Baltasar Garzón afirma, en relación al proceso iniciado por la jueza María Tardón, que «quizás no debería haber ido por la vía del artículo 590 sobre la integridad del territorio y la amenaza de la paz. Hay otros tipos penales mucho más claros y próximos» y añade «pero quizás lo primero que debería haber hecho, para que no se cuestionase siquiera su imparcialidad, como se está haciendo por haber formado parte de una opción política en el pasado, es ordenar la investigación de la filtración del informe del CENIF».

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Hace unos días se cumplieron cuatro años de aquella noche del 1 de septiembre de 2022 en la que Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación Argentina, y gatilló. El arma tenía cinco balas en el cargador. Ninguna salió. Un país entero contuvo la respiración al ver la imagen una y otra vez. Aquel instante debería haber quedado en la memoria democrática como un límite absoluto, una frontera que ninguna sociedad puede permitirse cruzar. La violencia política en su peor expresión cruzada por la misoginia y el odio a lo popular. Cuatro años después, el aniversario encuentra a Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria por una injusta condena, inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos, y con la causa que debía identificar a los autores intelectuales del atentado prácticamente clausurada. La pregunta que hay que hacerse no es solo qué ocurrió aquella noche, sino qué se hizo, antes y después, para que ese desenlace fuera posible. Y, sobre todo, por qué a esta mujer en concreto se la quiso matar primero y borrar después.

Una mujer que no encajaba en el molde que le tenían reservado

A Cristina Kirchner no se la atacó solamente por todo que hizo por el pueblo argentino, se la atacó, con una particular saña, por lo que es: una mujer inteligente y carismática, con formación jurídica propia, con una capacidad oratoria que desarmaba a sus adversarios en los debates y con un magnetismo personal que llenaba plazas y que ningún opositor logró igualar en veinte años. Ese poder de atracción, esa capacidad de generar adhesión y de sostenerla en el tiempo, es exactamente lo que una parte del poder real —mediático, económico, judicial— nunca le perdonó. No hay nada que incomode más a ciertos sectores del poder que una mujer que no pide permiso para pensar, que no atempera su discurso para resultar más digerible, que no disimula su inteligencia para no generar rechazo. A los hombres que ejercieron el poder en Argentina se los podía cuestionar por sus decisiones, pero a ella se la cuestionó por su cuerpo, por su ropa, por sus carteras, por su tono de voz, por su soledad tras la muerte de Néstor Kirchner, convertida en objeto de un escrutinio obsceno que ningún dirigente varón sufrió jamás en similar medida. Se la llamó “yegua”, se la ridiculizó por vanidosa, se la acusó de impostar el dolor, se le exigió permanentemente una modestia que a nadie más se le exigía. Ese es el machismo y la misoginia como arma política: no discute ideas, disuelve a la persona en su género y convierte cada atributo —la inteligencia, el carisma, la ambición legítima de gobernar— en una falta que hay que castigar. Ya había sucedido lo mismo en Argentina con el odio gorila a Eva Duarte de Perón, cuando la oligarquía argentina festejaba el “Viva el cáncer” que se llevó su vida.

Lo que hizo, y lo que se pretende hacer olvidar

Ese ensañamiento no surgió en el vacío: fue reacción a una gestión que dejó una huella profunda. Bajo sus gobiernos, como en los que presidió Néstor Kirchner, Argentina reabrió y sostuvo los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, cuando otros países de la región todavía dudaban entre la memoria y el olvido. Impulsó la Asignación Universal por Hijo, que sacó a millones de familias de la exclusión social más extrema. Promovió la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010, que convirtió a Argentina en pionera en América Latina en materia de derechos civiles. Recuperó para el Estado el control de YPF, la petrolera nacional, en una decisión de soberanía energética que le costó una batalla feroz con intereses corporativos internacionales. Sostuvo, en foros internacionales, una agenda de derechos humanos y de justicia universal que incomodó a no pocos gobiernos. Nada de eso desaparece porque hoy se la reduzca, en buena parte de la conversación pública, a la sección judicial de los diarios. Arrinconarla como una simple acusada es también una forma de arrinconar esa política de memoria y de derechos, de hacer que la causa penal tape la causa histórica. Ese borrado no es casual: es la continuación, por otros medios, del mismo impulso que un día empuñó un arma. Y hoy, esos mismos diarios que lamentaron que la bala no salió, y que festejaron la condena, se quejan de que ella baile en el balcón de su prisión domiciliaria.

La fábrica del enemigo

Ningún atentado nace de la nada. Antes de que un hombre levante una pistola, tiene que haberse construido, durante años, un relato que convierta a la víctima en algo distinto de una persona: en un enemigo, en una amenaza, en un objeto legítimo de odio. Raúl Zaffaroni lo llama “proceso de enemización”. Con Cristina Kirchner ese trabajo de demolición simbólica fue sistemático: se la descalificó políticamente, se la insultó de manera reiterada en medios y redes, se cuestionó su legitimidad como dirigente —inclusive se puso en duda la validez de su título universitario de abogada— y se la presentó, una y otra vez, como la encarnación de todos los males del país. La causa judicial estableció que Sabag Montiel se movía en el entorno de Revolución Federal, una agrupación de ultraderecha cuyos vínculos con el atentado fueron investigados, aunque finalmente no llegaron a formar parte de la condena, que recayó solo sobre el autor material. El propio tribunal, al fundamentar su fallo, señaló que detrás del gatillo hubo una construcción del enemigo alimentada durante meses por redes sociales y medios de comunicación, hasta desembocar en el acto. Esa es la secuencia exacta: primero se enfanga el imaginario colectivo, después el paso al delito se vuelve, para quien lo comete, consecuente, lógico, casi inevitable. Es el método del posfascismo contemporáneo: envenenar las mentes con paciencia y tenacidad, sin que quienes reciben ese discurso lleguen siquiera a cuestionar su veracidad, hasta que la confrontación empieza a sentirse como algo debido.

Esta lógica no es una anomalía argentina. Después de los años de gobierno de Javier Milei, con una ultraderecha cada vez más envalentonada en todo el mundo gracias al respaldo de figuras como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Vladímir Putin, el fenómeno se ha vuelto más extendido y peligroso. Todo vale —incluida la violencia— para apartar a un rival molesto que no responde a los intereses, fundamentalmente económicos, de quienes aspiran a ocupar su lugar. La estrategia es paciente, como la gota que horada la piedra a base de maledicencia y de bulo, pero sus fines no tienen nada de sutil: se arma de impaciencia a un sector social hasta que la orden circula, casi sin necesidad de palabras, en la forma de un “no nos representan, se merecen todo lo que les pase”. Y si es así, ¿para qué esperar a unas elecciones democráticas? La acción directa resulta, para esa lógica, más expeditiva. De la palabra insidiosa a la acción criminal hay un trecho que las redes sociales nutren y acortan constantemente, sin que exista un control real sobre quienes se especializan en sembrar encono y odio; los intereses geopolíticos y económicos de ciertos actores internacionales garantizan, además, una coraza de impunidad casi total en el ciberespacio.

El atentado que la Justicia no quiso mirar del todo

El ataque ocurrió frente al edificio de Recoleta donde entonces vivía Cristina Kirchner, en medio de una concentración espontánea de militantes que llevaban días acompañándola. Sabag Montiel fue detenido en el acto y, años después, condenado como autor material a diez años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Hasta ahí, la Justicia actuó. Pero el atentado no terminó con la mano que sostuvo el arma: hubo una investigación paralela sobre una posible planificación previa, sobre encuentros y conversaciones que un testigo interpretó como una anticipación de lo que iba a ocurrir, y que involucraban a un diputado opositor. Esa línea de investigación —la que debía llegar a los autores intelectuales— fue archivada por la jueza federal a cargo en octubre de 2025, y el recurso de Cristina Kirchner para llevar la discusión hasta la Corte Suprema fue declarado inadmisible este mismo año. Sabemos, cuatro años después, quién apretó el gatillo. La Justicia ha cerrado, con una celeridad llamativamente distinta a la que ha mostrado en otras causas, la puerta a saber quién pudo haberlo empujado a hacerlo. Esa asimetría —diligencia para condenar al autor material, parsimonia para investigar a quienes pudieron inducirlo o financiar el clima que lo hizo posible— no es casualidad: es, en sí misma, una forma de instrumentalización judicial.

El lawfare: la estrategia perfecta y sin defensa

Fracasado el intento físico de aniquilarla, quedaba la vía que no deja huellas de pólvora: la judicial. El lawfare consiste precisamente en eso: usar el aparato judicial, con apariencia de legalidad y de neutralidad técnica, para lograr lo que la política democrática no permite lograr en las urnas, que es la eliminación del adversario. Es una estrategia extraordinariamente eficaz porque se presenta como Estado de derecho cuando en realidad es su negación, y porque deja a quien la sufre sin defensa real: cualquier objeción se descalifica como un intento de eludir a la Justicia, cuando lo que se cuestiona no es la existencia de tribunales, sino su instrumentalización selectiva y su vinculación corrupta con el poder concentrado mediático. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa conocida como Vialidad, condena que hoy cumple bajo arresto domiciliario, con esa inhabilitación excluyéndola formalmente de toda disputa electoral futura.

Como sostuvimos con Matías Bailone en La hoguera infinita (Historia de un odio visceral), el caso Vialidad y la condena a Cristina Fernández de Kirchner constituyen un ejemplo especialmente grave de lawfare, entendido como la utilización del aparato judicial, en convergencia con intereses políticos, económicos y mediáticos, para neutralizar a una adversaria política. Allí señalamos que las irregularidades procesales, la debilidad de la construcción probatoria, la afectación de las garantías de imparcialidad y defensa y el papel desempeñado por la llamada “criminología mediática” terminaron convirtiendo el proceso penal en un instrumento de proscripción y de “muerte civil” de la principal dirigente de la oposición.

Advertíamos además que el problema excede ampliamente la situación personal de Cristina Fernández de Kirchner: cuando la justicia abandona su independencia e imparcialidad para incorporarse a la disputa política, es el propio Estado de Derecho el que resulta lesionado. El uso del derecho penal del enemigo y del derecho penal de autor, acompañado por campañas mediáticas que anticipan y reclaman condenas, deteriora la confianza pública en los tribunales y transforma la persecución judicial de adversarios en una forma contemporánea de exclusión política.

