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La 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) dejó un balance complejo. Para Fundación CAUCE significó un paso importante en el fortalecimiento de nuestra participación dentro de la Convención y la posibilidad de llevar a ese espacio una propuesta construida desde nuestro trabajo en torno a la agroecología y la alimentación. Al mismo tiempo, la COP17 dejó en evidencia tensiones y retrocesos que preocupan especialmente a las organizaciones de la sociedad civil.
Volvemos de Mongolia con más herramientas para comprender estos procesos, nuevas alianzas y una certeza: participar de los espacios donde se discuten políticas globales requiere capacidades, articulación colectiva y una presencia activa de las organizaciones que trabajan en los territorios.
La importancia de fortalecer las capacidades de la sociedad civil
Nuestra participación en la COP16 había sido la primera experiencia de CAUCE dentro de la CNULD. A la COP17 llegamos con otro recorrido y una mayor preparación para comprender la complejidad de las negociaciones, participar de los espacios de articulación de la sociedad civil y aportar desde nuestra experiencia territorial y técnica.
En ese proceso fue fundamental el programa de mentoría de Drynet, que permitió fortalecer nuestros conocimientos y capacidades institucionales.
Participar de una COP implica conocer sus procedimientos y agendas, seguir negociaciones que ocurren de manera simultánea, construir posiciones colectivas junto con otras organizaciones y asumir la responsabilidad de llevar a esos debates experiencias y demandas que provienen de los territorios.
Por eso, la generación de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil es una condición necesaria para que su participación sea informada y significativa. Desde CAUCE consideramos que el programa de mentoría y fortalecimiento de capacidades liderado por Drynet debería consolidarse como un mecanismo permanente dentro del proceso de la CNULD.
La incidencia se construye colectivamente
La COP17 también nos permitió comprobar el valor de la articulación entre organizaciones. El trabajo coordinado por el Panel de Organizaciones de la Sociedad Civil de la CNULD hizo posible seguir las negociaciones, debatir diariamente lo que estaba sucediendo y construir posiciones comunes entre organizaciones provenientes de distintas regiones del mundo.
CAUCE participó en grupos de edición de declaraciones y asumió la lectura de la declaración de la sociedad civil sobre cómo evitar, reducir y revertir la degradación de las tierras y los suelos agrícolas.
En este proceso queremos destacar la representación latinoamericana y el liderazgo de Marioldy Sánchez, de AIDER Perú, quien además fue tutora de Glenda Mangia durante el programa de mentoría de Drynet. Su acompañamiento mostró, en la práctica, el valor de construir capacidades entre organizaciones, generaciones y territorios de nuestra región.
La incidencia internacional se sostiene en esas redes: compartiendo conocimientos, acompañando a las organizaciones que comienzan a transitar estos espacios y construyendo posiciones comunes a partir de realidades diversas.
Poner en discusión el vínculo entre los suelos y nuestra alimentación
Uno de los principales hitos de nuestra participación fue la coorganización del evento paralelo Healthy Soil 4 Food. Con el acompañamiento de Drynet —particularmente de Aniela Batschari— y el apoyo de AIDER Perú —especialmente de Luis Castillo—, pudimos contar con moderación y traducción simultánea para desarrollar el encuentro.
Por primera vez CAUCE presentó dentro de una COP una propuesta concreta para profundizar la relación entre la salud de los suelos y la salud humana.
La degradación de las tierras no puede seguir siendo entendida únicamente como un problema ambiental o productivo. La forma en que gestionamos los suelos impacta directamente sobre la calidad nutricional de los alimentos, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, los medios de vida rurales y, en consecuencia, sobre la salud de las poblaciones. Sin embargo, esta relación todavía aparece de manera fragmentada dentro de la agenda internacional. La experiencia de la COP17 confirmó que queda camino por recorrer para incorporar una mirada más integral sobre tierra, sistemas alimentarios y bienestar humano.
Nuestra propuesta también fue recogida por Mongabay Latam. Agradecemos especialmente a Gonzalo Ortuño López por incorporar la perspectiva de CAUCE en una nota junto con especialistas que analizaron algunos de los vacíos que aún presenta la CNULD en relación con la alimentación y la seguridad alimentaria.
