La enorme mayoría de los actuales legisladores que hoy conforman el Congreso Nacional, no tiene ni idea que el primer poder del Estado no está facultado para  desacatar un precedente constitucional vinculante, es decir, las deciciones del máximo intérprete de la Constitución Dominicana, el Tribunal Constitucional.

También desconoce esa mayoría, que los derechos fundamentales, como el derecho de ciudadanía de elegir y ser elegible, no puede ser restringido, limitado o regulado sin observar los límites que le ha impuesto el constituyente derivado al órgano legislativo al momento de ejercer su función de crear normas.

El constituyente derivado este primer límites:

1. Artículo 6.- Supremacía de la Constitución.

Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda LEY, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Es claro que si una ley aprobada por este grupo de ignorantes es contraria a los fines constitucionales, es nula de pleno derecho.

2. Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación.

2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;

¿Cuál es el contenido esencial? Un derecho fundamental tiene esencialmente dos tipos de contenidos. Por un lado tiene lo que se conoce como su núcleo duro, y por el otro lado un núcleo blando, es decir, tiene una parte imprescindible (núcleo duro), y otra prescindible (núcleo blando); una que no se puede tocar (intangible); y otra que sí se puede tocar (tangible).

Quiere decir, que los ignorantes que hoy ocupan una curul en el Congreso Nacional, aunque quieran, no pueden votar una ley que toque el contenido esencial del derecho que se trate.

La razón de ser del derecho fundamental de elegir y ser elegible es garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Le queda vedado tocar ese contenido esencial.

La ley sólo puede regular, restringir y/o limitar un derecho fundamental, sólo sobre aquellas cuestiones que no toquen su contenido esencial (su razón de ser), ni su razonabilidad, es decir, no puede devenir en arbitraria ni desproporcionada.

Así como los derechos fundamentales no son absolutos, de igual manera el Congreso Nacional no tiene facultades ilimitadas para regular, restringir y/o limitar los derechos de los y las ciudadanas.

jpm-am

Ese país es República Dominicana, donde cientos de miles de ignorantes ciudadanos votantes, cada cuatro años llevan al Congreso Nacional, a una legión de indigentes intelectuales a crear leyes sin saber lo que están creando, y los requerimientos que les impone la constitución para hacerlo.

La Ley es una norma concebida como un instrumento de libertad, y esa libertad, entendida como una suficiencia de necesidad.  Es decir, la ley tiene que ser necesaria, y al mismo tiempo traer consigo beneficios para los ciudadanos. Debe responder esencialmente a una necesidad colectiva.

Con el intento de eliminar las candidaturas independientes, las preguntas obligadas son:

1. Intentar querer eliminar un derecho fundamental como lo es el derecho a ser elegible a través de una candidatura independiente, ¿En qué beneficia a los millones de ciudadanos que no les interesa participar en política a través de un partido político?

2. ¿Es una necesidad eliminar la posibilidad que las y los ciudadanos independientes puedan presentar candidaturas independientes sin los partidos políticos?

Es claro que ese intento de desacatar el precedente constitucional (la sentencia TC-0788-24 del Tribunal Constitucional), lo que busca es mantener arbitrariamente el monopolio de las candidaturas exclusivamente en manos de los partidos políticos, lo cual les quita todo beneficio y la libertad a los ciudadanos apartidistas que no desean hacerlo bajo la sombrilla de un partido político.

El Congreso Nacional ciertamente tiene facultad para regular legalmente los derechos fundamentales (art. 74.2), pero sólo en los casos que permitidos por la constitución, la cual le prohíbe que pueda hacerlo, si la restricción legal toca la razón de ser del derecho (su contenido esencial). Tampoco le está permitido imponer limitaciones legales desproporcionadas, es decir, regulaciones irrazonables.

Toda limitación legal a un derecho fundamental que no cumpla con las dos últimas garantías constitucionales, su destino será una acción directa de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional, por no cumplir con esas dos garantías constitucionales (no tocar su contenido esencial ni la razonabilidad).

El PRM, LFP y el PLD, ninguno quiere candidaturas independientes, y para ello,  han estado presionando a la Junta Central Electoral para que no se atreva a reconocer ningún partido, ninguna agrupación provincial ni ningún movimiento local (municipal), que procure presentar candidatos independientes.

Casi nadie está logrando en la JCE el reconocimiento de un partido, una agrupación o un movimiento político, así el solicitante cumpla con todos los requisitos legales. Ya me pasó en el 2023.

Quieren obligar a los ciudadanos y ciudadanas independientes que quieran participar en política, a tener que hacerlo por obligación a través de una de las empresas políticas que hay en el sistema de partidos!