La propia Cristina Fernández de Kirchner ha reflexionado sobre este mecanismo en un artículo publicado en el diario español El País, donde sostiene que impedir de manera permanente que un dirigente vuelva a competir políticamente, recurriendo de forma abusiva a los tribunales, es hoy una de las formas más refinadas de vaciar la democracia por dentro: no hacen falta tanques en la calle ni la clausura de un Parlamento, porque las instituciones siguen funcionando en apariencia, mientras la soberanía popular va siendo sustituida, paso a paso, por resoluciones judiciales que terminan decidiendo quién puede disputar el poder y quién no. Señala también que este fenómeno no respeta fronteras ni ideologías, que cambian los países y los protagonistas, pero se repite la misma lógica de convertir el derecho en herramienta para eliminar rivales, con el resultado de una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones y unas democracias constitucionales que se deterioran por dentro sin que nadie dispare un solo tiro.

No hace falta compartir cada matiz de su trayectoria para advertir el patrón que ella misma describe: primero se deslegitima socialmente a una dirigente por lo que es y por lo que representa, después se intenta eliminarla físicamente, y cuando eso fracasa, se la elimina jurídicamente, de manera permanente e irreversible. Es lo que con precisión cabe llamar una muerte civil: no se mata a la persona, pero se la borra como sujeto político, se le impide competir, se le impide gobernar, se le impide seguir existiendo en el espacio público para el que fue elegida varias veces por millones de votos. Vivimos tiempos muy adversos para el Estado de Derecho: allí donde dirigentes sin escrúpulos han visto la posibilidad de judicializar la política para conseguir lo que las urnas les niegan, y algunos jueces han creído que politizar la Justicia podía darles más poder, se destroza el sentido mismo de la ley y se desampara a la ciudadanía. El lawfare se extiende como una mancha de aceite sobre las que fueron, y todavía queremos creer que siguen siendo, democracias plenas en buena parte del mundo.

Una frontera que no debe volver a rozarse

Este mismo aniversario, más de veinte fuerzas políticas argentinas de distinto signo firmaron un documento conjunto que advierte que la democracia no admite la eliminación del adversario y que señala al discurso de odio como una de las condiciones que hicieron posible que un arma cargada llegara a gatillarse dos veces a centímetros de su cara. En esta fecha conviene, sobre todo, reivindicar su papel como defensora de las víctimas, de una política decente, de la ciudadanía argentina y de los derechos humanos, frente a quienes solo han sabido responderle con intolerancia, mezquindad y codicia. Por eso han querido destruirla, privándola de libertad y neutralizando su papel en beneficio del país.

Frente a esa ignominia, toca tomar el relevo, defender la convivencia democrática como se hizo en otras instancias históricas. Hay que explicar a las generaciones que vienen detrás que muchos argentinos y muchas argentinas fueron torturados, asesinados y despojados de sus hijos por la misma ultraderecha que hoy quiere borrar ese pasado, destruir la convivencia, anular a quienes siguen reclamando verdad y justicia, e instalar de nuevo formas de autoritarismo que no deberíamos volver a tolerar. Que la historia no se repita: como Ulises, convendría atarse al mástil, ante el canto de estas sirenas totalitarias e izar la bandera de la verdadera libertad de un barco que algunos quieren arrastrar hacia aguas hoy demasiado peligrosas. Argentina —y con ella cualquier democracia que se precie de serlo— tiene una tarea pendiente: esclarecer por completo quién estuvo detrás del atentado, y revisar si el aparato judicial que después actuó contra Cristina Kirchner lo hizo con la misma independencia que exigiría a cualquier ciudadano. Mientras esa doble tarea siga sin cumplirse, el país seguirá a centímetros de esa frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: aquella en la que la deshumanización de una mujer, por ser mujer, inteligente y magnética, abre paso a su eliminación simbólica, y a su eliminación física, y esta, a su vez, a su eliminación civil. Recordemos siempre aquel terrible 1 de septiembre de 2022 en que el discurso de odio pasó de las palabras a la acción homicida. Ese es su objetivo final. No podemos permitirlo.

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Cuando los tribunales dejan de ser un espacio de garantías para convertirse en un tablero donde se disputan las mayorías parlamentarias, la calidad democrática del Estado se resiente. Bajo esta premisa de alerta y fiscalización, se ha presentado el número de septiembre de TintaLibre, titulado A golpe de auto.

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Roma no cayó por sus enemigos, sino por el vaciamiento previo de sus instituciones

“… No hay más que un millón de herreros

forjando cadenas para los niños que han de venir.

No hay más que un millón de carpinteros

que hacen ataúdes sin cruz.

No hay más que un gentío de lamentos

que se abren las ropas en espera de la bala…”

Federico García Lorca. (Fragmento del poema Grito hacia Roma.)

Roma no cayó por sus enemigos, sino por el vaciamiento previo de sus instituciones: cuando el derecho dejó de limitar al poder y pasó a servirlo, la justicia se hizo cortesana y el imperio, hueco. El Renacimiento definió al ser humano como medida de todo, pero esa misma energía se retorció en la Inquisición y el colonialismo, dos caras de una misma lógica: la del poder que se declara dueño de una verdad absoluta — religiosa o racial— frente a la cual el derecho del otro deja de existir. Hizo falta la Ilustración, con la separación de poderes y la soberanía popular, para que naciera la idea de democracia, aún frágil, en la que la ley debe valer igual para todos, gobernantes incluidos.

Promesas rotas

Esa promesa republicana se rompió de forma brutal en el siglo XX. Weimar no cayó por falta de leyes garantistas —tenía una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, como, en gran medida, ocurrió con la Segunda República española—, sino porque sus jueces, en su inmensa mayoría, decidieron no defenderla: toleraron con penas simbólicas el terrorismo de las bandas paramilitares de extrema derecha mientras aplastaban a la izquierda.

El nazismo, como el franquismo, no tuvo que doblegar a una magistratura independiente; se encontró una magistratura ya rendida de antemano. De ahí nació el derecho penal del enemigo, la idea, resucitada hoy con otros nombres, de que ciertos seres humanos —el disidente, el migrante, el otro— no merecen las garantías del derecho sino su reverso. Frente a esa barbarie llegaron los principios de Núremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: por primera vez, obedecer órdenes dejó de eximir de responsabilidad penal y ningún cargo, por alto que fuera, otorgaba inmunidad.

De ahí nació, décadas después, la jurisdicción universal y el Estatuto de Roma que dio vida en 1998 a la Corte Penal Internacional. Pero esa arquitectura, construida sobre el dolor de dos guerras mundiales, convivió siempre con la excepción del aliado conveniente, del régimen amigo, de la potencia que se reserva el derecho a no ser juzgada. Las promesas de entonces se han convertido en quiebras de ahora. La contradicción original es hoy la grieta por la que se cuela el retroceso y aparece la amenaza de involución democrática.

El trofeo más deseado

El sometimiento del poder judicial se ha convertido en el trofeo más deseado y, a su vez, en el síntoma más claro de nuestro tiempo, y no conoce fronteras. En Latinoamérica, el lawfare ha demostrado, con demasiados ejemplos a lo largo de las dos últimas décadas, que se puede derrocar a un adversario político sin un solo tanque: basta una causa penal cronometrada con el calendario electoral, una prisión preventiva convertida en condena anticipada, fiscales que actúan como partidos de la oposición y una opinión pública predispuesta por meses de filtraciones selectivas.

La consecuencia no es solo la caída de un gobierno, sino el descrédito duradero de la propia institución judicial, que a partir de este momento será vista como un actor político más y no como un árbitro imparcial. En Europa, Polonia y Hungría mostraron cómo se copa un tribunal constitucional desde dentro, con mayorías parlamentarias que nombran a sus propios jueces y desactivan así, sin derogar una sola norma, el control del poder. Turquía llevó ese modelo a su extremo tras el intento de golpe de 2016, purgando a miles de jueces y fiscales de un plumazo.

España no es una isla en esta corriente: la instrumentalización de la acusación popular, la filtración interesada de piezas de instrucción y el juicio paralelo mediático persiguen idéntico efecto —condenar por la sospecha antes que por la prueba—, y erosionan la independencia judicial. Lo hacen tanto desde la política como desde el seno de la propias carreras fiscal y judicial, sometidas a presiones por los nombramientos, que deberían ser impensables en un Estado de derecho consolidado. El resultado común, de un continente a otro, es el mismo: sociedades que dejan de creer que la ley las protege por igual, y se preguntan, con razón, a quién sirve realmente el tribunal.

El patrón español

En España ese patrón tiene, además, una dimensión orgánica muy concreta que conviene nombrar sin eufemismos: existe una estrategia política, mediática y judicial definida para ocupar y controlar la justicia, tanto en su gobierno como en su funcionamiento cotidiano. El Consejo General del Poder Judicial lleva años de facto bajo la orientación conservadora, pese al empate técnico actual con el bloque progresista. El Tribunal Supremo, por su parte, está controlado en sus órganos de gobierno y en buena parte de sus salas por el sector más conservador de la carrera; las asociaciones judiciales y fiscales mayoritarias —y con ellas buena parte de la interlocución pública de la magistratura y la fiscalía— responden a esa misma sensibilidad. A ello se añade un ecosistema mediático abrumadoramente conservador que amplifica y legitima cada paso de dicha ocupación presentándola como neutralidad técnica.

Esa estrategia no es espontánea: figuras como el expresidente José María Aznar y el PP llevan años trazando de forma explícita la hoja de ruta político-judicial, y su eficacia se mide no solo en los nombramientos que logra, sino en el mensaje disuasorio que envía al resto de la carrera. El instrumento operativo en lo jurisdiccional resulta ser, de nuevo, la acusación popular, utilizada de forma sistemática para hostigar judicialmente a las opciones políticas incómodas para ese proyecto.

La Fiscalía General del Estado es, de momento, el único organismo que se ha resistido a esa correlación de fuerzas, pero lo ha hecho a un coste altísimo: el cuestionamiento de sus dos últimos fiscales generales, Dolores Delgado y Álvaro García, incluida la condena de este último, en un aviso que no pasa desapercibido para nadie. El recado que reciben los jueces y fiscales más jóvenes es inequívoco: se les enseña, con hechos y no con discursos, cuál es la senda segura para avanzar en la carrera y cuál es el precio por salirse de ella, aunque esa senda implique recortar o vaciar derechos ya consolidados.

Frente a amenazas que afectan a toda la sociedad por igual, sería exigible que todos los grupos parlamentarios, por encima de sus legítimas discrepancias ideológicas, coordinasen una respuesta común de prevención y defensa institucional

Las fronteras

A esa fractura institucional se suma la de las fronteras. Las políticas migratorias europeas se diseñan hoy como gestión de una amenaza, y no como responsabilidad compartida: externalización del control fronterizo a terceros países con historiales de derechos humanos más que dudosos, acuerdos que miran hacia otro lado ante devoluciones ilegales y muertes en el mar, y un discurso de «prioridad nacional» que no es sino discriminación estructural con ropaje identitario.