︎ [Leer la nota en Mongabay Latam]
Cuando la participación queda fuera de la agenda
La COP17 también dejó una preocupación profunda.
Desde el inicio de la Conferencia, Estados Unidos objetó la inclusión en la agenda de temas vinculados con la participación e involucramiento de la sociedad civil. También quedaron bloqueados o postergados debates relacionados con género y con las sinergias entre las Convenciones de Río. Como consecuencia, varios de estos asuntos no pudieron discutirse formalmente y fueron postergados hacia la COP18.
Para las organizaciones de la sociedad civil esto representa un retroceso injustificable. Su participación no puede quedar reducida a espacios paralelos, diálogos abiertos o declaraciones simbólicas.
Las comunidades locales, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes, las organizaciones sociales, los/as campesinos/as y quienes trabajan cotidianamente en la restauración de los ecosistemas poseen conocimientos y experiencias fundamentales para enfrentar la degradación de las tierras y las sequías. Son también quienes muchas veces experimentan primero las consecuencias de las crisis ambientales y desarrollan respuestas concretas desde sus territorios.
La propia COP17 puso en evidencia esa contradicción: mientras la discusión formal sobre participación quedó bloqueada, las organizaciones continuaron trabajando y reclamando durante los plenarios centrales financiamiento directo, una gobernanza construida desde abajo hacia arriba y políticas centradas en las personas y los territorios.
Avances y asuntos que siguen pendientes
La COP17 también alcanzó acuerdos en diferentes temas. Durante la Conferencia se adoptaron 34 decisiones vinculadas, entre otras cuestiones, con pastizales y pastoralismo, tenencia de la tierra, tormentas de arena y polvo, fortalecimiento de capacidades, movilización de recursos y el funcionamiento de la interfaz ciencia-política.
Entre esos avances se destacó el reconocimiento de la importancia de los pastizales y de las comunidades pastoriles, cuyos territorios y formas de vida cumplen un papel fundamental para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y la conservación.
Otros debates, sin embargo, quedaron pendientes. No se alcanzó un acuerdo global sobre sequía ni consensos sustantivos en otros temas críticos, que continuarán en discusión hacia la COP18, prevista en Egipto en 2028.
La distancia entre la urgencia de las crisis ambientales y los tiempos que requieren los procesos multilaterales para construir consensos sigue siendo uno de los grandes desafíos. Mientras algunas negociaciones se postergan, la degradación de las tierras continúa afectando sistemas productivos, comunidades rurales y ecosistemas en distintas regiones del mundo.
De Mongolia, otra vez a los territorios
Para CAUCE, la experiencia de la COP17 reafirma la importancia de conectar las discusiones globales con aquello que sucede en nuestros territorios. Estar en Mongolia nos permitió fortalecer alianzas nacionales, regionales e internacionales, aprender junto a otras organizaciones y llevar nuestra propia perspectiva a un espacio donde se discuten políticas vinculadas con la tierra.
Volvemos para continuar trabajando en nuestros proyectos territoriales y procesos de incidencia política, donde la agroecología y la alimentación sostenible ocupan un lugar central frente a la degradación de los suelos y la sequía.
También volvemos con el agradecimiento a Mongolia y a las personas que nos recibieron durante estas semanas y nos permitieron acercarnos a la riqueza cultural y natural de su territorio.
La restauración de la tierra no termina cuando se cierra una COP. Allí continúa un trabajo que se construye todos los días: fortaleciendo redes, generando capacidades y llevando las experiencias de nuestros territorios hasta los espacios donde se toman decisiones.
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]]>The post CAUCE participa del primer Foro de la Sociedad Civil del Grupo BID en Panamá first appeared on CAUCE.
]]>Los días 8 y 9 de septiembre, Joel de Souza de Fundación CAUCE participará en Panamá del Foro de la Sociedad Civil “Trama Común” del Grupo BID. El encuentro constituye un hito del Grupo de Trabajo conformado por más de cuarenta organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe.
La realización de este Foro no es un hecho aislado. Es el resultado de un proceso sostenido de incidencia impulsado por organizaciones sociales, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, minorías y otros actores de la región, que han señalado la necesidad de contar con mecanismos institucionales que permitan participar de manera efectiva en las decisiones de uno de los principales organismos multilaterales que financian políticas y proyectos en América Latina y el Caribe.
