La entrada Qué está impulsando la demanda de certificaciones EDGE y LEED en el sector inmobiliario mexicano se publicó primero en Centro Urbano.
]]>Certificar un proyecto bajo estándares internacionales de sostenibilidad dejó de ser un gesto de imagen o marca para convertirse en un argumento de negocio. Desarrolladoras, constructoras y fondos de inversión en México recurren cada vez más a estos sellos porque inciden directamente en la rentabilidad, la velocidad de venta y la percepción de valor de un proyecto. Consultoras especializadas como Leaf Global, que acompaña procesos de certificación LEED, EDGE, WELL, FITWEL en distintos países de América Latina, reportan un crecimiento sostenido en la demanda de este tipo de acompañamiento técnico en el país.
Parte de esa relevancia responde a que los estándares dejaron de ser abstractos: hoy exigen métricas verificables y comparables entre proyectos. La certificación EDGE en México, por ejemplo, obliga a demostrar un mínimo de 20% de ahorro simultáneo en energía, agua y materiales, calibrado según la zona climática de cada ciudad, lo que la convierte en un dato objetivo que un comprador, un banco o un inquilino corporativo puede exigir y verificar antes de cerrar una operación.
EDGE se distingue por su proceso ágil, entre cuatro y ocho semanas para el certificado de diseño, y por aplicar tanto a vivienda como a oficinas, hoteles, salud, industria y uso mixto. Eso explica su avance acelerado en segmentos como el industrial en Monterrey y el corredor CDMX-Toluca, donde parques logísticos y plantas de manufactura la usan para cumplir compromisos ESG frente a sus clientes globales.
LEED, por su parte, es el estándar más reconocido internacionalmente y suele asociarse a proyectos residenciales, corporativos y de retail que buscan diferenciarse en segmentos medios y altos.
Su prestigio funciona como un sello de calidad ante inversionistas extranjeros y ocupantes corporativos que ya integran la sostenibilidad como criterio de selección de oficinas o locales.
Para quien certifica, los beneficios no son solo reputacionales. Un proyecto con sello EDGE o LEED puede acceder a tasas preferenciales de financiamiento, tanto para el desarrollador como para el comprador final; suele registrar mayor velocidad de absorción, porque el mercado ya compara certificaciones antes de decidir; y se posiciona mejor frente a corporativos con reportes ESG activos, que exigen edificios certificados como requisito de entrada para sus proveedores inmobiliarios. A esto se suma un ahorro operativo real en consumo de energía y agua, que reduce costos a lo largo de toda la vida útil del inmueble.
Con más de 300 proyectos certificados en la región y presencia en más de diez países, la tendencia apunta a que LEED y EDGE dejen de ser una ventaja diferencial para convertirse en un requisito mínimo de mercado. Para los desarrolladores mexicanos, la pregunta ya no es si conviene certificar, sino qué tan rápido pueden integrar estos estándares a sus próximos proyectos.
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]]>La entrada AMPIP cumple 40 años impulsando la competitividad del mercado industrial se publicó primero en Centro Urbano.
]]>Los parques industriales han dejado de ser espacios enfocados únicamente en ofrecer superficie para convertirse en infraestructura estratégica para la operación de empresas y el desarrollo de nuevas cadenas productivas en México. En este proceso, la calidad de los servicios y las condiciones que ofrecen adquieren mayor relevancia para fortalecer la competitividad del país.
En este contexto, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) cumple 40 años de impulsar el desarrollo y profesionalización del sector. Desde su creación en 1986, el organismo ha acompañado la evolución de los parques industriales y su papel en la atracción de inversión productiva.
Como parte de este aniversario, AMPIP reportó un nuevo conteo sectorial que suma 491 parques industriales en operación, con alrededor de 90 millones de metros cuadrados de edificios industriales. A esta oferta se añaden 82 nuevos parques en construcción, que se incorporarán al crecimiento de la infraestructura vinculada con el Plan México.
La dimensión del sector también se refleja en las empresas que operan dentro de estos espacios. Actualmente, los parques industriales asociados con AMPIP concentran a más de 4,000 empresas relacionadas con algunas de las principales cadenas productivas de México y otros mercados, con una contribución cercana a 4 millones de empleos.
Además, la infraestructura requiere inversiones constantes para responder a las necesidades de las compañías. La membresía de AMPIP destina alrededor de 5,000 millones de dólares cada año a proyectos que incluyen edificios industriales, urbanización, energía, agua, conectividad, seguridad, mantenimiento y servicios.
De esta manera, la competitividad de un parque industrial depende cada vez más de su capacidad para ofrecer condiciones que permitan a las empresas instalarse, operar y ampliar sus actividades con certidumbre.
La evolución también responde a la transformación de las actividades productivas. Mientras que hace cuatro décadas los parques industriales tenían una relación más estrecha con la manufactura de exportación en la frontera norte, actualmente atienden sectores como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutico, logístico, electrónico, alimentos y tecnologías avanzadas.
Por ello, la ubicación y la disponibilidad de espacio ya no concentran por sí solas los requerimientos de las empresas. La infraestructura debe responder a necesidades específicas de energía, agua, conectividad, seguridad, cumplimiento, talento, movilidad y sostenibilidad, además de contar con capacidad para adaptarse a las condiciones de operación de compañías globales.