Ceuta, Lampedusa, el Canal de la Mancha, Canarias, el Mediterráneo, los Balcanes, Lesbos, son solo los nombres más visibles de una misma renuncia europea a su propia tradición jurídica de asilo. Y en esa renuncia, los más vulnerables —menores no acompañados, mujeres que huyen de la violencia, mayores, personas que escapan de la guerra o del hambre— pagan siempre el precio más alto. Defenderlos no es una opción moral entre otras posibles: es el termómetro exacto de la salud de una democracia, porque una sociedad se mide, en última instancia, por cómo trata a quien no puede exigirle nada a cambio.

Cuando se normaliza que haya niños durmiendo a la intemperie en una frontera, o mujeres devueltas a manos de quienes las persiguen, y su única exigencia al Gobierno de turno es que le garantice la seguridad frente al “invasor”, se deshumaniza al migrante, favorece el discurso de la extrema derecha y se marca, de facto, quienes son sujeto de derechos y a quienes no.

Memoria y política

En este punto es decisivo no olvidar la historia de los pueblos. La memoria democrática no es nostalgia sino profilaxis activa: recordar con rigor cómo se construyó cada derecho, y a costa de qué sufrimiento y de qué luchas concretas, deviene la única vacuna eficaz contra la tentación de creer que lo conquistado es irreversible. Quien olvida cómo cayó Weimar o la República española, o lo que supuso la losa del franquismo, está condenado a no reconocer los mismos síntomas cuando reaparecen bajo cualquier idioma o bandera.

El debate político debería centrarse en el análisis de estos temas, ver los síntomas adversos al estado del bienestar que surgen aquí y allá, las doctrinas autoritarias que emergen de nuevo y que persiguen la deconstrucción de valores democráticos consolidados. Sin embargo, los discursos son mera suma de frases hechas y descalificaciones ensayadas de antemano, donde importa más el titular que la solución, más el adversario señalado que el problema resuelto.

Frente a amenazas que afectan a toda la sociedad por igual —la desinformación, el cambio climático, el crimen organizado transnacional, la propia crisis de la justicia—, sería exigible que todos los grupos parlamentarios, por encima de sus legítimas discrepancias ideológicas, coordinasen una respuesta común de prevención y defensa institucional. Eso es exactamente lo que la ciudadanía reclama, y lo que rara vez obtiene, porque la rentabilidad electoral de la crispación permanente pesa hoy más que la responsabilidad de Estado.

Democracia recitativa

En este contexto, la inacción de un gobierno o el cálculo cortoplacista de algunos partidos progresistas, permiten que prosperen planteamientos de la extrema derecha posfascista y legitiman su relato allanando el camino hacia el desastre que la historia ya ha ensayado una y otra vez. Normalizar el discurso del enemigo interno, del chivo expiatorio migrante o del juez como instrumento político conduce irremediablemente al fortalecimiento y empoderamiento de aquella hasta hacerla árbitro de la administración de unos derechos en los que no creen.

Al final, no hace falta suprimir derechos para vaciar una democracia: basta con dejar de aplicar activamente los principios que la sostienen. Ese vaciamiento silencioso —derechos que siguen escritos en la ley, pero ya no se ejercen, no se protegen ni se financian— es hoy el método favorito del autoritarismo contemporáneo, precisamente porque no deja huella jurídica ni titular de golpe de Estado. Ese método (democracia recitativa) encuentra su mejor aliado en la desinformación y en la captura económicooligárquica de buena parte de los medios de comunicación, hoy concentrados en pocas manos vinculadas a intereses financieros y a lógicas algorítmicas que deciden qué se ve, qué se silencia y qué indigna.

No es la censura clásica de otras épocas: es un ecosistema informativo diseñado para el enfrentamiento permanente, que erosiona la confianza en las instituciones precisamente desde el lugar que debería fiscalizarlas. Ese es, a mi juicio, el verdadero motor del declive democrático contemporáneo: no la abolición formal de derechos, sino su lento e invisible vaciamiento de contenido real, un proceso mucho más difícil de denunciar porque no ofrece una fecha, ni una ley o un culpable único al que señalar.

Lo que sí ha funcionado

Frente a este diagnóstico conviene resaltar, con honestidad, lo que sí ha funcionado. La historia reciente ofrece respuestas claras: los avances en los derechos del colectivo LGTBIQ+, de la infancia, de las personas mayores, la protección judicial efectiva de las víctimas y el desarrollo progresivo de las libertades civiles no fueron regalos del poder, sino conquistas construidas con instituciones activas, leyes bien aplicadas y sociedades vigilantes que no dieron nada por definitivo. Sabemos qué produce progreso real; la tarea pendiente es aplicarlo de forma proactiva y sin complejos, en lugar de dejarlo languidecer bajo el argumento cómodo de que «ya se conquistó».

Las amenazas contra la democracia no son ya un escenario futuro sobre el que teorizar: se están consumando delante de nosotros, y en gran medida las estamos permitiendo por indiferencia, por fatiga informativa o por la falsa sensación de que, al final, a nosotros no nos va a tocar. Un ejemplo claro lo tenemos en la autodestrucción frente al planeta que habitamos: seguimos posponiendo la acción climática mientras se agotan los plazos científicamente establecidos, en una suerte de suicidio colectivo tan evitable como, hasta ahora, consentido.

El riesgo de la indiferencia

Nada de esto es ya un debate académico ni una hipótesis para manuales de historia: es la crónica de un presente que avanza amenazador mientras buena parte de la sociedad mira hacia otro lado, confiando en que las instituciones aguantarán solas. Pero no es así. Por eso hace falta ser proactivos, salir a la calle, señalar sin miedo a quienes empujan este retroceso, dejar de ser indiferentes y defender la institucionalidad como se defiende cualquier bien propio.

En el plano social, con la memoria democrática y la organización ciudadana como antídoto frente al olvido inducido. En el plano político, con partidos y parlamentos capaces de anteponer el interés general a la supervivencia electoral, y de actuar juntos frente a las amenazas comunes que la ciudadanía identifica con más claridad que sus representantes. En el plano judicial, exigiendo la independencia y la imparcialidad frente a la sumisión política y frente al mercado, y con una justicia internacional y jurisdicción universal reforzadas, no debilitadas, aunque incomode —especialmente cuando incomode— a las grandes potencias.

La historia no se repite de forma idéntica, pero rima con obstinación cuando dejamos de escucharla. La justicia y la democracia no son un legado que se hereda: son una tarea que se defiende cada día, o se rompe y se pierde para siempre. Los versos de Lorca, premonitorios del fascismo, son ahora de más actualidad que nunca.

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No debemos cerrar los ojos, porque la responsabilidad es nuestra

Empiezo el curso, como imagino que les está ocurriendo a muchos compatriotas, con un sentimiento de desazón. Los sucesos de Ceuta me producen una inquietud que no se aplaca. Con una doble razón: de una parte, la gestión de lo acontecido, de otra la inhumanidad cada vez más patente que se ha dejado ver.

Me referiré muy sucintamente a ese primer factor, la acción del Gobierno. Escuchaba este lunes en la Cadena SER al presidente Pedro Sánchez y, entendiendo que desde que inició su mandato no ha salido de una crisis para entrar en otra, me producen malestar algunos aspectos poco aclarados –quizás porque no se puedan explicitar, no lo sé–. De aquí destaco los balones fuera que se perciben cuando se habla de un batiburrillo de hackers, de rusos, de enfrentamiento con Israel por Gaza o la poca gracia que le hacemos a Trump por no admitir algunas de sus exigencias. De acuerdo con que ese fondo existe, del mismo modo que es verdad que el CNI y otros servicios de información españoles dirigen sus esfuerzos al asunto del terrorismo en el Sahel, prioritariamente.

Sí, y, precisamente por esto, es muy difícil asumir que la entrada masiva de personas no fuera detectada en una frontera tan fiscalizada por aquellos motivos y así haberla frenado. Y en cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo que se manipuló como bulo en las redes alauitas como argumento para una frontera “abierta”, no comprendo cómo los servicios del Estado no fueron capaces de comunicar, inmediatamente que se publicó, la realidad y el alcance veraz de tal resolución judicial para que nadie se hiciera vanas y falsas esperanzas. De nuevo el deber de informar por parte de aquellos y la comunicación oficial deja mucho que desear. El mensaje del presidente no ha cubierto las expectativas. No he percibido autocrítica y, desde luego, desde fuera, la sensación que esta crisis ha producido se resume con dos palabras: confrontación e imprevisión.

Ahora voy al otro tema, el que más me preocupa: la falta de empatía con el otro que se ha puesto de manifiesto.

El jueves 27 de agosto, un centenar de vecinos bloqueó durante media hora el convoy de Cruz Roja que se dirigía a repartir alimentos a los migrantes acampados en la playa del Trampolín, al grito de que la organización humanitaria es “una mafia”. Minutos después, parte del campamento improvisado ardió.

En los días previos se habían sucedido agresiones a periodistas, ataques a vecinos ceutíes de confesión musulmana —españoles, con pleno derecho a la ciudad que habitan desde generaciones— y el hostigamiento a comercios que atienden a personas migrantes. El propio Foro de Abogacía y Democracia ha ampliado su denuncia contra un dirigente de Vox en Ceuta por su papel en la escalada.

A ello se suma la coordinación, desde comienzos de agosto, de convocatorias en redes sociales —Telegram, Instagram, TikTok— para organizar nuevos cruces masivos, con un origen difuso que las propias autoridades europeas y marroquíes reconocen no haber podido esclarecer del todo, y sobre el que se ha apuntado, sin que exista aún constatación firme, una posible amplificación desde canales vinculados a intereses ajenos al conflicto bilateral.

Nada de esto ha impedido que la crisis se convirtiera, de inmediato, en munición electoral. El expresidente Aznar viajó a Ceuta a exigir el retorno del “orden”, en un lenguaje que evoca antiguas doctrinas de mano dura y que, según ha señalado la propia dirección del PSOE, incluyó una llamada a la ciudadanía a actuar frente al Gobierno. Llamada que algunos han querido leer como una incitación tan grave como para justificar que se pida en el Congreso la comparecencia de la directora del CNI. Así lo ha apuntado este fin de semana Alberto Núñez Feijóo que, así mismo, ha planteado el confinamiento de la población migrante ante un supuesto riesgo sanitario que la propia ministra de Sanidad calificó, con datos en la mano, de carente de todo respaldo científico.

Comunidades autónomas gobernadas por el PP se negaron a incluir en la agenda de la Conferencia Sectorial de Infancia un punto específico sobre la atención a los menores no acompañados. Vox, por su parte, ha hablado abiertamente de “invasión” y ha reclamado el cierre de fronteras y la movilización del Ejército contra población civil, buena parte de ella menor de edad. Esto no es una diferencia legítima de políticas públicas sobre gestión migratoria, sobre la que caben —y deben caber— el debate y la discrepancia democrática.