Fundación CAUCE será parte de esta discusión y, junto a organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo, mantendrá además reuniones paralelas con distintos equipos operativos del BID. El objetivo será acercar las perspectivas de la sociedad civil latinoamericana y caribeña sobre el presente accionar del organismo y plantear los desafíos que persisten en materia de participación, transparencia y acceso a la información.
Uno de los principales temas que atravesará el encuentro será el Plan de Relacionamiento del Grupo BID con Sociedad Civil 2027-2030. Las organizaciones vienen realizando aportes, recomendaciones y sugerencias a su contenido y estructura desde hace más de un año.
El desafío es que ese proceso avance hacia un borrador concreto y que posteriormente se abra una instancia de consulta pública. Para las organizaciones, no alcanza con contar con un documento sobre participación: es necesario que el futuro Plan incorpore efectivamente las perspectivas de la sociedad civil y establezca mecanismos capaces de garantizar una participación significativa.
El Foro “Trama Común” representa, por primera vez, un espacio particular para que estas discusiones se desarrollen directamente entre el Grupo BID y la sociedad civil. Su realización es un paso importante, pero también una oportunidad para discutir qué tipo de relación se quiere construir hacia adelante.
Desde Fundación CAUCE participamos de esta instancia junto a organizaciones de la región con el objetivo de que este primer encuentro no sea solamente un espacio de escucha, sino el comienzo de un relacionamiento institucional más transparente, democrático y efectivo entre el BID y la sociedad civil de América Latina y el Caribe.
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]]>La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que se desarrolla en Ulán Bator, Mongolia, se presenta como una conferencia centrada en la acción y la implementación. Sin embargo, durante su sesión plenaria de apertura, celebrada el 17 de agosto, distintos puntos centrales de su agenda quedaron aplazados a raíz de objeciones planteadas por Estados Unidos y la Federación de Rusia.
Entre los temas afectados se encuentran el futuro Marco Estratégico de la Convención, las sinergias con las demás Convenciones de Río, cuestiones de política y género y la participación de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas. Para las organizaciones que participan del proceso de la CNULD, estos aplazamientos no constituyen una cuestión meramente procedimental: ponen en discusión la participación de quienes viven y trabajan en los territorios donde las decisiones de esta Convención tienen impacto directo.
La declaración de la sociedad civil advierte que los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, los pastoralistas, los pequeños productores, las mujeres y la juventud no pueden ser considerados actores secundarios en la implementación de la Convención. Sus conocimientos y experiencias son fundamentales para enfrentar la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía, así como para construir sistemas alimentarios resilientes y restaurar los territorios. La llamada a la acción de Drynet completa aquí.
Desde esta perspectiva, una participación efectiva no puede limitarse a eventos paralelos o espacios de consulta. La demanda es que estos sectores tengan una participación real y sostenida en los grupos de contacto, las sesiones de redacción y los espacios donde finalmente se toman las decisiones.
Una agenda que no puede fragmentarse
La declaración también plantea la necesidad de abordar de manera integrada las distintas dimensiones de la crisis ambiental. La degradación de las tierras, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están estrechamente relacionados y, por eso, las respuestas tampoco pueden construirse de manera aislada.
En este marco, la salud de los suelos aparece como un punto de conexión entre distintas agendas: la restauración de tierras degradadas, la biodiversidad, la resiliencia frente al cambio climático, la seguridad hídrica y los sistemas alimentarios.
Para la sociedad civil, fortalecer las sinergias entre la CNULD, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica es fundamental para evitar respuestas fragmentadas y garantizar que los recursos, los datos y las políticas se traduzcan en acciones coherentes en los territorios.
A su vez, el planteo destaca que la ciencia y los conocimientos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales no son fuentes de conocimiento contrapuestas, sino complementarias. Integrarlas resulta esencial para desarrollar respuestas eficaces y vinculadas con las realidades de los territorios.
Exigen que los puntos sean retomados antes del cierre
La declaración señala que los puntos cuestionados fueron aplazados y no eliminados del orden del día. Por eso, las organizaciones reclaman a la Presidencia de la COP17 y a todas las Partes que establezcan sin demora un proceso transparente, con plazos definidos y una fecha pública de rendición de cuentas antes de que finalice la conferencia.