En paralelo, AMPIP ha impulsado la profesionalización del sector mediante estándares, mejores prácticas, información especializada, diálogo técnico, promoción internacional y coordinación con autoridades. Estas acciones buscan fortalecer las condiciones que ofrecen los parques industriales y acompañar las nuevas exigencias de las cadenas productivas.
A 40 años de su creación, el organismo plantea que la siguiente etapa del sector estará vinculada con la capacidad de México para aprovechar las oportunidades de inversión y responder con infraestructura suficiente. En este escenario, la disponibilidad de servicios confiables y la coordinación entre los sectores público y privado cobran relevancia para ampliar la capacidad industrial del país.
“Al cumplir 40 años, AMPIP mira hacia atrás con gratitud y orgullo, pero también hacia adelante con responsabilidad. México vive una etapa de enormes oportunidades, y la atracción de inversión depende de contar con infraestructura suficiente, servicios confiables, certeza jurídica, seguridad, talento y coordinación entre los sectores público y privado”, señaló la Asociación.
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]]>La entrada Fovissste atiende 400,000 créditos y retoma la construcción de vivienda se publicó primero en Centro Urbano.
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Durante la administración de Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fovissste, el organismo avanza en la atención de créditos deteriorados y modificó las condiciones de financiamiento, además de retomar la construcción de vivienda social después de 34 años.
Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, el fondo reportó la solución de 400,000 créditos mediante quitas, descuentos, congelamientos y condonaciones. Esta cifra representa la mitad de su cartera y forma parte de las acciones dirigidas a atender a personas acreditadas con dificultades para cubrir sus financiamientos.
A la par, el Fovissste fortalece el contacto directo con la derechohabiencia mediante estrategias como Fovissste en tu Oficina y Fovissste en tu Comunidad, con las que el Fondo lleva sus servicios fuera de sus instalaciones.
Otro de los cambios implementados por el organismo consiste en la conversión de créditos denominados en UMA a pesos.
Maldonado Meza explicó que esta medida responde a una de las principales demandas de las y los trabajadores al servicio del Estado, debido a la actualización anual de las UMA durante febrero.
“Recientemente publicamos una restructura inédita en el Fondo de la Vivienda, convertir los créditos de UMA a pesos. Esto tiene que ver con un planteamiento muy sentido de las y los trabajadores al servicio del Estado: quitar las UMAs en los créditos por la actualización que tiene cada febrero”, señaló.
Con esta modificación, el Fovissste busca atender el impacto que representaba para las personas acreditadas la actualización anual de esta unidad de medida.
Dentro de los cambios impulsados por el Fondo también se encuentra Fovissste Mujeres, crédito hipotecario que comenzó en marzo de 2025 con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda de las trabajadoras al servicio del Estado bajo condiciones preferenciales de financiamiento.
La vocal ejecutiva destacó que se trata de un esquema dirigido específicamente a las mujeres derechohabientes del organismo.
“Es el único crédito hipotecario desde una institución pública dirigido para nuestras compañeras mujeres”, destacó.
El producto forma parte de las alternativas que el Fovissste ha incorporado para atender las necesidades de distintos grupos de su derechohabiencia.
Además de modificar las condiciones de sus créditos, el Fondo retomó la construcción directa de vivienda social después de 34 años.
El primer proyecto de esta nueva etapa corresponde al Conjunto Habitacional Fovissste Carmen Serdán, en Puebla, donde en julio se colocó la primera piedra. El desarrollo forma parte de la meta del organismo para construir 100,000 viviendas destinadas a trabajadores del Estado con menores ingresos.
El programa contempla atender a personas trabajadoras que perciben hasta dos salarios mínimos y que, aunque cuentan con un crédito Fovissste, enfrentan dificultades para encontrar una vivienda que puedan adquirir dentro de las condiciones actuales del mercado.
“Vamos a llegar a trabajadoras y trabajadores que tienen su crédito Fovissste, pero no hay una vivienda que les alcance porque en el mercado son mucho más caras”, explicó Maldonado Meza.
De esta manera, el regreso del organismo a la construcción complementa las acciones de reestructura y atención de créditos con una estrategia enfocada en generar oferta habitacional para los sectores de menores ingresos.
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]]>La entrada Conorevi renueva su Comité Directivo para el periodo 2026-2027 se publicó primero en Centro Urbano.
]]>El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) renovó su Comité Directivo para el periodo 2026-2027, como parte de los trabajos de su 48ª Asamblea General Ordinaria.
Durante la sesión, José Antonio Chávez Rodríguez asumió la presidencia del organismo en relevo de Manuel Fonseca Altamirano, quien concluyó su periodo al frente del Consejo.
La renovación de la mesa directiva se realizó con la presencia de Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Jabnely Maldonado, titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); y Víctor Rubén Guzmán Dagnino, titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), quienes participaron como testigos de honor.
Información en desarrollo
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]]>La entrada BIM destaca dinamismo en vivienda media y cautela en residencial se publicó primero en Centro Urbano.
]]>El mercado mexicano de vivienda mantiene comportamientos diferenciados entre segmentos, con mayor dinamismo en la vivienda media y de menor valor, mientras que el residencial muestra una postura más cautelosa por parte de los compradores, de acuerdo con Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).