Esto es la utilización deliberada del sufrimiento ajeno como ariete electoral, en la antesala de una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso el 3 de septiembre, y con unas elecciones que, como siempre, proyectan su sombra sobre cada declaración y cada visita mediática.

Niños aterrados

No puedo evitar que todas estas imágenes me vengan a la mente. Sobre todo, la de niños y de niñas, con miedo, en Ceuta, al albur del buen corazón de la ciudadanía y a la espera de lo que las autoridades decidan sobre su futuro con el rechazo de aquellas comunidades en las que manda VOX sobre estos temas, de la mano del PP. Me angustió la imagen de ese chaval marroquí de doce años lloroso, rogando al legionario que le acompañaba “Marruecos, no. Marruecos, no…” Al menos, sé ahora que un teniente coronel frenó la expulsión tras los avisos de algunos ciudadanos y que el niño está bajo la tutela de la Cruz Roja. Y agradezco con auténtico alivio la intervención de tantas mujeres de la ciudad autónoma que se han hecho cargo de las niñas que, solas y amedrentadas, no sabían cómo protegerse de tanto peligro que acecha a la infancia. Cuando escribo estas líneas se han registrado en Ceuta más de veinte agresiones sexuales a mujeres y a niñas migrantes.

Estos días siento vergüenza de pertenecer a un mundo occidental que observa sin inmutarse a colonos israelíes en Cisjordania, incendiando casas con sus habitantes palestinos dentro, como si no fuera con nosotros

Frente a tanta buena gente, capaz de amparar a los otros como si fueran propios, siento una especial aversión por los discursos de la derecha y la ultraderecha de nuestro país, desentendiéndose de estas criaturas, exigiendo su devolución a la nación de origen sin más paliativos. ¿Darán por hecho que las condiciones que viven estos menores allí son tan óptimas como las de sus propios hijos? El PP habita un mundo de fantasía en que los migrantes, personas que han arriesgado su vida para alcanzar nuestras playas, tienen una existencia digna, agradable y justa allí donde no quieren regresar.

La forma de pensar de estos políticos es equiparable a la acción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El mandatario visitó una de las zonas más devastadas por el seísmo, que ha producido la muerte a cerca de 300 personas, y, desde su camioneta blindada, lanzó balones de fútbol con el eslogan “defensores de la patria”, el título de su partido. Un regalo así para una población que llora a sus seres queridos y no sabe cómo rehará su vida, es indicativo de un futuro desesperanzador.

Estos días siento vergüenza de pertenecer a un mundo occidental que observa sin inmutarse a colonos israelíes en Cisjordania, incendiando casas con sus habitantes palestinos dentro, como si no fuera con nosotros. El grosor de nuestra epidermis es superior a la de mil rinocerontes juntos.

Relataba La Jornada que “en Qusra, los colonos rodearon las casas tras cortar el suministro de agua y electricidad, en lo que grupos de derechos humanos denuncian como un intento de apoderarse de más tierras. En Al-Tuba, los colonos incendiaron viviendas la noche del miércoles 5 de agosto, en lo que los residentes describieron como un ataque no provocado”. El rotativo mexicano ponía en valor las palabras del Papa León XIV desde El Vaticano, el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virge, pidiendo el fin de la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada y promoviendo la solución, cada vez más imposible, de los dos estados para lograr una paz justa y duradera.

Asesinar en Gaza y en Irán

Frente a este reclamo pleno de santa indignación del pontífice, frente a la buena voluntad de las gentes de Ceuta, frente a la decisión del Gobierno de España de atender a los migrantes aplicando los derechos humanos, otras voces incitan a levantar el animal salvaje que subyace en las ideologías neofascistas, las cuales asoman peligrosamente intentando arrastrarnos a simas de devastación.

Me refiero, y lo habrán imaginado, a la barbarie que encarna el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien llamó públicamente al asesinato de entre “30 y 40 personas” cada noche en Gaza. “No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, aseveró.

No puedo evitar tampoco, pensando en Gaza, recordar el boicot a la ayuda humanitaria para los habitantes de la franja que, con absoluta impunidad, realizaron los israelitas. Y hacer el paralelismo de esa acción contra la Cruz Roja en Ceuta, sin duda inspirada por la misma falta de escrúpulos o por un ánimo mimético con quienes manejan el mundo.

En este mes ya concluido en que, en España, la población huyó del calor intentando refrescarse en la playa o en la montaña, todo lo que acontece parece lejano e imposible. Cada día se agrandan más las orejeras que nos autoimponemos para esquivar ser testigos de lo que les está ocurriendo a otros seres como nosotros.

Dejamos pasar la noticia como una más, dado el conflicto que Estados Unidos ha formado en Irán. El Jefe del Estado Mayor iraní ha ofrecido una recompensa de 30.000 dólares para quien mate o capture a un soldado estadounidense caso de que se produzca una violación del territorio. Si fuera una mujer quien llevara a cabo tal acción, la suma se duplicaría.

Epidemia ignorada

Así están las cosas. Entre tanto, Occidente calla ante una epidemia de ébola en la República del Congo que ya ha registrado 5.794 casos confirmados, incluidas 2.786 muertes, y se está propagando a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearlo y frenarlo. En mayo, la OMS declaró la emergencia de salud pública internacional pero el virus avanza implacable.

Imaginen las condiciones sanitarias allí, en un país con un conflicto bélico que ha originado un millón de desplazados. ¿Creen que el mundo se preocupará por estas personas? Con los antecedentes relatados, es muy dudosa una reacción para ayudar a los congoleños. Siempre que no haya de por medio un beneficio económico claro y directo, la orquesta internacional que cada vez se rige más por la batuta de Estados Unidos seguirá con sus sonidos desafinados, con sus ecos bélicos dirigidos a intereses concretos y su falta de empatía. Pero no toman en consideración que las epidemias no entienden de fronteras.

Latinoamérica de Trump

En esa línea, Donald Trump va ampliando su influencia en América Latina con herramientas políticas y militares. Ya son siete los candidatos afines al presidente republicano que han obtenido victorias en sus respectivos países, convirtiendo el mapa de la región en una mancha extensa de ultraderecha que revierte las libertades adquiridas. Y, con la excusa de combatir el narcotráfico, sus incursiones son cada vez más habituales y agresivas en naciones cuya soberanía pasa por alto.

El veterano presidente progresista Luis Inazio Lula da Silva iniciaba así este fin de semana su nueva campaña electoral: “Me preguntan por qué quiero un cuarto mandato. Porque, mientras esté vivo, no voy a permitir que la derecha regrese.”

“Brasil y México resisten a Trump y a las derechas latinoamericanas”, titulaba el diario El País el pasado día 16. El diario refería que ante una ofensiva plena de Trump para consolidar su dominio “sea con una cumbre con aliados militares en Panamá y didácticos vídeos sobre la doctrina Donroe, la tutela de Venezuela, castigos arancelarios u operaciones militares conjuntas con Ecuador o Colombia”, Brasil prepara la respuesta a Washington vía aranceles.

En cuanto a México, la presidenta Claudia Sheinbaum juega a todas las cartas posibles para manejar la situación, preservando el país de los intentos de injerencia estadounidense, mantener una economía muy ligada a la norteamericana y la amenaza arancelaria. Sin olvidar los episodios que afectan a mexicanos detenidos por el ICE de Trump detenciones que se han cobrado cerca de veinte fallecimientos bajo la custodia de este denominado servicio de inmigración y control de aduanas.

Leo con pesar que, en Connecticut, Estados Unidos, al inicio del curso escolar, hay auténtico terror a llevar a los niños a las paradas del bus que los conduce al colegio. Porque una vez que los pequeños suben al vehículo, el ICE detiene a sus padres, al punto de que el miedo ha provocado la bajada de las matriculaciones de estudiantes hispanos.

Una policía de tintes xenófobos y racistas, envidia sin duda de líderes ultraderechistas europeos que ya hacen sus pinitos planteando la deportación de los migrantes a terceros países, o vinculan la migración con las agresiones sexuales. No anda lejos de tal idea la presidenta de la Comunidad de Madrid, emulando a un Santiago Abascal que no necesita decir nada porque aquella y Núñez Feijóo compiten para ser más próximos a los postulados que VOX proclama.

Sí. Efectivamente, estoy —y la gente de bien deberíamos estar— muy inquieto ante lo que estamos viviendo: en Ceuta, en las calles de Norteamérica, en Cisjordania o en mis admirados países de Latinoamérica, que revierten el progreso hacia vivencias que creíamos pasadas.

Es la constancia de que cabalgamos desbocados hacia la deshumanización. Allí nos quieren arrastrar. No debemos cerrar los ojos, porque la responsabilidad es nuestra.

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Ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional ni el Poder Judicial han estimado sus alegaciones después de que un Comité de Naciones Unidas declarase que debía ser indemnizado por no haber tenido un juicio justo

La lucha de Baltasar Garzón por anular o neutralizar los efectos de su condena por prevaricación se ha encontrado con un portazo de todos los tribunales y organismos a los que ha acudido en España. Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, el exmagistrado ha esgrimido sin éxito el dictamen de un comité de Naciones Unidas que estableció ya en 2021 que fue inhabilitado y expulsado de la judicatura por un proceso “arbitrario” que merecía una reparación que, por ahora, no llega. El entorno del hoy abogado no descarta presentar nuevas reclamaciones, pero por ahora el dictamen favorable llegado desde Ginebra no ha tenido ningún efecto sobre su situación.

Garzón llevaba dos décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando se hizo cargo del caso Gürtel. Una causa que arrancó con la confesión y las grabaciones de un concejal del Partido Popular, que se tradujo en una docena de piezas y cuyas sentencias contra el PP y sus miembros llegaron a provocar un cambio de Gobierno. Pero para entonces el magistrado jienense ya había tenido en sus manos causas de máxima relevancia contra el narcotráfico como las operaciones Nécora y Pitón, contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra crímenes internacionales con Adolfo Scilingo o Augusto Pinochet.

Hasta entonces, sus actuaciones más cuestionadas habían estado relacionadas con el terrorismo y la no investigación de torturas a presos, que se tradujo en una condena para España a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2004. Pero los focos penales se posaron sobre él cuando empezó a desentrañar la madeja corrupta de Gürtel que convivía en simbiosis con el Partido Popular en las administraciones donde gobernaba. Las querellas empezaron a llegar contra él mucho antes de que se pusiera a investigar el entramado, pero las que le llevaron al banquillo surgieron después del estallido del caso.

