20 de julio de 2026, México.
Jesús Plácido Galindo es un hijo destacado del pueblo de la lluvia (na savi), originario de la comunidad de Buenavista, San Luis Acatlán, Guerrero. Forma parte de la estirpe de luchadores sociales destacados de la Costa-Montaña, teniendo a Cirino y Bruno Plácido, fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), como sus principales guías. Pasó su infancia jugando y escuchando cómo los pueblos organizaban su lucha mediante las asambleas. Durante muchos años solo podía comunicarse en tu’un savi porque no había aprendido español. Su vida era el pueblo ñuu savi, el pueblo de la lluvia.
Su convicción por la justicia llevó a Jesús a dedicar su vida a la defensa de la vida, el territorio y la seguridad de los pueblos indígenas. Así, conformó el Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y se volvió su líder. Durante años ha luchado incansablemente para organizar a las comunidades indígenas del estado en defensa de sus derechos.
Sin embargo, durante los últimos años el CIPOG-EZ y sus comunidades han tenido que enfrentarse a los crecientes embates del crimen organizado. De 2014 a 2026, un grupo criminal asesinó a 84 personas y desapareció a otras 25, todas pertenecientes al CIPOG, la CRAC-PF y el CNI.
]]>Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad mayo-yoreme denunció las actitudes de «arrogancia» e «imposición y desdén» por parte de algunos representantes del sector agrícola que participaron en la más reciente mesa de diálogo sobre la planta de amoniaco que impulsa la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
«Lamentablemente, en la mesa de diálogo predominó una actitud de arrogancia por parte de algunos representantes del sector agrícola. En lugar de escuchar con apertura las preocupaciones legítimas sobre la planta de amoniaco, se percibió una postura de imposición y desdén hacia quienes defendemos nuestro territorio», señaló Melina Maldonado Sandoval, defensora yoreme de la Bahía de Ohuira e integrante del colectivo Aquí No.
La denuncia de Maldonado sucede tras la cuarta mesa de trabajo entre defensores, especialistas, académicos y empresarios de GPO sobre la planta de amoniaco, que representa una amenaza a la «identidad, territorio y espiritualidad» de las comunidades mayo-yoreme en Sinaloa, al poner en riesgo todo el ecosistema a pesar de que está protegido y reconocido desde 2009 dentro del Convenio Ramsar y de que forma parte de la cosmovisión y sustento del pueblo yoreme.
]]>Fotografías Alan Hernández/ @alandjhm
Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cientos de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y colectivos provenientes de distintos estados del país marcharon sobre la calzada de Tlalpan con la intención de llegar al Estadio Azteca y visibilizar la crisis de más de 133 mil personas desaparecidas en México. Convocadas a una velada pacífica la noche del 10 de junio, las familias caminaron entre velas, fotografías y consignas para exigir justicia y búsqueda efectiva de sus seres queridos, en un contexto donde la celebración mundialista contrastó con una de las crisis humanitarias más profundas del país.
]]>En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacemos la invitación a la jornada cultural “Sin miedo, ni silencio”.
Participan:
Convoca: CENCOS, CIMAC, DDESER, La Cadera de Eva
Fecha y hora: Viernes 21 de noviembre, 11:00 hrs
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), ubicado en Medellín 33, Col. Roma Norte
Presencial y transmisión en vivo por Facebook y YouTube: Centro Nacional de Comunicación Social
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
]]>Redacción/Desinformémonos
Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 70 mil personas, en su mayoría de pueblos originarios, pero también de la sociedad civil y organizaciones, protagonizaron este sábado una movilización masiva en Belém, Brasil, para reclamar una participación mayor de los pueblos en la 30 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (COP30), de la que denunciaron el “imperialismo climático”.
Con música, rap, danzas, consignas, mantas y pancartas, contingentes de pueblos de la Amazonía y del continente americano, activistas y defensores ambientales lanzaron consignas en diferentes lenguas para manifestarse contra las formas de extractivismo en los territorios y denunciar la participación de miembros de empresas y del lobby energético más que de indígenas y civiles.
Durante la marcha, los contingentes de Brasil denunciaron el garimpo o explotación minera ilegal y exigieron la demarcación de tierras indígenas como herramienta para la conservación, mientras que el pueblo quechua de Ecuador avanzó en la movilización con consignas contra la extracción de petróleo bajo tierra y las exploraciones mineras en la Amazonia.
]]>Redacción/Desinformémonos
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y centros de derechos humanos llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que restablezca un presupuesto fijo, etiquetado e irreductible para la atención a víctimas, en la sesión en la que los magistrados discutirán el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), que eliminó el mínimo presupuestal en noviembre de 2020.
