Advertise with Googlier.com https://www.arenapublica.com/ es https://www.arenapublica.com/opinion/alexis-milo-caraza/hacia-una-reforma-fiscal-redistributiva <span>Hacia una reforma fiscal redistributiva</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>La política fiscal es una de las herramientas más poderosas con que cuenta un Estado para redistribuir el ingreso y la riqueza. Por el lado de los impuestos, debe ser progresiva y recaudar proporcionalmente más en los estratos superiores, aligerando la carga de los sectores más pobres; por el lado del gasto, debe proveer bienes y servicios que desarrollen las capacidades y el patrimonio de la población de menores ingresos.</p> <p>Ambos brazos deben diseñarse de manera coordinada, por lo que una reforma con fines redistributivos solo puede ser efectiva si es integral. La experiencia de Escandinavia y de otros países europeos lo ilustra: han elevado su carga tributaria con aceptación social porque los recursos adicionales se redistribuyen en beneficio del conjunto de la población, en particular de los segmentos de menor ingreso, lo que reduce las tensiones asociadas a la desigualdad.</p> <p>El papel redistributivo del gasto en salud, educación, alimentación, deporte, seguridad social y combate a la pobreza goza de un amplio consenso teórico y empírico. Promover la equidad por la vía de la recaudación, en cambio, es más complejo y ha sido objeto de un intenso debate en las últimas décadas. Para abordarlo conviene distinguir entre el ingreso corriente de los hogares, es decir, la remuneración recurrente que constituye su presupuesto, y la riqueza acumulada, formada por los bienes y activos reunidos a lo largo del tiempo mediante ahorro, plusvalía o herencia. La desigualdad tiene ambas dimensiones y cada una exige instrumentos distintos, pero complementarios.</p> <p>En materia de ingreso corriente, el Impuesto sobre la Renta (ISR) debería transitar hacia un esquema más plano y sencillo que fomente la inversión, reduzca los costos de cumplimiento, amplíe la base gravable y, con ello, acote la informalidad. Un primer paso sería disminuir el número de tramos con tasas diferenciadas. México tiene once, con tasas de 1.92% a 35% y algunos tan estrechos como 19 mil pesos anuales; Estados Unidos tiene seis, con tasas de 10% a 37% y un tramo mínimo de 45 mil dólares. Menos tramos simplificarían la tarea del contribuyente y de la autoridad, eliminarían el incentivo a subreportar ingresos o inflar deducciones para saltar a una tasa menor y harían el sistema más justo, al gravar segmentos de ingreso claramente diferenciados. Un segundo paso sería simplificar el artículo 93 de la Ley del ISR, cuyo tratamiento diferenciado de sueldos, honorarios, aguinaldo, participación de utilidades, horas extra, primas y seguros eleva los costos de las pequeñas y medianas empresas obligadas a retener. El caso de la prima vacacional, exenta solo hasta 15 UMA, muestra hasta qué punto la complejidad del régimen se traduce en cargas administrativas.</p> <p>La experiencia internacional sugiere que los impuestos al ingreso han tenido un desempeño poco eficiente, y México no es la excepción. La complejidad favorece a quienes tienen más recursos para aprovecharla, y la informalidad no se concentra necesariamente en los hogares más pobres, de modo que el diseño vigente no los beneficia. De ahí la necesidad de revisar las deducciones que han permitido a los segmentos de mayor ingreso reducir su carga. La depreciación acelerada no ha elevado la inversión, que se mantiene en torno a 22% del PIB, y se presta a la elusión. Una clasificación más estricta de los gastos de negocio ha reducido la elusión en Estados Unidos. La contratación de familiares para deducir servicios es una práctica extendida. Y el diferimiento de ingresos mediante vehículos de inversión permite que, en Estados Unidos, algunas personas de alto patrimonio paguen tasas efectivas menores que las clases media y baja. Un impuesto de control para individuos y familias de muy alto patrimonio podría atender estos casos, aunque el fenómeno apunta, sobre todo, a la necesidad de revisar la tributación de la riqueza.</p> <p>En el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la prioridad debería ser acotar la canasta de bienes y servicios exentos o gravados a tasa cero, para elevar la recaudación sin afectar a los sectores de menores ingresos. El IVA es un impuesto regresivo, y la canasta especial se creó precisamente para proteger a las familias de bajos ingresos y promover actividades socialmente deseables, como el arte y la cultura. Con el tiempo, sin embargo, se volvió demasiado amplia, perdió su propósito y abrió espacios a la elusión. Entre los rubros que ameritan revisión destacan las medicinas de patente y los servicios médicos, la joyería, el oro y las piezas artísticas, los alimentos procesados (incluidos los de mascotas), los alimentos de lujo expresamente exentos, la agricultura y la ganadería, la venta de casa habitación, el transporte terrestre, la explotación de obras y los muebles usados. El caso de las farmacias, que amplían su oferta para aprovechar el trato preferencial, es elocuente. La canasta debería definirse de manera estricta y la autoridad ajustarla con oportunidad conforme cambien los patrones de consumo y la tecnología.</p> <p>Una medida de este tipo debe acompañarse de subsidios focalizados en alimentación, salud y educación que protejan el bienestar de los más pobres, financiados con la mayor recaudación del IVA y con las ganancias de eficiencia que deja la eliminación de regímenes preferenciales. Esas ganancias podrían ser de tal magnitud que permitieran reducir la tasa general de 16% a alrededor de 12% sin comprometer los subsidios ni la estabilidad de las finanzas públicas, aunque ello dependería de la amplitud de los cambios y de la eficacia de su instrumentación. Etiquetados para programas sociales y transferencias directas, estos recursos tendrían un efecto neto favorable sobre los hogares de menores ingresos.</p> <p>La reforma también debería alcanzar a los gobiernos subnacionales. Con pleno respeto a su autonomía, la ley podría promover que estados y municipios desarrollen esquemas tributarios propios bajo los mismos principios: impuestos al ingreso planos y sencillos, con deducciones armonizadas entre los tres órdenes de gobierno, y una canasta especial del IVA local alineada con la federal. Además de mejorar la equidad del ingreso disponible, ello tendría ventajas redistributivas en el plano regional. Fortalecería el federalismo y la capacidad financiera de los gobiernos locales para proveer servicios de calidad, como ocurre en la OCDE, donde en 2018 los gobiernos subnacionales generaron 42.5% de los ingresos públicos y el equivalente a 15.7% del PIB. Y permitiría a las entidades competir sanamente por inversión, población y consumo a través de sus tasas, como sucede en Estados Unidos, donde la carga tributaria estatal va de 5.8% en Alaska a 14.1% en Nueva York.</p> <p>Gravar la riqueza acumulada es distinto de gravar el ingreso corriente y, en muchos casos, la riqueza es una fuente de desigualdad mayor. Como se concentra en inmuebles y activos financieros, la política tributaria sobre la riqueza debe atender ambos frentes. En México, el impuesto predial que cobran los municipios ha perdido capacidad recaudatoria por la erosión de su base, y aunque el ISR grava las ganancias de capital, sigue abierta la discusión sobre cómo hacer más equitativo el gravamen a los activos financieros.</p> <p>El crecimiento acelerado e irregular de las zonas urbanas ha desactualizado los catastros municipales, al grado de que numerosos desarrollos nuevos, incluso de alta plusvalía, no pagan predial, mientras que las colonias tradicionales de baja plusvalía, habitadas por familias de menores recursos, enfrentan una carga relativamente mayor. El uso de tecnología para actualizar los registros catastrales y las tasas conforme a las características y el uso de suelo de cada propiedad elevaría de manera equitativa la contribución de quienes poseen más y mejores inmuebles, sobre todo si se acompaña de facilidades y exenciones para los hogares de bajos ingresos. Tendría, además, un efecto creador de riqueza en los sectores populares: modernizar los registros implica regularizar la tenencia, dar certeza jurídica sobre el patrimonio y permitir que se utilice como garantía de un crédito hipotecario o se venda a un mejor precio. La actualización catastral podría vincularse, a su vez, con la flexibilización de usos de suelo, las zonas económicas especiales y el etiquetamiento de recursos.</p> <p>Respecto de otros activos, el argumento de que gravar el ahorro acumulado equivale a gravar dos veces un ingreso que ya pagó impuestos tiene cierto fundamento. Sin embargo, las familias de ingresos extremadamente altos acumulan activos que generan ingresos elevados, y ello ha contribuido de manera importante a la desigualdad.</p> <p>El impuesto a las herencias es una opción que merece explorarse, pero resulta más urgente definir el momento en que una ganancia de capital se vuelve gravable antes de liquidar el activo. Hay dos alternativas. La primera es fijar un umbral elevado a partir del cual las ganancias de capital se graven antes de realizarse, lo que anticiparía el pago de las personas más ricas y eliminaría el incentivo a reducir su ingreso reportado, en línea con los impuestos a las grandes fortunas que hoy se discuten en el mundo, como la propuesta en Estados Unidos de gravar con 20% el ingreso total, incluidas las ganancias de capital, de quienes perciben más de 100 millones de dólares al año. La segunda es valuar y gravar los activos al transferirse a los descendientes, en vida o por fallecimiento, una vía razonable en un país que carece de impuesto a las herencias. Un impuesto a la riqueza bien diseñado, además, estimula la filantropía y la creación de fundaciones con fines socialmente deseables.</p> <p>Una reforma fiscal con vocación redistributiva debe, en suma, simplificar y ampliar la base de los impuestos al ingreso y al consumo, eliminar los privilegios y deducciones que favorecen a los segmentos de mayores ingresos, fortalecer la recaudación local y gravar con mayor eficacia la riqueza inmobiliaria y financiera, destinando los recursos adicionales a compensar a los hogares más pobres. Su éxito dependerá de que las decisiones de ingreso y de gasto se diseñen y apliquen de manera coordinada.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-26T11:59:58-06:00" title="Lunes, Octubre 26, 2026 - 11:59">Lun, 26/10/2026 - 11:59</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/alexismilo" hreflang="es">alexis.milo</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Balanza%20de%20impuestos%20y%20bienestar%20pu%CC%81blico.jpg" width="850" height="478" alt="Política fiscal." title="Política fiscal." class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/reforma-fiscal" hreflang="es">reforma fiscal</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/secretaria-de-hacienda-y-credito-publico" hreflang="es">Secretaría de Hacienda y Crédito Público</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/impuestos" hreflang="es">impuestos</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/presupuesto" hreflang="es">Presupuesto</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Mon, 26 Oct 2026 17:59:58 +0000 samuel.garcia 20781 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/juan-carlos-moreno-brid/salario-minimo-ayer-hoy-y-manana <span>Salario mínimo: ayer, hoy y mañana</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p><strong>*En coautoría con Edgar Pérez-Medina y Fernando Ricalde Zamora</strong></p> <p>En&nbsp;el 2014, el Gobierno de la&nbsp;hoy&nbsp;Ciudad de México reabrió la discusión a nivel nacional en torno al salario mínimo. Sus décadas de deterioro lo habían deprimido agudamente, y distaba de cumplir con la Constitución de 1917 al respecto: “ [el salario]…debía ser lo suficientemente alto para satisfacer las necesidades normales de la vida de un obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como el jefe de una familia”.</p> <p>El estudio "<em>Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal”</em> fue punto señero en detonar la discusión. Su desenlace -después de casi dos años de trabajo- fue la concertación a favor de elevar el salario mínimo de manera progresiva. La meta inicial era que&nbsp;fuese al menos&nbsp;suficiente para comprar la canasta básica, cuyo nivel calculaba CONEVAL.&nbsp;Con cambios importantes en el texto constitucional que rige los salarios mínimos realizados en 2016-17, la CONASAMI, bajo el presidente López Obrador, dio un notable y persistente impulso al robustecimiento del salario mínimo; impulso que continúa en la actual administración. (Ver Gráfico 1a y 1b).&nbsp;</p> <p>La rápida recuperación del salario mínimo permitió un avance inédito en el abatimiento de la pobreza en el país. Como muestra la Gráfica 2, en la Zona Libre de la Frontera Norte éste superó las dos y media canastas desde hace dos años, En el resto del país, a mediados del 2026, su alza acumulada lo lleva a cubrir casi dos canastas básicas. Por demás importante, su recuperación es el factor que mayormente explica la caída de pobreza entre 2018 y 2024. (Munguía, 2025).