En otras palabras, no quieren las candidaturas independientes, pero tampoco quieren que éstas se presenten a través de organizaciones políticas independientes (partidos, agrupaciones y movimientos políticos), sino a través de los partidos tradicionales y/o las rémoras o partidos bisagras.

¿Qué sentido tiene para un o una candidata independiente, inscribir su candidatura en un partido político, si casi la mitad del electorado (como el 46% que no votó en las pasadas elecciones), no quiere precisamente ir a votar porque no desea hacerlo por ningún partido político?

La oposición en su afán de seguir dividida, no se percata que ello (aunque está destinado al fracaso en el tribunal de cierre), lo que hipotéticamente provocaría sería una mayor abstención electoral, y al único que que ésto beneficiaría, es al que está en el gobierno, pues al elevarse el ausentismo electoral sobre el 50%, sólo necesitaría para volver a ganar, una mayoría de la minoría que vote.

Nótese quienes son los que están promoviendo semejante desacato al Tribunal Constitucional desde el Congreso Nacional, al guardián de la constitucionalidad, al máximo y último intérprete de la constitucionalidad, y al que es el tribunal de cierre, pues sus decisiones son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

¿Qué dispone el artículo 216.1? Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

Pero, ¿Por qué hay cada vez más gente (dominicanos y dominicanas), exigiendo la garantía de las candidaturas independientes?

1. Porque cada vez hay más gente que no le queda la menor duda, que los principales partidos políticos dominicanos están comprometidos con la corrupción, la cual es utilizada como medio idóneo para drenar y acumular grandes cantidades de recursos públicos, con los que se enriquecen políticos de esos partidos, y para la financiación electoral.

2. Porque cada vez hay más gente convencida que los partidos principales políticos se han puesto de acuerdo para, una vez alcanzan el poder, colocar sus jueces y fiscales políticos favoritos en el sistema de justicia penal dominicano, y así garantizarse impunidad en aquellos casos de corrupción que finalmente logren judicializarse.

3. Y porque cada vez hay más gente al tanto de que los principales partidos políticos se han dedicado a recibir dinero de dudosa procedencia, a gente vinculada al narcotráfico y el lavado de activos, con los cuales financian las campañas de los partidos, a cambio de cederle candidaturas en todos los niveles.

Así las cosas, no son los candidatos independientes los que han dañado los partidos políticos (porque aún no han participado), como quieren aducir algunos de los políticos varados en el siglo pasado.

Los que han dañado los partidos son las mismas cúpulas de los mismos; la corrupción administrativa, la cual es parte integral de de la agenda de cada uno de ellos;  la impunidad como regla general, designando jueces y fiscales políticos en las Altas Cortes y en el Ministerio Público para protegerse de cualquier persecución penal; y por la permisividad con la que han dejado que gente señalada de estar vinculada al narco y al lavado de dinero, lleven su dinero a los partidos a cambio de ser presentados como candidatos.

1. Eliminar entre 150, 180 y 200 mil empleos improductivos que actualmente existen en el pendejo gobierno dominicano, para mantener el clientelismo y causal del perenne déficit fiscal desde el año 2007;

2. Erradicar definitivamente el festival de pensiones especiales para beneficiar a activistas políticos y gente que nunca cotizó en la seguridad social ni trabajó en el Pendejo Estado Dominicano (otra oferta de campaña de los candidatos);

3. Suspender el reparto de botellas en dación de pago por el voto (una de las principales promesas de campaña que hacen los candidatos sin escrúpulos);

4. Descontinuar por completo la financiación en publicidad totalmente innecesaria del gobierno a dueños de medios.

El ó la que se comprometa con eso, puede contar con mi apoyo y voto!

1. Mientras la ley les exige a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para su formación y reconocimiento el 2% del total de los votos válidos en las últimas elecciones, a los que quieran presentar una candidatura independiente les quieren, ilegalmente, exigir recoger las firmas del 2% del total de los inscritos en el padrón electoral.

He aquí un simple ejemplo: Si el Partido X quiere lograr el reconocimiento de la JCE, y votaron en las elecciones pasadas (2024) un total de 4 millones de votantes (50%), de un total de 8 millones que estaban hábiles para votar, ese partido sólo necesitaría recoger el 2% del total de los que votaron, es decir, 80 mil firmas.

Pero si es una persona que quiere presentarse como candidato presidencial independiente, los partidos están exigiendo, ilegalmente, que éste tiene que recoger el mismo 2% de firmas, pero del total del padrón electoral que son 8 millones, es decir, unos 160 mil firmas (el doble).