Fue juzgado y absuelto por abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un “exceso”, reconoció el Supremo, pero no un delito de prevaricación. No llegó ni a ser imputado por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York. Pero la tercera causa, la que tenía relación directa con el caso Gürtel, fue la que terminó con su carrera como juez.

En esa ocasión fue el abogado y antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez el que abrió fuego. Y esta vez, directamente relacionado con su gestión del caso Gürtel: las escuchas ilegales a algunos acusados y sus abogados mientras estaban presos en Soto del Real. La Policía había advertido al juez de que algunos imputados seguían delinquiendo desde la cárcel y su “enlace” con el exterior eran algunos abogados. La orden de Garzón, según dejó por escrito en un auto poco después del estallido de la operación, fue intervenir las comunicaciones de Francisco Correa y dos de sus socios en la cárcel con sus abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal.

El Supremo decidió que Garzón había incurrido en un delito de prevaricación y le impuso 11 años de inhabilitación. La decisión de pinchar sus comunicaciones con sus abogados fue “injusta” porque restringió su derecho de defensa “arbitrariamente” y “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. El tiempo pasó y esos dos abogados fueron procesados por maniobrar para encubrir a Francisco Correa y su grupo de delincuentes. Delgado falleció antes de que se pudiera celebrar el juicio y López Rubal fue uno de los pocos imputados que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el último juicio del caso Gürtel, celebrado a finales del año pasado y todavía pendiente de sentencia, en el que está acusado efectivamente de intentar proteger el entramado empresarial de Correa tras el estallido de la operación.

El Constitucional, Estrasburgo y la ONU

La condena de Baltasar Garzón implicó su salida de la judicatura y la pérdida de su condición de magistrado, firmada por el Consejo General del Poder Judicial, llegó poco después. Los recursos del ya exmagistrado no prosperaron ni ante el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo a finales de 2012, ni tampoco en Estrasburgo, donde el TEDH rechazó sus alegaciones unos años después sin entrar al fondo del asunto. El exjuez emprendió entonces una nueva batalla, esta vez ante un organismo diferente: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció en 2021 que Garzón no se enfrentó a un proceso justo ni cuando fue condenado por las escuchas de la Gürtel ni cuando fue absuelto tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Los efectos prácticos de una sentencia o un dictamen internacional en la Justicia española lleva años siendo objeto de debate. Una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe ser acatada por los tribunales nacionales. Por ejemplo, cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot y los jueces tuvieron que adelantar la puesta en libertad de presos etarras pero también, por ejemplo, delincuentes sexuales. O cuando el TJUE dictó sentencia sobre las cláusulas abusivas y el terremoto judicial llevó a la creación de juzgados especializados por todo el país. Pero las decisiones de organismos como un Comité dependiente de la ONU siempre han tenido una implantación compleja en España.

En el caso del dictamen favorable a Baltasar Garzón, ningún tribunal u organismo español ha decidido otorgarle un valor práctico real en los diversos frentes legales abiertos por los abogados del exmagistrado, cuya condena quedó completamente cumplida a finales de 2021. Acudió a la Audiencia Nacional con una reclamación de compensación y eliminación de antecedentes penales que, además, obtuvo el apoyo de la Fiscalía, pero se encontró con el portazo de los jueces en noviembre de 2025.

“Los dictámenes no tienen carácter vinculante ni ejecutivo, ni puede esta Sala exigir al Ministerio de Justicia la implementación del dictamen”, dijeron los magistrados de lo contencioso en una sentencia ya recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, Garzón, según la Audiencia Nacional, tardó más de un año en reclamar tras recibir el dictamen de la ONU y lo hizo, por tanto, fuera de plazo.

También se encontró recientemente con otra negativa, esta del Tribunal Supremo heredada del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces respaldaron la negativa del órgano de gobierno de los jueces a revisar todos los acuerdos posteriores a su condena que, en la práctica, le dejaron fuera de la magistratura. El Supremo no solo restó valor ejecutivo al dictamen del Comité de Naciones Unidas, sino que deslizó que no fue correctamente tramitado por “conocer el fondo del asunto” en paralelo al TEDH, que falló en sentido contrario.

Todas las respuestas a las reclamaciones de Baltasar Garzón, por tanto, se han encontrado por ahora con la negativa de jueces y organismos españoles, aunque fuentes de su entorno no descartan poner en marcha nuevas acciones de reclamación para que el dictamen del Comité de la ONU cause algún tipo de efecto un lustro después de haber cumplido íntegra su condena por prevaricación.

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• Mito, infierno y la dignidad rebelde

Dante, en la Divina Comedia, bajó al infierno para entender el mal, no para contemplarlo. Y descubrió algo que hoy seguimos sin querer aprender: el círculo más profundo de su Comedia no está reservado a los violentos, sino a los traidores, a quienes rompen el vínculo de confianza que hace posible la convivencia. En el hielo de Cocito, Dante congela no la ira, sino la deslealtad. Es una intuición moral asombrosa: el mayor mal no es el del que lo proclama, sino el de quien traiciona en silencio la palabra dada, el pacto, el derecho. Homero, siglos antes, había explorado la otra cara de esa misma cuestión. Ulises no atraviesa un infierno ajeno: atraviesa el suyo propio, hecho de tentación, soberbia y extravío, para regresar convertido en otro hombre. Su viaje es una purgación errante, un aprendizaje doloroso de los límites. Ambos espacios —el descenso y el regreso— analizan, en el fondo, el mismo fenómeno: cómo una civilización se mira al espejo del mal para no repetirlo.

La tradición cultural hispana heredó y radicalizó esos círculos. El barroco español — Quevedo, Calderón, la teología de la contrición tridentina— construyó toda una arquitectura moral sobre la posibilidad de la culpa reconocida y del perdón ganado. «Los sueños, sueños son», escribe Calderón, pero el despertar de Segismundo es también un despertar ético: solo quien reconoce su capacidad de hacer daño puede gobernarse con justicia. El infierno cristiano, en su versión más honda, nunca fue solo castigo: fue, sobre todo, la contracara necesaria de la contrición, la advertencia de que el mal (la deshumanización) tiene consecuencias y que, precisamente por eso, el arrepentimiento tiene sentido. Es una moral que exige memoria, responsabilidad y reparación, no venganza.

Conviene recordar, además, que el purgatorio —esa denominación tardomedieval que el historiador Jacques Le Goff situó en el nacimiento de una nueva sensibilidad moral europea— es lo que distingue una teología del mal cerrada de una teología del mal abierta a la expiación y la enmienda. Donde no hay purgatorio, solo hay condena eterna o inocencia absoluta; donde lo hay, existe un tercer círculo (no como un lugar físico, sino como “una condición de vida”, en palabras del papa Juan Pablo II) incómodo pero fecundo, en el que la culpa se transforma en responsabilidad y la responsabilidad en reparación. El mal se purga en comunidad, a la vista de todos, no se esconde ni se amnistía en privado. Es una lección que, en la época contemporánea, con las leyes de punto final e impunidades pactadas, se olvida con demasiada facilidad.

Infiernos reales

Contra ese fondo simbólico, el mundo que habitamos hoy ha construido infiernos reales sin dejar espacio al purgatorio. Guantánamo, Afganistán, Irak, Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Sahel, tantos otros nombres: guerras que no buscan la victoria como cierre negociado, sino la aniquilación como método. Y detrás de cada una de ellas, unos liderazgos —Trump, Netanyahu, Putin, y con ellos otros que hoy dictan la gramática del poder global— que han sustituido el derecho internacional por la lógica de la fuerza revestida de necesidad. El lenguaje de la seguridad se ha convertido en la coartada perfecta: la guerra contra el terrorismo de ayer, y la guerra contra el narcotráfico de hoy, funcionan como excusas que permiten suspender garantías, bombardear poblaciones civiles, criminalizar la disidencia y desplazar millones de personas, todo en nombre de una amenaza que nunca se define con precisión ni se somete a control judicial alguno. Es el viejo truco del estado de excepción convertido en normalidad permanente: cuando todo es seguridad, nada es derecho.

Hay una diferencia esencial entre la guerra antigua y la guerra contemporánea. La guerra de Homero, por cruel que fuera, tenía un código: héroes que se reconocían entre sí, treguas, ritos funerarios, límites —aunque frágiles— impuestos por los dioses y por el honor. Héctor y Aquiles combaten, pero también negocian la devolución de un cadáver; Príamo cruza el campamento enemigo y es recibido con hospitalidad. Esa gramática, por brutal que fuera, reconocía en el enemigo a un ser humano con derechos póstumos.

La guerra actual ha roto ese marco. Ya no distingue combatiente de civil, hospital de objetivo militar, infancia de daño colateral. Se libra con drones que despersonalizan la muerte, con algoritmos que deciden objetivos, con el asedio y el hambre como armas, con el bloqueo de la ayuda humanitaria como estrategia deliberada. No busca vencer al adversario: busca borrarlo, junto con su memoria, sus archivos y su futuro demográfico. Es, en el sentido más estricto, una guerra de aniquilación, y por eso mismo exige del derecho internacional humanitario y del Estatuto de Roma una defensa mucho más firme, no su arrinconamiento como estorbo diplomático ni su aplicación selectiva según quién sea el acusado.

Enemigo absoluto

Frente a esta deriva, se nos ofrece una y otra vez idéntico discurso: el del enemigo absoluto, el del migrante como amenaza existencial, el del otro como origen de todos nuestros males. Se toman excusas que sistemáticamente conducen a la deshumanización, al rechazo de la diversidad, a la negación de los derechos más elementales que tienen categoría universal. He escrito antes, en este mismo diario, sobre los disfraces del fascismo y sobre la prioridad nacional como doctrina de exclusión, y no puedo dejar de advertir que esa retórica, que durante décadas vivió en los márgenes, se ha vuelto hoy elemento nuclear del discurso de una extrema derecha en ascenso en buena parte de Europa y América.

La historia nos ha enseñado, con un coste insoportable, adónde conduce ese camino: primero se deshumaniza al distinto, después se le culpa de todo, finalmente se le expulsa o se le extermina. No es una hipérbole: es la secuencia que el siglo XX documentó con Núremberg como respuesta, y que Ruanda y Bosnia repitieron cuando el mundo miró hacia otro lado; y que en el siglo XXI hemos visto reiterada en la secuencia de guerras ilegales, genocidios en directo o violaciones de espacios territoriales con asesinatos selectivos y secuestros de mandatarios. Quien banaliza el odio al migrante, o normaliza el lenguaje de la sustitución y la prioridad de sangre, no está haciendo folclore político: está reabriendo una puerta que la humanidad creyó cerrada a un altísimo precio.