&nbsp;</p> <p>La meta fijada para el salario mínimo por la presidencia actual es que se eleve a&nbsp;cubrir&nbsp;2.5 canastas básicas para el 2030. De celebrar, sin duda, pero recientemente enfrenta cuestionamientos. No hay quien pida cancelarla, pero algunos plantean pausar su avance. Otros apuntan a condicionarla a la evolución de la inflación o la productividad a fin de evitar -haciendo eco a objeciones de hace diez años- el llamado efecto faro. Hay objeciones un tanto nuevas, como las que señalan la extraordinaria reducción de la brecha entre el salario mínimo y la media o mediana de los salarios formales.</p> <p>El propósito de esta nota es examinar la situación al respecto, y sugerir una ruta para que la política de salario mínimo continúe su orientación progresiva de mediano y largo plazo. Comenzamos con un breve recuento de la instrumentación y logro de la política del salario mínimo desde 2018; con énfasis en su evolución respecto a los salarios formales y a la línea de la canasta básica. En ese empeño se hace referencia al papel del Monto Independiente de Recuperación (MIR). Luego de identificar algunos puntos clave de la discusión actual, con liga a la productividad laboral, se cierra con una propuesta de política de salario mínimo; propuesta que exige asignar responsabilidades a ciertas instituciones del sector público y al sector privado, que van más allá de las que tiene y cumple CONASAMI.&nbsp;</p> <h2>&nbsp;</h2> <h2><strong>El salario mínimo: ¿Cómo se instrumentó su firme repunte bajo la 4T?</strong>&nbsp;</h2> <p><strong>2.1 El sustento institucional.</strong> El giro radical de la CONSAMI en el 2018 ha sido exitoso en abatir drásticamente la pobreza sin alterar la estabilidad nominal ni deteriorar el mercado laboral. Es reflejo del renovado consenso político y social al respecto, que se fue construyendo con anterioridad; consenso que se tradujo en el sexenio de Peña Nieto en profundas modificaciones legales, incluso constitucionales, ligadas al salario mínimo. Entre ellas destacan dos. La primera fue la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en enero de 2016, como unidad de referencia en pesos para desvincular “al salario mínimo de los cálculos de multas, créditos, impuestos, derechos y otras obligaciones legales…”, por cierto. incluyendo las pensiones.<a href="#_ftn1">[1]</a> La segunda innovación clave fue, a partir de diciembre de 2016, en que CONASAMI pasó a fijar el alza anual del salario mínimo con base en dos componentes: i) el Monto Independiente de Recuperación (MIR) anualmente determinado como un monto en pesos mexicanos (crucial no fijarlo en porcentajes), y ii) un alza porcentual que se aplica al Salario mínimo el año anterior más el MIR.&nbsp;</p> <p>El&nbsp;diseño del MIR tuvo como objetivo que fuese un instrumento que contribuyese de manera significativa a robustecer el salario mínimo pero que, a la vez, repercutiese lo menos posible en los demás salarios. Para ello, por ley, se le excluía de toda negociación contractual de éstos. Ese diseño le da al MIR un par de rasgos peculiares. Por un lado, al no generar presiones inflacionarias vía efecto faro en otros salarios, su aporte al alza del salario mínimo empuja poco los costos laborales incluyendo el de la canasta básica. Por otro, al no repercutir en los demás salarios, tiende a recortar la brecha del salario mínimo frente a la mediana de ellos. En este proceso, qué tanto se reduce dicha brecha depende, en parte, del poder efectivo en las mesas de negociación de la clase trabajadora organizada y su dinámica sindical vis a vis la clase patronal. En parte de la política laboral en general. &nbsp;</p> <p>La Gráfica 3 y la Tabla 1 muestran la evolución del salario mínimo nominal, en pesos corrientes, y su composición en la parte del MIR y la parte restante (calculadas por métodos alternativos). La gráfica hace un ejercicio contrafactual que distingue el alza del mínimo que se hubiera dado con base solo en el factor de fijación porcentual; y el resto se asignado como residuo al MIR. Bajo este método, el aporte acumulado del MIR es mayúsculo; tres cuartas partes.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Por su parte, los cálculos del monto -no acumulativo- en la Tabla 1 identifican un aporte anual del MIR entre el 5 y el 13% del salario mínimo; mucho menor pero significativo.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="text-align-center"><strong>Tabla 1a. México: Salario mínimo y monto independiente de recuperación, 2016–26&nbsp;</strong></p> <p class="text-align-center">(Pesos por día, ZSMG)</p> <table> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>(1) Salario mínimo del año ($/día)</th> <th>(2) MIR ($)</th> <th>(3) MIR × factor de ajuste, (1 + factor) ($)</th> <th>(4) Col. 2 como % de col. 1</th> <th>(5) Col. 3 como % de col. 1</th> <th>(6) Factor de fijación fijado por CONASAMI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>73.04</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>4.2%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>80.04</td> <td>4.00</td> <td>4.16</td> <td>5.0%</td> <td>5.2%</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>88.36</td> <td>5.00</td> <td>5.20</td> <td>5.7%</td> <td>5.9%</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>102.68</td> <td>9.43</td> <td>9.90</td> <td>9.2%</td> <td>9.6%</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>123.22</td> <td>14.67</td> <td>15.40</td> <td>11.9%</td> <td>12.5%</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>141.70</td> <td>10.46</td> <td>11.09</td> <td>7.4%</td> <td>7.8%</td> <td>6.0%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>172.87</td> <td>16.90</td> <td>18.42</td> <td>9.8%</td> <td>10.7%</td> <td>9.0%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>207.44</td> <td>15.72</td> <td>17.29</td> <td>7.6%</td> <td>8.3%</td> <td>10.0%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>248.93</td> <td>27.40</td> <td>29.04</td> <td>11.0%</td> <td>11.7%</td> <td>6.0%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>278.80</td> <td>12.85</td> <td>13.69</td> <td>4.6%</td> <td>4.9%</td> <td>6.5%</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>315.04</td> <td>17.01</td> <td>18.12</td> <td>5.4%</td> <td>5.8%</td> <td>6.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p class="text-align-center"><strong>Tabla 1.b&nbsp;Factor de fijación frente a la inflación&nbsp;(INPC, diciembre a diciembre)</strong></p> <p class="text-align-center">(Diferencias en puntos porcentuales).</p> <table> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Factor de fijación de&nbsp; CONASAMI (col. 6)</th> <th>Inflación del año previo (dic/dic)</th> <th>Factor − inflación del año previo (puntos)</th> <th>Inflación del mismo año (dic/dic)</th> <th>Factor − inflación del mismo año (puntos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016*</td> <td>4.2%</td> <td>2.13%</td> <td>+2.07</td> <td>3.36%</td> <td>+0.84</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.9%</td> <td>3.36%</td> <td>+0.54</td> <td>6.77%</td> <td>−2.87</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.9%</td> <td>6.77%</td> <td>−2.87</td> <td>4.83%</td> <td>−0.93</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.0%</td> <td>4.83%</td> <td>+0.17</td> <td>2.83%</td> <td>+2.17</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5.0%</td> <td>2.83%</td> <td>+2.17</td> <td>3.15%</td> <td>+1.85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.0%</td> <td>3.15%</td> <td>+2.85</td> <td>7.36%</td> <td>−1.36</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>9.0%</td> <td>7.36%</td> <td>+1.64</td> <td>7.82%</td> <td>+1.18</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10.0%</td> <td>7.82%</td> <td>+2.18</td> <td>4.66%</td> <td>+5.34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.0%</td> <td>4.66%</td> <td>+1.34</td> <td>4.21%</td> <td>+1.79</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6.5%</td> <td>4.21%</td> <td>+2.29</td> <td>3.69%</td> <td>+2.81</td> </tr> <tr> <td>2026**</td> <td>6.5%</td> <td>3.69%</td> <td>+2.81</td> <td>3.45%</td> <td>+3.05</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Notas</strong>. la inflación del 2026 es la tasa anual a septiembre (3.45%), no un dato de cierre. Inflación del año previo.</p> <p>Fuentes: Elaboración propia con base en fuentes diversas.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hay consenso en que el alza histórica del salario mínimo en México de 2018 a la fecha, no detonó elevadas presiones inflacionarias, ni destruyó empleos, ni fomentó la informalidad laboral. La evidencia para la zona fronteriza tampoco detecta impactos adversos (Campos-Vázquez y Esquivel, 2021: Duval, 2026). Los brotes inflacionarios de 2021-22, post-pandemia tuvieron otro origen. Los incrementos contractuales de los salarios formales siguieron más a la inflación y al factor de ajuste fijado por CONASAMI, sin influencia perceptible de la evolución del MIR. Los puestos afiliados al IMSS pasaron de 18.5 a 22.5 millones entre 2016 y mediados del 2026 (Gráfica 4), a pesar del retroceso en 2020 por la pandemia.&nbsp;</p> <p>El lento avance del empleo formal en estos años responde más a la debilidad persistente del crecimiento de la economía mexicana que a la evolución salarial. De hecho, en 2026 el PIB per cápita está apenas por encima de su nivel real en 2018.</p> <h2>&nbsp;</h2> <h2><strong>Salario mínimo y mediana de salarios formales</strong></h2> <p>El alza del salario mínimo -con su apoyo en el MIR- recortó brechas tanto con la línea básica de pobreza como con el resto de la estructura salarial (Gráfica 5). Frente al salario medio de los afiliados al IMSS, el mínimo pasó del nivel equivalente al 25.1% al de 50.2%. Frente a la mediana, de ser equivalente al 40.7% de ésta pasó al 64.3%. De 2018 a lo que va del 2026, el mínimo creció 153.3% en términos reales, y la mediana de salarios formales en 60.2%. El alza del poder adquisitivo del salario mínimo fue mucho mayor que la del resto de salarios, en parte gracias al MIR, pero también asociada a la debilidad de la clase trabajadora en las mesas de negociaciones contractuales.&nbsp;</p> <p>Consecuencia de esta dinámica diferencial es la compresión de la distribución salarial en los niveles bajos. Los puestos remunerados con un monto de hasta dos salarios mínimos pasaron de ser 36% del total al 66% de éste. Esta compresión es objeto de preocupación, como han manifestado algunas organizaciones sindicales y empresariales. Según reportan, hay efectos adversos en cuanto a incentivos a la capacitación y a la promoción en niveles bajos de la escala. Otros advierten ciertos efectos fiscales también adversos sobre cargas del ISR.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Para fines de política pública es indispensable subrayar que la razón del salario mínimo respecto de la mediana ya supera el rango de 35%-60% que la OIT documenta para economías desarrolladas, y se acerca al umbral superior del de 50%-66% que identifica en muchos países. Como advierten diversos expertos, cuando el salario mínimo se acerca excesivamente -aunque no hay consenso sobre cuál es un umbral excesivo- a la media/mediana de los salarios formales se complica (más no se imposibilita) elevarlo con intensidad por sus posibles efectos adversos, en costos e inflación.<a href="#_ftn2">[2]</a> Al respecto, Banco de México (2025b) resalta que el MIR contuvo la repercusión del alza del salario mínimo en gran parte de la estructura salarial, salvo en la franja con salarios de hasta dos mínimos; que hoy concentra alta proporción de los asalariados formales. En otras palabras, en el contexto actual se acota el espacio para continuar con igual intensidad la trayectoria de fortalecimiento del poder adquisitivo real del salario mínimo, sin apoyo de otras medidas.</p> <p>La meta presidencial es elevar el salario mínimo para que cubra 2.5 veces la línea de pobreza. En la zona de la frontera norte ya se satisfizo. Cumplirla en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) exige que el salario mínimo general, de ahora al 2030, suba 25% más que lo que suba la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU). De manera muy burda, se requiere que en las cuatro ocasiones que le quedan a CONASAMI para decretarlo, el salario mínimo vigente para el año, suba alrededor de seis puntos más que lo que suba el costo de la canasta básica. Para complicar las cosas, recientemente la LPIU ha aumentado más que el INPC. Y se ve afectada proporcionalmente más que ésta con el encarecimiento (estacional o no) de los alimentos. Un tema ligado al espectro es la heterogeneidad regional en cuanto a cobertura del salario mínimo y compresión de la distribución salarial.&nbsp;</p> <p>El reto de la CONASAMI, y en realidad del gobierno, es decidir qué combinaciones del MIR y del porcentaje de fijación permiten una trayectoria del salario mínimo en 2027-30 que amplíe su cobertura para llegar a 2.5 canastas básicas y, a la vez, dejar de recortar su rezago frente a la mediana/media salarial formal. Todo ello monitoreando la evolución de presiones inflacionarias y de los impactos adversos, arriba señalados, por la compresión de la distribución salarial en la parte baja. Lograrlo en el contexto actual, o más bien irlo logrando, es un desafío que exige coordinación con otras políticas públicas, entre ellas la industrial y la macroeconómica, y un ratificado pacto social comprometido con mayor bienestar de los trabajadores, tanto los que ganan el mínimo como los que no.