2. Mientras la ley les permite a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que buscan su reconocimiento ante la JCE recoger esas firmas de cualquier ciudadano que afirme que apoya su reconocimiento, a las personas que quieran presentarse como candidatos independientes, ilegalmente, les quieren exigir que esas firmas no pueden aparecer en ningún padrón de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos actualmente reconocidos por la JCE, porque serían inválidas.

Como ven, la idea es torpedear las candidaturas independientes a como dé lugar, imponiéndoles requisitos que no exige la ley, cuando lo que deberían es exigirles, a lo mucho, las mismas que se les exigen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Ambas exigencias vulneran la garantía constitucional del artículo 39 de la constitución (Derecho a la Igualdad), que dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.

Si los partidos se salen con la suya una vez más, no se sorprendan si la abstención electoral que ya fue del 46% en las elecciones pasadas, se trepa o supere el umbral del 50%, lo que le restaría aún más legitimidad a los que ganen sus posiciones electivas en el 2028.

Relevante:

Hubo un importante 46% que simplemente decidió no ir a votar (3,716,469 votantes). Los sectores medios (Clase media media y media alta esencialmente). Lo que significa, que la abstención electoral sigue creciendo exponencialmente desde el 2008 (cinco elecciones consecutivas).

Beneficiario:

¿A quién es que más le conviene que ese 46% siga sin ir a votar, si es que no sigue subiendo esa ausencia, como lo ha hecho desde el 2008?

a) Al que está en el gobierno.

b) O a los que están en la oposición.

Perjudicado:

Al que no le conviene (sea el gobierno o la oposición), sólo tiene una opción para frenar ese absentismo electoral y tratar de ganar las próximas elecciones presidenciales: Convencer con una oferta creíble a la clase media que no vota, y que dicha oferta coincida con al menos algunas de las exigencias de la agenda de ese importante sector de la sociedad.

Si no es así, que no cuenten con que esos votantes de los sectores medios acudirán a votar en el 2028.

Sociedad de riegos:

Vivimos en una sociedad de riesgos. Hay que asumir riesgos. Si es que hacerle una oferta a la clase media que se ajuste total o parcialmente a su agenda implica un riesgo, como argumentan los tibios que están en los perjudicados, pues que se queden dentro de su forma de confort.

Fue un mecanismo legal empleado por el PLD para facilitar a Odebrecht a hacer muchas las diabluras que hizo, no sólo aquí, sino en todos los países donde la empresa operaba. SENASA es otro caso emblemático de esta corrupción en este gobierno.

La idea es simple: Yo te recibo dinero para mi campaña electoral, y a cambio te habilito a participar en las distintas licitaciones, y así me aseguro que te la adjudiquen (la gane), para que te cobre lo aportado, asegurando así el retorno de tu inversión.

¿Qué impide que un gobierno compre directamente a los grandes laboratorios, por ejemplo, medicamentos? Simple! ¿Con qué entonces les van a pagar o devolver las aportaciones hechas por los tradicionales inversionistas electorales del sector farmacéutico, que cada cuatro años financian las campañas a los tres partidos más hegemónicos?

Lo propio ocurre con los productos tecnológicos (ejemplos: Tablets y computadoras), que el gobierno dominicano, pudiendo comunicarse directamente con las marcas globales que producen esos dispositivos, prefieren licitar, como si no tuvieran dinero, y mejor se las compran a un intermediario, encareciendo, por supuesto, el costo de esa absurdidad con la que benefician a unos cuantos, y perjudicando al pendejo gobierno, pagando mucho más que de lo que debería pagar.

jpm-am

Observemos el pasado reciente. En las elecciones del 2020, el PLD estando en el gobierno, apenas obtuvo un 37% (después de haber obtenido un 62% en el 2016), con lo cual perdió el gobierno. La Fuerza del Pueblo participando por primera vez, obtuvo un pírrico 9%. Ambos porcentajes alcanzaron un 46%. El PRM ganó en primera vuelta con un 53% (El 99% de los votos).

Para las elecciones del 2024, el PLD ya fuera del poder, cayó a un pírrico 10%. La Fuerza del Pueblo, participando por segunda vez, rebotó a un 29%. Ambos porcentajes sumaron un 39%, lo que significó un descenso de un 7% con relación al 2020. El PRM volvió a ganar en primera vuelta.

¿Qué significan esos números? Que ni con una alianza en primera vuelta, en este 2026 los números parece que no dan, y divididos menos. Para sacar al PRM del poder, no basta una simple alianza entre esos dos proyectos políticos, pues los números actuales, si no varían significativamente hasta el 2028, no evitarán otro posible triunfo en primera vuelta del PRM.

