Si bien reconoció que existen factores negativos de la revaluación del peso frente al dólar, anotó que hay que sacar provecho de esa situación “como el costo menor de la maquinaria, los insumos y la tecnología en los productos que son importados».

“Debemos aprovechar esas circunstancias para promover la modernización del aparato productivo, sin abandonar a los sectores exportadores que están soportando el efecto negativo de esa revaluación», dijo y, paso seguido, se refirió a la necesidad de evaluar el tema de los aranceles.

Para ello, dejó claro que se debe buscar “la eliminación de los aranceles que afectan las exportaciones colombianas» y recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, pero “la prioridad del Gobierno es recuperar plenamente las condiciones preferenciales que tenemos con ese país en virtud del Tratado de Libre Comercio».

“Las exportaciones colombianas de productos de acero y aluminio están sujetos a los aranceles de la Sección 232 que Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él. Entonces, ¿qué gracia de qué sirve tener el TLC? La tarifa es del 10% cuando el acero o el aluminio es de origen estadounidense y del 50% cuando proviene de cualquier otro país», comentó.

Y, agregó: “En la práctica una empresa colombiana paga arancel incluso cuando transforma materia prima comprada a productores estadounidenses. Lo que castiga precisamente la integración productiva que el TLC desde siempre ha buscado promover».

Con base en lo anterior, el Mandatario aseguró que “nuestra posición debe ser clara: Colombia tiene que trabajar para que sus exportaciones recuperen el acceso libre de gravámenes adicionales que corresponden a una relación comercial construida durante años y amparada por el TLC».

“Esa realidad debe ser parte, como lo ha sido en nuestras conversaciones con Washington, porque Colombia no puede seguir soportando ese desequilibrio. Ese desbalance de los aranceles es gravísimo para nuestra economía y lo que se está haciendo es corrigiéndolo», manifestó, al indicar que “si el 12.5% es eliminado, como esperamos, seguirá pendiente el problema estructural de la Sección 232 para nuestra industria de acero y aluminio que me preocupa muchísimo. Por eso, nuestra política no puede conformarse con resolver el 12.5%. Nuestra meta debe ser cero aranceles adicionales para los productos colombianos. Esa es la instrucción que le he dado al Ministro Gómez».

De hecho, enfatizó que es necesario profundizar el diálogo con Washington, así como “usar argumentos comerciales, técnicos y estratégicos para alcanzar un objetivo concreto: recuperar plenamente las ventajas del TLC, no las podemos perder. Eliminar los aranceles adicionales y aumentar el comercio bilateral que tanta falta nos hace».

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Para revertir esta situación y garantizar la seguridad alimentaria de los 52 millones de colombianos, el Gobierno impulsará la creación de dos nuevos viceministerios: uno enfocado en la superación de la pobreza rural y otro dedicado a la agroindustria, la competitividad y la inversión. Asimismo, se llevarán al Congreso cuatro iniciativas legislativas clave: la Jurisdicción Agraria y Rural, el Código Único Agrario, un marco diferencial para la Orinoquia y la modificación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La hoja de ruta contempla como meta principal la siembra de 1,5 millones de nuevas hectáreas para reducir la dependencia de las importaciones, además de la creación de cinco zonas francas agroindustriales, el impulso a la ganadería regenerativa y la siembra masiva de cultivos como coco, marañón, granada y plátano. Entre las medidas económicas se destaca la propuesta de reducir las tasas de interés de los créditos al 1 % mensual, con plazos de entre 10 y 15 años y menos trámites. Finalmente, se lanzará el programa «Jóvenes Milagro», una iniciativa con Escuelas de Emprendimiento Rural que proyecta formar a 70.000 jóvenes para asegurar el cambio generacional y convertir al campo en un motor productivo, innovador y exportador.

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En su reemplazo asumiría Sergio de Santa Botero, un funcionario que cuenta con trayectoria en la entidad en el departamento de Boyacá. Este virtual cambio directivo trasciende en medio de una serie de revisiones de carácter administrativo y contractual que adelanta la Dirección General de la institución en el departamento.

Aunque de momento las autoridades del SENA no han oficializado de manera pública el acto administrativo que ratifique el relevo ni las causas exactas del mismo, la comunidad educativa y la opinión pública están a la espera de un pronunciamiento oficial que aclare las motivaciones detrás de la decisión.

