante la Administración Concursal. se publicó primero en Asensio & Asociados - Asesores de confianza.

Especialidades aplicables a los inmuebles hipotecados.

Por lo que respecta a los inmuebles hipotecados en garantía de deudas de la concursada, hemos de tener en consideración que su enajenación por una cantidad que no alcance el importe por el que responde como consecuencia de la hipoteca constituida sobre él determinaría que solo pudiera pagarse al acreedor privilegiado y que éste, además, no viera satisfecho íntegramente su crédito ni pudiera obtener los réditos correspondientes a los intereses remuneratorios asociados al mantenimiento en el tiempo del préstamo concedido.
Por ello, si el préstamo hipotecario se encuentra al corriente de pago es razonable establecer que el inmueble solo pueda ser realizado (a través de las sucesivas fases que se establecen en esta resolución) si la oferta recibida supera el importe total (actualizado al momento de la eventual transmisión) por el que responde el inmueble.
De este modo, si sometido el inmueble al mercado a través de las dos fases de liquidación establecidas no se obtuviera una oferta como la requerida, se entenderá que el valor del activo es inferior al de la deuda garantizada y, puesto que se habrá realizado, al menos, una subasta sin postura mínima, al amparo del apartado segundo del artículo 423 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal, se dará audiencia a la administración concursal y al titular del derecho real de garantía, a los efectos de determinar el valor por el que se le adjudicará a dicho titular, o a la persona natural o jurídica que señale.
Realización de activos que garanticen créditos con privilegio especial.

El artículo 210.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal solo exige el consentimiento del acreedor titular del crédito privilegiado para la venta directa del bien sobre el que pesa el privilegio, de modo que no es necesario en los supuestos de realización por subasta.
Por subasta hemos de entender el proceso a través del cual se permite la concurrencia de postores para la presentación de ofertas, ya sea dentro de un plazo concreto (presentación de ofertas de forma no presencial) o en un lugar y momentos determinados (presentación de ofertas de forma presencial, ya sea física o telemáticamente).
Por tanto, ya que las dos fases establecidas en las reglas especiales de liquidación se configuran como subastas (la primera ante la administración concursal y la segunda ante la entidad especializada), no es preciso el consentimiento del acreedor con privilegio especial para realizar de modo individualizado el activo sobre el que pesa el privilegio. Tampoco lo será en el caso de que la oferta se presente tras la finalización de la segunda fase y antes de la conclusión del concurso, habida cuenta de que ya se habrán realizado, al menos, dos subastas del activo.
No obstante, resulta procedente reconocer al acreedor con privilegio especial una serie de prerrogativas respecto de la adquisición de aquéllos activos que sirvan para garantizar el crédito que ostentan. Estas son las siguientes:
Primera. No deberá consignar cantidad alguna en los casos en los que decida participar en la subasta de los bienes y se exija dicha caución.
Segunda. Tendrá derecho a igualar la mejor oferta realizada en la primera parte de la primera fase siempre y cuando haya comunicado una dirección de correo electrónico a la administración concursal en el plazo de quince días desde la fecha de resolución que fije las reglas especiales de liquidación.
La administración concursal le comunicará, sin dilación y a través de dicha dirección de correo electrónico, la existencia de la mejor oferta recibida sobre el bien de que se trate, de modo que el acreedor privilegiado dispondrá de un plazo de cinco días (suficiente en tanto que habrá podido sopesar la procedencia de adquirir el bien desde la fecha de la notificación de este auto) para comunicar a la administración concursal que iguala la oferta.
En el caso de que, a pesar de haber comunicado que iguala la oferta, se retracte de la misma o no la materialice en el plazo de diez días, de la cuantía que haya de entregársele en pago del crédito privilegiado se deducirá, en concepto de sanción, el 5% del importe de la oferta, que pasará a formar parte de la masa activa del concurso.
Tercera. Podrá ceder el remate que consiga en cualquiera de las fases de la liquidación.
Estas prerrogativas no serán aplicables en el caso de que el acreedor privilegiado, tras instar la iniciación o la reanudación de la ejecución separada, se desista de ésta con posterioridad a la finalización de la primera parte de la fase de subasta o venta concurrencial ante la administración concursal.