Las preguntas obligadas son: ¿Dónde están los votos que faltan, que necesitan esos partidos, para evitar que el PRM vuelva a ganar, ya sea en primera o en segunda vuelta? ¿En el PRM? ¿En el 20% del 54% que votó en el 2020, y que es considerado independiente? ¿Ó en el 46% que estúpidamente no votó en el 2024?

Cada uno puede tener su propia respuesta, pero la mía es ésta: Están en el 46% que absurdamente se quedó en casa y no fue a votar en las elecciones pasadas.

Preguntas

Otra pregunta: ¿Cómo se podría conquistar una parte de ese 46% que no votó y que votando por esa alianza, podría evitar ese otro posible triunfo en primera vuelta al PRM? Simple, haciéndole una propuesta que coincida con su agenda.

Y volvemos a otra pregunta: ¿Cuál es la agenda de la mayoría de ese 46% que no votó, y que probablemente no tiene intención alguna de ir a votar tampoco en 2028?

1. Reducir significativamente el tamaño de un gobierno de un país con una economía muy pequeña.

2. Que se  implemente una fuerte disciplina fiscal.

3. Que se eliminen los repartos de pensiones especiales a gente que nunca trabajó en el Estado.

4. Que se erradiquen los contratos innecesarios de publicidad del gobierno.

5. Y que se eleve significativamente, dentro del gasto público, el gasto de capital.

Si ese 46% que no votó en el 2024 no tiene una oferta parecida al 4% para la educación que se hizo en el 2012, en la que esa alianza se comprometa a cumplir con al menos esos cinco puntos de la agenda de ese 46%, dudo que regrese a votar, y consecuentemente habría que descartar que dicha alianza pueda contar con los votos que necesita para evitar que el PRM vuelva a ganar en primera vuelta.

1. Que el país entre en una severa crisis económica antes de las elecciones.

2. Que irrumpa una hiperinflación.

3. Que se produzca un colapso en el sistema financiero.

4. O lo que sería aún peor, que el país entre en un escenario de estanflación (Alta inflación, estancamiento del crecimiento económico y elevado desempleo).

En el 2020 la oposición dividida (PLD un 37% y LFP un 9%), sumó un 46% del total de los votos válidos, insuficiente frente al 53% que llevó al PRM al poder. En el 2024 siguió dividida la oposición, y esa suma cayó a un 39% (LFP 29% y el PLD un 10%).

Al parecer los egos en ambos proyectos se volverán a imponer, lo que dificulta una vez más, que las dirigencias de esos dos partidos puedan salir de esa zona gris, y poder llegar a algún tipo de  entendimiento (acuerdo).

Ello sólo les deja a la oposición una posibilidad fuera de los cuatro puntos improbables que hemos citados anteriormente: Que la clase media que no suele votar (el 80% del 46% que no votó en el 2024), deje a un lado su desafección y apatía al voto, y vuelva a promover una ola parecida a la que se produjo en el 2020, y que dio al traste con la salida del PLD del gobierno.

Este último escenario estaría movido por el incumplimiento del PRM a su famosa promesa de cambio, con la que prometió, quizás no la erradicación, pero sí una merma significativa de los casos de corrupción, cosa que no ha ocurrido, ya que la percepción de la mayoría es que ésta ha aumentado significativamente.

Sin un entendimiento de la oposición; sin la concreción de al menos uno de esos cuatro puntos; sin una ola que promueva la vuelta de la clase media a los colegios electorales; probablemente no tengan ninguna repercusión electoral tampoco, todos los casos de corrupción que se han producido en éstos casi seis años de gobiernos del PRM, ni todas las entregas voluntarias y extradiciones de algunos militantes de ese partido a las autoridades norteamericanas, por estar vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

También a los gobiernos del que fue el último proyecto del profesor Juan Bosch, los de Leonel y Danilo, gobiernos que no solo dejaron una gran cantidad de actos de corrupción, sino que también legaron unas cifras históricas de impunidad, gracias al nombramiento estratégico de jueces y fiscales peledeístas, en los puestos claves del sistema de justicia penal dominicano.

Ya probaron al PRD disfrazado de PRM (2020-2028), con más de 250 casos de «faltas subsanables», como suele decirles la octogenaria, y un número importante de casos de corrupción, a lo que se les suman las entregas voluntarias y extradiciones de militantes de ese partido a las autoridades norteamericanas, por estar señalados de estar vinculados al narcotráfico y/o al lavado de activos.

Y con más de 3.5 millones de indigentes intelectuales habilitados para votar, gente que vive de los subsidios (en estado de necesidad), los cuales están capturados por un clientelismo que les asegura la compra de su voto cada cuatro años, la pregunta obligada es:

¿Surgirá un cisne negro en las elecciones del 2028?

Lo que voy a hacer a continuación, no es emitir un juicio de valor, sino una descripción de los hechos, así cada uno puede interpretarlos, y arribar a su propia conclusión.