Ernesto Fragoso, director corporativo de Banca Empresarial, Patrimonial y Fiduciaria de BIM, explicó que la institución observa un buen ritmo de colocación y absorción en los segmentos en los que concentra buena parte de su actividad de financiamiento inmobiliario.
“Vemos un dinamismo en vivienda media hacia abajo, en el tema que nos toca hacer, que es desarrollo inmobiliario de viviendas”, señaló.
El directivo indicó que este comportamiento está apoyado principalmente por el financiamiento disponible para los compradores finales a través de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
“En ese rubro vemos un buen ritmo, vemos una buena absorción del mercado”, afirmó.
La situación es distinta en los segmentos de mayor valor. Fragoso señaló que BIM observa un mercado más retraído en vivienda media residencial, residencial y residencial plus, cuyos compradores mantienen una posición más conservadora ante el entorno económico.
De acuerdo con el directivo, una diferencia importante radica en el perfil y las necesidades de quienes adquieren este tipo de propiedades.
Mientras en los segmentos de menor valor la vivienda suele responder a una necesidad habitacional, parte de la demanda residencial corresponde a compradores que buscan una segunda o tercera propiedad, lo que les permite postergar la decisión ante periodos de incertidumbre.
“Vemos un mercado un poquito más retraído, un mercado un poquito más conservador, más a la expectativa de qué está pasando”, comentó.
El comportamiento de este segmento también se refleja en la composición de la cartera inmobiliaria de BIM.
Fragoso señaló que la cartera total de crédito de la institución supera los 14,000 millones de pesos y que alrededor de 80% se encuentra concentrada en vivienda media hacia abajo.
El 20% restante se encuentra diversificado en otros segmentos inmobiliarios.
Además, detalló que aproximadamente 25% de la cartera del banco se localiza en el norte y noroeste del país, particularmente en entidades como Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
Hacia adelante, Fragoso consideró que el entorno de menores tasas de referencia puede contribuir a mantener el flujo de financiamiento y favorecer las decisiones de compra de vivienda.
El directivo destacó que la reducción del costo del dinero permite que los créditos se vuelvan gradualmente más accesibles, aunque en el caso de las hipotecas el ajuste ocurre a un ritmo diferente debido a sus plazos de largo plazo.
“Nosotros creemos que sí van a ir bajando, pero más lento”, indicó respecto a las tasas hipotecarias.
De esta manera, BIM mantiene una perspectiva favorable para los segmentos de vivienda media y de menor valor, mientras que en el residencial prevé que los compradores continúen actuando con mayor cautela ante las condiciones económicas y financieras.
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]]>La entrada BIM lanzará crédito hipotecario individual en 2027 se publicó primero en Centro Urbano.
]]>Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) prepara su entrada al mercado de créditos hipotecarios individuales con un nuevo producto que prevé lanzar durante 2027 para financiar la adquisición de vivienda nueva y usada.
Antonio Karim Méndez de la Barrera, director de Banca Patrimonial de BIM, explicó que la institución trabaja actualmente en el desarrollo del producto, con el objetivo de ampliar su participación en el mercado de vivienda y complementar el financiamiento que ya ofrece a desarrolladores inmobiliarios.
“Estamos desarrollando justamente ese producto para tenerlo en el corto o mediano plazo”, señaló el directivo.
Posteriormente, Ernesto Fragoso, director corporativo de Banca Empresarial, Patrimonial y Fiduciaria de BIM, precisó que la expectativa de la institución es comenzar a ofrecer el crédito hipotecario individual el próximo año.
“Nosotros estimamos que para el año que entra tengamos el producto de crédito hipotecario individual, para que personas físicas puedan acceder a créditos”, indicó.
Fragoso agregó que el producto estará diseñado tanto para la adquisición de vivienda nueva como usada y que los financiamientos podrán alcanzar hasta 12 millones de pesos, aunque el monto otorgado dependerá de la capacidad crediticia de cada solicitante.
La incursión en el crédito hipotecario individual ampliará la presencia de BIM dentro de la cadena de financiamiento habitacional, pues actualmente uno de los principales negocios de la institución es el crédito puente dirigido a desarrolladores.
Méndez de la Barrera señaló que el banco mantiene un enfoque importante en proyectos con viviendas cuyos precios se encuentran entre 800,000 pesos y alrededor de 1.5 a 2 millones de pesos.
En ese sentido, explicó que el nuevo producto responde también a la intención de atender directamente a las personas que buscan adquirir un patrimonio.
“De la misma manera que estamos apoyando a desarrolladores […] para poder crear o tener estas viviendas nuevas, asequibles, en términos generales para la población mexicana, en ese mismo sentido estamos buscando apoyar a ese tipo de mercado, de segmento de personas físicas, de personas que buscan hacerse de una casa”, comentó.
Fragoso señaló que existe un mercado potencial importante entre las generaciones jóvenes que comienzan a independizarse, formar hogares y buscar alternativas tanto de renta como de compra de vivienda.
El lanzamiento se prepara además en un contexto de reducción de las tasas de referencia, situación que podría favorecer gradualmente las condiciones del financiamiento hipotecario.
Méndez de la Barrera explicó que el descenso en el costo del dinero puede trasladarse hacia menores costos de financiamiento y contribuir a que un mayor número de personas tenga acceso a un crédito para comprar vivienda.