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En una carta dirigida a la senadora Norma Hurtado Sánchez y al representante Juan Manuel Londoño Jaramillo, las tres entidades argumentan que la citación fue recibida el 23 de octubre y que el volumen de información requerida exige un ejercicio de coordinación interinstitucional para consolidar una respuesta “integral, clara, transparente y precisa”. Además, señalan la necesidad de coordinar las agendas del ministro de Hacienda, el director de la UNGRD y el gerente del Fondo Milagro para garantizar su participación presencial. El documento, firmado por Miguel Gómez Martínez (ministro de Hacienda), David Santiago Tamayo Roldán (director de la UNGRD) y Jaime Andrés Uribe Tamayo (gerente del Fondo Milagro), reitera el compromiso de atender una nueva fecha y responde conforme al artículo 258 de la Ley 5 de 1992.

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El documento incluye una ficha técnica que menciona “Ficha Técnica Normativa (Res. CNE N.º 0015)”, financiamiento con recursos propios, técnica presencial con muestreo probabilístico y un pie de página que cita “Guarumo S.A.S. – Registro CNE N.º 0015 – www.guarumo.com”. Presenta los resultados como un “Monitoreo Electoral – Alcaldía de Montería – Censo 2026” y destaca un grupo principal conformado por Ordosgoitia, Negrete y Hoyos.

Revisiones de fuentes oficiales no confirman su autenticidad. En el sitio web de Guarumo (guarumo.com) no aparece ninguna encuesta local de intención de voto para la Alcaldía de Montería; la firma se concentra en mediciones nacionales de presidencia y en estudios de favorabilidad de alcaldes en ciudades principales (incluyendo Montería en mediciones anteriores sobre gestión). En el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) las encuestas de Guarumo/EcoAnalítica corresponden a escenarios presidenciales de 2026, con radicados y números distintos al “0015” que figura en el documento. Tampoco hay reportes en medios locales o nacionales que den cuenta de esta medición específica.

El periodista e investigador Oswaldo Marchena, consultó públicamente sobre la veracidad del material y, tras una respuesta que no encontró evidencia de publicación oficial, advirtió: “Dejen de publicar encuestas falsas. Flaco favor le hacen a Gustavo Negrete (@Tavo_Negrete) y a Carlos Ordosgoitia (@caordosgoitia) publicando una encuesta falsa donde presuntamente ellos lideran intención de voto a la alcaldía de Montería. Por el contrario, publicar datos falsos les hace daño a sus intenciones políticas”.

El escenario político en Montería ya muestra movimientos de cara a 2027 (periodo 2028-2031). Carlos Ordosgoitia, alcalde entre 2020 y 2023, aparece como un nombre fuerte; medios locales han señalado que encabeza mediciones privadas mostradas a periodistas y que sectores lo animan a aspirar de nuevo. Otros nombres mencionados en conversaciones y publicaciones incluyen a Gustavo Negrete, Jhon “Mono” Hoyos, Luis Gabriel Degiovanni, Nelson Rivera y Daniel Patrón. Paralelamente, el Pacto Histórico ha presentado un grupo de precandidatos (entre ellos Freddy Benedetti, Mauricio Calderón, Alexander Mendoza y otros) que saldrían de una consulta interna.

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La iniciativa busca facilitar el acceso oportuno a esta prueba y brindar orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos, para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y su proyecto de vida.

“En la E.S.E. VidaSinú trabajamos para que las mujeres tengan acceso oportuno a los servicios de salud y reciban la orientación que necesitan para tomar decisiones informadas. Queremos que sepan que pueden acercarse a cualquiera de nuestras sedes y realizarse la prueba de embarazo de manera gratuita, sin barreras administrativas”, destacó Liliana Yunez, gerente de la institución.

La entidad recordó que las mujeres que presenten retraso menstrual o tengan dudas sobre un posible embarazo pueden acercarse al servicio de enfermería para solicitar la prueba y recibir orientación.

Con esta estrategia, la E.S.E. VidaSinú reafirma su compromiso con una atención cercana, accesible y oportuna, que promueve el cuidado de la salud y el ejercicio informado de los derechos reproductivos.