Cargas y gravámenes.

Las ventas se verificarán libres de cargas, salvo que se trate de embargos o trabas que aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva por no ser deudas de la concursada (artículo 201.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal), siendo competente para su cancelación el juez del concurso (artículo 52.2ª del Texto Refundido de la Ley Concursal, en relación con los artículos 225 del mismo y 84 de la Ley Hipotecaria).
Respecto de los activos afectos a créditos con privilegio especial, salvo en caso de subrogación del adquirente en la obligación de la concursada, la venta se realizará sin subsistencia del gravamen (artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Concursal), y el precio obtenido se destinará al pago de los créditos con privilegio especial por su prioridad temporal en caso de estar afecto a más de uno, y de existir sobrante, al pago de los demás créditos (artículo 431 del Texto Refundido de la Ley Concursal).
El libramiento de los mandamientos de cancelación de la anotación de concurso y de las cargas o gravámenes se realizará a instancia de administración concursal. En la solicitud, la administración concursal deberá, por una parte, identificar de manera individualizada y completa las cargas y gravámenes cuya cancelación se interesa (mediante la aportación de copia actualizada de la hoja registral), sin incluir embargos o trabas que aseguren deudas ajenas a la concursada, y por otra parte, acreditar la transmisión y, en el caso de cargas que sustenten privilegios especiales, que el precio obtenido se ha destinado al pago del acreedor privilegiado.

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2026, ‘Año del Defensor’.

El año pasado, Palo Alto Networks pronosticó que 2025 sería el ‘Año de la Disrupción’, basándose en el aumento de megabrechas que dejan fuera de servicio redes empresariales enteras.

Y parece que acertó. El 84% de los grandes incidentes cibernéticos investigados este año por su equipo Unit 42 han dado lugar a inactividad operativa, daños reputacionales o pérdidas financieras.

En cambio, la compañía prevé que 2026 será el ‘Año del Defensor’, “donde las defensas impulsadas por IA inclinan la balanza a favor de la defensa. Esto se materializará en una reducción de los tiempos de respuesta, gracias a un aumento de la visibilidad que permitirá responder más rápidamente”.

“Mientras los atacantes utilizan la IA para escalar y acelerar las amenazas en una fuerza laboral híbrida, donde los agentes autónomos superan en número a los humanos en una proporción de 82 a 1, los defensores deben contrarrestar esa velocidad con una protección inteligente. Esto exige un cambio fundamental de un enfoque reactivo centrado en bloquear a un enfoque proactivo que permita gestionar activamente el riesgo impulsado por la IA y, al mismo tiempo, impulsar la innovación empresarial”, afirma Wendi Whitmore, chief security intelligence officer de Palo Alto Networks.

Claves de ciberseguridad en la era de la IA.

Así pues, la IA está llamada a desempeñar un papel clave en el futuro de la ciberseguridad, que este año estará marcado por 6 tendencias, según esta compañía.

1. La ‘nueva era del engaño’: amenaza de la identidad en la IA.

“En 2026, la identidad se convertirá en el principal campo de batalla, a medida que deepfakes de IA impecables y en tiempo real, como suplantaciones del CEO, hagan que la mentira sea indistinguible de la realidad”, apunta Palo Alto Networks.

“Esta amenaza se ve amplificada por los agentes autónomos y una asombrosa proporción de identidades máquina-humano de 82 a 1, creando una auténtica crisis de autenticidad, en la que una sola orden falsificada puede desencadenar una cascada de acciones automatizadas”, añade.

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Fuente: Emprendedores.

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El cese del carácter unipersonal de una empresa ocurre cuando ésta modifica su estructura y pasa a tener varios socios a los que transfiere parcialmente acciones o participaciones. Este cambio de configuración puede ser motivado por:

• Necesidades de financiación, por ejemplo, para expandir el negocio, realizar inversiones importantes o evitar deudas.
• El interés en la distribución de los riesgos financieros entre varias personas.
• La pretensión de incorporar especialistas del sector.
• El afán de proyectar una mejor imagen en el mercado.
• La diversificación estratégica del negocio.