</p> <p>Al respecto, de las combinaciones de los instrumentos a disposición de la CONASAMI, el MIR cumplió su doble función de: i) robustecer el salario mínimo e ii) incidir lo menos posible en la pauta de los demás salarios. Diversos estudios indican que, dada la compresión salarial, en cuanto a su segunda función el MIR ha perdido parcial más no total relevancia. Será responsabilidad y mérito de CONASAMI decir cuánto se apoyará en el MIR &nbsp;en la transición al 2030. Una propuesta es reducir el MIR de forma gradual y predecible: en 2027, 75% del monto de 2026; en 2028, 50% del de 2027; en 2029, 25% del de 2028, y en 2030 cumplida la meta, dejarlo en “modo avión” hasta nuevo aviso. Es decir, sin suprimirlo del marco institucional.&nbsp;</p> <p>Eliminar el MIR sería un error por cuatro razones. Primero, ya se ha demostrado que puede operar en cero. Segundo, porque permite ajustar el salario mínimo ante aumentos de la canasta básica superiores a la inflación general, sin modificar el factor porcentual que sirve de referencia para otros salarios. Tercero, porque eliminarlo obligaría a canalizar todos los incrementos mediante ese factor, con posibles repercusiones en las negociaciones salariales. Cuarto, porque restablecerlo, si volviera a ser necesario, exigiría nuevas reformas legales y acuerdos entre los sectores involucrados.</p> <p>Así que, como el paraguas, es mejor tenerlo para cuando se necesite, aunque no se use por un tiempo. En ese caso, debe acompañarse de una cláusula explícita para su reactivación. Esta puede basarse en la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo, de su brecha con la media/mediana del salario medio, o de consideraciones macroeconómicas respecto, por ejemplo, a la inflación y estado del mercado laboral.&nbsp;</p> <p>En su toma de decisión sobre cómo combinar los instrumentos disponibles, es recomendable que CONASAMI cuente con estimaciones lo más precisas posibles de los riesgos y efectos de profundizar la concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos. El análisis de experiencias internacionales permitiría complementar la evidencia disponible para México y orientar mejor sus decisiones.</p> <h2>&nbsp;</h2> <h2><strong>Salarios mínimos y productividad laboral&nbsp;</strong></h2> <p>El lento crecimiento de la productividad laboral en México ha sido y sigue siendo una preocupación acuciante. Se le señala tanto como causa o consecuencia del lento crecimiento de la economía, y es intenso el debate en torno a sus determinantes. Y ahora cobra nueva relevancia en la discusión sobre la política de salarios mínimos y la meta fijada para éste.</p> <p>Una de las principales críticas a los aumentos del salario mínimo es su creciente desconexión con la productividad laboral, estancada desde hace décadas. Según cifras recientes del Banco de México, entre 2019 y el segundo trimestre de 2026 el costo laboral unitario aumentó 25%, mientras la productividad permaneció prácticamente sin cambios (Informe trimestral abril-junio de 2026).&nbsp;</p> <p>Sin pretender resolver el debate en torno a los determinantes de la productividad, las remuneraciones y la participación del trabajo en el ingreso nacional, la Gráfica 6 muestra que la productividad laboral en el país lleva décadas, literalmente décadas en letargo. Desde principios de los años ochenta, prácticamente no ha recuperado dinamismo, tanto durante el desplome del salario mínimo real y de la participación del trabajo en el ingreso nacional como durante los años de la llamada Cuarta Transformación.&nbsp;</p> <p>Y la comparación se ve fatal respecto a su valor en 1981; ya no se diga lo que ha caído en relación a los competidores en los mercados mundiales de manufacturas. La Gráfica 6 revela, además, una estrecha relación de largo plazo entre la productividad laboral y el capital por trabajador. Ambos indicadores perdieron dinamismo desde principios de los años ochenta, aunque el deterioro de la productividad ha sido mayor. Para 2025, el capital por trabajador superaba apenas 4.4% su nivel de 1981, mientras que el producto por trabajador se encontraba 22% por debajo.</p> <p>La conclusión es clara: para elevar sostenidamente la productividad laboral en México es indispensable aumentar el capital por trabajador mediante una mayor inversión en activos fijos. Cualquier estrategia para impulsar la productividad debe colocar en el centro la inversión pública y privada. Sin ella, difícilmente podrá lograrse una transformación estructural que permita a la economía alcanzar mayores niveles de productividad y crecimiento sostenido.</p> <p>En consecuencia, de seguir la argumentación previa sobre la productividad laboral como obstáculo para seguir elevando el salario mínimo, la información reportada en la Gráfica 6 muestra que la solución al problema es menos responsabilidad del trabajador que de quienes deciden y ejecutan los proyectos de inversión: el sector privado y el público. Paradójicamente, no es el trabajador quien puede detonar ese proceso que lleva a la mejora sostenida de la productividad laboral. Es el empresariado junto con el sector público quienes tienen el papel central en el proceso de acumulación de capital, y de formación de marcos institucionales y climas de certidumbre propicios a la inversión.&nbsp; Sin más y mejores máquinas, plantas y fábricas, equipo e infraestructura, no hay forma de que adquiera dinamismo alguno. Impulsar la inversión en capital fijo es responsabilidad tanto del sector privado como del sector público.</p> <p>Esto nos devuelve al desafío de alcanzar la meta del salario mínimo para 2030. La CONASAMI tendrá mayores posibilidades de lograrla si la política salarial se articula con una estrategia industrial que impulse la inversión en capital fijo. Este impulso elevará el producto potencial y -al subir el cociente capital trabajo- la productividad laboral, removiendo una complicación que algunos críticos han señalado. En esa misma dirección, la política industrial debería impulsar la eficiencia y competitividad de los sectores que producen los bienes y servicios de la canasta básica. A su vez, la política fiscal, en coordinación con las políticas agropecuaria e industrial, podría contribuir a mitigar el impacto de las fluctuaciones de precios de productos esenciales. Así, una mayor productividad ayudaría no solo a elevar los salarios, sino también a preservar su poder adquisitivo.&nbsp;</p> <p>En otras palabras, alcanzar la meta del salario mínimo para 2030 y sostener sus avances en el largo plazo no puede depender únicamente de la CONASAMI. Se requiere una política integral de Estado que articule las políticas salarial, industrial, fiscal y de inversión. Más aún, impulsar sostenidamente la inversión pública y privada exige un compromiso compartido entre gobierno, empresarios y trabajadores. En otras palabras, un nuevo Pacto Social.</p> <p>Este Pacto, esta política de Estado, deberá comprometerse a impulsar la inversión para insertar a la economía mexicana en una senda de crecimiento elevado y sostenido, con empleos formales y remuneraciones dignas, con especial énfasis en los salarios mínimos. Estos objetivos no son ajenos a los del Plan México. ¿Están ya sentadas las bases del Pacto Social necesario para alcanzarlos?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Referencias</strong></p> <p>Cabrera-Hernández, F., y Duval-Hernández, R. (2026). Minimum wage and job transitions in Mexico (IZA Discussion Paper No. 18443). IZA Institute of Labor Economics. https://docs.iza.org/dp18443.pdf</p> <p>Campos-Vázquez, R. M., y Esquivel, G. (2021). The effect of doubling the minimum wage on employment and earnings in Mexico. Economics Letters, 209, 110124. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110124</p> <p>Gobierno del Distrito Federal. (2014). Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal: Propuesta para un acuerdo nacional. Gobierno del Distrito Federal, agosto de 2014.</p> <p>Moreno-Brid, J. C., Pérez-Medina, E., Márquez Calderón, A., Avelar Velarde, E., y Castolo Martínez del Campo, J. (2024). Salario mínimo en México: reto de la nueva administración. Economía UNAM, 21(61), 115–131.</p> <p>Munguía Corella, L. F. (2025). El salario mínimo en México: hacia dónde. Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=84528</p> <hr> <p><a href="#_ftnref1">[1]</a>&nbsp;Desde entonces el valor de la UMA se actualiza al inicio de cada año por INEGI, según el alza porcentual diciembre-diciembre del año previo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y se aplica “…para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores…”. (INEGI, 2026).</p> <p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Cuando el mínimo está muy por debajo -como era el caso mexicano en 2016-&nbsp; dichos efectos adversos son insignificantes (Campos-Vázquez y Esquivel, 2021).</p> <hr> <p><em>*Edgar Pérez-Medina y Fernando Ricalde Zamora. Facultad de Economía, UNAM. Las opiniones son responsabilidad exclusiva de los autores.</em></p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-25T21:16:03-06:00" title="Domingo, Octubre 25, 2026 - 21:16">Dom, 25/10/2026 - 21:16</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/juancarlosmorenobrid" hreflang="es">juancarlos.morenobrid</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/pexels-zucker-pop-140939669-10531120%20%281%29.jpg" width="1000" height="667" alt="Salario mínimo: ayer, hoy y mañana" title="Salario mínimo: ayer, hoy y mañana" class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/salarios" hreflang="es">salarios</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/economia" hreflang="es">economía</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Mon, 26 Oct 2026 03:16:03 +0000 samuel.garcia 20780 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/alejandra-macias/modalidad-40-otra-pieza-de-la-necesaria-reforma-de-pensiones-en-mexico <span>Modalidad 40: otra pieza de la necesaria reforma de pensiones en México</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p><strong>*En coautoría con Patricia López</strong></p> <p>El 21 de octubre el Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que limita, "como medida temporal", el salario con el que se puede entrar a la Modalidad 40. Parece un ajuste administrativo menor, pero no lo es. Es una pieza, después de la reforma de pensiones de 2020 y del límite de las llamadas pensiones doradas que anunciaron a inicios de este año. Estas modificaciones parecen formar parte de una reforma en pensiones más amplia que se está llevando a cabo de manera paulatina, sin anunciarla como tal, así como la reforma fiscal.</p> <p>La Ley del Seguro Social de 1973 calcula la pensión con el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, no con lo aportado durante toda la vida laboral. La Modalidad 40 estaba pensada para que quien perdiera su empleo siguiera cotizando, permitía pagar esos últimos cinco años con un salario de hasta 25 UMA, aunque la persona hubiera ganado mucho menos toda su vida. Con una inversión de 750 a 800 mil pesos se puede obtener una pensión que, por mis estimaciones, vale entre 15 y 17 millones de pesos en valor presente. El resultado son tasas de reemplazo superiores a 100%, una "industria de gestores" que distorsionó la intención del legislador y un crecimiento de 133% en diez años, hasta 272,919 registros al cierre de 2025.</p> <p>El punto débil del acuerdo es la jerarquía normativa. La ley permite inscribirse a la continuación voluntaria con un salario superior al último, hasta 25 UMA. El Consejo Técnico se fundamenta solo en sus facultades generales, sin citar la norma que regula la modalidad, y restringe por vía administrativa lo que la ley concede. Además, el acuerdo no publica motivación ni cifras: adopta la medida antes del análisis financiero que debería justificarla.</p> <p>El acuerdo plantea otras tres preocupaciones. La primera es la retroactividad. Al respetar a los inscritos "hasta que concluya el periodo contratado", el IMSS reconoce lo pactado entre las partes, pero no dice cuál es ese periodo, y una lectura restrictiva abriría la puerta a reclamos por aplicación retroactiva. La segunda, el fin de las altas retroactivas, es en cambio el terreno más firme del Instituto, y lo más probable es que esa disposición se sostenga. La tercera es el trámite exclusivamente digital, que mejora la trazabilidad de los registros, pero deja fuera a quienes, cerca de los 60 años, no tienen acceso a internet o no se manejan con soltura en estos medios. Está por verse si el canal previsto para "casos especiales" logra cubrir ese hueco.</p> <p>Habrá amparos, y en lo técnico tendrían buenos argumentos. Sin embargo, advertimos que la Suprema Corte actual ha resuelto a favor del Estado incluso cuando una regla administrativa excede a la ley: en el ADR 1442/2025, sobre una regla miscelánea que rebasaba el artículo 113-E de la LISR, no hizo valer la subordinación jerárquica y votó 7 a 2. Tener la razón no garantiza que se reconozca. Aun así, la vía sólida y transparente sería una reforma a la Ley del Seguro Social aprobada por el Congreso y aplicada hacia adelante.