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En una ceremonia llena de significado, honor y compromiso institucional, los jóvenes realizaron el juramento de bandera, un acto solemne que simboliza la lealtad a la patria, el respeto por los símbolos nacionales y la firme voluntad de servir con honor a todos los colombianos.

Durante este importante acontecimiento, los auxiliares asumieron el compromiso de desempeñar sus funciones con disciplina, honestidad, respeto, valentía y vocación de servicio, comprendiendo que portar el uniforme de la Policía Nacional representa una responsabilidad que va más allá de su uso: significa actuar con integridad, proteger a la ciudadanía y contribuir a la construcción de una sociedad más segura y en paz.

El señor coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, destacó la importancia de este momento en la vida de los jóvenes auxiliares:

_“Hoy, estos 95 jóvenes asumen un compromiso de honor con Colombia y con todos los ciudadanos. El juramento de bandera representa la lealtad a nuestra patria y la responsabilidad de servir con disciplina, transparencia, respeto y vocación. Los invito a portar este uniforme con orgullo, a actuar siempre bajo los principios institucionales y a recordar que cada acción debe reflejar el compromiso de nuestra Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de la comunidad”._

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería reafirma su compromiso con la formación integral de los auxiliares de Policía, promoviendo los valores institucionales y fortaleciendo las capacidades humanas y profesionales de quienes contribuyen diariamente a la protección de la vida, la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

¡Servir con honor, proteger con valentía y trabajar por una Colombia más segura!

Por servir, es estar presente Dios y patria

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Ante esta señal, sus allegados han desplegado una intensa campaña de difusión dirigida a los habitantes de los municipios de la zona costera y bananera, solicitando la solidaridad ciudadana para ubicarlo. Sus familiares piden a quienes crean haberlo visto o tengan algún dato certero sobre su paradero comunicarse de inmediato con ellos o dar aviso a las autoridades competentes para lograr reencontrarse con él.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años.

La investigación dirigida por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se siguió con un enfoque diferencial étnico-racial. Está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, durante un procedimiento en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, y la posterior permanencia de la víctima en la estación de policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca).

Inicialmente, los uniformados atendieron una discusión entre vecinos. En ese contexto, Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido. Durante la intervención, al parecer, recibió puños y patadas, así como varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

Luego, el hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas. Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial.

Una persona detenida en el mismo lugar advirtió sobre la necesidad de brindar ayuda a Balanta Paz. Sin embargo, transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera remitido a un hospital, a donde llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense evidenció que la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el patrullero Giraldo Torres habría aplicado varias descargas eléctricas a la víctima tanto en el barrio Caracolí como en la estación de Policía; y consignado en los registros oficiales que la persona aprehendida recibió buen trato y que sus derechos fueron respetados durante el procedimiento.

Vargas Romero y Tapiero Tique estarían implicados en agresiones físicas con patadas y bofetadas. Por su parte, el mayor Correa Yánez es señalado de permitir que sus subalternos golpearan a Balanta Paz en la estación, no disponer la atención médica inmediata y plasmar en las minutas información contraria a la realidad.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los cuatro uniformados los delitos de tortura y homicidio, ambas conductas agravadas. Adicionalmente, Giraldo Torres y Correa Yánez fueron vinculados por falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados.

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El balance consolidado de la intervención arrojó la captura de 172 personas y la realización de 114 diligencias de allanamiento. Durante los procedimientos, los uniformados incautaron un importante material bélico y de comunicaciones, incluyendo:

Armamento y municiones: 11 armas de fuego, 3 granadas, 3 proveedores y 72 cartuchos.

Estupefacientes: Más de 2,2 kilos de marihuana, 2,2 kilos de bazuco, 130 gramos de cocaína y 250 papeletas de tusi.

Otros elementos: 34 teléfonos celulares, $10,1 millones de pesos en efectivo, así como la incautación de una motocicleta y la recuperación de otra.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien acompañó las acciones en la madrugada desde la capital, destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas e independientemente respaldó la labor de la fuerza pública, señalando que la estrategia busca desarticular no solo las redes operativas, sino también las finanzas y las jefaturas de las organizaciones delictivas en la ciudad.

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