Escindido ya Leonel Fernández del PLD (2019), participó como candidato en el 2020 por La Gran Alianza Nacional Renovadora. Obtuvo un pírrico 9%. El PLD, que había obtenido en el 2016 un 62%, presentó en el 2020 como candidato a Gonzalo Castillo, obteniendo apenas un 37%, descendiendo unos 25 puntos porcentuales con relación al 2016.

Una pregunta interesante sería: ¿Dónde fue a parar ese 25% menos que obtuvo en el 2016, si el que se fue (Leonel Fernández) sólo obtuvo un 9%? Si sumamos el 37% obtenido por el PLD al 9% obtenido por Leonel Fernández, apenas llegaron al 46%, insuficiente para ganar en cualquiera de las dos vueltas.

Si le restamos al 62% del 2016 que obtuvo un PLD con Leonel Fernández en el partido, el 46% que en el 2020 obtuvieron juntos (el PLD con Leonel Fernández), arroja un 16% menos de diferencia. ¿Por qué ese 16% menos (62% menos 46% que obtuvieron ambos ya separados), no se reflejó en el que se fue (Leonel Fernández)? ¿Habrá votado disgustado ese 16% por el PRM?

Pero veamos el 2024. Leonel Fernández obtiene más votos que el PLD (29%), mientras el partido morado desciende a apenas poco más de un 10%. Sumados ambos no llegan al 40% (39%), lo que es menor al 46% que obtuvieron ambos en el 2020. Aunque Leoenel Fernández subió (de 9% a 29%), y el PLD bajó (de 37% a 10%), ambas cantidades dan un resultado inferior de esa misma combinación en el año 2020 (46% a 39%).

Si se suponía que la pérdida de votos del PLD en el 2020 iba a ser el resultado de la división del partido con la ida de Leonel Fernández, el cual estaba llamado captar ese éxodo de votos morados, al parecer no fue así, porque un 16% del total que obtuvieron en el 2016, en realidad no se fueron con el que se escindió del partido.

Entonces se abre otra interrogante: ¿Ese 16% menos (62% en el 2026 menos el 46% en el 2020) en realidad era un voto peledeísta circunstancial (por estar en el gobierno), pues sólo estaba condicionado a votar por el PLD si éste estaba en el gobierno y/o si Leonel Fernández se mantenía en el partido? O la que sería mejor: ¿Hubiese perdido de todas formas el PLD, aún Leonel Fernández no se hubiese ido del partido?

Si la respuesta de lo anterior es afirmativa (condicional), entonces la división incidió en la derrota, pero no fue el factor decisivo, sino la corrupción y la impunidad, en la que se montó la ola para sacar al PLD del poder.

jpm-am

Dada la demanda inelástica que tiene (no tiene otros bienes sustitutos), ha obligado a los que aspiran (candidatos), a tener que buscar cada vez más recursos (dinero) en cada elección para poder competir por las posiciones electivas.

Ello ha atraído desde hace años, a gente que tradicionalmente no estuvo vinculada a la política, es decir, a riferos, narcos y lavadores de dinero.

Los riferos buscando ventajas estatales, especialmente desde una curul (diputado(a) o senador(a)), y la gente señalada al narcotráfico  y al lavado de activos, la cual procura también con un escaño en el congreso nacional, asegurarse de una inmunidad parlamentaria (legislativa), en caso que se se le asome un proceso de entrega voluntaria o de extradición hacía los Estados Unidos.

Así las cosas, el precio del voto en el país dominicano se ha erigido en un producto extremadamente costoso, pues está muy apetecido por candidatos de dudosa reputación en todos los partidos grandes, los cuales procuran a través de una posición electiva, una cierta protección estatal.

Gente que intenta llegar a una posición electiva dispuesta a pagar lo que sea con tal de conseguirla, lo cual genera una competencia desigual hasta con sus propios compañeros de boletas, los cuales, si no cuentan con similares recursos económicos, sencillamente quedan fuera de la competencia.

El voto es el producto estrella del día de las elecciones, cuya inflación en su precio ha subido tanto, que ha dejado fuera a todo el que sueña aspirar y no cuenta con los recursos mínimos para competir.

Conclusión: Lo que en el derecho positivo es definido como un derecho y un deber, hoy se ha convertido en la República Dominicana, en un producto único y exageradamente caro, el cual perfectamente se puede comprar el día de las elecciones, de diversas formas en el mercado persa  electoral dominicano.

El 99.9% de mis amigos independientes, si es que no irrumpe en la oferta electoral una cuarta vía (un candidato independiente), me ha dicho claramente por quien  votaría en el 2028, claro, siempre que se cumplan con varios supuestos.