La pérdida de unipersonalidad es un proceso que, si bien puede parecer rutinario, exige una gestión minuciosa para evitar riesgos fiscales y legales. La correcta protocolización de la transmisión, la actualización del libro de socios y la inscripción en el Registro Mercantil son pasos clave para proteger tanto a la empresa como a los socios.

No inscribir la pérdida de unipersonalidad en plazo legal puede acarrear graves consecuencias para el socio único inicial.

Según el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Capital, si transcurren seis meses desde la adquisición de la condición de socio único o desde su pérdida sin que se inscriba el cambio, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante ese periodo.

Esta responsabilidad persiste incluso si no hubo intención de perjudicar a los acreedores.

A partir de la inscripción en el Registro Mercantil el antiguo socio único deja de responder ilimitadamente de las deudas contraídas, durante la transformación social.

¿Es posible inscribir el cese de la unipersonalidad sin aportar el libro registro de socios?

Según una reciente Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 8 de abril de 2025, sí es posible, siempre que concurran determinados requisitos que aseguren la trazabilidad y veracidad del traspaso.

El supuesto de hecho analizado parte de una escritura otorgada por el administrador único de una Sociedad Limitada, quien declara la pérdida de la condición de unipersonalidad como consecuencia de una venta de participaciones sociales formalizada en una escritura anterior ante el mismo notario (con número de protocolo correlativo). En dicho documento se dejaba constancia de los datos de los nuevos socios, las participaciones adquiridas y el compromiso del administrador de reflejar la transmisión en el libro registro correspondiente.

El registrador mercantil denegó la inscripción por no haberse acreditado documentalmente que dicha operación ya estaba reflejada en el libro de socios. Esto es, por no haberse aportado el libro, un testimonio notarial o certificación fehaciente de su contenido. Fundamentó su negativa en el artículo 203 del Reglamento del Registro Mercantil.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en línea con su propia doctrina, revocó la calificación registral y avaló la inscripción de la escritura, considerando que:

• La exigencia del artículo 203 del Reglamento del Registro Mercantil no puede ser interpretada de forma formalista en perjuicio de la publicidad registral.
• Si la transmisión de participaciones consta debidamente en la escritura anterior y ambas están protocolizadas por el mismo notario en fechas consecutivas, se presume la regularidad del proceso y la veracidad del compromiso del administrador.
• La obligación legal de reflejar la transmisión en el libro de socios no se extingue por no hacer mención expresa a su cumplimiento, pues el deber deriva de la propia Ley de Sociedades de Capital, no de una declaración voluntaria.

Por tanto y tras la argumentación de la Dirección General podemos concluir que, si se pierde la condición de unipersonalidad como consecuencia de una compraventa reciente, y esta ha sido formalizada en escritura pública, no es necesario exhibir el libro de socios ni acompañar testimonio si la escritura de declaración de pérdida de unipersonalidad se refiere expresamente a la escritura anterior de compraventa, con número de protocolo correlativo y el administrador declara su compromiso de reflejar la operación en el libro registro de socios.

Se considera suficiente que ambas escrituras formen una unidad de hecho y de tiempo razonable, sin que sea imprescindible su otorgamiento en un mismo acto.

RECUERDE:

La pérdida de la unipersonalidad:

– No altera la estructura orgánica de la empresa.
– No requiere el cese del administrador, aunque esta función recayera en el socio único.
– En la documentación de la sociedad ya no se hará constar SLU, SAU, sino simplemente SL o SA
– Será necesaria un acta sobre la titularidad real (además de la escritura) si como consecuencia de la transformación, los propietarios de las acciones o participaciones con un 25% o más del capital social, pasan a ser otros.

Repercusión fiscal.

Es fundamental valorar correctamente las participaciones transmitidas, siguiendo criterios objetivos reconocidos por la Administración Tributaria para evitar problemas en una posible inspección.

Si el transmitente es una persona física, la ganancia obtenida tributa en el IRPF como ganancia patrimonial. Los tipos aplicables en 2025 son:

• 19% para beneficios inferiores a 6.000 euros.
• 21% entre 6.000 y 50.000 euros.
• 23% para plusvalías superiores a 50.000 euros.
• 27% para la parte de la ganancia entre 200.000,01 y 300.000 euros.
• 28% para la parte que exceda de 300.000 euros.