“Esto lo que provoca o lo que ayuda es que algún crédito, por ejemplo, el crédito hipotecario, en este caso para el beneficio de la vivienda, pueda ajustarse y ser más asequible para más personas”, afirmó.
El directivo agregó que algunas instituciones financieras ya comienzan a ofrecer tasas hipotecarias inferiores a 9%, después de un periodo en el que se mantuvieron por encima de ese nivel.
Por su parte, Fragoso consideró que las tasas hipotecarias podrían continuar descendiendo en el mediano y largo plazo, aunque aclaró que su ajuste suele ser más lento que el de la tasa de referencia debido a que estos créditos se contratan a plazos que pueden extenderse durante 20 o 30 años.
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]]>La entrada Edomex proyecta 53 proyectos urbanos alrededor del Tren El Insurgente se publicó primero en Centro Urbano.
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El Gobierno del Estado de México y el Banco Mundial trabajan en una estrategia para reordenar y mejorar el entorno urbano alrededor del Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, con una cartera de 53 proyectos estratégicos que abarcan 194 hectáreas en torno a la estación Toluca.
La propuesta busca aprovechar la infraestructura y los servicios públicos existentes para generar nuevos espacios públicos y áreas verdes, además de mejorar las condiciones para peatones y ciclistas. Para ello, el organismo internacional entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) estudios técnicos, diagnósticos y herramientas de planeación con una visión de largo plazo hacia 2045.
El paquete, denominado ‘Marco para el Desarrollo Urbano Sostenible y Adaptado al Clima en el Área de Influencia del Tren Interurbano México-Toluca’, establece lineamientos para orientar el crecimiento urbano en torno a la estación y aprovechar el potencial territorial que genera la infraestructura ferroviaria.
Entre las propuestas destaca la creación de un Parque Lineal en el camellón central del bulevar Las Torres, con el objetivo de recuperar este espacio y convertirlo en un punto de encuentro para los habitantes de la zona.
A la par, los estudios contemplan acciones para mejorar la imagen urbana, ordenar el crecimiento alrededor del Tren El Insurgente y fortalecer la integración entre los distintos modos de movilidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Parcial del Tren Interurbano.
Para definir estas intervenciones, el Banco Mundial desarrolló, en colaboración con la Sedui y las firmas Deloitte y TEN Arquitectos, instrumentos de planeación orientados hacia un modelo de desarrollo urbano bajo en carbono.
El paquete también incluye Guías de Diseño Urbano con criterios para priorizar los desplazamientos peatonales y ciclistas, la accesibilidad universal, la seguridad vial y la incorporación de infraestructura verde y azul.
Además de los estudios, especialistas del Banco Mundial impartieron talleres al personal de la Sedui para fortalecer sus capacidades en materia de planeación urbana y facilitar la aplicación de estas herramientas en los proyectos que se desarrollen en el área de influencia del Tren El Insurgente.
Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de México busca establecer una visión de largo plazo para el desarrollo urbano alrededor de la infraestructura ferroviaria y orientar las futuras intervenciones de la zona bajo criterios de movilidad, espacio público, infraestructura verde y adaptación al clima.
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]]>La entrada Una reforma catastral y registral necesaria para 2027 se publicó primero en Centro Urbano.
]]>La frase: “México necesita modernizar sus catastros y registros públicos de la propiedad” parece que se dijo en 1999 y sigue vigente con la iniciativa de ley presentada dentro del paquete económico este 8 de septiembre de 2026 como anexo h), según se aprecia en la Gaceta Parlamentaria.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral parte de un diagnóstico correcto: existen profundas diferencias entre entidades federativas y municipios en materia de actualización, digitalización, cartografía, interoperabilidad, capacidad técnica y calidad de la información inmobiliaria. Esta iniciativa tiene fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-R Constitucional, que faculta al Congreso para “…expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.”
El problema es que la iniciativa propone una transformación nacional de gran alcance sin resolver adecuadamente la cuestión que durante décadas ha limitado cualquier intento serio de modernización: la capacidad técnica, institucional y económica de los municipios para llevarla a cabo.
La propuesta contiene avances importantes que pretende establecer una Clave Única Catastral, una Cédula Única Catastral y Registral, una Plataforma Nacional Catastral, modelos homologados para trámites y servicios, mecanismos de interoperabilidad con los Registros Públicos de la Propiedad y estándares comunes para actualizar y compartir información. Todo ello puede mejorar la certeza jurídica, simplificar operaciones inmobiliarias, fortalecer la planeación urbana y, eventualmente, elevar la capacidad recaudatoria municipal. Sin embargo, el verdadero problema no está únicamente en lo que pretende hacer la ley, sino en determinar quién tendrá la capacidad material y financiera para hacerlo.
La discusión necesariamente debe comenzar en el artículo 115 constitucional, porque el catastro no es simplemente una base de datos. Es una institución directamente vinculada con la hacienda municipal. La fracción IV del artículo 115 establece que los municipios administrarán libremente su hacienda y percibirán las contribuciones que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora. También corresponde a los ayuntamientos proponer a las legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para determinar las contribuciones inmobiliarias.