</p> <p>Por el lado de las finanzas públicas y la igualdad intergeneracional, las pensiones de la Ley 73 no las pagan las reservas del IMSS sino el Gobierno Federal, con impuestos generales. Cada pensión inflada por la Modalidad 40 es gasto presupuestal directo, en un país donde las pensiones ya pasaron de 14.8% del gasto total en 2018 a 21.8% en 2025, y rondan 6.1% del PIB en 2026. Ese crecimiento desplaza recursos de salud, educación, cuidados e infraestructura.</p> <p>El problema es también de equidad, en dos sentidos, entre ingresos, pues es un subsidio regresivo que aprovechan quienes puede pagar unos 12 mil pesos al mes durante cinco años. Entre generaciones, los trabajadores de la Ley 97, que se pensionarán con lo que ahorren en su Afore, pagan con sus impuestos pensiones de la generación de transición que superan el salario que esta tuvo en su vida laboral. Así, la generación joven financia beneficios que nunca tendrá.</p> <p>Una pensión con tasa de reemplazo mayor a 100% no es sostenible. Un tope de 70 a 80% del salario, como sugiere la OCDE, sería razonable. El acuerdo frena nuevos casos, pero no toca el pasivo ya generado. Por eso el estudio financiero que ordenó el IMSS debe publicarse, y debe medir el costo para el erario federal y no solo para el Instituto, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>Esto no ocurre en el vacío. En 2020 publiqué junto con la CEPAL un diagnóstico del sistema de pensiones que incluye dos recomendaciones centrales: poner un tope a las pensiones de reparto y subir la cotización de las cuentas individuales a cuando menos 15% del salario. Desde entonces se han dado pasos en esa dirección.</p> <p>La primera modificación llegó en 2020, con la reforma a la Ley del Seguro Social que eleva gradualmente la aportación a las cuentas individuales de 6.5% a 15% del salario hacia 2030, sobre todo con cargo a los patrones, y que redujo las semanas requeridas para pensionarse. Ese mismo año, la pensión para adultos mayores se convirtió en un derecho constitucional.</p> <p>La segunda fue la reforma al artículo 127 de la Constitución, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y ratificada por los congresos locales en marzo de 2026. Esta reforma limitó las llamadas "pensiones doradas" de CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza a la mitad del salario presidencial, unos 70 mil pesos mensuales, y alcanza a alrededor de 6,200 personas.</p> <p>La tercera es el acuerdo del pasado 21 de octubre sobre la Modalidad 40. Este acuerdo topa el salario de inscripción en el último registrado más una UMA, elimina las altas retroactivas, digitaliza el trámite y ordena un estudio financiero de seis meses.</p> <p>Podemos decir que la reforma de pensiones empezó desde 2020, pero se ha hecho con acciones separadas, sin un diseño integral y, como en este caso, a veces con instrumentos jurídicamente frágiles. Falta lo más difícil que sería un tope general a las pensiones de reparto, una transición más suave entre la Ley 73 y la Ley 97, una ley marco que ordene un sistema fragmentado en miles de regímenes y una reforma fiscal que permita pagar todo esto sin sacrificar a las siguientes generaciones.&nbsp;</p> <hr> <p><strong>*</strong>Patricia López. Doctora en derecho por la Universidad Panamericana, doctora en derecho tributario, especialista en derecho tributario y en derecho tributario internacional, todos por la Universidad de Salamanca. Especialista en derecho fiscal y licenciada en derecho por la UNAM.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-22T18:28:23-06:00" title="Jueves, Octubre 22, 2026 - 18:28">Jue, 22/10/2026 - 18:28</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/alejandra-macias" hreflang="es">Alejandra Macías</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Reforma%20Pensionaria.jpg" width="850" height="478" alt="Modificaciones a las pensiones." title="Modificaciones a las pensiones." class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/pensiones" hreflang="es">pensiones</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/imss" hreflang="es">IMSS</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Fri, 23 Oct 2026 00:28:23 +0000 samuel.garcia 20779 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/abraham-vela-dib/modalidad-40-modificaciones-por-las-razones-equivocadas <span>Modalidad 40: modificaciones por las razones equivocadas</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>La Modalidad 40 no es, en sí misma, un fraude. La Modalidad 40, cuyo nombre formal es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que una persona que dejó de trabajar para un patrón continúe cotizando por su cuenta. No consiste simplemente en depositar ahorro voluntario en una Afore: implica cubrir las cuotas correspondientes sobre un salario de cotización. El artículo 218 de la Ley del Seguro Social contempla la inscripción con el último salario o uno superior.</p> <p>Para los trabajadores de la generación de transición, que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y reúnen las condiciones para elegir el régimen de 1973, este mecanismo puede formar parte de una estrategia legítima de retiro. Pagar cuotas para mejorar una pensión dentro de las reglas permitidas no equivale a comprar semanas inexistentes ni a falsificar una trayectoria laboral.</p> <p>No tiene nada de inmoral que un trabajador utilice un mecanismo legal para mejorar su pensión. La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó los cambios recientes en esta modalidad a la detección de presuntos fraudes para obtener pensiones superiores a las que correspondían. La denuncia exige investigaciones y sanciones. Pero también obliga a responder una pregunta: ¿qué ocurrió dentro del IMSS para que esas irregularidades pudieran traducirse en pensiones reconocidas por el propio instituto?</p> <p>Si se acreditan alteraciones de semanas cotizadas, salarios o pagos registrados, la investigación debe seguir toda la cadena: gestores, beneficiarios, patrones involucrados y servidores públicos responsables de capturar, validar y autorizar la información. No puede darse por demostrada la complicidad de una dirección específica sin presentar pruebas. Tampoco puede excluirse de antemano la responsabilidad de quienes administran los registros y conceden las prestaciones.</p> <p>Además, es indispensable distinguir entre quién participa conscientemente en una simulación y quién entrega sus ahorros a un intermediario que lo engaña o con la intención de obtener un beneficio que no le corresponde. Las simulaciones y la alteración de registros deben investigarse y sancionarse, pero su existencia no justifica descalificar el esquema ni extender la sospecha a quienes cumplen sus reglas.&nbsp;Meter a todos en el mismo saco facilita el discurso político, pero dificulta la justicia.</p> <p>La diferencia es fundamental: una cosa es aprovechar una opción prevista en la legislación y otra, fabricar los requisitos para obtener un beneficio indebido. El monto de una pensión, por elevado que parezca, no demuestra por sí solo la existencia de un fraude.</p> <p>Por eso preocupa que la respuesta termine restringiendo de manera general las opciones de cotización. El acuerdo publicado limita el salario para nuevas incorporaciones y para quienes concluyan su periodo contratado y soliciten continuar, mientras conserva las condiciones de los inscritos hasta terminar dicho periodo. No se trata de una prohibición absoluta de mejorar cualquier pensión, pero sí de una modificación relevante para quienes habían planeado utilizar este mecanismo.</p> <p>Aquí aparece el problema de la confianza. Un trabajador puede haber organizado su ahorro, su salida del empleo y su presupuesto familiar contando con una alternativa reconocida por el Estado. Para quien pierde su relación laboral cerca de la edad de retiro, continuar cotizando por su cuenta puede representar la posibilidad de proteger el esfuerzo de décadas.</p> <p>Aunque una expectativa de pensión no sea jurídicamente idéntica a una pensión ya concedida, alterar las condiciones cerca del retiro tiene consecuencias que no desaparecen con esa distinción. Una política responsable debe considerar los plazos de adaptación y las decisiones que las personas tomaron confiando en las reglas existentes.</p> <p>Si, como señaló la presidenta, se realizaron varios estudios, el gobierno debe hacer públicos sus principales resultados: qué mecanismos de fraude se identificaron, cuántos casos se acreditaron y qué responsabilidades se investigan dentro y fuera del IMSS. También debe distinguir el costo de las conductas ilegales del costo de las pensiones obtenidas legítimamente. Mezclarlos impide evaluar el problema y justificar la solución.</p> <p>La obligación del gobierno es investigar las irregularidades, sancionar a los responsables y corregir los controles que permitieron su realización. Si hubo simulaciones laborales, deben perseguirse; si se manipularon registros, debe identificarse quién los alteró y quién los validó; si participaron funcionarios, deben responder por sus actos. Restringir las opciones de todos los trabajadores no sustituye ninguna de esas tareas.</p> <p>La exigencia de mejores controles tiene un fundamento concreto. En su revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación identificó deficiencias en los registros y en la validación de requisitos de la Modalidad 40, y recomendó fortalecer la supervisión de los accesos al sistema y la confiabilidad de la información. Esas observaciones no demuestran por sí mismas la existencia de delitos, pero sí señalan problemas institucionales que deben atenderse.</p> <p>También merece discutirse con transparencia la motivación financiera. Si el gobierno considera que el diseño del esquema genera beneficios desproporcionados respecto de las cuotas pagadas, debe presentar cálculos actuariales, identificar los subsidios y explicar quién los financia. Que un mecanismo sea legal no lo vuelve inmune a una revisión de su sostenibilidad o de sus efectos distributivos.</p> <p>El gobierno debe publicar dos cifras distintas: cuánto se perdía por los fraudes detectados y cuánto espera ahorrar con esta modificación a la Modalidad 40. Para la primera, debe precisar el periodo, los casos acreditados y la metodología de cálculo, distinguiendo los pagos indebidos ya realizados de las obligaciones futuras que se habrían generado. Para la segunda, debe estimar el ahorro neto frente a un escenario sin la modificación, considerando tanto las menores pensiones futuras como las cuotas que dejarían de recibirse. En ambos casos debe aclarar si habla de flujos anuales, montos acumulados o valores presentes de obligaciones futuras.</p> <p>No son cantidades equivalentes. Recuperar recursos o impedir pensiones obtenidas mediante fraude es distinto de reducir el gasto restringiendo las opciones de quienes cumplen las reglas. El acuerdo encarga un análisis financiero a seis meses, pero no publica una estimación del ahorro esperado. La existencia de estudios previos no elimina la obligación de explicar cuánto del ahorro previsto provendría de combatir irregularidades y cuánto de limitar pensiones que, bajo las condiciones anteriores, habrían sido legales. Sin esa separación, no puede evaluarse la proporcionalidad de la medida.</p> <p>Como referencia, al cierre de 2024 había 275,087 inscritos en la Modalidad 40 y durante ese año se tramitaron cerca de 89 mil inscripciones. Estas cifras dimensionan el esquema, pero no identifican cuántos trabajadores perderían la posibilidad de elevar su pensión con las nuevas condiciones. El gobierno también debe precisar ese universo de afectados.</p> <p>Además, debe distinguirse el efecto sobre las cuentas propias del IMSS del ahorro para el gobierno federal, a cuyo cargo corren las pensiones del régimen de 1973. Hablar genéricamente de una carga para el instituto oscurece quién financia las obligaciones y dónde se produciría el beneficio presupuestario.</p> <p>La discusión exige argumentos y cifras. La existencia de un subsidio puede abrir un debate sobre equidad; no convierte automáticamente al beneficiario en defraudador. Del mismo modo, una insuficiencia en el diseño del sistema no puede atribuirse como falta moral a quien cumplió sus disposiciones.</p> <p>De otro modo, pagan justos por pecadores: quienes organizaron su retiro conforme a las reglas terminan soportando las consecuencias de las conductas de otros y de las fallas de vigilancia institucional. Combatir el fraude exige cerrar las vías de la simulación, no restringir indiscriminadamente las oportunidades de mejorar una pensión.</p> <p>La preocupación es que, detrás del combate al fraude, gane terreno la idea de que ciertas pensiones son moralmente excesivas, aun cuando se obtengan conforme a las reglas. Bajo esa lógica, el problema dejaría de ser la simulación para convertirse en el monto del retiro. La llamada economía moral no debería hacer sospechosa la aspiración de vivir mejor después de una vida de trabajo.</p> <p>La pensión universal para adultos mayores cumple una función de protección social. Pero un ingreso básico no agota lo que debe entenderse por retiro digno ni sustituye la finalidad de las pensiones contributivas: permitir que el trabajador conserve una parte razonable de su nivel de vida.</p> <p>El desafío más importante está, además, en las generaciones que dependen de las cuentas individuales. Mejorar sus perspectivas exige fortalecer el ahorro para el retiro, revisar sus incentivos fiscales y discutir aportaciones suficientes. La contribución del trabajador para cesantía y vejez, de 1.125% del salario base de cotización, merece formar parte de esa discusión, junto con las aportaciones patronales y los apoyos públicos.