Si el transmitente es una sociedad, la plusvalía se integra en la base imponible del Impuesto de Sociedades.

Exenciones.

En transmisiones intrafamiliares (por ejemplo, de padres a hijos), puede aplicarse una exención del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siempre que se mantenga la empresa durante al menos 10 años.

Consejos prácticos.

1. Si tu empresa va a dejar de ser unipersonal por entrada de nuevos socios, asegúrate de formalizar correctamente la venta y referenciarla expresamente en la escritura posterior que declare el cese de la unipersonalidad.
2. Conserva el número de protocolo del expediente notarial: cuanto más próximo sea, más clara será la conexión entre actos.
3. Aunque no sea imprescindible aportar el libro de socios, reflejar en él la operación garantizará la seguridad jurídica y te dará tranquilidad.

Y las malas noticias para el final…

Si el cambio de socios no se realiza en fechas próximas, el registrador podría volver a exigir el cumplimiento formal estricto.

Fuente: Consejo General de Economistas.

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El próximo ejercicio no trae buenas noticias para aquellos que busquen comprar o alquilar una vivienda. En 2026 los precios de las casas seguirán al alza y la oferta de casas continuará bajando, tanto para venta como para alquiler, debido a la «incertidumbre legislativa» y a la «falta de acuerdos mínimos» que provocarán que sea «casi imposible» aprobar o modificar ninguna ley que mejore la accesibilidad de la vivienda, según un análisis del portal idealista.

La plataforma vaticina que el precio de vivienda subirá un 15% interanual a cierre de 2025 y califica la situación de la vivienda en España de «emergencia nacional» y anima a las instituciones a no minar la confianza en datos y estadísticas -especialmente cuando estos muestran la «inoperancia» de las medidas- y a adoptar un nuevo enfoque basado en el consenso, en los expertos y, sobre todo en las decisiones basadas en datos.

Según el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, la desaparición de viviendas del mercado de alquiler se debe al desequilibrio «cada vez más acusado» entre propietarios e inquilinos, causado por una legislación tendente a «sobreproteger» a los inquilinos con un contrato en vigor, pero que «ha excluido a los inquilinos que están buscando vivienda».

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Fuente: El Economista.

La entrada ASÍ SERÁ EL MERCADO INMOBILIARIO EN 2026: PRECIOS AL ALZA, PRESIÓN EN LA DEMANDA Y ESCASA OFERTA se publicó primero en Asensio & Asociados - Asesores de confianza.

La intensificación de la globalización económica, combinada con el desarrollo acelerado de soluciones tecnológicas y digitales aplicadas al sector financiero, ha generado un entorno propicio para la aparición de nuevos agentes o intermediarios financieros y modalidades de pago. En el marco de la Unión Europea, las iniciativas normativas orientadas a la armonización de los servicios financieros han facilitado que entidades de pago y entidades de dinero electrónico puedan operar en España, incluso desde otros Estados miembros o terceros países, en régimen de libre prestación de servicios y sin necesidad de contar con una estructura física en territorio nacional. En España esta evolución ha ido acompañada de la consolidación de instrumentos de pago alternativos, tales como las cuentas de pago, las tarjetas en sus distintas modalidades y los sistemas basados en teléfonos móviles, que han demostrado una eficiencia notable en términos de rapidez, disponibilidad y simplificación operativa de los movimientos financieros.

En el ámbito de prevención de blanqueo de capitales, la relevancia adquirida por estos nuevos agentes y sistema de pagos justificó su incorporación al ámbito subjetivo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A partir de dicha inclusión, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico deben cumplir con las obligaciones de diligencia debida, identificación formal y comunicación de información establecidas en la ley y en su normativa de desarrollo. Estas exigencias afectan tanto a entidades residentes como a aquellas no residentes que actúan mediante sucursales o prestan servicios sin establecimiento permanente en España. Entre las obligaciones más significativas se encuentra la aportación periódica de información al Fichero de Titularidades Financieras, el cual amplió su ámbito material para abarcar, además de las cuentas bancarias tradicionales, las cuentas de pago y demás instrumentos similares. Este fichero exige la comunicación mensual de los titulares reales y otra información esencial para la trazabilidad financiera.