Esto significa que el catastro cumple simultáneamente funciones fiscales, territoriales, urbanísticas, administrativas y patrimoniales. Un municipio que no conoce correctamente qué existe dentro de su territorio, cuánto mide, qué se ha construido, cómo se ha subdividido o cuál es el valor económico aproximado de los inmuebles tiene necesariamente una capacidad limitada para administrar su territorio y recaudar el impuesto predial. Por eso, cualquier política nacional de modernización catastral debe respetar la autonomía municipal y, al mismo tiempo, reconocer que no todos los municipios poseen las capacidades necesarias para ejercer plenamente las facultades que la Constitución les reconoce.
Este problema no es nuevo. La reforma constitucional al artículo 115 publicada el 23 de diciembre de 1999 estableció en su artículo Quinto Transitorio que, antes del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas estatales, en coordinación con los municipios, debían adoptar las medidas necesarias para que los valores unitarios de suelo utilizados como base de las contribuciones inmobiliarias fueran equiparables a los valores de mercado. La propia reforma contemplaba que se realizaran los ajustes necesarios a las tasas para garantizar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Han pasado más de dos décadas desde aquella disposición constitucional y todavía existen enormes diferencias entre municipios. La propia exposición de motivos de la nueva iniciativa reconoce que las instituciones catastrales presentan distintos niveles de desarrollo, actualización, sistematización y digitalización, y que en numerosos casos los valores catastrales no reflejan adecuadamente la realidad económica de los inmuebles.
Esta situación permite formular una crítica que debería ser central en el debate legislativo: México no ha carecido únicamente de normas en materia catastral; ha carecido de capacidad institucional y presupuestaria suficiente para cumplirlas de manera homogénea en todo el territorio nacional. Si desde 1999 existe un mandato constitucional para mejorar las bases inmobiliarias municipales y en 2026 todavía reconocemos importantes rezagos, resulta difícil suponer que una nueva ley, por sí sola, resolverá el problema.
La lección debería ser que una obligación jurídica a cargo de los municipios requiere infraestructura tecnológica, personal especializado, sistemas de información geográfica, levantamientos, cartografía, valuación, capacitación, digitalización y mantenimiento permanente, por lo que el mandato legal debe ir acompañado de los medios necesarios para cumplirlo.
La iniciativa tiene virtudes que no deben perderse de vista, por ejemplo, el Plan Nacional Catastral pretende desarrollar y fortalecer los catastros, homologar procesos y criterios técnicos, impulsar la actualización permanente de la información, establecer estándares y modelos de datos y fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades catastrales.
De esta manera, la Plataforma Nacional Catastral busca establecer un mecanismo de coordinación tecnológica entre Federación, estados y municipios. De acuerdo con la iniciativa, deberá integrar cartografía, módulos de gestión de trámites y servicios, gestión del impuesto predial y pagos digitales. Esto puede significar un avance considerable para ciudadanos, desarrolladores, inversionistas, notarios y autoridades, especialmente si consigue reducir duplicidades, tiempos de respuesta, diferencias entre bases de datos y posiblemente, reducir los fraudes inmobiliarios.
Otro de los avances más relevantes es la vinculación entre catastro y Registro Público de la Propiedad. Durante décadas hemos tolerado que dos instituciones públicas encargadas de describir distintos aspectos de un mismo inmueble funcionen con información que no necesariamente coincide. El Registro Público refleja primordialmente la situación jurídica de la propiedad, mientras que el catastro identifica sus características físicas, geográficas, administrativas y fiscales. La iniciativa propone relacionar la Clave Única Catastral con el Folio Real mediante la Cédula Única Catastral y Registral.
Una correcta interoperabilidad puede reducir discrepancias en superficies, ubicación, nomenclatura y antecedentes de los inmuebles. También puede mejorar la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias, facilitar la planeación territorial, detectar construcciones no incorporadas a los padrones y elevar la eficiencia administrativa, los cuales son objetivos correctos y necesarios.
El problema comienza cuando se supone que todos los municipios mexicanos pueden implementar esas obligaciones bajo condiciones semejantes y la realidad es que tenemos más de 2,485 realidades diferentes en cada municipio del país.
La iniciativa reconoce expresamente que los municipios tienen diferentes capacidades institucionales, técnicas y presupuestales y que esas disparidades repercuten en la prestación de los servicios públicos y en la administración de sus territorios. Sin embargo, el diseño financiero de la reforma no parece responder a la profundidad del diagnóstico que en la misma se formula.
No puede compararse la capacidad de una ciudad metropolitana que cuenta con sistemas de información geográfica, cartografía digital, bases de datos integradas, personal especializado, infraestructura tecnológica y una importante recaudación propia, con la de un municipio pequeño cuyo catastro puede depender de unos cuantos servidores públicos y disponer de recursos mínimos. Ambos podrán recibir jurídicamente las mismas obligaciones, pero sus posibilidades reales de cumplirlas serán completamente diferentes.
Uno de los grandes problemas de México es la necesidad de modernizar el catastro, desconocer la base del territorio disminuye las probabilidades de una planeación adecuada, de un diagnóstico certero y de seguridad jurídica sobre la propiedad, todo ello cuesta dinero, tanto el que se deja de ingresar, como el que se debe invertir.
Es necesario actualizar cartografía, georreferenciar predios, incorporar construcciones, depurar bases de datos, adquirir o desarrollar software, mantener servidores, garantizar ciberseguridad, capacitar funcionarios, realizar levantamientos y eventualmente adquirir imágenes aéreas u ortofotografía. También requiere especialistas que permitan actualizar valores de suelo y construcción mediante metodologías técnicamente defendibles. Con esta iniciativa, la interoperabilidad puede decretarse como obligación jurídica, pero su implementación requiere infraestructura y ésta requiere presupuesto.