También exigen reafirmar públicamente que la participación de la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, junto con los enfoques con perspectiva de género, son condiciones necesarias para una implementación legítima y eficaz de la Convención.
Drynet, por su parte, llamó a las Partes a afrontar las diferencias mediante el diálogo, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Para la organización, las objeciones planteadas en el inicio de la COP17 no deben desviar la atención de los problemas que requieren respuestas urgentes.
La neutralidad en la degradación de las tierras no puede alcanzarse sin quienes viven y trabajan en ellas. La promesa de una COP17 de acción e implementación requiere, necesariamente, que esas voces estén presentes en los espacios donde se definen las políticas y las decisiones que afectan sus territorios.
Desde Fundación CAUCE acompañamos este reclamo y reafirmamos la importancia de una Convención abierta, participativa y basada en la mejor evidencia científica disponible, integrada con los conocimientos y experiencias de quienes habitan y cuidan los territorios.
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]]>The post CAUCE apeló la sentencia sobre los comedores escolares para garantizar una interpretación integral del derecho a la alimentación saludable first appeared on CAUCE.
]]>La Justicia de Entre Ríos hizo lugar al amparo colectivo promovido por familias, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista, contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
La sentencia, dictada por el juez Juan Francisco Malvasio, constituye un pronunciamiento de especial relevancia para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y reconoce que el artículo 12 de la Ley Nacional N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable resulta aplicable a los entornos escolares.
Además, el fallo establece que la falta de adhesión de la Provincia de Entre Ríos a dicha normativa nacional no puede utilizarse como fundamento para desconocer las obligaciones que surgen de ella.
En consecuencia, el juez ordenó al Gobierno provincial abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos productos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, y garantizar simultáneamente la provisión de productos que no estén alcanzados por dicha prohibición.
Una sentencia que reconoce un marco de protección integral
Desde Fundación CAUCE valoramos especialmente que los fundamentos de la sentencia no reduzcan el derecho a la alimentación saludable a la mera presencia o ausencia de octógonos en los envases.
El pronunciamiento reconoce la vigencia simultánea de la Ley Nacional N.º 27.642 y de la Ley Provincial N.º 10.594, entendiendo que ambas normas deben aplicarse de manera complementaria.
Esta consideración resulta fundamental. Mientras la Ley 27.642 establece prohibiciones y límites vinculados al perfil nutricional de determinados productos y al sistema de rotulado frontal, la normativa provincial continúa imponiendo obligaciones positivas en materia de alimentación saludable dentro de las escuelas.
Por eso, que un producto no tenga un sello de advertencia no significa, por sí solo, que sea saludable ni que resulte automáticamente adecuado para formar parte de la alimentación habitual de niñas, niños y adolescentes.
La ausencia de un octógono y la calidad nutricional de un alimento son cuestiones diferentes.
Un producto puede no encontrarse alcanzado por el sistema de rotulado frontal y, al mismo tiempo, presentar características nutricionales que deban ser evaluadas antes de incorporarlo a una prestación alimentaria escolar.
¿Por qué apelamos un fallo que consideramos valioso?
La apelación responde a una diferencia que entendemos necesario aclarar entre los fundamentos de la sentencia y una posible interpretación restrictiva de su parte resolutiva.
La resolución ordena garantizar la provisión de productos “no alcanzados por dicha prohibición”. Consideramos necesario que quede expresamente establecido que esta expresión no puede interpretarse como que la sola ausencia de sellos de advertencia convierte a un producto en apto para integrar los desayunos y meriendas escolares.
La preocupación no es meramente teórica.
Luego de conocido el fallo, el Fiscal de Estado de Entre Ríos sostuvo públicamente que la sentencia se ocupa “exclusivamente” del cumplimiento del artículo 12 de la Ley 27.642 y que los productos podrían ser sustituidos por otros que cumplan con esa legislación. También afirmó que los alimentos destinados a los comedores no llevarían sellos de advertencia por encontrarse exceptuados del régimen de rotulado frontal.
Esta interpretación es precisamente la que buscamos evitar.