</p> <p>También debe evaluarse la conveniencia de ajustes graduales a la edad de retiro y a los periodos de cotización, considerando las diferencias en salud, ocupación y oportunidades laborales. Elevar los requisitos sin atender la informalidad y las interrupciones del empleo podría dejar a más personas sin pensión. La meta debe ser financiar mejores retiros y ampliar su cobertura.</p> <p>Hay, además, una contradicción política que merece explicación: quienes han cuestionado el reemplazo del sistema de reparto por las cuentas individuales deberían justificar por qué ahora restringen una vía de mejora pensionaria para la generación de transición. Defender mejores pensiones para los jóvenes y respetar las expectativas legítimas de quienes están cerca del retiro son objetivos compatibles.</p> <p>Los trabajadores del sector privado formal no deben terminar pagando, con menores oportunidades de retiro, las fallas de vigilancia de la institución encargada de proteger sus cotizaciones.</p> <p>El gobierno debe acreditar los fraudes que denuncia, investigar las responsabilidades dentro del IMSS y justificar tanto el alcance como la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Lo que no puede hacer es convertir un mecanismo legal en una sospecha colectiva. Cotizar para una mejor pensión no es defraudar. Aspirar a ella tampoco es inmoral.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-22T13:25:52-06:00" title="Jueves, Octubre 22, 2026 - 13:25">Jue, 22/10/2026 - 13:25</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/abraham-vela-dib" hreflang="es">Abraham Vela Dib</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Restricciones%20al%20ahorro%20para%20el%20retiro.jpg" width="850" height="478" alt="Restricciones a la Modalidad 40." title="Restricciones a la Modalidad 40." class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/pensiones" hreflang="es">pensiones</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/imss" hreflang="es">IMSS</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Thu, 22 Oct 2026 19:25:52 +0000 samuel.garcia 20778 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/claudia-jimenez/la-ia-avanza-quien-responde <span>La IA avanza, ¿quién responde?</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>En América Latina hablamos cada vez con mayor soltura de inteligencia artificial (IA), mientras nuestras instituciones aún desarrollan las capacidades necesarias para gobernarla.</p> <p>Se anuncian estrategias y se multiplican los programas de formación, mientras los gobiernos buscan atraer inversiones tecnológicas. El entusiasmo merece acompañarse de una pregunta: ¿qué capacidad real estamos construyendo para decidir cómo se utiliza esta tecnología y quién responde por sus consecuencias?</p> <p>La cuarta edición del <a href="https://indicelatam.cl/">Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA)</a>, presentada el 20 de octubre en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, ofrece elementos para discutirlo. Elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), examina veinte países de América Latina y el Caribe mediante 126 subindicadores. Su valor radica en identificar las condiciones para desarrollar, adoptar y gobernar la IA, así como las brechas que persisten en la región.</p> <p>Conviene leerlo con cuidado. Esta edición incorpora 27 subindicadores nuevos y ajustes metodológicos, por lo que sus resultados no son totalmente comparables con los de la edición de 2025. Convertir cada movimiento del ranking en una historia de éxito o fracaso nacional sería una simplificación. La preparación tecnológica debe traducirse en mejoras concretas en la vida de las personas para contribuir al bienestar social.</p> <p>Chile, Brasil y Uruguay encabezan el índice. Sus diferencias de tamaño y población muestran que el desarrollo de la IA admite distintas trayectorias. México ocupa el octavo lugar, con 52 puntos sobre cien, dentro del grupo de países adoptantes. El dato invita a examinar qué impide que nuestras capacidades se articulen mejor.</p> <p>Uno de los hallazgos más reveladores está en la gobernanza. El 85% de los países evaluados tiene una estrategia nacional de IA vigente o en elaboración, y el 75% cuenta con una institución formalmente encargada de liderar las iniciativas nacionales de IA. Son avances importantes. Permiten identificar responsabilidades y construir continuidad institucional en un campo que suele quedar sujeto al anuncio del momento.</p> <p>La dificultad aparece al revisar cómo se ejecutarán esas estrategias. Entre los doce países con un instrumento vigente, únicamente Brasil y Colombia especifican un monto presupuestario para implementarlo. Esto no demuestra que los demás carezcan de gasto público en IA. Evidencia la falta de claridad de los recursos comprometidos en sus estrategias. Sin esa información, resulta difícil exigir resultados o distinguir una prioridad pública de una aspiración.</p> <p>México ilustra esta distancia. El ILIA ya lo registra con una estrategia vigente publicada en 2026. Sin embargo, al evaluar sus mecanismos de implementación, le asigna cero en presupuesto y hoja de ruta, y cincuenta puntos sobre cien en mecanismos de evaluación, correspondientes a una mención general de seguimiento. Según los criterios del estudio, el instrumento revisado no explicita presupuesto asignado ni plan de implementación asociado.</p> <p>La pregunta para el gobierno mexicano es concreta: ¿cómo conocerá la ciudadanía las acciones, los recursos y los resultados de esa estrategia? Reconocer su existencia representa un avance, pero todavía necesitamos condiciones para evaluar su ejecución. Una política que involucra decisiones sobre trabajo, servicios públicos o información personal debe poder explicarse y someterse al escrutinio público.</p> <p>Otra brecha aparece en la participación. El informe identifica procesos con múltiples actores en la elaboración de nueve de las doce estrategias vigentes; durante la implementación, esa participación formal se mantiene en seis países. México obtiene cero en los tres subindicadores de involucramiento de actores evaluados. Ese resultado describe los mecanismos documentados por el índice; no permite afirmar que jamás haya existido diálogo sobre IA en el país.</p> <p>Las condiciones materiales añaden otra dimensión al problema. Brasil concentra el 87,7% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) identificadas y el 92% de la capacidad de procesamiento regional registrada. El estudio considera clústeres de al menos ocho GPU y advierte que puede no haber identificado toda la capacidad instalada. Aun con esa limitación, la concentración plantea dificultades para quienes necesitan investigar y desarrollar soluciones propias.</p> <p>Por ello, la cooperación regional merece ocupar un lugar central en la agenda. Compartir infraestructura de cómputo, facilitar proyectos universitarios conjuntos y fortalecer capacidades públicas pueden ampliar las alternativas disponibles. La soberanía tecnológica también implica negociar las condiciones de acceso a la tecnología y tomar decisiones propias en un mundo interdependiente. Un país con pocas alternativas tiene menos margen para proteger sus prioridades.</p> <p>Esa discusión requiere incorporar criterios ambientales. Al evaluar una inversión en infraestructura de IA, deberíamos conocer sus necesidades de energía y agua, así como sus efectos territoriales. Las comunidades involucradas necesitan información y posibilidades de participación. La expansión tecnológica merece ser evaluada por su contribución al desarrollo y por las condiciones bajo las cuales utiliza recursos compartidos.</p> <p>La desigualdad también atraviesa a las empresas. En promedio regional, el 27,6% de las grandes utiliza IA, frente al 12,8% de las medianas y al 6,8% de las pequeñas. Son cifras regionales, no tasas específicas de México. La distancia obliga a preguntarnos cómo evitar que los beneficios de productividad se concentren entre quienes ya cuentan con mayores recursos.</p> <p>La alfabetización en IA, la formación y la evaluación de necesidades son claves para gestionar riesgos. Comprar una herramienta puede resolver una tarea; integrarla exige conocer sus límites y proteger la información que procesa. Promover la adopción sin esas condiciones puede generar gastos difíciles de justificar y dependencias que las organizaciones no estaban preparadas para asumir.</p> <p>México tiene fortalezas para enfrentar estos desafíos. El reporte identifica 63 programas de maestría vinculados con IA y 21 de doctorado. Esa oferta merece reconocimiento, aunque contar con programas no basta para evaluar su calidad, cobertura o impacto. En los espacios académicos universitarios debemos preguntarnos cómo conectar la formación con necesidades sociales y generar oportunidades para que ese conocimiento encuentre condiciones de aplicación.</p> <p>La inclusión exige observar quiénes pueden permanecer en esas trayectorias. Las mujeres representan el 24,8% de las personas que investigan en IA en la región. Al mismo tiempo, en el 90% de los países analizados, su productividad científica supera el promedio general. Estos resultados cuestionan cualquier explicación que atribuya la baja participación femenina a una falta de capacidad. Exigen revisar las barreras para ingresar, continuar y obtener reconocimiento.</p> <p>El ILIA 2026 ofrece un diagnóstico para la toma de decisiones. A México le corresponde explicar cómo financiará sus prioridades, abrirá la implementación a la sociedad y evaluará sus efectos. La ciudadanía necesita poder preguntar por un sistema que le afecta y encontrar una institución capaz de responder. Ahí se pone a prueba la responsabilidad que tantas veces anunciamos.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-22T08:52:32-06:00" title="Jueves, Octubre 22, 2026 - 08:52">Jue, 22/10/2026 - 08:52</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/claudiajimenez" hreflang="es">claudia.jimenez</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Brecha%20entre%20tecnologi%CC%81a%20y%20gobierno.jpg" width="855" height="481" alt="La brecha de la IA" title="La brecha de la IA" class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/inteligencia-artificial" hreflang="es">Inteligencia Artificial</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/america-latina" hreflang="es">América Latina</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Thu, 22 Oct 2026 14:52:32 +0000 samuel.garcia 20777 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/delia-paredes-mier/el-fisco-frente-la-inteligencia-artificial <span>El fisco frente a la inteligencia artificial</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>Esta semana, ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales se reunieron en Bangkok para las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Entre deuda elevada, escaso espacio fiscal y mayores costos de financiamiento, surgió una pregunta: ¿qué efecto tendrá la inteligencia artificial (IA) sobre las cuentas públicas? El <em>Monitor Fiscal</em> examinó cómo recaudar mejor; el <em>Reporte Global de Estabilidad Financiera</em> advirtió sobre los riesgos financieros asociados con la IA y un posible repunte desordenado de los rendimientos soberanos; y Kristalina Georgieva alertó sobre su potencial disrupción de los mercados laborales y los sistemas tributarios.</p> <p>El problema encierra una paradoja. Los gobiernos gravan el trabajo, ofrecen incentivos a la inversión y promueven una tecnología capaz de sustituir parte del primero por capital. Una proporción importante de los ingresos públicos procede de impuestos y contribuciones vinculados al empleo. Si la IA reduce la participación de los salarios en el ingreso y eleva la del capital, la composición de la base tributaria podría cambiar sin modificar una sola tasa.</p> <p>La demografía añade presión. Según la <em>Encuesta Intercensal 2025</em> del INEGI, México tenía 130.9 millones de habitantes y creció 0.7% anual entre 2020 y 2025, frente a 1% en el quinquenio anterior. La edad mediana pasó de 29 a 32 años. Menor crecimiento poblacional y envejecimiento anticipan, con el tiempo, una fuerza laboral menos dinámica y mayores obligaciones de gasto.</p> <p>La magnitud del choque tecnológico es incierta. Un modelo preliminar de Ioana Marinescu, de la Universidad de Pensilvania, calibrado para Estados Unidos, considera un escenario extremo en el que el capital de IA se duplica cada año. Después de siete años, el desempleo aumenta 4.6 puntos porcentuales y la participación del trabajo en el ingreso cae 13 puntos, aunque posteriormente parte de estos efectos se revierte. No es un pronóstico, sino un ejercicio útil para evaluar riesgos.</p> <p>Para el fisco, importa tanto el trayecto como el destino. Una recuperación posterior de la productividad, el empleo y los salarios no paga las pensiones, los servicios de salud ni los intereses de la deuda durante el ajuste. Hacienda debe atender sus obligaciones con la recaudación disponible en cada momento. Incluso un cambio tecnológico favorable para el crecimiento a largo plazo podría deteriorar temporalmente las finanzas públicas.