México ya cuenta con el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, identificado como U003 dentro del Ramo 15 correspondiente a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El programa constituye un antecedente importante porque permite financiar proyectos de modernización y establece mecanismos de participación federal y local. Sin embargo, su escala es muy distinta a la transformación nacional que ahora pretende la nueva ley.
Además, el esquema de concurrencia financiera puede producir un efecto paradójico que enseguida explico: Los municipios que cuentan con mayores recursos propios se encuentran en mejores condiciones para aportar contrapartes y acceder a apoyos federales, mientras que aquellos con mayor rezago tecnológico pueden tener precisamente mayores dificultades para reunir los recursos necesarios. De esa manera, una política diseñada para reducir desigualdades puede terminar beneficiando más rápidamente a quienes ya poseen mejores capacidades institucionales que quienes no las tienen.
El punto más delicado aparece en los propios artículos transitorios. La iniciativa establece responsabilidades para SEDATU, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las autoridades catastrales y las autoridades registrales. Los municipios deberán adoptar modelos nacionales, implementar herramientas tecnológicas, utilizar la Clave Única Catastral, incorporar la Cédula Única Catastral y Registral, adoptar la Plataforma Nacional Catastral y mantener actualizada su cartografía.
Sin embargo, el artículo Octavo Transitorio establece que las erogaciones generadas por la entrada en vigor del decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto correspondientes y dispone expresamente que su implementación no requerirá recursos presupuestarios adicionales para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.
Ahí se encuentra una de las principales contradicciones de la iniciativa, porque se pretende realizar una transformación estructural de la infraestructura catastral y registral mexicana, pero al mismo tiempo se establece que dicha transformación deberá financiarse esencialmente con los recursos existentes.
Ahora bien, no sería correcto afirmar que en México no existe ningún recurso destinado a catastros, porque existe el programa U003 y existen antecedentes de inversión federal en modernización registral y catastral. El problema es diferente y más profundo: una reforma que amplía considerablemente las obligaciones y pretende construir una infraestructura nacional interoperable no viene acompañada de una fuente extraordinaria, suficiente y proporcional de financiamiento para hacerlo.
Es poco lógico que se quieran obtener más ingresos, sin considerar las inversiones necesarias, y esta contradicción adquiere todavía mayor relevancia al formar parte de la discusión asociada al Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Si se pretende convertir la modernización catastral en una verdadera política nacional, sería lógico acompañarla de una estrategia presupuestaria plurianual.
La insuficiencia presupuestaria de la reforma no consiste en que México carezca por completo de recursos destinados al catastro. Desde años anteriores existe el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, U003, que ha financiado proyectos de modernización mediante esquemas de concurrencia con entidades federativas y municipios. En 2024 contó con alrededor de 88.4 millones de pesos; en 2025 con aproximadamente 91.8 millones originalmente aprobados, y en el PPEF 2026 su estructura programática reportó alrededor de 95.5 millones de pesos.
Sin embargo, en el Paquete Económico de 2027 no se identifica una ampliación presupuestaria extraordinaria y proporcional específicamente destinada a financiar proyectos de modernización para la construcción de una arquitectura nacional obligatoria que comprende una Plataforma Nacional Catastral, Clave Única Catastral, Cédula Única Catastral y Registral, interoperabilidad, cartografía actualizada y homologación tecnológica.
También existe un aspecto constitucional que debe comprenderse con la creación de estándares nacionales y mecanismos de interoperabilidad que pueden ser jurídicamente razonables e incluso necesarios, pero no deben convertirse en un mecanismo indirecto de centralización de una función estrechamente relacionada con la hacienda municipal.
La iniciativa intenta preservar este equilibrio al señalar que el Plan Nacional Catastral deberá aplicarse bajo principios de concurrencia, corresponsabilidad, apoyo técnico y respeto al ámbito competencial previsto constitucionalmente. Sin embargo, será indispensable revisar cuidadosamente los lineamientos, modelos y reglas técnicas que posteriormente se emitan.
La Federación puede promover estándares nacionales, establecer mecanismos de intercambio de información y desarrollar infraestructura tecnológica común. Lo que no debería hacer es sustituir las decisiones que constitucionalmente corresponden a los municipios y a las legislaturas estatales en materia de hacienda municipal.
La actualización catastral tampoco debe presentarse como sinónimo de aumentar indiscriminadamente el impuesto predial. Una cosa es actualizar correctamente los valores inmobiliarios y otra distinta determinar las tasas aplicables. La propia reforma constitucional de 1999 reconoció esta diferencia al ordenar aproximar los valores utilizados para las contribuciones inmobiliarias a los valores de mercado, pero también contempló ajustes en las tasas impositivas necesarios para mantener la proporcionalidad y la equidad tributaria.
Este tema es delicado porque ha habido recientes intentos para que los estados graven con un impuesto estatal las traslaciones de dominio, lo cual encarece la propiedad y hace menos competitivos para inversiones a esas entidades y los ingresos son mínimos, comparados con los problemas que acarrean, incluyendo amparos que en la mayoría de las ocasiones terminan por tildar dichos impuestos de inconstitucionales.