Si “producto no alcanzado por la prohibición” fuera entendido simplemente como “producto sin octógonos”, podría ocurrir que un alimento alcanzado por la prohibición fuera reemplazado por otro que tampoco tenga sellos, pero que no reúna las condiciones nutricionales necesarias para integrar una alimentación escolar saludable.
En ese escenario, se cumpliría formalmente con la sentencia, pero no se garantizaría materialmente el derecho que el propio fallo reconoce.
La sentencia protege derechos, no etiquetas.
El objeto del amparo nunca fue solamente retirar productos con octógonos
La acción colectiva promovida por las familias, AGMER y Fundación CAUCE tuvo como objetivo garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir en las escuelas una alimentación adecuada, saludable, suficiente, segura y variada, compatible con los estándares legales y científicos vigentes.
Por eso, entendemos que la selección y eventual sustitución de alimentos debe realizarse considerando de manera conjunta:
- las prohibiciones establecidas por la Ley Nacional N.º 27.642;
- las obligaciones de alimentación saludable previstas por la Ley Provincial N.º 10.594;
- la Guía de Alimentos Saludables;
- los mecanismos de evaluación, homologación, monitoreo y control de los menús;
- y, por sobre todo, el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La sentencia reconoce expresamente que la protección de la niñez exige que los estándares legales de protección sean efectivos y no queden reducidos a una declaración formal.
Ese principio debe orientar también la implementación concreta de la decisión judicial.
No cuestionamos las facultades de la Administración
La apelación no pretende que el Poder Judicial diseñe los menús escolares ni sustituya las competencias técnicas de la Administración.
Tampoco se cuestiona en esta instancia la modalidad de contratación centralizada ni se pretende imponer judicialmente un determinado proveedor.
Lo que se solicita es que quede claro que las facultades administrativas para seleccionar, adquirir o sustituir alimentos deben ejercerse dentro del conjunto de obligaciones legales que rigen la alimentación escolar.
Y, fundamentalmente, que esas obligaciones ya fueron reconocidas por la propia sentencia.
Por eso, apelamos la resolución para preservar la interpretación integral que surge de sus fundamentos y evitar que una lectura meramente formal de la parte dispositiva pueda afectar el derecho a la alimentación saludable de las infancias entrerrianas.
La medida cautelar continúa vigente
También resulta necesario aclarar que la medida cautelar que impidió la distribución de alimentos con sellos de advertencia continúa vigente.
La medida había ordenado al Superior Gobierno de Entre Ríos abstenerse, hasta el dictado de una sentencia definitiva o hasta que se dispusiera su cese o modificación, de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del artículo 12 de la Ley 27.642.
Al mismo tiempo, estableció que la Provincia debía garantizar de manera simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado, mientras durara la sustanciación del proceso.
Por lo tanto, mientras continúa el trámite de la causa ante el Superior Tribunal de Justicia, el mandato prohibitivo dispuesto oportunamente por el juez Malvasio continúa vigente.
Defender una alimentación saludable más allá de los octógonos
La sentencia representa un avance importante porque reconoce que las normas de protección de la alimentación saludable son aplicables a los entornos escolares y que la protección de los derechos de las infancias no puede quedar condicionada a la decisión de una provincia de adherir o no a una normativa nacional.
Desde Fundación CAUCE valoramos ese reconocimiento y defendemos los fundamentos que sostienen una interpretación integral del derecho a la alimentación saludable.
Precisamente por eso apelamos: para que la protección alcanzada no se vea reducida a una cuestión de etiquetas y para garantizar que las decisiones sobre los alimentos que reciben niñas, niños y adolescentes en las escuelas respeten de manera efectiva el conjunto de normas, criterios nutricionales y obligaciones que protegen su derecho a una alimentación adecuada.
Porque garantizar una alimentación saludable en las escuelas no es solamente retirar los productos con octógonos: es garantizar que lo que llega a las mesas de las infancias sea realmente adecuado, saludable, seguro y suficiente.
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]]>¿Qué lleva CAUCE a la COP17?
Glenda estará en Mongolia representando a Fundación CAUCE en la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que se desarrolla del 17 al 28 de agosto. Desde allí, CAUCE llevará una propuesta que busca conectar la restauración de las tierras con algo que muchas veces queda fuera de esta conversación: la forma en que producimos, elegimos y consumimos nuestros alimentos.