</p> <p>México afronta esa posibilidad con una base tributaria formal estrecha. De unos 60 millones de ocupados, 33.1 millones trabajan en la informalidad. La exposición a la IA varía entre ocupaciones y no se limita a la manufactura: también alcanza tareas administrativas y profesionales. Pero el problema fiscal es transversal. Más de la mitad de los trabajadores queda fuera de varios mecanismos de recaudación asociados al empleo formal.</p> <p>La coyuntura ofrece una señal de fragilidad, aunque no prueba un cambio estructural. Hasta agosto de 2026, la recaudación del impuesto sobre la renta disminuyó 5.9% real por menores pagos empresariales, parcialmente compensados por ingresos provenientes de sueldos y salarios, según Hacienda. Precisamente esa fuente de recaudación podría quedar bajo presión si cambia la distribución del ingreso.</p> <p>Al mismo tiempo, México incentiva el capital tecnológico. El <em>Plan México</em> contempla deducciones inmediatas de hasta 88% para computadoras y servidores. En septiembre de 2025, <em>CloudHQ</em> anunció una inversión de 4,800 millones de dólares en seis centros de datos en Querétaro. Atraer inversiones que elevan la productividad tiene sentido; medirlas exclusivamente por el monto anunciado, no.</p> <p>La evaluación debería considerar empleos creados y desplazados, recaudación futura y costos de infraestructura. <em>CloudHQ</em> prevé una demanda eléctrica de 900 megawatts, de los cuales 200 estarían asegurados mediante CFE y Cenace, y afirma que utilizará refrigeración sin agua. Más allá de ese proyecto, la pregunta fiscal es quién paga la infraestructura que permite operar estas inversiones y cuánto del costo termina en el sector público. Los beneficios de la inversión privada no deberían evaluarse al margen de sus posibles costos públicos.</p> <p>La respuesta no consiste necesariamente en crear impuestos a robots o algoritmos: hacerlo precipitadamente podría frenar la inversión y la productividad. México necesita, primero, una prueba de estrés de los ingresos ligados a ocupaciones expuestas a la IA; segundo, evaluar el saldo fiscal y económico de los incentivos; y tercero, ampliar la base mediante mejor administración tributaria y mayor formalización. Son medidas necesarias, aunque difícilmente suficientes para enfrentar una transformación de la estructura productiva.</p> <p>Sin embargo, esas medidas no resuelven la pregunta de largo plazo. Si el trabajo pierde peso y gravar el capital se vuelve difícil por la movilidad de inversiones y utilidades, los gobiernos podrían recurrir más al consumo, una base relativamente fácil de gravar, pero políticamente sensible y potencialmente regresiva. Aumentar su carga también plantearía problemas distributivos, especialmente para los hogares de menores ingresos. La paradoja es que esta decisión llegará en un entorno de envejecimiento y mayores gastos en pensiones y seguridad social. La IA puede transformar la creación de riqueza, pero también obligará a replantear cómo se grava. El desafío será adaptar el sistema tributario a una nueva distribución del ingreso, precisamente cuando las obligaciones del Estado serán cada vez mayores.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-20T07:06:49-06:00" title="Martes, Octubre 20, 2026 - 07:06">Mar, 20/10/2026 - 07:06</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/deliaparedes" hreflang="es">delia.paredes</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/fisco%20e%20ia.jpg" width="850" height="478" alt="Fisco e IA" title="Fisco e IA" class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/economia" hreflang="es">economía</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/inteligencia-artificial" hreflang="es">Inteligencia Artificial</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Tue, 20 Oct 2026 13:06:49 +0000 samuel.garcia 20776 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/rodolfo-de-la-torre/nobel-de-economia-2026-la-mesa-mayor <span>Nobel de economía 2026: a la mesa mayor</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>Cuando Paul Krugman (Nobel de Economía 2008) declaró que "la mayor parte de la macroeconomía de los últimos 30 años fue, en el mejor de los casos, espectacularmente inútil y, en el peor, claramente perjudicial", probablemente no estaba pensando en las aportaciones de los premios Nobel de Economía 2026, Robert E. Hall y Michael Woodford. Ellos han sido distinguidos por su análisis pionero y minucioso del comportamiento de consumidores y empresas ligado a sus expectativas sobre el futuro. Este análisis fundamenta las políticas que dan estabilidad a los precios y la producción de una economía, clave para el bienestar general.</p> <p>El juicio de Krugman era explicable. En la imaginaria cena de gala del conocimiento humano, los microeconomistas (especializados en el comportamiento individual y sus consecuencias) se sientan con los científicos y entablan una plática formal, mientras los macroeconomistas son colocados en la mesa de los niños a jugar con bloques de gran tamaño al no saber usar las piezas pequeñas. Esos bloques eran reglas fijas, como la que supuestamente unía una mayor inflación a un menor desempleo y viceversa. En los años setenta, tras las crisis petroleras, la inflación subió junto con el desempleo, y las reglas dejaron de funcionar.&nbsp;</p> <p>Había además un problema con el tiempo. En su tratamiento del futuro, los macroeconomistas solían ajustar sus modelos a lo ocurrido: lanzar la flecha, dibujar la diana donde cayó y festejar el acierto. Algo muy diferente hizo Hall, el cual dibujó primero la diana: si los hogares miran al futuro al decidir cuánto gastan, los cambios en su consumo no deberían poder anticiparse con lo que ya se sabía, porque lo nuevo es, por definición, imprevisible. La predicción podía fallar y en 1978 se comprobó en buena medida. Después, con datos de más de dos mil familias, él y un colega comprobaron que la mayoría de los hogares se comporta así.</p> <p>En lo que toca a la forma de entender el dinero y las tasas de interés, la mayoría de la macroeconomía era como el arte abstracto: nadie entendía su significado, costaba millones y sobrevivía gracias a un selecto grupo que fingía ver un patrón donde solo había caos. En contraste, Woodford alcanzó algo útil y concreto. Reunió en un modelo sencillo lo que hacen los hogares, cómo fijan precios las empresas y cómo decide el banco central, sin suponer mercados perfectos que lo arreglan todo por sí mismos. Ese modelo sirve como laboratorio: permite preguntar qué ocurre con la producción y la inflación si la tasa de interés sube o baja.&nbsp;</p> <p>Hall y Woodford encontraron el control de crucero que estabiliza la velocidad de la economía, ayudando a evitar acelerones y frenazos innecesarios. La idea es mover la tasa de interés como un pedal: subirla cuando la producción rebasa su potencial y la inflación se acelera, y bajarla cuando la economía tiene reservas productivas y el aumento de los precios se frena. Ellos también explican por qué los bancos centrales modulan la economía con los meros anuncios de lo que harán en el futuro. La estabilidad así lograda mejora el bienestar general, particularmente el de los más pobres, los más vulnerables a las fluctuaciones económicas.</p> <p>La Real Academia de las Ciencias de Suecia señala que es posible hayan ayudado a que la pandemia no dejara enormes secuelas, y sugiere su importancia ante choques económicos, como hoy serían las guerras de Ucrania e Irán. Sin embargo, los Nobel 2026 no escapan a la paradoja de fundamentar lo que antes no estaba plenamente explicado, con elementos que tampoco han sido plenamente explicados, como el rezago con que cambian los precios o el efecto de anunciar hoy las tasas de dentro de varios años. Aun así, Hall y Woodford prestigian a la macroeconomía y sientan a los macroeconomistas en la mesa de los adultos, aunque sea sólo para el postre.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-14T08:37:05-06:00" title="Miércoles, Octubre 14, 2026 - 08:37">Mié, 14/10/2026 - 08:37</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/rodolfo-de-la-torre" hreflang="es">Rodolfo de la Torre</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Nobel%20Economi%CC%81a%202026.jpeg" width="704" height="435" alt="Robert E. Hall y Michael Woodford, Premio Nobel de Economía 2026 (Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)" title="Robert E. Hall y Michael Woodford, premio Nobel de Economía 2026 (Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)" class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/economia" hreflang="es">economía</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/premio-nobel" hreflang="es">Premio nobel</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Wed, 14 Oct 2026 14:37:05 +0000 samuel.garcia 20775 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/abraham-vela-dib/un-nuevo-equilibrio-del-peso-las-tasas-no-lo-deciden <span>¿Un nuevo equilibrio del peso? Las tasas no lo deciden</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>En apenas tres semanas el dólar pasó de menos de 17 pesos a más de 18. El 11 de septiembre el peso tocó 16.98 por dólar, su mejor nivel en más de dos años; para el 2 de octubre el dólar ya rondaba los 18.16. Algunos ya hablan de un "nuevo nivel de equilibrio" del tipo de cambio, más competitivo y sostenido por la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos. Conviene no apresurarse: hay razones de sobra para dudar de que 18 pesos sea un punto de llegada.</p> <p>Empecemos por lo básico: las tasas de interés no fijan el precio del dólar. La tasa de Banxico influye en qué tan rápido se mueve el peso, no en qué nivel está.&nbsp;</p> <p>Imagine dos Méxicos idénticos, salvo que en uno todos los precios y salarios son el doble. En ese segundo país el dólar también costaría el doble, pero la gente viviría igual, compraría lo mismo y pagaría la misma tasa de interés. Con una tasa de 6.50%, el dólar puede estar en 17, en 18 o en 25: la tasa, por sí sola, no distingue entre esos niveles.</p> <p>El nivel del peso depende de algo que no está en la tasa de hoy: dónde espera el mercado que esté el tipo de cambio peso-dólar en los próximos años, según la inflación que anticipa en ambos países y la salud de la economía mexicana. Hablar de un "equilibrio" entre una tasa de 6.50% y un dólar de 18 pesos es confundir la velocidad del reloj con la hora que marca. El diferencial de tasas de interés indica la expectativa de variación del tipo de cambio más la prima de riesgo país. No determina al tipo de cambio, sino su variación esperada en el tiempo respecto de un tipo de cambio esperado en el futuro y que es cambiante.</p> <p>¿Por qué hablar de años y no de semanas? Porque quien compra bonos en pesos no se fija solo en la tasa de esta semana: le importa cuánto ganará mientras tenga su dinero invertido y cuánto puede moverse el peso en ese tiempo. Además, lo que a la larga pone el precio del dólar (qué tan rápido suben los precios aquí y allá, cuánto exportamos, cuántas remesas llegan) tarda años en notarse. En el día a día el peso puede brincar por los nervios del mercado, pero la referencia con la que se le pone precio está varios años adelante.</p> <p>Lo que mueve al peso son las expectativas, y hoy están cambiando. Un equilibrio es un punto donde nadie espera que nada cambie, cuando lo que ocurre, y lo que se espera, parece ser justo lo contrario. El 16 de septiembre la Reserva Federal subió su tasa un cuarto de punto, a un rango de 3.75 a 4.00%. Además, 16 de los 18 funcionarios que participaron en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevén al menos un alza más este año, y la mediana de sus proyecciones apunta a otro cuarto de punto antes de que termine 2026. Los inversionistas en Estados Unidos apuestan por lo mismo. En cambio, Banxico mantuvo su tasa en 6.50% el 24 de septiembre y, según analistas, su minuta más reciente deja abierta la puerta a un recorte en lo que resta del año.</p> <p>Si ambas cosas ocurren, la diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos se reduciría por los dos lados. Mientras no se sepa si la Fed volverá a subir ni si Banxico recortará, el tipo de cambio seguirá moviéndose al ritmo de lo que el mercado espere de cada reunión.</p> <p>Por otra parte, la subida de un cuarto de punto de la Fed no alcanza para explicar por qué el dólar pasó de menos de 17 a más de 18 pesos. Para que la reducción de la diferencia de tasas que provocó justifique por sí sola esa depreciación de casi 7% del peso, los inversionistas tendrían que creer que durará más de dos décadas. Y eso que la subida no tomó a nadie por sorpresa: el día del anuncio, los mercados ya le daban una probabilidad de alrededor de 90%.</p> <p>¿Por qué décadas y no semanas? Piénselo así: un cuarto de punto menos de rendimiento al año es muy poco dinero. Si esa diferencia durara solo un año, al inversionista le costaría apenas 0.25% de lo invertido, y no tendría sentido que el peso se moviera mucho más que eso. Para que esa pequeña pérdida, acumulada año tras año, sume casi 7%, tendría que repetirse durante unos 28 años. Como nadie apuesta a que las tasas se queden así tanto tiempo, la tasa por sí sola no explica la depreciación: la explicación tiene que estar en otro lado, en lo que el mercado espera que hagan la Fed y Banxico de aquí en adelante y en dónde cree que terminará el tipo de cambio.