He aquí sus preferencias y exigencias:

1. Por Juan Ariel Jiménez si es el candidato del PLD.

2. Por Omar Fernández si es el candidato de LFP.

3. Por el candidato del PRM.

Supuestos para votar ellos:

Que públicamente se comprometan (como en el 2012 con el 4% para la educación), a lo siguiente:

a) A mejorar el gasto público, aumentando el gasto de capital y disminuyendo significativamente el gasto corriente que no tiene retorno.

b) A Eliminar todos los ministerios y todas direcciones generales con duplicidad de funciones.

c) A sacar todas las botellas y empleos improductivos de la nómina pública.

d) A revisar todas las pensiones especiales regaladas por razones políticas a gente que nunca trabajó en el Estado, y detener el festival grosero y vulgar de pensiones sin justificación.

e) A suspender definitivamente el 90% de monstruoso gasto totalmente innecesario en publicidad gubernamental, que sólo sirve para que dueños de medios y creadores de contenidos vivan de eso.

f) Y a contratar sólo aquellos préstamos que sean estrictamente necesarios.

Si ninguno se puede comprometer con esos supuestos, sencillamente los independientes tendrán que seguir esperando que llegue el candidato que sí esté dispuesto a comprometerse con sus exigencias.

JPM

Es decir, tendrán que votar entre dos proyectos políticos de la oposición (LFP o el PLD), que acusan a los gobiernos (2020-2028) de Luis Abinader y el  PRM, de haber encabezado los dos períodos presidenciales con más corrupción. Y al mismo tiempo, los perremeístas defendiéndose y acusando a los que encabezaron los 16 años de gobiernos del PLD (2004-2020), de haber presidido los gobiernos más permisivos con la corrupción de la historia.

Conforme a esta mutua acusación (PRM vs LFP y PLD), elector dominicano tendrá que votar, por uno menos corrupto, pero que fué más permisivo con la corrupción (según el PRM), o votar por uno más corrupto, pero menos permisivo con la corrupción (Según LFP y el PLD).

Ese será la disyuntiva en el 2028, porque ahora la disputa está entre los defensores de los corruptos de los gobiernos del pasado (Leonel, Danilo y el PLD) y los defensores de los corruptos del presente gobierno (Luis y el PRM), los cuales se acusan mutuamente de ser menos malo que el otro.

Los defensores del pasado diciendo que el presente hay más corrupción, pero los defensores del presente gobierno diciendo que ahora hay menos impunidad!

Los defensores de los corruptos del pasado insisten en que en los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina y el PLD había menos corrupción que ahora. Y los defensores de los corruptos del gobierno de Luis Abinader y el PRM se empeñan en justificar que hay menos impunidad.

¡Dos grupos de corruptos! !Dos justificaciones!

!LFP y el PLD acusando al PRM de ser más corrupto!

El PRM justificándose y diciendo que ha sido menos permisivo con la corrupción que los gobiernos del PLD (Leonel y Danilo).

Irónicamente alguien perfectamente podría preguntar:

¿Por cuál nos convendría más votar en el 2028?

¿Por un proyecto político de los que se defienden al decir que antes había menos corrupción?

¿O por un proyecto político que insiste que ahora hay menos impunidad que antes?

Votar por:

¿Poca corrupción y mucha impunidad?

¿O más corrupción y menos impunidad?

¡Vaya suerte la del pueblo domincano!

jpm-am

En los Estados Unidos, los fiscales tienen casi el 100% de discrecionalidad para hacer acuerdos con los imputados a través del Plea Bargaining (Criterio de Oportunidad al estilo anglosajón).

En Brasil la delación premiada también le da un gran margen para negociar.

Sin embargo, en República Dominicana, el Criterio de Oportunidad está reglado (en la ley), lo que quiere decir, que el legislador nacional ha colocado en la ley procesal varios supuestos, en los que el ministerio público no puede hacer arreglos, negociaciones o acuerdos con los imputados, salvo que sean para que se declaren culpables (admiten los hechos que se les imputan), devuelvan el dinero sustraído (no parte), y se beneficien de un juicio penal abreviado con el que se acuerda la pena y la multa.

Aún así, un juez tiene que homologar esos acuerdos (aprobarlos y validarlos).

En la práctica, y contraviniendo lo dispuesto por la ley procesal (CPP. art. 34), el ministerio público sigue haciendo acuerdos que están taxativamente dentro del ámbito de lo prohibido para el órgano acusador.

Esos acuerdos encubren su ineficiencia. Es más fácil negociar que recabar las pruebas que acrediten la culpabilidad de los imputados en casos complejos.