Hay preguntas que parecen pertenecer a mundos diferentes, sin embargo, se encuentran muy vinculadas. ¿Qué comemos? ¿Cómo garantizamos alimentos saludables? ¿Cómo producimos esos alimentos? ¿Qué tierras necesitamos para hacerlo? ¿Cómo restauramos los suelos degradados?
Para CAUCE, estas preguntas están profundamente relacionadas.
Por eso, este año nuestra participación en la COP17 tiene un propósito concreto: poner en discusión el vínculo entre la salud de los suelos, los sistemas alimentarios y las dietas saludables y sostenibles.
Glenda, en Mongolia
Glenda, integrante del equipo de Fundación CAUCE, será quien lleve esta propuesta a Mongolia y participe de los espacios de intercambio de la sociedad civil en la COP17.
Su presencia representa un trabajo que CAUCE viene desarrollando desde hace años en torno a la agroecología, la alimentación y la relación entre nuestros sistemas alimentarios y los territorios que los sostienen.
La COP17 es una oportunidad para llevar esa experiencia a un espacio internacional en el que gobiernos, organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, científicos y otros actores se encuentran para discutir cómo enfrentar la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía.
Estar allí significa también llevar las discusiones que construimos desde nuestros territorios a una conversación global.
¿Qué propone CAUCE?
Nuestra propuesta parte de una idea sencilla: no alcanza con pensar cómo producir alimentos sin degradar la tierra; también necesitamos preguntarnos qué sistemas alimentarios y qué formas de alimentación pueden contribuir a disminuir la presión sobre ella.
La tierra sostiene nuestra alimentación. Pero, al mismo tiempo, las decisiones que tomamos sobre cómo producimos y consumimos alimentos tienen consecuencias sobre esa misma tierra.
Cuando los suelos se degradan, se deteriora una de las bases fundamentales de nuestra alimentación. Y cuando aumenta la demanda sobre determinados sistemas productivos, también puede aumentar la presión para expandir las tierras destinadas a la agricultura.
Por eso, creemos necesario mirar el vínculo en ambas direcciones.
En la COP17, CAUCE propone que la alimentación y la nutrición tengan un lugar más explícito dentro de las estrategias de lucha contra la degradación de las tierras. Esto implica fortalecer las políticas alimentarias existentes y avanzar hacia dietas que sean, al mismo tiempo, saludables para las personas y sostenibles para el planeta.
Esta propuesta busca contribuir a la implementación de la Decisión 19/COP16, que reconoce la importancia de evitar, reducir y revertir la degradación de las tierras agrícolas existentes para disminuir la presión sobre otras tierras, y abre una oportunidad para profundizar la relación entre restauración, alimentación y nutrición.
Una conversación que queremos abrir
La participación de CAUCE en esta COP17 llega, además, en un momento relevante para la Convención: se encuentra en discusión el futuro marco estratégico que orientará su trabajo después de 2030.
En ese proceso vemos una oportunidad para ampliar la conversación.
La restauración de las tierras no puede pensarse solamente desde lo que sucede en el campo. También necesita incorporar lo que sucede en nuestras mesas, en las políticas alimentarias y en las decisiones que construyen la demanda de alimentos.
Por eso, desde Mongolia, Glenda llevará una propuesta que busca tender ese puente: entre la tierra y la alimentación, entre quienes producen y quienes consumen, entre la salud de los suelos y la salud de las personas.
Porque restaurar la tierra también es preguntarnos qué alimentación queremos construir sobre ella.
Durante la COP17 vamos a compartir las conversaciones, encuentros y propuestas que surjan desde Mongolia y que nos permitan seguir pensando, junto a otros actores, cómo avanzar hacia sistemas alimentarios que cuiden la tierra que los hace posibles.
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]]>The post Alimentación escolar: convocamos a familias y personas interesadas a participar de la causa colectiva first appeared on CAUCE.
]]>La causa, caratulada “Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, se encuentra inscripta definitivamente en el Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
¿Cómo podés participar?
Desde Fundación CAUCE habilitamos un formulario para facilitar la organización de las presentaciones de quienes quieran comparecer en la causa:
Acompañá el reclamo haciendo click aquí
Al completarlo, es importante incorporar los datos solicitados y explicar las razones por las cuales considerás que tenés un interés directo en el proceso.