</p> <p>Tampoco todo el movimiento es del peso: una parte es del dólar. En septiembre, el dólar se fortaleció en todo el mundo: el índice que lo compara con las principales monedas (DXY) subió algo más de 2%, por la postura más dura de la Fed y la búsqueda de refugio ante el conflicto en Medio Oriente. El 24 de septiembre, una semana después de la decisión de la Fed, el golpe alcanzó a toda la región: ese día el peso mexicano perdió 1.1% y el colombiano 2.4%, y el real brasileño y el peso chileno también se debilitaron.</p> <p>Después, los caminos se separaron. Entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre el real brasileño casi no se movió y el peso colombiano incluso se fortaleció, mientras el peso mexicano cayó otro 2.5%. Esa diferencia tiene más que ver con inversionistas deshaciendo apuestas especulativas en pesos, tras meses de ganancias, que con un cambio en los fundamentos de la economía. Es un cambio de humor del mercado, no un nuevo equilibrio.</p> <p>Hay quien ve en esta depreciación una buena noticia y quisiera que Banxico la empujara con recortes de tasas, para ayudar al sector exportador. Es la tentación de un peso débil, y es peligrosa.</p> <p>Un peso más débil abarata las exportaciones por un tiempo, pero encarece todo lo que importamos, de la gasolina a los insumos de las fábricas. Los precios suben, los trabajadores piden aumentos para no perder poder de compra, las empresas trasladan esos costos y, en poco tiempo, la ventaja se borra. Queda solo la inflación. Con un tipo de cambio flexible, a la larga es la competitividad real de la economía la que guía al peso, y no al revés.</p> <p>América Latina ya recorrió ese camino. En los años setenta y ochenta varios países intentaron llevar su tipo de cambio a un nivel distinto del que dictaba su economía, ya fuera para ganar competitividad o para frenar los precios, y terminaron con inflación alta, crisis de pagos o ambas. En México lo vivimos entre 1985 y 1987, cuando se pretendió ganar competitividad depreciando el peso para compensar el desplome del precio del petróleo y la carga de la deuda externa: terminamos 1987 con una inflación de 159.2%.</p> <p>En pocas palabras, la competitividad duradera no se compra con tasas ni con devaluaciones: se construye produciendo más y mejor. Con la inflación subyacente cerca de 3.8%, por encima de la meta de 3%, el margen para jugar con el tipo de cambio es muy estrecho.</p> <p>A esto se suma la próxima revisión del salario mínimo, que también cuenta. Durante años el mínimo fue tan bajo que casi nadie lo ganaba y apenas afectaba los precios. Tras varios aumentos muy fuertes, cada vez más trabajadores ganan cerca de él, y sus alzas ya se reflejan en lo que pagamos.</p> <p>Si el mínimo sube año tras año muy por encima de la suma de la meta de inflación y el crecimiento de la productividad laboral, las empresas trasladan el costo y la inflación tiende a acercarse al ritmo del salario mínimo. La mejora real se la come la inflación. Y si los aumentos del mínimo se calculan, parcial o totalmente, con base en la inflación observada del año anterior, cualquier repunte de precios, por la causa que sea, queda incorporado al siguiente aumento del salario mínimo y sirve de referencia en las negociaciones de los salarios contractuales: la inflación puede subir, pero difícilmente bajar.</p> <p>Un peso más débil y un salario mínimo que pretende crecer en términos reales muy por encima de la productividad laboral empujarían la inflación del próximo año en la misma dirección. Y con el mínimo marcando el paso de los salarios, frenar la economía generaría desempleo sin bajar la inflación.</p> <p>No hay prisa por declarar victoria. Nada de esto significa que el dólar deba volver a 17 pesos, ni que un dólar a 18 o incluso a 25 pesos sea un nivel equivocado. Significa que nadie puede afirmar hoy que sea un nuevo punto de equilibrio. El desacoplamiento de Banxico de la Fed no puede explicar la depreciación observada, aun considerando un sobreajuste. El tipo de cambio responde a expectativas que siguen en movimiento: lo que haga la Fed en sus próximas reuniones, lo que decida Banxico, el rumbo del dólar en el mundo y el ánimo de los inversionistas.</p> <p>En suma: el diferencial de tasas con Estados Unidos no determina ni fija el nivel del tipo de cambio, un peso más débil no da competitividad duradera y subir el salario mínimo por encima de la productividad solo traería más inflación.</p> <p>Lo prudente es que Banxico mire la inflación y no el nivel del peso, y que el aumento del salario mínimo se ancle a la meta de 3% más lo que realmente crezca la productividad laboral. El tipo de cambio encontrará su nivel solo; intentar forzarlo, hacia arriba o hacia abajo, suele salir caro.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-12T06:02:02-06:00" title="Lunes, Octubre 12, 2026 - 06:02">Lun, 12/10/2026 - 06:02</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/abraham-vela-dib" hreflang="es">Abraham Vela Dib</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Do%CC%81lar%20y%20peso%20en%20equilibrio%20incierto.jpg" width="850" height="478" alt="Dólar y peso en equilibrio incierto." title="Dólar y peso en equilibrio incierto." class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/peso-mexicano" hreflang="es">peso mexicano</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/dolar" hreflang="es">dolar</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/tasa-de-interes" hreflang="es">tasa de interés</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Mon, 12 Oct 2026 12:02:02 +0000 samuel.garcia 20773 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/janneth-quiroz/dos-bancos-centrales-dos-apuestas-frente-la-inflacion <span>Dos bancos centrales, dos apuestas frente a la inflación</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>Las minutas de la reunión de política monetaria de septiembre muestran a la Reserva Federal dispuesta a endurecer más su política monetaria ante la persistencia de los precios, mientras Banco de México mantiene abierta la posibilidad de ajustar su tasa según la evolución de la inflación nacional.</p> <p>La inflación vuelve a complicar el panorama de la política monetaria a ambos lados de la frontera. Las minutas de septiembre de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco de México (Banxico) describen una amenaza compartida: las tensiones geopolíticas encarecen la energía y elevan los riesgos para los precios. Sin embargo, las respuestas de ambas instituciones reflejan diferencias importantes en el desempeño de sus economías y en la persistencia de sus presiones inflacionarias.</p> <p>La divergencia es clara. Mientras la Fed elevó su tasa de referencia en 25 puntos base, a un rango de 3.75 a 4.00%, Banxico mantuvo la suya en 6.50%. Las minutas también revelan que las autoridades estadounidenses consideran probable un nuevo incremento antes de terminar el año, mientras que en México el debate gira en torno a cuánto tiempo debe conservarse la restricción monetaria y en qué condiciones podría modificarse.</p> <h2>La Fed: inflación persistente y economía resistente</h2> <p>En su reunión del 15 y 16 de septiembre, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) encontró pocos motivos para relajar su vigilancia sobre los precios. La inflación medida por el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) se estimó en 3.8% anual en agosto, mientras que la subyacente permaneció en 3.4%. Ambas cifras se ubicaron por encima de sus niveles de un año antes.</p> <p>Los participantes atribuyeron las presiones, entre otros factores, a los aranceles, al encarecimiento de la energía y los insumos asociado con los acontecimientos geopolíticos, y al aumento de los precios de ciertos bienes relacionados con la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.</p> <p>El problema no es exclusivamente inflacionario. La actividad económica estadounidense continúa creciendo a un ritmo sólido, impulsada por el consumo y la inversión empresarial. El mercado laboral se mantiene relativamente estable y algunos integrantes del Comité observaron señales recientes de fortalecimiento. En estas condiciones, la mayoría consideró que los riesgos para la inflación siguen inclinados al alza, mientras que los riesgos para el empleo se encuentran más equilibrados.</p> <p>El endurecimiento monetario respondió, por tanto, a una combinación incómoda: precios persistentemente elevados y una economía que todavía muestra capacidad para sostener la demanda. Para varios participantes, elevar la tasa también representa una protección frente a nuevos choques de oferta y al riesgo de que la inflación prolongada termine afectando las expectativas y las decisiones de precios y salarios.</p> <p>La señal hacia delante es restrictiva, aunque no constituye un compromiso irrevocable. La mayoría de los participantes consideró probable otro aumento de la tasa antes de finalizar 2026, pero insistió en que las decisiones futuras dependerán de los datos y de la evolución de los riesgos. La unanimidad en la decisión de septiembre no elimina la incertidumbre sobre la trayectoria posterior.</p> <h2>Banxico: desinflación gradual, pero con riesgos al alza</h2> <p>La minuta de Banxico correspondiente a la reunión del 23 de septiembre y a la decisión anunciada al día siguiente, presenta un diagnóstico distinto. La Junta de Gobierno mantuvo por unanimidad la tasa de interés interbancaria a un día en 6.50%.</p> <p>La inflación general anual aumentó de 3.10% en la primera quincena de julio a 3.42% en la primera quincena de septiembre. El repunte respondió principalmente al componente no subyacente, afectado por los precios agropecuarios y energéticos. En contraste, la inflación subyacente descendió de 3.95 a 3.79% durante el mismo periodo.</p> <p>Esta diferencia resulta central para entender la decisión. Banxico reconoce que persisten presiones, particularmente en los servicios, pero también identifica una moderación gradual de la inflación subyacente. Además, considera que la debilidad de la actividad económica mexicana y la ausencia de presiones significativas de demanda pueden contribuir a contener los aumentos de precios.</p> <p>No obstante, la institución advierte que el entorno internacional es incierto. La escalada de los conflictos geopolíticos ha impulsado los precios energéticos y podría generar efectos más persistentes si se prolonga. Por ello, el balance de riesgos para la inflación continúa sesgado al alza.</p> <p>La minuta también deja ver diferencias de énfasis entre los argumentos individuales de los integrantes de la Junta. Algunos defendieron mantener una postura restrictiva durante un periodo prolongado; otros plantearon que, si continúa la desinflación y las condiciones financieras permanecen ordenadas, podría discutirse un ajuste a la baja. Esta posibilidad se presentó como una cuestión abierta, no como una decisión tomada.</p> <p>Banxico subrayó, además, que no tiene por qué reaccionar mecánicamente a los movimientos de la Fed. La política monetaria mexicana debe responder a la inflación interna, al tipo de cambio, a las condiciones de holgura económica y a las expectativas de precios.</p> <h2>El diferencial de tasas no cuenta toda la historia</h2> <p>La brecha entre las tasas de referencia de ambos países sigue siendo considerable, pero las minutas muestran por qué sería equivocado interpretarla como una garantía de estabilidad cambiaria o como una obligación para Banxico de seguir cada movimiento estadounidense.</p> <p>En México, la Junta destacó que las condiciones económicas son diferentes, ya que la brecha del producto estadounidense se encuentra en terreno positivo, mientras que la mexicana refleja holgura. También señaló que el peso conserva una ligera apreciación frente a los niveles de hace un año, pese a los ajustes recientes. En consecuencia, un aumento de las tasas externas no exige automáticamente una respuesta equivalente en México; lo determinante será su efecto sobre la inflación nacional y el tipo de cambio.</p> <p>La Fed, por su parte, enfrenta una economía con mayor dinamismo interno y presiones inflacionarias que considera insuficientemente contenidas. Sus participantes también reconocieron que los mayores rendimientos de los bonos y los costos hipotecarios pueden restringir algunos segmentos de la economía, aunque las condiciones financieras generales todavía respaldan el crecimiento.</p> <p>Ambas instituciones comparten otra preocupación: los efectos de una prolongación del conflicto en Medio Oriente. Un encarecimiento sostenido de la energía puede trasladarse a otros bienes y servicios, especialmente si las empresas consiguen repercutir sus mayores costos a los consumidores. La magnitud de ese riesgo dependerá de cuánto dure el choque y de si termina propagándose a las expectativas de inflación.</p> <h2>¿Qué esperar de las próximas decisiones?</h2> <p>Las minutas no permiten asegurar que la Fed elevará nuevamente las tasas ni que Banxico comenzará a reducirlas. Sí permiten identificar las condiciones que podrían orientar sus decisiones.</p> <p>En Estados Unidos, la persistencia de la inflación y la fortaleza de la actividad respaldan la posibilidad de otro incremento antes de concluir el año. Sin embargo, el Comité dejó claro que cada reunión se evaluará con base en la nueva información económica.