Parece que en este caso el ministerio público finalmente descontinuará su acostumbrada violación a la ley. La ley le prohíbe acuerdos con los imputados en los siguientes supuestos:

1. Cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido ¿No ha sido afectada significativamente el bien jurídico SALUD?

2. O cuando no comprometa gravemente el interés público. ¿No ha comprometido gravemente el caso SENASA el interés público, es decir, a la sociedad en general, más allá de afectar solo a una persona o SENASA?

También les queda vedado al ministerio público hacer acuerdos con los imputados cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste.

Eliminar todas las botellas y todos los empleos e instituciones totalmente improductivas. Detener el festival de pensiones especiales.

Enterrar para siempre el gasto monstruoso e innecesario de publicidad gubernamental. Eliminar el 50% de las embajadas y consulados, fusionando los actuales, y dejando abiertos los estrictamente necesarios.

Eliminar todos los gastos superfluos de los funcionarios y los ministerios. !Eds es mi propuesta!

Pero como todo lo anterior no está en la agenda de los precandidatos del PRM, menos de Leonel Fernández, y mucho de los precandidatos del PLD, es claro que no pienso votar por ninguno de esos proyectos políticos, pues su agenda es diametralmente opuesta a lo que los sectores medios de la sociedad y Yo proponemos y demandamos.

Ellos tienen su agenda (seguir con el desorden del gasto corriente y el despilfarro), para seguir cumpliendo compromisos electorales y dándole vida al clientelismo.

Y nosotros tenemos la nuestra, que es exigir una mejora significativa del gasto público, aumentando el gasto de inversión, y bajando el gasto corriente, para mejorar las finanzas públicas.

jpm-am

Sin embargo, si usted tiene este último perfil, y el día de las elecciones se queda en casa y no acude a votar, usted está cometiendo una de las mayores irresponsabilidades de su vida, pues al no hacerlo (ir a votar), está permitiendo que millones de seres humanos habilitados para votar (3.5 millones), gente altamente vulnerable y con problemas graves para pensar, sean los que sigan escogiendo de una oferta electoral llena de analfabetos funcionales, lo peor de lo peor.

Por eso los vocales, directores distritales, regidores, alcaldes, diputados y senadores que actualmente tenemos, son un reflejo inequívoco de la falta de conciencia de los que más están votando.

Siendo así, usted no tiene legítimamente ningún derecho a quejarse, pues es precisamente usted el protagonista de esta triste realidad que tiene sumergida en un perenne atraso institucional a la República Dominicana.

Mientras usted está supuesto a ir a votar y elevar la calidad del voto, y consecuentemente la calidad de las autoridades electas, al no hacerlo, sólo contribuye a dejar completamente allanado el camino para que el clientelismo siga siendo el principal actor del sistema electoral con el que se escogen los candidatos.

Los indigentes mentales son el 80% del 54% que votó en las elecciones pasadas. Usted sería parte del 46% que no votó.

Así que si hoy tenemos a cualquier analfabeto funcional en una función pública de elección popular (vocales, directores, regidores, alcaldes, diputados y senadores), es precisamente porque usted es el principal culpable de este desastre en que estamos sumergidos.

jpm-am

Ello no les da oportunidad a los votantes menos instruidos, con bajo índice de escolaridad y con poca consciencia al momento de votar, a convertirse en los artífices de los resultados electorales. La clase media, la dueña del voto más consciente, del voto de opinión, con su participación evita que los más vulnerables (pobres y subsidiados), sean los que esencialmente decidan quiénes ganan y quiénes pierden en Chile.

En cambio en nuestro país, como el voto es opcional, esa fue la razón por la que en el 2024, el 46% de los que estaban hábiles para votar, decidió no hacerlo, ya sea por voluntad propia o por otras circunstancias, ya que no tiene ninguna sanción el no hacerlo.

Ello hace posible, que el 80% (8 de cada 10 votantes) del 54% que sí se decidió a ejercer su derecho y su deber en el 2024, fuera el protagonista y principal beneficiario del clientelismo que prevalece en las campañas electorales.

Ninguno de los partidos le interesa que el voto sea obligatorio, pues ello forzaría a la clase media dominicana a tener que ir a votar obligatoriamente, lo que significaría un alto riesgo que se tomaría el sistema de partidos, porque aunque no existe aquí el voto por ninguno ni en blanco, esa clase media iría obligatoriamente a votar, y como sabe que la agenda de los partidos y candidatos no es la suya, podría acudir expresamente a ejercer su obligación emitiendo un voto nulo (marcando con una gran X todas las boletas).

¿Se imaginan que más del 46% de los votos sean nulos, porque deliberadamente la clase media así lo decidió (si fuera una obligación votar)?