Impunidad y lawfare

No es una sospecha retórica: es política declarada, y por eso conviene nombrarla con precisión. Desde febrero de 2025, la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump 14203 impone sanciones a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar a nacionales estadounidenses o israelíes y, desde entonces, el Departamento de Estado ha ampliado las sanciones contra personas físicas o jurídicas que colaboren con la justicia internacional.

En julio de 2026 el propio secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña explícita para «desmantelar» la Corte, calificándola de amenaza a la soberanía estadounidense, y advirtió que los países que dependen de la cooperación militar o policial de Washington serán observados con particular atención según se alineen o no contra el tribunal: sanción económica para quien coopere con la Corte, promesa de protección para quien la rechace.

La no violencia, bien entendida, no es pasividad: es la forma más difícil de valentía

Es la traducción exacta, en clave institucional, de lo que sostengo en La democracia amenazada: el fascismo de nuestro tiempo no siempre llega con uniforme ni con un golpe de Estado; llega con sanciones económicas y con la exigencia de lealtad incondicional a cambio de impunidad o con la instrumentalización de la justicia (lawfare). Es la construcción, país a país y sanción a sanción, de una arquitectura de impunidad a la carta que no necesita romper la legalidad: le basta con vaciarla desde dentro.

Humanismo militante

Viendo esta arquitectura del miedo, defiendo una respuesta que no es ingenua, sino profundamente exigente: el humanismo militante y la acción no violenta como método, no como resignación. La no violencia, bien entendida, no es pasividad: es la forma más difícil de valentía, la que exige mirar al poder a los ojos sin replicar su lógica de aniquilación. La dignidad humana —ese suelo antropológico que ninguna razón de Estado puede pisar— y la rebeldía ante la injusticia son, en este momento histórico, un mismo gesto. Rebelarse hoy no es empuñar un arma: es negarse a normalizar el horror, es documentar, denunciar, litigar, votar, escribir, enseñar. Es sostener, contra toda tentación de resignación, que los derechos humanos no son una opción ideológica entre otras, sino el mínimo común que hace posible que sigamos llamándonos civilización.

Por eso creo que la confrontación con esta deriva debe ser dialéctica y militante a la vez: dialéctica porque exige argumento, prueba y derecho frente a la propaganda y la mentira; militante porque el derecho internacional no se defiende solo, hay que defenderlo activamente, con instituciones fuertes, con jurisdicción universal efectiva, con tribunales independientes, con memoria democrática viva y con una sociedad civil que no delegue su conciencia.

Necesitamos jurisdicciones que documenten la verdad sin miedo y que no se dejen capturar por la razón de Estado, medios que no confundan neutralidad con equidistancia entre el verdugo y la víctima, y una ciudadanía educada para reconocer los disfraces del fascismo antes de que vuelvan a mostrar su rostro completo.

¿Qué hacer?

¿Qué hacer, entonces? Primero, reconstruir con paciencia y firmeza el purgatorio que nuestra época se ha negado a sí misma: espacios reales de rendición de cuentas, mecanismos de reparación en los que la culpa pueda nombrarse y el daño pueda repararse, en vez de perpetuar infiernos sin salida ni contrición posible. Segundo, fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales en lugar de erosionarlas cada vez que estorban a una potencia, exigiendo coherencia. Tercero, normalizar la jurisdicción universal como mecanismo de defensa de las víctimas de crímenes internacionales. Cuarto, combatir sin descanso el discurso de la seguridad como coartada, exigiendo siempre control judicial, proporcionalidad y verdad verificable allí donde se invoque el terrorismo o el narcotráfico para suspender derechos o para justificar operaciones militares que ignoran el derecho humanitario. Quinto, invertir decididamente en educación, memoria democrática y alfabetización mediática, porque el fascismo nunca vuelve con su nombre, y la única vacuna real contra sus disfraces es una ciudadanía capaz de reconocerlos a tiempo. Y, sobre todo, no dejar nunca que el odio al distinto se convierta en política de Estado, ya que ahí es precisamente donde la historia nos enseña que empiezan los infiernos que después ya no se pueden cerrar.

Dante termina su descenso con un verso que sigue siendo, ochocientos años después, la mejor definición de la tarea que tenemos por delante: salir para «volver a ver las estrellas». No hay atajos morales para lograrlo, ni relatos de seguridad que puedan sustituir al derecho, ni excepción que valga más que la dignidad humana. Solo queda, como a Ulises, el largo regreso: exigente, colectivo, hecho de memoria, de justicia y de una rebeldía que no se cansa, y debemos determinar el círculo que elegimos.

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La presidenta madrileña ha convertido el impacto mediático y la confrontación en una forma de gobernar que desplaza la rendición de cuentas

Existe una forma de hacer política que no necesita contenido para sobrevivir. Le basta con ocupar el espacio de la conversación pública, generar impacto inmediato y renovar cada semana el titular que sustituye al anterior. No gobierna para transformar la vida de quien administra: gobierna para las cámaras. El caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es hoy uno de los ejemplos más nítidos de ese modelo: una política vaciada de vocación de servicio público, sostenida en la excusa permanente, en la frase hueca calculada para el impacto emocional, y en la sistemática elusión de la rendición de cuentas.

Frente a ese modelo cabe otro, el que de verdad debería importar: el de una comunidad política entendida como ejercicio de ciudadanía, un lugar donde vivir sea ejemplo de integración y no de selección. Ayuso representa, con una precisión casi de manual, todo lo que ese segundo modelo no es.

Toda política dedicada al bienestar de la ciudadanía parte de una premisa mínima: quien administra recursos ajenos debe explicar cómo los administra. Ayuso ha construido, en cambio, una relación con la transparencia basada en el relato sucesivo antes que en la explicación. Cuando estalló la polémica por la compra de un ático en Chamberí a cargo del Gobierno regional, la respuesta no fue una comparecencia con datos, sino una narrativa que fue mutando según convenía: primero la operación se enmarcó en las obras de la Real Casa de Correos; después, ante la presión, el inmueble pasó a presentarse como un activo que se vendería para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. Dos justificaciones distintas para un mismo hecho no son transparencia: son gestión de daños reputacional.

Rehuir la rendición de cuentas

El patrón no es nuevo. El Hospital Isabel Zendal, presentado como gran logro sanitario, fue señalado por sus sobrecostes y por funcionar más como plató de comunicación que como infraestructura al servicio de la población. Tras el temporal Filomena, las críticas por la falta de anticipación de su Ejecutivo se disolvieron sin que nadie asumiera responsabilidad política. La constante, en todos los casos, es la misma: ausencia de autocrítica institucional, sustituida por un relato que se acomoda a la conveniencia del momento.

Esa misma lógica de opacidad reaparece en las cuentas concretas. Cuando el Gobierno regional afirmó que la empresa pública Planifica Madrid disponía de cuatro inmuebles en Gran Vía pendientes de venta, las cuentas anuales de esa empresa, depositadas y auditadas en el Registro Mercantil, registraban un único inmueble en esa calle. No es una cuestión de matices: es una contradicción entre lo que se declara ante los medios y lo que consta en un registro público.

No se trata de un hecho aislado. Durante la pandemia, Ayuso defendió que Madrid contaba con una de las mejores capacidades diagnósticas de España mientras su propio Gobierno reconocía, meses antes, no disponer de medios propios suficientes para el rastreo de la enfermedad. Responsabilizó al aeropuerto de Barajas de ser la vía principal de entrada de contagios importados, cuando los datos oficiales indicaban lo contrario. Sostiene que la ley estatal de vivienda fomenta la okupación, una afirmación que los verificadores han desmontado de forma reiterada. Incluso su propio relato biográfico — la explicación que dio durante años sobre por qué abandonó un doctorado— se ha visto rebatido por un expediente académico que el PP se niega sistemáticamente a hacer público. Lo relevante no es que existan estos episodios sueltos sino que todos comparten la misma estructura —una afirmación categórica, contradicha por el dato oficial, sostenida después sin rectificación—. Eso es lo que distingue una política que rinde cuentas de una que administra excusas.

La frase frente al argumento

Una política de servicio público se mide por su capacidad de resolver problemas complejos con explicaciones honestas, aunque sean incómodas. La política escaparate hace justo lo contrario: sustituye el argumento por la frase que produce impacto inmediato, sin que le importe demasiado su relación con los hechos.

El ejemplo más claro es el uso de la inmigración como recurso retórico. El mismo día en que arreciaban las preguntas sobre el ático, Ayuso desplazó el debate hacia la llegada de migrantes a Ceuta, calificándola de «invasión intolerable» y sugiriendo que se trataba de una prueba de Marruecos de cara a movimientos futuros.

Días después, calificó la situación de reparto de menores migrantes como «lo más inhumano que hay» —una frase que jamás ha reservado para las listas de espera sanitarias; para la pobreza infantil; para los familiares de las personas muertas en las residencias durante la pandemia…, pero que sí despliega, con precisión cronométrica, cada vez que su gestión propia queda expuesta. No es un desliz retórico: es una elección de vocabulario —invasión, prueba, inhumano— que deshumaniza a quien migra y que funciona, sobre todo, como cortina de humo.

Ese mismo mecanismo de la frase hueca con vocación de titular reaparece en la política internacional. Tras conceder la Medalla Internacional de Madrid a Israel y a Javier Milei, este año le tocó a Estados Unidos, país al que Ayuso describe como «el principal faro del mundo libre». El anuncio no se hizo en Madrid, sino por vídeo desde la Hispanic Prosperity Gala, en Mar-a-Lago, la mansión de Trump. La paradoja es evidente: Estados Unidos es país invitado de la Fiesta de la Hispanidad madrileña el mismo año en que despliega deportaciones masivas contra población hispana.

Hay una canción mexicana, La maldición de Malinche, que describe exactamente este mal: convertir en ídolo al poderoso extranjero mientras se sacrifica a los propios. Entre reconocer a Trump o defender a los migrantes hispanos que huyen de sus políticas, Ayuso se quedó con el «faro», no con la gente —la misma lógica invertida que rige puertas adentro: fuera, admiración incondicional hacia quien tiene el poder; dentro, dureza sin matices hacia quien no tiene ninguno—. En ambos casos, la frase sustituye a la política, porque produce el aplauso sin necesidad de resolver nada.

Sin vocación de servicio público

Lo más grave de la política escaparate no es que mienta ni que dramatice: es que, mientras lo hace, deja de ocuparse de lo esencial. La sanidad pública madrileña es el ejemplo más claro. La Consejería presume cada mes de reducir los tiempos medios de espera y compara sus cifras con la media nacional para presentarse como la región mejor gestionada de España. Pero sus propios datos, analizados por verificadores, muestran algo más incómodo y es que mientras el tiempo medio de demora baja, el número total de pacientes en espera aumenta.