En este contexto, se evidenciaba la necesidad de actualizar parte de las obligaciones informativas financieras nacionales para permitir que la base de datos de la AEAT dispusiera de los datos financieros con la frecuencia apropiada para su explotación y gestión. Con este fin, el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril (BOE 2 de abril) aborda una reforma del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, específicamente de sus artículos 37, 38 y 38 bis, con el propósito de ajustar el marco tributario a la realidad operativa de los nuevos medios de pago y los nuevos agentes financieros no incluidos en el ámbito subjetivo actual de estas obligaciones. Esta actualización persigue reforzar la lucha contra el fraude fiscal, incrementar la eficacia de los procedimientos recaudatorios y mejorar los servicios de asistencia prestados a los contribuyentes. La implementación de estos cambios a nivel de modelos de declaración se articuló a través de la Orden HAC/747/2025, de 27 de junio (BOE 15 de julio).

Uno de los cambios más relevantes consiste en la ampliación del ámbito subjetivo de los obligados a informar. A partir de la reforma, se integran expresamente las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico como obligados a suministrar información, junto con las entidades financieras tradicionales. Esta obligación se extiende a todas las entidades definidas en los artículos mencionados que desarrollen servicios en España, incluidas las entidades extranjeras que operen sin establecimiento permanente, siempre que dichos servicios estén dirigidos a personas físicas o jurídicas residentes o establecimiento permanentes de no residentes en territorio español. Esta ampliación garantiza un tratamiento igualitario tanto desde una perspectiva tributaria como competencial.

En cuanto al ámbito objetivo, la obligación prevista en el artículo 37 del RGAT, correspondiente al modelo 196, pasa a comprender un conjunto más amplio de productos financieros, abarcando todo tipo de cuentas, tanto las cuentas bancarias tradicionales como las no bancarias, cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito, cuentas de pago y cualesquiera otras cuentas con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta.

El artículo 38 bis, correspondiente al modelo 170, se redefine para cubrir cualquier tipo de tarjeta, con soporte físico o virtual, que ofrezca funciones de efectivo, débito, débito diferido, crédito y dinero electrónico, así como los sistemas que operan mediante números de teléfono móvil, utilizados en la gestión de cobros por parte de empresarios y profesionales. Con esta actualización de la informativa se refleja la evolución del comercio electrónico y especialmente de los cobros electrónicos o digitales. Debe enfatizarse que esta información solo se va a suministrar respecto de los cobros obtenidos por empresarios y profesionales. Por tanto, para el sistema de cobros mediante números de teléfono móvil, en España actualmente y de forma principal a través de bizum, las entidades declarantes solo van a informar de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de no particular (quedan excluidas las operaciones de bizum entre particulares (C2C).

Unido a ello, se modifica la periodicidad del suministro de información: tanto la información sobre cuentas como la relativa a los sistemas de cobro mediante tarjetas o teléfonos móviles pasa de ser anual a mensual, lo que permite a la Administración disponer de datos más actuales y útiles para el desarrollo de sus funciones. Se suprime además el umbral de 3.000 euros que acotaba la obligación informativa relativa a los cobros con tarjeta, con el fin de evitar la pérdida de información relevante. No obstante, en el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos solo en el último período mensual del ejercicio.

En este conjunto de modificaciones, también se actualiza el ámbito subjetivo de las declaraciones informativas del modelo 171, «Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento», y del modelo 181 «Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles». El formato de este último modelo también se actualiza pasando a ser en XML.

Finalmente, se incorpora un nuevo artículo 38 ter que introduce una obligación informativa anual específica sobre operaciones realizadas con cualquier clase de tarjeta. Esta obligación comprende el total anual de abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y gastos efectuados en establecimientos. Solo quedan excluidas las tarjetas cuyo volumen anual de operaciones, sumando cargos y abonos, no supere los 25.000 euros, lo que permite centrar el esfuerzo informativo en aquellas tarjetas que pueden tener un mayor impacto en el control tributario.

En conjunto, la reforma persigue adaptar la normativa tributaria a un ecosistema financiero en rápida evolución, garantizando que la Administración cuente con información suficientemente detallada, periódica y amplia para afrontar eficazmente los nuevos desafíos en materia de fraude fiscal, eficacia recaudatoria y asistencia al contribuyente. A partir de febrero de 2026 se empezará a recibir la información correspondiente a los nuevos modelos mensuales 196 y 170, y será cuando pueda empezar a trabajarse con esta nueva base de datos.