La información recibida será utilizada para organizar las presentaciones correspondientes en el marco de la causa y será presentada de manera consolidada en el expediente judicial.
¿Qué se discute en la causa?
El proceso busca la tutela efectiva del derecho de niñas, niños y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben el programa alimentario escolar.
En particular, se plantea la protección de su derecho a no recibir alimentos que puedan resultar perjudiciales para su salud, en relación con determinados productos industrializados previstos para su distribución en el marco del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares, y con las obligaciones establecidas por las Leyes N.º 25.724 y N.º 27.642.
La resolución judicial identifica como causa fáctica común la implementación, por parte de la Provincia, de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, mediante productos predeterminados destinados a las niñas, niños y adolescentes alcanzados por el programa alimentario escolar.
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Pueden comparecer quienes consideren que tienen un interés directo en el proceso o que sus derechos e intereses pueden verse afectados por la implementación de este nuevo sistema.
Entre otras personas, pueden participar:
- Madres, padres o representantes de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas provinciales y reciben el programa alimentario escolar.
- Personas vinculadas a los comedores y establecimientos educativos.
- Trabajadoras y trabajadores de la educación.
- Comerciantes y proveedores.
- Profesionales de la salud.
- Representantes de instituciones y organizaciones.
- Ciudadanas y ciudadanos que consideren que tienen un interés directo en el objeto del proceso.
¿Qué resolvió el juez?
La convocatoria establece que las personas que se consideren alcanzadas podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o, si así lo desean, manifestar su voluntad de autoexclusión del proceso.
La convocatoria será publicada durante dos días a través del Sistema de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial de Entre Ríos.
El plazo para presentarse es de 7 días, contados desde la última publicación oficial.
¿Por qué es importante participar?
Las acciones colectivas permiten que los derechos de un grupo amplio de personas puedan ser protegidos en un mismo proceso judicial. La participación de las familias y de las demás personas interesadas permite que el tribunal conozca las distintas situaciones que pueden verse alcanzadas por la implementación del nuevo sistema de alimentación escolar.
Desde Fundación CAUCE continuamos acompañando este proceso en defensa del derecho a una alimentación adecuada, saludable y sostenible, y del cumplimiento de los estándares establecidos por la legislación vigente y de los principios de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
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]]>The post La Justicia ordenó proteger la alimentación escolar y dos horas después habilitó la apelación del Gobierno first appeared on CAUCE.
]]>El juez Juan Francisco Malvasio hizo lugar a la medida cautelar solicitada por madres y padres en representación de sus hijas e hijos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista, y ordenó al Gobierno de Entre Ríos abstenerse de distribuir en las escuelas públicas alimentos con sellos de advertencia o leyendas precautorias mientras se tramita la acción de amparo colectivo.
La medida regirá hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el amparo o se disponga su modificación, y establece que la Provincia deberá garantizar de manera simultánea e ininterrumpida la provisión de alimentos que no se encuentren alcanzados por dicha prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado.
Los fundamentos de la cautelar
Al resolver la medida cautelar, el magistrado señaló que, de manera preliminar, se verificó que varios de los productos incluidos en la propuesta de desayunos y meriendas escolares presentan sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
Destacó que las fichas técnicas aportadas por la propia Provincia muestran que al menos 23 productos ofertados por la empresa Teknofood S.A. contienen uno o más sellos, lo que configura, en esta instancia preliminar, un incumplimiento de la normativa vigente.
En los fundamentos de la resolución, el juez remarcó que el derecho a la alimentación adecuada y a la salud de niños, niñas y adolescentes goza de protección constitucional y convencional, y recordó que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en toda decisión estatal que los involucre.
Asimismo, sostuvo que la evidencia científica vincula el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de obesidad y otras enfermedades crónicas, especialmente durante la infancia.
La resolución también señala que el objeto del amparo no es cuestionar el procedimiento de contratación ni la empresa adjudicataria, sino determinar si los alimentos que el Estado pretende distribuir en las escuelas resultan compatibles con la legislación vigente y con el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación adecuada y saludable.