!Es a ello que los partidos le temen! ¡A que se produzca una abstención electoral disfrazada de millones de votos nulos!

Y como la única verdad es la realidad, el voto sigue siendo en nuestra país opcional, de modo que la clase media seguirá apática a molestarse a ir a votar por el menos malo, mientras que los pobres y subsidiados seguirán siendo los protagonistas y beneficiarios del clientelismo que es el que verdaderamente decide las elecciones.

Mi opinión es la siguiente: 1. Los electores dominicanos ya están muy familiarizados de enterarse de que en los tres principales partidos (PRM, PLD y LFP), han hecho vida política gente vinculada al narco y al lavado de dinero desde hace ya un buen tiempo. Y 2. Al los electores no sonrojarse con ver cada vez más políticos involucrados al narco y el lavado, ya no perciben ninguna diferenciación entre esos tres partidos.

Así que la mayoría de los ciudadanos no advierte ninguna diferencia entre los principales partidos políticos.

Siendo así, la mayoría de los que se decidan asistir a votar en el 2028, es claro que lo haría bajo la lógica de hacerlo sin importarles a qué partidos pertenecen los candidatos, incluso si hay algunos señalados de tener vínculos con el narco, el lavado de activos o como corruptos.

Ejemplos hay varios en la actualidad, donde algunos funcionarios que fueron electos en las pasadas elecciones, eran señalados con esos tres tipos penales, y aún así ganaron los puestos que aspiraban. ¿A base dinero? Probablemente, lo cual no es extraño, si se trata de un mercado electoral caracterizado precisamente por el clientelismo.

Además de este tema del narco, los tres partidos se acostumbraron a tener gente señalada como corruptos, y ninguno, asumiendo el maquiavelismo de que en política se barre siempre hacía adentro, y necesitando el apoyo financiero que esos personajes suelen aportar, nadie está dispuesto a evitar que lleguen con todo el dinero que pueden aportar.

Ya hemos visto lo que está pasando con este gobierno y los casos de corrupción (como pasó con el PLD), y la cantidad razonable de gente vinculada al PRM que está siendo solicitada en extradición o se está entregando voluntariamente a la DEA, por ser acusada de participar en actividades del narco y/o el lavado de dinero.

Ya vimos el desastre de corrupción que nos legaron los gobiernos del PLD, sin que haya expulsiones ejemplares.

Y en la LFP hemos visto como les han regalado asientos en importantes organismos de ese partido, a gente también altamente cuestionada. Sin dejar de mencionar a la gente que logró ganar en las internas de LFP para escoger esa dirección, también con graves problemas de cuestionamiento.

Tres partidos con miembros señalados, ya sea por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Y eso lo saben los votantes. Así que, lo que se puede proyectar, es que si esto llegara a tener algún tipo de impacto electoral, sería en el universo de los que están hábiles para votar, cayendo aún más la participación del 46%.

Es decir, ésta vergüenza al sistema de partidos podría ocasionar una subida aún mayor de la abstención electoral que fue del 46% en las elecciones pasadas. Que más personas, especialmente de la clase media que sí votó en el 2024, en el 2028 no vean ningún motivo para ir a votar por candidatos de tres partidos que no hacen absolutamente nada para adecentar la política.

Y si sube el ausentismo electoral, ello sólo le conviene al que está en el gobierno, que es el que maneja una nómina pública a base de más y más deuda pública; que regala dinero a través de nominillas y nóminas ocultas; que dilapida dinero por medio de miles de botellas que benefician a gente que cobra sin trabajar; que obsequia pensiones a diestra y siniestra a militantes del partido y partidos aliados; que reparte contratos de publicidad totalmente innecesarios a seudo comunicadores, influencers y comunicadores, lo cual le da una ventaja comparativa frente a sus rivales de la oposición.

Así las cosas, las entregas voluntarias y las extradiciones continuarán. Pero no creo que ello sea la clave para que el partido que tenga más entrega y extradiciones de gente de su militancia, sea el que termine más perjudicado, porque los otros dos también tienen otros tantos personajes, que también son señalados con otros tipos penales no menos graves.

Y si finalmente estas entregas voluntarias y extradiciones proyectan un aumento importante del ausentismo electoral (46% elecciones pasadas), el costo de la campaña subirá significativamente, pues partidos y candidatos clientelistas, tendrán que emplear muchísimo más recursos para poder convencer un electorado (80%) que ya se acostumbró a ponerle precio a su voto.

Con esa realidad golpeandonos de frente, ¿Qué sentido tiene que una persona decente y sin recursos económicos, intente alcanzar una posición electiva con una candidatura, ya sea por uno de esos tres partidos, o de manera independiente?