Volviendo a la reforma, una política catastral moderna puede incluso permitir una mejor recaudación sin generar incrementos desproporcionados. Incorporar construcciones omitidas, identificar correctamente los predios, actualizar superficies, eliminar privilegios, reducir evasión y mejorar la cobranza, esto, sin duda, permitirá distribuir de manera más equitativa la carga tributaria.
El verdadero problema mexicano es un círculo vicioso: catastros deficientes producen baja recaudación; la baja recaudación genera municipios financieramente débiles, y los municipios financieramente débiles carecen de recursos para modernizar sus catastros. La ley puede ayudar a romper ese círculo, pero únicamente si viene acompañada de inversión institucional.
En la mesa de los legisladores todavía hay oportunidad de modificar la iniciativa, si es que la voluntad se los permite, estamos a tiempo de que pueda convertirse en una reforma de enorme importancia. Una primera modificación debería ser revisar el artículo Octavo Transitorio para evitar que una transformación de alcance nacional nazca limitada presupuestariamente. Al mismo tiempo, debería establecerse un Programa Nacional Plurianual de Modernización Catastral y Registral, con recursos identificables y metas verificables.
También sería necesario realizar un diagnóstico nacional que clasifique a los municipios conforme a su grado de desarrollo catastral. No todos requieren lo mismo. Algunos necesitan interoperabilidad; otros requieren migración tecnológica; actualización cartográfica, y existen municipios que prácticamente requieren crear o reconstruir su infraestructura catastral.
Los apoyos federales deberían considerar esa realidad. No resulta razonable exigir las mismas aportaciones a municipios metropolitanos con alta capacidad recaudatoria y a gobiernos locales cuya hacienda apenas alcanza para prestar los servicios públicos fundamentales. Podrían establecerse porcentajes diferenciados de participación federal de acuerdo con capacidad fiscal, rezago tecnológico y población.
La reforma debería incluir además un programa permanente de profesionalización del personal catastral, mecanismos de asistencia técnica federal y estatal, estándares de ciberseguridad y una transición gradual que evite imponer obligaciones imposibles de cumplir en plazos uniformes.
Asimismo, sería conveniente establecer indicadores nacionales de desempeño que permitan conocer qué porcentaje de los predios se encuentra georreferenciado, qué proporción de la cartografía está actualizada, cuál es el grado de coincidencia entre catastro y Registro Público, cuántas construcciones se encuentran incorporadas correctamente, cuál es el nivel de digitalización y cómo evoluciona la recaudación predial como resultado de la modernización.
Sólo entonces podría hablarse de una verdadera política nacional de fortalecimiento catastral.
México necesita tener esta discusión de ley, necesitamos mejores catastros, mejores registros públicos, información territorial confiable, interoperabilidad, trámites más sencillos y mayor seguridad jurídica para las operaciones inmobiliarias. También necesita fortalecer las haciendas municipales y reducir la dependencia financiera de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales. En esos objetivos, la iniciativa avanza en la dirección correcta.
Pero existe una lección que no debería ignorarse. Desde la reforma constitucional de 1999 existe un mandato para fortalecer las bases inmobiliarias municipales y aproximar los valores utilizados para las contribuciones inmobiliarias a los valores de mercado. Más de veinte años después seguimos reconociendo enormes diferencias entre municipios. El problema nunca fue exclusivamente jurídico. Ha sido también institucional, técnico y financiero.
Por ello, si ahora México pretende dar un salto todavía mayor hacia plataformas nacionales, interoperabilidad, cartografía permanentemente actualizada, una Clave Única Catastral y la integración automática con los registros públicos, el Congreso debe responder una pregunta elemental: ¿con qué recursos se financiará esa transformación?
No se puede exigir a miles de municipios que desarrollen capacidades que históricamente no han tenido y, al mismo tiempo, establecer en los transitorios que no existirán recursos presupuestarios adicionales para hacerlo.
De mantenerse así la iniciativa, existe incluso el riesgo de obtener un resultado contrario al objetivo planteado. Los municipios con capacidad económica podrán modernizarse rápidamente, mientras aquellos con menores recursos avanzarán lentamente o dependerán de apoyos federales insuficientes. Una ley diseñada para reducir las diferencias catastrales podría terminar ampliándolas.
México sí necesita una Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, pero necesita algo más que una buena arquitectura jurídica. Necesita convertir esa legislación en una verdadera política de Estado respaldada por capacidad institucional y financiamiento suficiente.
Porque una norma puede establecer obligaciones, estándares y plazos, pero no puede producir por sí misma servidores, cartografía, especialistas, sistemas de información ni capacidad técnica municipal.
Sin presupuesto suficiente, la armonización catastral corre el riesgo de existir en la ley, pero no en el territorio, sería otra reforma como la de 1999.
*Karim Oviedo
Miembro del Consejo Consultivo de AMPI. Ex Presidente Nacional de AMPI 2025
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]]>El actual ciclo de reducción de las tasas de referencia abre una oportunidad para invertir en México, particularmente ante la expectativa de que éstas continúen descendiendo, señaló Ernesto Fragoso, director corporativo de Banca Empresarial, Patrimonial y Fiduciaria de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).
Durante su participación en el evento Conecta BIM CDMX 2026, el directivo destacó que la economía mexicana mantiene condiciones de solidez pese a los episodios de volatilidad registrados durante los últimos años.