</p> <p>En México, una continuación del descenso de la inflación subyacente, acompañada de condiciones financieras ordenadas y expectativas bien ancladas, podría abrir espacio para reconsiderar la postura monetaria. Pero la persistencia de los servicios y la posibilidad de nuevos choques externos aconsejan prudencia.</p> <p>La conclusión es que ambos bancos centrales enfrentan el mismo desafío, pero desde posiciones diferentes. La Fed busca impedir que una inflación persistente se consolide en una economía todavía dinámica; Banxico intenta sostener la desinflación sin ignorar la debilidad de la actividad nacional ni los riesgos externos.</p> <p>Más que anticipar movimientos automáticos, las minutas apuntan a una política monetaria dependiente de los datos. La energía, los servicios, las expectativas de inflación y la evolución de la demanda serán determinantes para establecer si la divergencia entre ambos bancos centrales se profundiza o comienza a reducirse.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-11T20:37:23-06:00" title="Domingo, Octubre 11, 2026 - 20:37">Dom, 11/10/2026 - 20:37</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/janneth-quiroz-zamora" hreflang="es">Janneth Quiroz Zamora</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/FED%20y%20Banxico.jpg" width="850" height="478" alt="Fed y Banxico." title="Fed y Banxico." class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/banxico" hreflang="es">Banxico</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/fed" hreflang="es">FED</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/tasa-de-interes" hreflang="es">tasa de interés</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/politica-monetaria-0" hreflang="es">política monetaria</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Mon, 12 Oct 2026 02:37:23 +0000 samuel.garcia 20772 at https://www.arenapublica.com https://www.arenapublica.com/opinion/abraham-vela-dib/la-crisis-que-no-parece-crisis-la-erosion-ii-parte <span>La crisis que no parece crisis: La erosión (II parte)</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field-item"><p>En la primera parte de este artículo (<a href="https://www.arenapublica.com/opinion/abraham-vela-dib/la-crisis-que-no-parece-crisis-la-complacencia-i-parte"><em>La crisis que no parece crisis: La complacencia</em></a>) sostuve que la ausencia de una crisis macroeconómica tradicional puede generar una falsa sensación de normalidad. México conserva estabilidad financiera y acceso a los mercados, pero eso no basta para concluir que la economía esté sana. El problema es más profundo: el bajo crecimiento ha coincidido con un deterioro institucional que afecta la inversión y la planeación de largo plazo.</p> <p>Una economía no funciona únicamente con tasas de interés, déficit e inversión. Necesita derechos protegidos, contratos exigibles, tribunales confiables, reguladores capaces, seguridad jurídica, servidores públicos competentes y contrapesos que reduzcan el riesgo de decisiones arbitrarias. Cuando esas condiciones se deterioran, el efecto rara vez aparece de inmediato en el PIB; se manifiesta en mayor incertidumbre, menor inversión y, finalmente, menor productividad y crecimiento.</p> <p>En este contexto debe entenderse la reforma del Poder Judicial, que sustituyó buena parte del sistema anterior de selección de ministros, magistrados y jueces por la elección popular y recurrió a mecanismos de insaculación que dieron origen a las conocidas “tómbolas”. Sus defensores sostienen que el nuevo modelo democratiza la justicia. Mi preocupación es que aumente la influencia de consideraciones políticas y reduzca la certidumbre jurídica cuando México debería reforzarla para atraer inversión de largo plazo.</p> <p>Algo semejante ocurre con la desaparición o transformación de diversos organismos constitucionales autónomos. Puede argumentarse que algunas estructuras eran costosas o duplicaban funciones, pero en materias como competencia, telecomunicaciones, transparencia y evaluación el país necesitaba fortalecer capacidades técnicas e independencia regulatoria, no reducir la distancia entre esas funciones y el poder político. A ello se suma la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. Un Estado de derecho fuerte descansa en la capacidad para investigar, procesar y sancionar respetando el debido proceso; recurrir cada vez más a mecanismos automáticos de privación de la libertad puede convertirse en un sustituto de esa capacidad institucional, no en una solución a su debilidad.</p> <p>Menos visible, pero igualmente importante, ha sido la transformación de los mecanismos de defensa de ciudadanos y empresas frente al Estado. Las sucesivas reformas al juicio de amparo han reducido el alcance de las suspensiones y restringido, en distintas materias, la posibilidad de detener provisionalmente los efectos de actos de autoridad mientras se resuelve su constitucionalidad. Aunque cada modificación puede justificarse aisladamente, su efecto acumulativo revela una tendencia preocupante: reducir la capacidad de los particulares para defenderse oportunamente frente al poder público. Limitar esos instrumentos difícilmente mejora, por sí mismo, la impartición de justicia.</p> <p>La misma preocupación aparece en materia de libertad de expresión. En los últimos años se han impulsado disposiciones e iniciativas que amplían los márgenes para sancionar expresiones en medios y plataformas digitales, algunas de las cuales han debido ser corregidas, retiradas o invalidadas por su amplitud o ambigüedad. Preocupa la recurrencia de propuestas que obligan a defender espacios de crítica, sátira y expresión pública. La libertad de expresión es también un mecanismo de rendición de cuentas frente a la corrupción y los abusos de poder.</p> <p>Hay, además, un precedente particularmente delicado en materia de pensiones. Una reforma constitucional reciente estableció un límite a determinadas jubilaciones y pensiones de trabajadores y exfuncionarios de entidades públicas, vinculándolo a la remuneración presidencial, y su régimen transitorio pretendía alcanzar también pensiones previamente otorgadas. La medida abrió una controversia sobre retroactividad y derechos adquiridos, y posteriormente se reconocieron contradicciones en los límites establecidos. Más allá del monto de esas pensiones o de los abusos que puedan haber existido, el problema es de seguridad jurídica: corregir privilegios hacia adelante es muy distinto de modificar después de los hechos las condiciones bajo las cuales las personas organizaron durante décadas sus decisiones patrimoniales y de retiro.</p> <p>Vistos en conjunto, la elección popular de jueces, la reducción de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, las restricciones al amparo, las tensiones alrededor de la libertad de expresión y los intentos por modificar derechos pensionarios ya adquiridos no son episodios inconexos. Forman parte de un proceso de mayor concentración y discrecionalidad del Estado, con consecuencias económicas: cuando las reglas pueden cambiar después de tomadas las decisiones, disminuyen la confianza y los incentivos para invertir.</p> <p>A estos cambios se agregan problemas que no dependen de una reforma específica pero cuyos efectos económicos son igualmente reales: corrupción e impunidad, deterioro de capacidades técnicas dentro del gobierno, inseguridad, extorsión y expansión del crimen organizado en determinadas regiones y actividades productivas. Una empresa que debe incorporar esos riesgos a sus decisiones enfrenta un costo adicional tan real como un impuesto, un salario o una tasa de interés.</p> <p>La educación y la salud completan el cuadro. Su deterioro puede tardar años en reflejarse plenamente en las estadísticas de crecimiento, pero termina apareciendo como menor capital humano, menor productividad y menores posibilidades de movilidad social. Las transferencias pueden aliviar necesidades presentes, pero no sustituyen educación y salud de calidad ni empleos productivos. Redistribuir ingreso es importante; construir capacidades para generarlo sostenidamente lo es aún más.</p> <p>Por eso me parece insuficiente describir la situación actual como una etapa de bajo crecimiento. Lo que podemos estar viviendo es una crisis de erosión. Las crisis económicas tradicionales eran crisis de ruptura: el peso se desplomaba, las reservas desaparecían, la inflación se disparaba y la actividad económica caía abruptamente. Era imposible no reconocerlas. La crisis de erosión es distinta porque puede avanzar durante años mientras los mercados financieros continúan funcionando con relativa normalidad.</p> <p>Nos acostumbramos entonces a un crecimiento mediocre, a una informalidad que abarca a más de la mitad de los trabajadores, a déficits elevados porque todavía pueden financiarse, a servicios públicos deficientes, a mayor inseguridad y a instituciones progresivamente más débiles. Ninguno de estos deterioros produce el dramatismo de una crisis cambiaria, pero su acumulación puede causar un daño más persistente al crecimiento.</p> <p>Este es el gran error de la administración anterior y de la actual. Ambas recibieron una economía con enormes deficiencias sociales y crecimiento mediocre, pero también una plataforma macroeconómica e institucional sobre la cual era posible construir. La oportunidad consistía en preservar la estabilidad, fortalecer el Estado de derecho y la competencia e invertir en educación y salud, mientras una política social más ambiciosa corregía las deficiencias del neoliberalismo sin destruir aquello que había funcionado.</p> <p>En vez de construir sobre esa plataforma, muchas de las reformas adoptadas han debilitado precisamente algunos de sus pilares. Se amplió la redistribución, pero no se generaron las condiciones necesarias para elevar sostenidamente la productividad. Se fortaleció la presencia del Estado, pero al mismo tiempo se redujeron contrapesos, espacios de decisión técnica independiente y mecanismos de defensa frente al propio Estado. Se intentó corregir deficiencias reales del modelo anterior, pero en el proceso se dañaron instituciones cuya función era limitar la discrecionalidad y proporcionar certidumbre.</p> <p>Por eso el problema no consiste simplemente en que México crezca poco hoy, sino en que hemos debilitado nuestra capacidad para crecer más mañana. Una desaceleración cíclica puede revertirse; reconstruir tribunales confiables, capacidades regulatorias, seguridad, salud, educación y confianza en las reglas exige muchos años. Destruir la confianza institucional es relativamente fácil; reconstruirla, extraordinariamente difícil.</p> <p>Paradójicamente, la apariencia de una estabilidad macroeconómica complaciente puede ocultar este proceso. Mientras el peso no se desplome, los bancos sigan funcionando y el gobierno conserve acceso al financiamiento, resulta tentador minimizar la gravedad de los problemas. Sin embargo, una economía no necesita quebrarse para deteriorarse: puede invertir e innovar menos, formar peor a sus trabajadores, debilitar sus instituciones y resignarse gradualmente a tasas bajas de crecimiento.</p> <p>No existe una contradicción inevitable entre estabilidad macroeconómica y menor desigualdad, como tampoco entre una economía de mercado y la política social. La oportunidad histórica era combinar ambos: conservar las instituciones que proporcionaban estabilidad y certidumbre y corregir, al mismo tiempo, las profundas deficiencias sociales del modelo anterior. Esa oportunidad se desaprovechó.</p> <p>La pregunta relevante ya no es cuánto tiempo puede México seguir evitando una crisis, porque esa formulación supone que la crisis todavía está por venir. La posibilidad más preocupante es que llevemos años dentro de ella sin reconocerla, porque seguimos esperando que tenga la apariencia de 1982, 1987 o 1994. La historia económica de México nos enseñó a reconocer las crisis que llegan de golpe; ahora debemos aprender a identificar las que avanzan poco a poco. La crisis que no parece crisis es aquella que sólo se vuelve evidente cuando buena parte del daño ya está hecho.</p> <p>Esta es la otra cara de la crisis que está en marcha y que no parece crisis.</p> </div> <span><span>samuel.garcia</span></span> <span><time datetime="2026-10-09T10:47:49-06:00" title="Viernes, Octubre 9, 2026 - 10:47">Vie, 09/10/2026 - 10:47</time> </span> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Colaborador</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/users/abraham-vela-dib" hreflang="es">Abraham Vela Dib</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field-item"> <img loading="lazy" src="https://www.arenapublica.com/sites/default/files/pictures/image/Me%CC%81xico%20de%20Piedra%20al%20Borde%20del%20Colapso_0.jpg" width="850" height="478" alt="México erosionado." title="México erosionado." class="image-field"> </div> </div> <div class="node-taxonomy-container"> <h3 class="term-title"><i class="ficon-hashtag primary"></i> Tags</h3> <ul class="taxonomy-terms"> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/economia" hreflang="es">economía</a></li> <li class="taxonomy-term"><a href="https://www.arenapublica.com/tags/finanzas-publicas" hreflang="es">finanzas públicas</a></li> </ul> </div> <!--/.node-taxonomy-container --> Fri, 09 Oct 2026 16:47:49 +0000 samuel.garcia 20771 at https://www.arenapublica.com