No es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar

Presentar solo el indicador favorable es faltar a la verdad por omisión selectiva, y es también la prueba de que el objetivo no se dirige a resolver el problema, sino a administrar su relato. Profesionales sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública hablan de manipulación estadística, de derivación creciente al sector privado — donde Madrid tiene la mayor implantación de pólizas de España— y de infrafinanciación crónica de la atención primaria. Cuando la primera cita de salud mental para un adulto en Vallecas tarda más de seis meses, hablar de «liderazgo» exige, como mínimo, matizar mucho el titular.

Esa misma ausencia de vocación de servicio se manifiesta cuando lo que está en juego no es un dato, sino una persona. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una concejala del propio PP por presunto acoso sexual y laboral, retrata con crudeza qué prioriza realmente el aparato de Ayuso cuando tiene que elegir entre proteger a una institución y creer a quien denuncia. La respuesta no fue apartarlo cautelarmente: fue blindarlo. Ayuso acudió a inaugurar la sede del PP en Móstoles junto al alcalde denunciado; su número dos llegó a preguntarle a la denunciante cómo «ligaba». Desde el entorno de la presidenta se filtraron argumentarios para desacreditarla.

La concejala dejó la política. El alcalde sigue en su cargo, con una querella admitida a trámite también contra el PP como persona jurídica por «omisión y fracaso» de sus protocolos de protección. Cuando una institución antepone su propia imagen a la protección de quien denuncia, no hace falta una declaración explícita de desprecio: la jerarquía de lealtades ya lo dice todo, y esa jerarquía es incompatible con cualquier idea seria de servicio público.

El ecosistema mediático

Ningún modelo de política vacía se sostiene solo. Necesita un ecosistema que la recompense. Telemadrid, controlada con mano de hierro por los sucesivos gobiernos del PP, lleva años externalizando su programación a productoras privadas. Mientras tanto, la propia Comunidad arrastra infrafinanciación crónica en educación y atención primaria. En pantalla, un ecosistema de cobertura altamente complaciente: entrevistas a Ayuso amables, con formulación de preguntas de estructura abierta, dejando marcada la respuesta positiva, cordialidad que jamás dispensa al Gobierno central. No hace falta imaginar un pacto explícito: basta con observar el circuito que se retroalimenta — dinero público que sostiene beneficios privados, cobertura amable que sostiene el relato político— para entender por qué la política escaparate nunca paga ningún coste.

El adormecimiento cívico

Queda, sin embargo, la pregunta más incómoda: si el patrón es tan reconocible, ¿por qué buena parte de la sociedad madrileña sigue respaldándola sin exigirle el mismo nivel de rendición de cuentas que reclama, con razón, al Gobierno central? No hay una única respuesta, pero sí varios mecanismos que se refuerzan entre sí.

El primero es institucional: Ayuso ha dedicado buena parte de su mandato a debilitar los contrapesos que deberían fiscalizarla. Reformó el control de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de auditar la gestión de las administraciones madrileñas, y ha ido reduciendo la pluralidad de Telemadrid hasta convertirla en altavoz institucional. Cuando el propio ente fiscalizador y el propio medio público dejan de hacer preguntas incómodas, la ciudadanía pierde buena parte de la información que necesitaría para exigir explicaciones: no es que no quiera preguntar, es que cada vez tiene menos canales institucionales que le hagan la pregunta a ella.

El segundo es la polarización convertida en coartada. Cada escándalo propio se responde, de forma automática, con una pregunta que especula sobre el PSOE: «¿Va a dimitir el hermano del presidente?», «¿va a dimitir su mujer?». Es una estrategia deliberada y eficaz: convierte cualquier exigencia de responsabilidad en munición partidista, de modo que criticar a Ayuso empieza a sentirse, para una parte del electorado, como hacerle un favor al adversario político, antes que como un ejercicio de ciudadanía. Cuando toda crítica se lee en clave de bando, deja de evaluarse el hecho concreto y empieza a estimarse solo la lealtad de quien pregunta.

El tercero es el propio relato de prosperidad. La bajada de impuestos y el discurso de libertad económica generan una lealtad que funciona casi como seguro frente a los escándalos de gestión: una parte de sus votantes está dispuesta a tolerar la opacidad si percibe, o le hacen percibir, que su bolsillo sale beneficiado. Es un intercambio implícito —menos control institucional a cambio de menos presión fiscal— que rara vez se verbaliza así, pero que opera con eficacia.

Y el cuarto es, simplemente, cansancio democrático: la acumulación de escándalos — ático, Móstoles, pandemia, contradicciones biográficas— es tan alta que termina generando saturación antes que indignación sostenida. Incluso dentro de su propio partido empieza a hablarse de hartazgo entre alcaldes y barones territoriales, aunque esa incomodidad interna todavía no se traduce en exigencia pública.

Ese adormecimiento no es apatía neutra: es el resultado directo de un ecosistema — institucional, mediático y emocional— diseñado para que exigir responsabilidades resulte más costoso socialmente que mirar hacia otro lado. Ahí es donde falla no solo un gobierno, sino la ciudadanía que debería sostenerlo en pie. Cuando el coste social de preguntar supera al coste político de no responder, la rendición de cuentas deja de ser una exigencia colectiva y pasa a depender, únicamente, de la buena voluntad de quien gobierna. Y esa nunca debería ser la base de una democracia sana.

Ciudadanía frente a escaparate

Frente a todo esto, hace falta nombrar lo que sí sería una política con vocación de servicio público: aquella que entiende que gobernar una comunidad no es administrar un decorado, sino construir ciudadanía. Una Comunidad de Madrid que fuera de verdad ejemplo,tendría que medirse no por cuántas medallas entrega ni por cuántos titulares genera, sino por si el lugar donde se vive es un espacio de integración —de quien llega, de quien denuncia, de quien espera una cita médica— y no de selección entre quienes encajan en el relato oficial y quienes quedan fuera de él.

Integración significa que la sanidad pública no se mida en dos indicadores contradictorios sino en si la gente es atendida a tiempo; que una denuncia de acoso se resuelva protegiendo a quien denuncia, no a quien tiene poder dentro del partido; que la política exterior sirva a los ciudadanos hispanos, no al aplauso del poderoso de turno; que el dinero público financie servicios y no relatos amables en televisión.

La política escaparate no necesita resolver nada de eso porque ha aprendido que no hace falta: le basta con producir indignación o entusiasmo el tiempo suficiente para llegar a la siguiente semana sin rendir cuentas de la anterior. Ese es, precisamente, el problema de fondo: no es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar, mientras la vocación de servicio público, la que construye ciudadanía real en lugar de audiencia, queda relegada a nota a pie de página.

Reconocer ese patrón, nombrarlo y exigir su corrección no es un ejercicio de hostilidad partidista: es la condición mínima para que una comunidad política vuelva a merecer ese nombre.

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La dignidad humana no admite excepciones territoriales, se protege en la frontera con el mismo rigor de cualquier tribunal

Entre la madrugada del 30 de julio y la tarde del 31, cerca de 50.000 personas —en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. El balance de víctimas mortales, que al escribir estas líneas se aproxima ya a la centena de ahogados, multiplica varias veces la crisis de mayo de 2021 y convierte lo ocurrido en el episodio migratorio más grave registrado nunca en una frontera española. No es un hecho aislado: es un síntoma. La democracia europea —y española— está sometida a presiones que proceden de la geopolítica de los países vecinos, de la instrumentalización del derecho con fines políticos, de una Administración estadounidense que ha convertido la inmigración en arma política y de una ultraderecha que ha utilizado la tragedia como argumento contra las políticas progresistas españolas.

Los muertos, el argumento olvidado

El debate se ha trasladado enseguida a las relaciones internacionales, a los intereses económicos y a las elecciones próximas de determinados líderes, incluso al fútbol, ante la disputa de si la final se jugará en el Bernabéu, el Camp Nou o el Hassan II de Casablanca. Asuntos relevantes, pero cuyo estudio muestra una carencia importante: los grandes argumentos olvidan a los muertos. Hay familias desoladas, vagando por Ceuta en busca de sus desaparecidos, sin saber si siguen vivos. Muchos de los que cruzaron eran tan jóvenes que cayeron en el anzuelo de las redes sociales, que prometían nacionalidad, trabajo o un futuro mejor a quienes solo tenían un presente incierto. Como advirtió Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, han convertido el derecho al movimiento en un instrumento de chantaje entre países. No es la primera vez que Marruecos lanza ese mensaje a su población más joven —muchos casi niños, soñando con ser futbolistas como Lamine Yamal—; y resulta revelador que, cuando llegó la orden de regreso, la inmensa mayoría volviera de inmediato, sin discusión. Queda la duda de si la decisión fue igual de «libre» en el viaje de ida.

El Tribunal Supremo y su sentencia

El pasado 8 de julio la Sala Tercera del TS estableció que el rechazo en frontera solo es aplicable cuando la entrada se produce superando las vallas, y no cuando se accede por mar a nado. Aplica la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y protege el derecho a no ser expulsado sin garantías individualizadas; pero, al excluir del rechazo la vía marítima, convirtió el mar en una ruta jurídicamente menos hostil que una cerca, creando un incentivo perverso sobre personas desesperadas y manipuladas por redes de tráfico, en un tramo de costa donde la letalidad está garantizada. Un tribunal no puede resolver una cuestión sustantiva sin ponderar el efecto de su fallo sobre conductas humanas en juego de vida o muerte. La doctrina puede ser sólida, pero su aplicación práctica, sin medidas paralelas de rescate, se ha convertido en una trampa mortal.

Ceuta, el terreno y sus responsables

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central el cierre urgente de la frontera, el despliegue del Ejército y la emergencia nacional, evitando incluso comparecer junto a Sánchez en su visita. Es comprensible en quien carece de competencias sobre fronteras y vio su ciudad de 80.000 habitantes desbordada; pero exigir medios no es ofrecer una solución, y Vivas ha optado por el reproche político antes que por la corresponsabilidad institucional que la situación exigía.

La tensión derivó en enfrentamientos entre parte de la población ceutí y los recién llegados, con militares atendiendo heridos en plena calle: consecuencia del colapso de los servicios de acogida y de un clima de miedo alimentado por bulos y por un discurso ultraderechista que describe a los recién llegados como fuerza de ocupación. Ese discurso tiene nombre y apellidos. Este domingo, Santiago Abascal viajó a Ceuta y calificó lo ocurrido de «acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez», reclamando la militarización permanente de la frontera y la devolución de todos los marroquíes en situación irregular. Le acompañaba el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé. Cabe preguntarse cómo concilia esa hostilidad con su alineamiento incondicional con Trump, precisamente quien ha recompensado a Marruecos por su cercanía. No es una invasión islámica; los propios ceutíes se lo dejaron claro en la calle a los bulistas desplazados hasta allí.