“Creo que el peso está fuerte, creo que la economía está sólida, está apretada, pero está sólida, está avanzando”, afirmó.
Fragoso explicó que BIM realizó un ejercicio para analizar el comportamiento del tipo de cambio entre marzo de 2018 y agosto de 2026, periodo en el que identificó un promedio cercano a 19 pesos por dólar.
En ese lapso, recordó, el mercado atravesó acontecimientos como la pandemia de Covid-19 y distintos procesos políticos y electorales que generaron episodios de volatilidad; sin embargo, el peso posteriormente recuperó terreno frente a la moneda estadounidense.
“Yo creo que apostarle a México es una gran apuesta”, sostuvo el directivo de BIM.
Otro de los factores que Fragoso consideró relevantes para las decisiones de inversión es el comportamiento de las tasas de referencia.
Durante su exposición explicó que, después del ciclo alcista registrado tras la pandemia, las tasas comenzaron una trayectoria descendente conforme se normalizaron las condiciones económicas.
Ante este escenario, consideró que quienes buscan instrumentos de inversión de mediano y largo plazo pueden encontrar actualmente condiciones favorables antes de que las tasas continúen disminuyendo.
“El mejor momento para invertir es hoy, porque el ciclo va a seguir bajando; en el mejor escenario se va a estabilizar un tiempo, pero va a seguir bajando”, señaló.
Fragoso recordó que las tasas de inversión están vinculadas al comportamiento de las tasas de referencia, por lo que una reducción progresiva también modifica los rendimientos disponibles para los inversionistas.
En ese sentido, explicó que contratar instrumentos a plazos de dos, tres o cinco años durante periodos de tasas elevadas permite mantener rendimientos mayores frente a inversiones realizadas posteriormente, una vez avanzado el ciclo descendente.
Durante la presentación, Fragoso también expuso algunos indicadores financieros de BIM y destacó la participación de la institución dentro del financiamiento al sector inmobiliario.
De acuerdo con el directivo, la cartera de crédito del banco supera los 14,500 millones de pesos, mientras que su captación se encuentra por encima de los 12,400 millones de pesos.
Asimismo, señaló que BIM registra un índice de capitalización (ICAP) de 15.61% y un índice de morosidad de 2.48 por ciento.
Fragoso destacó que los créditos otorgados por la institución se encuentran respaldados principalmente por activos y garantías vinculadas con proyectos inmobiliarios.
Finalmente, afirmó que BIM se ubica en el tercer lugar dentro de la banca en financiamiento inmobiliario para desarrolladores de vivienda, posición que, aseguró, refleja la especialización que el banco ha construido en este mercado.
Con ello, el directivo sostuvo que las condiciones actuales de la economía, el comportamiento del tipo de cambio y el ciclo descendente de las tasas configuran un escenario que puede resultar atractivo para quienes buscan oportunidades de inversión en México.
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]]>La Oficina Subregional de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica abrió la convocatoria para integrar Circuito Urbano 2026, una agenda que reunirá actividades relacionadas con vivienda, territorio y desarrollo urbano durante Octubre Urbano.
La convocatoria está dirigida a personas, organizaciones, ciudades, comunidades y gobiernos de todos los niveles en México, Cuba y Centroamérica. Además, busca sumar al diálogo a representantes del sector privado, academia, sociedad civil, organizaciones comunitarias, colectivos y profesionales vinculados con el ámbito urbano.
Para esta edición, Circuito Urbano tendrá como tema ‘De la vivienda a la ciudad: itinerarios colectivos para un hábitat resiliente’, con el que ONU-Habitat plantea ampliar la discusión sobre el hábitat y su relación con la construcción de ciudades resilientes.
De acuerdo con ONU-Habitat, las propuestas no tendrán que ajustarse a un formato único. Los participantes podrán organizar actividades presenciales, virtuales o híbridas, de acuerdo con sus objetivos y contexto.
Entre las opciones se encuentran coloquios y debates, recorridos barriales, exposiciones fotográficas, capacitaciones, clases magistrales, concursos escolares, campañas de comunicación, series de entrevistas y presentaciones de informes.
Asimismo, la convocatoria contempla propuestas con otros formatos, siempre que permitan generar una conversación en torno a los retos de la vivienda y la ciudad.
Las actividades deberán realizarse entre el 5 y el 31 de octubre de 2026, periodo en el que se desarrolla Octubre Urbano. Este mes comienza con el Día Mundial del Hábitat, el 5 de octubre, y concluye con el Día Mundial de las Ciudades, el 31 de octubre.
Las personas y organizaciones interesadas deberán enviar su propuesta antes del 20 de septiembre de 2026 mediante el formulario de registro.
Una vez que ONU-Habitat confirme la participación, los organizadores recibirán una invitación a una sesión virtual informativa, en la que conocerán herramientas para desarrollar y difundir sus actividades.
Posteriormente, las propuestas seleccionadas se incorporarán a la programación de Circuito Urbano, que tendrá difusión en el sitio web y redes de ONU-Habitat MCC, así como en el portal global de Octubre Urbano.
Al concluir cada actividad, los participantes deberán compartir los principales resultados de la discusión, información sobre asistencia desglosada por género, fotografías, videos y otros materiales relevantes para integrar el informe de la edición 2026.
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