Con el objetivo de difundir el conocimiento de estas actualizaciones se han desarrollado actuaciones informativas consistentes en el envío de comunicaciones informativas, se ha impartido un seminario web informativo y se ha publicado la información correspondiente al mismo. También se han elaborado preguntas frecuentes, partiendo especialmente de las dudas recibidas en el seminario, que se publicarán en la web. Desde el punto de vista técnico, tanto la documentación técnica como los servicios de pruebas externas están disponibles desde hace meses.

Fuente: Consejo General de Economistas.

La entrada ACTUALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INFORMATIVAS FINANCIERAS 2026 se publicó primero en Asensio & Asociados - Asesores de confianza.

El exceso de los pagos fraccionados satisfechos respecto de la obligación principal no compromete el principio de capacidad económica por el hecho de no computar los ajustes al resultado contable ni las compensaciones de bases imponibles negativas.

El Tribunal Constitucional avala el método de cálculo del importe mínimo de los pagos fraccionados previsto en la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional decimocuarta de la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada por el art. 71 de la Ley 6/2018, sobre el que declara que no vulnera el principio de capacidad económica.

La cuestión de inconstitucionalidad fue promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a raíz del recurso interpuesto por una gran empresa que ingresó los pagos fraccionados del Impuesto y solicitó a la AEAT el resarcimiento del perjuicio financiero sufrido por el exceso del pago fraccionado respecto de la cuota líquida del impuesto. Cuantificaba el perjuicio en el interés de demora del importe a devolver, durante el tiempo transcurrido entre el momento de ingreso del pago fraccionado y la fecha de la devolución.

La Sala del TSJ valenciano sostiene que el sistema de cálculo de los pagos fraccionados aplicable a las empresas con una cifra de negocios de, al menos, 10 millones de euros, no tiene en cuenta los ajustes al resultado contable ni las compensaciones de bases imponibles negativas que se aplican para calcular la base imponible del impuesto, lo que a su entender genera una “profunda desconexión” entre la capacidad económica del sujeto pasivo, medida a través de la base imponible, y la magnitud considerada a efectos de los pagos a cuenta (el resultado contable positivo).

El Pleno comienza indicando que la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta es autónoma respecto de la obligación tributaria principal. No existe ningún mandato constitucional que exija la coincidencia en el cálculo de la obligación principal y a cuenta. De hecho el legislador posee un margen más amplio para determinar sus propios elementos cuantificadores que no tienen por qué responder a criterios idénticos.

El uso del resultado contable como base de los pagos fraccionados, no produce una anticipación “sistemática” de cuotas porque el resultado contable puede ser mayor, pero también menor que la base imponible, y por ello, el método cuestionado no aboca necesariamente a que los pagos fraccionados sean mayores que la cuota líquida del impuesto, máxime considerando que se calculan utilizando un porcentaje del 23%, frente al tipo de gravamen general del 25% que se aplica a la base imponible para obtener la cuota íntegra y, a partir de ella, la cuota líquida.

E incluso aunque, como sucede en el supuesto que motiva la cuestión, los pagos fraccionados excedan de la cuota líquida y la liquidación del impuesto arroje una cantidad a devolver, este efecto no es contrario al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

Concluye la sentencia señalando que no aplicar al resultado contable positivo, los mismos ajustes y modulaciones que para determinar la base imponible, no implica que se estén gravando rentas “irreales” o “ficticias”, sino que solo tiene el efecto de que el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias sea la “imagen fiel” del resultado de la empresa, magnitud que constituye en sí misma una medición razonable de la renta, que se hace en términos reales (no estimados), netos (no brutos) y actuales (del ejercicio en curso), lo que es plenamente válido desde la óptica del principio de capacidad económica como medida de la imposición.

Fuente: Consejo General de Economistas.

La entrada EL CONSTITUCIONAL RESPALDA EL SISTEMA DE PAGOS FRACCIONADOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES PARA LAS GRANDES EMPRESAS se publicó primero en Asensio & Asociados - Asesores de confianza.