Que ciudadanos españoles se vean empujados a la autodefensa vecinal ante la ausencia de un dispositivo estatal ordenado es, en sí mismo, un fracaso de la respuesta pública. El rey Felipe VI habló con Sánchez, Vivas y Feijóo, expresando su preocupación y reclamando medidas que garanticen la seguridad de Ceuta y Melilla: papel institucional correcto, pero que no sustituye la decisión política que corresponde al Gobierno y a las Cortes.

¿Y los espías?

Tampoco puede eludirse la responsabilidad de los servicios de inteligencia. El CNI ya advirtió, tras 2021, que Rabat empleaba las llegadas masivas como instrumento de presión vinculado al Sáhara, y la Guardia Civil venía detectando un repunte de intentos por mar. Que el Ejecutivo alegara después falta de información porque su atención estaba en los incendios no exonera a un aparato de seguridad que, conociendo el precedente de 2021, debía mantener activada una alerta permanente. Del lado marroquí, la inhibición inicial de policías y gendarmes, seguida de una contención tan eficaz que logró el retorno voluntario de casi todos, revela una capacidad que se activó solo cuando convino a Rabat: no es fallo de inteligencia, sino mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Dicho esto, la reacción posterior del Gobierno ha funcionado, con el cierre preventivo de Melilla incluido, y la respuesta de Sánchez a los gobiernos que atacaron a España, calificando de «reacciones egoístas» las de quienes exigían sanciones sin ofrecer solidaridad, ha resultado clara.

Europa, dividida y oportunista

Italia, gobernada por la extrema derecha de Giorgia Meloni y sin frontera compartida con Marruecos, aprovechó una crisis ajena para escenificar un gesto de firmeza migratoria de pura rentabilidad interna, impulsando la suspensión de España en Schengen durante un mes, a la que se sumaron con distinta intensidad Polonia, Finlandia, Austria, Chequia y Dinamarca. No cuajó en Francia, que reforzó controles sin secundar la suspensión; ni en Alemania, que exigió a Marruecos la readmisión inmediata; ni en Von der Leyen y Costa, solidarios con España sin respaldar a Roma; ni en el Reino Unido, cuyo primer ministro ofreció apoyo, pero subrayó que se trataba, ante todo, de un problema español. La crisis ha evidenciado que España carece de una alianza mediterránea que contrapese a los gobiernos conservadores europeos y a discursos como el de Nigel Farage, que habla de una batalla por la civilización.

La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande

Sánchez respondió sosteniendo que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero que el respeto a los tratados y a los datos es vinculante. Es una réplica eficaz, porque la suspensión de Schengen exige criterios objetivos mientras el reparto de solicitantes de protección sigue dependiendo de la voluntad de cada Estado; pero no resuelve el problema de fondo: una arquitectura europea donde el control fronterizo es exigible y la solidaridad graciable. Esa asimetría es, precisamente, lo que hay que corregir.

Marruecos, Argelia y el patrón de medio siglo

Apenas diez días antes de la crisis, Sánchez viajó a Argel para normalizar relaciones rotas desde 2022; tres días después, el Congreso comenzó a tramitar una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1975. Marruecos tiene una tradición bien documentada de someter a España a pruebas de estrés cada vez que percibe un acercamiento con Argelia y el Polisario: desde la Marcha Verde de 1975, pasando por Perejil en 2002 y la avalancha de 2021, hasta esta movilización masiva. No es una sucesión de episodios inconexos, sino un patrón perfeccionado durante medio siglo.

El vínculo entre Rabat y Washington explica buena parte del contexto. Marruecos fue de los primeros países árabes en firmar los Acuerdos de Abraham con Israel, y Trump lo recompensó reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental; al restablecer los aranceles universales, excluyó las importaciones marroquíes de roca fosfórica, de la que Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales, sin perder de vista el gaseoducto proyectado sobre un Sáhara cuya soberanía marroquí reclama. Además, ha firmado contratos millonarios de armamento con Estados Unidos, y el mismo sábado de la avalancha, Washington ratificaba esa soberanía por carta.

La criminalización del migrante

La doctrina Trump se caracteriza por la criminalización del migrante, la militarización de la frontera propia, más de 600.000 deportaciones desde enero de 2025 y el uso de la inmigración como arma electoral. Lo que hace Marruecos es distinto en su mecánica, pero convergente en lo esencial: ambas aproximaciones instrumentalizan a los migrantes como munición geopolítica, con precedentes en Bielorrusia frente a Polonia o Turquía frente a Grecia. Trump no provocó la crisis ceutí, pero se apresuró a explotarla con la misma gramática que aplica a su propia frontera sur, y que emplean también Vox y sus aliados europeos.

La solución pasa por varios ejes: reforzar el salvamento marítimo; articular vías legales y seguras de migración que vacíen de sentido el negocio de las mafias; una solidaridad europea obligatoria, no voluntaria; una diplomacia con Marruecos basada en el respeto pero también en la firmeza, porque Rabat interpreta la cesión como debilidad. Y la atención prioritaria a los menores no acompañados —770 acogidos en Ceuta frente a 29 plazas ordinarias—, cuya situación vulnera de forma flagrante la Convención de los Derechos del Niño.

El discurso del PP y Vox

¿Aporta algo la posición del PP y de Vox? Muy poco, y lo poco que aporta viene envuelto en un relato que agrava el problema. Existen demandas técnicamente razonables en el discurso del PP —refuerzo de medios, respuesta europea más contundente, comparecencia del Gobierno— que podrían plantearse sin el lenguaje de la invasión. Pero ese discurso queda contaminado por un marco ideológico que convierte al migrante, por definición, en sospechoso o amenaza, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y bordeando los tipos penales de incitación al odio de los artículos 510 y 511 del Código Penal.

Núñez Feijóo ha optado, además, por un oportunismo de manual: en vez de exigir responsabilidades por los canales institucionales que le corresponden, contactó por su cuenta con una veintena de dirigentes internacionales y con la Administración estadounidense, internacionalizando el desgaste del Gobierno. Mientras, dejó que su secretario general acusara a Sánchez de un «efecto llamada» por la regularización de más de un millón de inmigrantes, la misma lógica simplificadora de Vox, que exige militarizar la frontera y devolver de inmediato a todos los marroquíes, equiparando a menores y familias con una fuerza de ocupación. Ambos coinciden en calificar la crisis como invasión, término jurídicamente inaplicable a un fenómeno protagonizado por civiles desarmados, y que cumple una función precisa: deshumanizar al migrante.

Un test de estrés democrático

Esta dinámica se inserta en la misma línea que la instrumentalización del Poder Judicial, la posverdad y las políticas xenófobas: expresiones de un mismo fenómeno de erosión democrática, con idéntica lógica autoritaria, sustituir el imperio de la ley por la gestión discrecional del miedo. Ceuta es un test de estrés para la calidad democrática española y europea. La dignidad humana no admite excepciones territoriales: se protege en la frontera exterior de la Unión con el mismo rigor con que en cualquier tribunal, o no se protege en ningún sitio.

Me queda la amargura de comprobar que las ilusiones de mejora que todos albergamos no existen para buena parte de quienes hoy deciden. No buscan la felicidad de sus administrados, sino el beneficio de quienes los auspician. La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande. A eso conduce la geopolítica mortal en la que estamos sumidos. Ceder a esa tentación sería la prueba de que Europa ha decidido sacrificar sus principios fundacionales en el altar del miedo.

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El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón advirtió ayer que el proceso penal «y sus garantías han muerto» mientras «solo vive el mediático», en una intervención que sitúa el deterioro del sistema judicial dentro de un fenómeno más amplio de degradación democrática.

La reflexión la formuló en la clausura del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, en Tenerife, durante la conferencia titulada La justicia capturada. Cuando la sospecha condena, el algoritmo amplifica y la culpa se negocia, según trasladó la organización del evento en una nota a los medios.

Con 31 años de ejercicio profesional y actual director del despacho International Legal Organization for Cooperation and Development (ILOCAD), Garzón desgranó ante los asistentes distintos episodios en los que, a su juicio, la justicia ha mostrado «averías» de calado social, y alertó de lo que definió como una «fabricación industrial de la sospecha».

Para el exmagistrado, estos episodios constituyen la «demostración técnica de un proceso de degradación democrática mucho más amplio», en el que confluyen el poder político, la maquinaria mediática, las grandes corporaciones y el ecosistema digital.

«El autoritarismo del siglo XXI no llega con uniformes»

El núcleo de su intervención giró en torno a una tesis: la erosión democrática no se produce por rupturas abruptas, sino por vaciamiento funcional de las instituciones.

La democracia no muere por un golpe de Estado, muere de erosión. El autoritarismo del siglo XXI no llega con uniformes ni suspende la Constitución. Usa las formas de la democracia contra su contenido: se presenta a las elecciones, comparece ante los tribunales, invoca la libertad de expresión, nombra el estado de derecho. No necesita derogar las garantías. Las instituciones siguen en pie, pero se les extrae su función», sostuvo.

Sobre la presunción de inocencia, Garzón recordó que, como regla de tratamiento, esta garantía impide presentar públicamente a una persona como culpable antes de la celebración de un juicio.

Sin embargo, consideró que esa dimensión está «sistemáticamente desactivada en España». El jurista describió un «mecanismo de degradación» que arranca con la filtración de materiales judiciales y culmina en la amplificación algorítmica dentro del entorno digital, un proceso en el que, según sus palabras, «la velocidad de la mentira supera la capacidad de las instituciones y de la ciudadanía para confrontarla».

El origen del ‘lawfare’ y las «puertas giratorias procesales»

Garzón situó el origen del fenómeno del lawfare en las instituciones judiciales españolas en el momento en que se decide «quién gobierna a los jueces».

En referencia al Consejo General del Poder Judicial, afirmó que el CGPJ «lleva décadas siendo el tablero en el que los grandes partidos mueven sus fichas y eso no es independencia judicial, es colonización institucional».

El exmagistrado dedicó asimismo parte de su intervención a lo que denominó «puertas giratorias procesales»: la dinámica por la cual, cuando se archiva un procedimiento contra una persona cuestionada, con frecuencia se abre otro distinto.

Según Garzón, ese mecanismo genera «un laberinto en el que el objetivo no es la condena, sino el mantenimiento indefinido de la condición de procesado».

La conferencia se enmarcó en la clausura del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, cuya organización difundió el contenido de la intervención a través de una nota de prensa remitida a los medios.

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