«La eliminación de esta garantía ha tenido un impacto directo y negativo en la capacidad del Estado para atender a las víctimas. No asegurar el 0.014 por ciento del gasto programable ha significado que la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) no ha recibido un promedio de 200 millones de pesos menos cada año», explicaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En un comunicado, los dos centros recordaron que antes de la reforma impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la LGV incluía la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de «ayuda, atención y reparación» a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos, que no podía ser menor del 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior.
]]>Bryan Avelar/El País
López ha liderado investigaciones clave que han expuesto irregularidades del Ejecutivo salvadoreño y los abusos de la guerra contra las pandillas. A su arresto se suma la renuncia del comisionado de Derechos Humanos.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra las voces críticas. Cerca de la medianoche del domingo, la Fiscalía —controlada por el oficialismo— anunció la captura de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador. López ha sido una de las juristas más incisivas frente al actual régimen y fue reconocida en 2024 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Su detención marca un antes y un después en la creciente criminalización de la disidencia en el país.
De acuerdo con la publicación de la Fiscalía General de la República en X, López es acusada del delito de “peculado” y se le señala de haber colaborado “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”. La información proporcionada no especifica el monto ni el momento preciso en que presuntamente ocurrieron los hechos, aunque los atribuye a la época en la que fue “asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral”. El jurista fue magistrado y presidente de ese tribunal y después se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). La propia López fue también, en ese período, asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
]]>Gerardo Magallón/Desinformémonos
Luego de la inesperada cancelación de una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en el Ajusco, nueve familias de víctimas han cerrado el paso en ambas direcciones de Calzada de Tlalpan, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México.
Las familias buscadoras fueron notificadas horas antes de empezar la jornada, originalmente planeada del 19 al 23 de mayo, que sólo se realizaría el 19 y 20 y que las familias ya no podían asistir, y que únicamente 3 personas solidarias podrían acompañar al personal de la Fiscalía y de las comisiones de búsqueda, lo que originó la ruptura del diálogo y la desición de instalarse en plantón.
Personas afines a las familias que pertenecen a la Comisión Local de Búsqueda, informaron a las personas buscadoras que se han recibido instrucciones de quitar el apoyo a las personas más emblemáticas de las búsquedas, como es el caso de la familia Gallardo Volante, esto con el objetivo de neutralizar el ejemplo que han dado a otros colectivos.
Esta mañana se tenía pactada una mesa de trabajo con autoridades y fue cancelada a último momento hasta que no se liberen las vialidades.
]]>Patricia Ramírez / Causa Natura Media/Animal Político
Los megaproyectos vinculados a construcción de desarrollos habitacionales, servicios y comerciales son los más riesgosos con defensores ambientales.
El pasado 1 de mayo, Natalia Lara y Javier Alvarado, jóvenes defensores ambientales, fueron detenidos y arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Metro de la Ciudad de México.
Ambos fueron en un inicio señalados de realizar actos vandálicos durante la marcha que se realizaba en el marco del Día del Trabajo. En el video grabado por Lara se observa a Alvarado, sin playera por el forcejeo y sujetado por tres policías, mientras un par más evitan que Natalia se acerque.
A falta de pruebas, Lara quedó libre de cargos, pero Alvarado fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde se abrió una carpeta de investigación por el presunto abuso contra una mujer policía durante la detención en el Metro.
“El 2 de mayo, Javier y yo fuimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para poner la queja sobre abuso policial y detenciones arbitrarias a defensores del territorio”, cuenta Lara.
Guadalupe Fuentes/Animal Político
Organizaciones defensoras de derechos humanos rindieron homenaje este jueves al periodista Javier Valdez a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México, además, entregaron una carta en la que se exige la extradicion de Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, presunto autor intelectual del asesinato.
Con la consigna “Justicia para Javier, justicia”, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras y Article 19, se reunieron a las afueras de la embajada de Estados Unidos en México para rendir homenaje al periodista sinaloense Javier Valdez, quien fue asesinado hace ocho años en Culiacán, Sinaloa, por su labor periodística. Además, entregaron una carta dirigida al gobierno estadounidense para solicitar la extradición del narcotraficante Dámaso López Serrano, quien es el presunto autor intelectual del asesinato al periodista.
Durante el homenaje, dichas organizaciones exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a dar seguimiento eficaz al proceso de extradición, además de pedir al gobierno de los Estados Unidos adoptar todas las medidas necesarias para lograr justicia en el caso.