Finalmente, el juez aclaró que la medida cautelar tiene carácter preventivo y provisorio y no implica un pronunciamiento sobre el fondo del proceso. Su finalidad es evitar un posible daño a la salud de la población escolar mientras se sustancia el amparo colectivo y se dicta una sentencia definitiva.
El Gobierno apeló y el expediente fue elevado al STJ
La decisión judicial tuvo una rápida respuesta del Gobierno provincial. Apenas una hora después de haber sido notificado de la medida cautelar, el Fiscal de Estado interpuso un recurso de apelación contra la resolución.
La presentación fue realizada pese a que la parte actora sostiene que la Ley Provincial de Amparo (N.º 8369, modificada por la Ley N.º 10.704) no prevé la apelación de este tipo de medidas cautelares, sino únicamente de las sentencias definitivas y del rechazo de la acción por inadmisible.
Minutos después, el juez Juan Francisco Malvasio resolvió conceder el recurso y elevar el expediente al Superior Tribunal de Justicia.
En consecuencia, será ahora el Superior Tribunal de Justicia el que deberá definir si el recurso resulta formalmente admisible y corresponde abrir esa instancia de revisión o, por el contrario, rechazarlo sin ingresar al tratamiento de su contenido.
La posición de CAUCE
Desde Fundación CAUCE reafirmamos la necesidad de que toda política pública alimentaria destinada a niños, niñas y adolescentes se diseñe e implemente con transparencia, sustento técnico suficiente y pleno respeto por los derechos humanos.
Exigimos que el Poder Judicial aplique y cumpla debidamente las normas procesales vigentes y que el Estado provincial garantice una alimentación adecuada, saludable, segura y sostenible en las escuelas, en cumplimiento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás estándares constitucionales y convencionales que protegen el derecho a la salud y a la alimentación.
¿Qué resolvió la Justicia?
El juez Juan Francisco Malvasio hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Gobierno de Entre Ríos abstenerse de distribuir en las escuelas públicas alimentos con sellos de advertencia o leyendas precautorias mientras se tramita el amparo colectivo.
¿Qué ocurrió después del fallo?
Apenas una hora después de ser notificado, el Fiscal de Estado apeló la medida cautelar. Minutos más tarde, el juez concedió el recurso y elevó el expediente al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
¿La apelación está prevista por la Ley de Amparo?
La parte actora sostiene que no. Según su interpretación del artículo 15 de la Ley Provincial de Amparo (N.º 8369, modificada por la Ley N.º 10.704), solo son apelables las sentencias definitivas y el rechazo de la acción por inadmisible, no las medidas cautelares.
¿Quiénes presentaron la acción judicial?
La medida fue solicitada por madres y padres en representación de sus hijas e hijos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
¿Qué deberá resolver ahora el Superior Tribunal de Justicia?
El STJ deberá decidir, en primer lugar, si la apelación presentada por el Estado es formalmente admisible. Solo si considera que corresponde tratarla analizará su contenido.
¿Qué reclama Fundación CAUCE?
CAUCE sostiene que toda política pública alimentaria destinada a niños, niñas y adolescentes debe respetar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, y diseñarse con transparencia, evidencia técnica suficiente y enfoque de derechos humanos.
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]]>Fundación CAUCE, junto a AGMER y padres y madres en representación de sus hijas e hijos, presentó una acción de amparo colectivo con pedido de medida cautelar para frenar la distribución de productos ultraprocesados que se pretende entregar en todas las escuelas de la Provincia en reemplazo del sistema que actualmente funciona que prevé la provisión de alimentos frescos, de elaboraciones locales a partir de compras que se realizan desde los propios Comedores Escolares, en comercios de cercanía, teniendo en cuenta las necesidades, las edades y las costumbres de los niños, niñas y adolescentes que concurren.
La presentación judicial se realiza porque esta modificación de la política alimentaria escolar destinada a miles de niños, niñas y adolescentes entrerrianos, muchos en situación de vulnerabilidad social y económica, se dispuso sin que se hicieran públicos los estudios técnicos, nutricionales, sanitarios, sociales y culturales que permitan verificar que el nuevo esquema cumple con los estándares legales, constitucionales y convencionales vigentes, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y otros Pactos que establecen el derecho a la salud y a la alimentación como derechos humanos fundamentales. .
En ese marco, se solicita como medida cautelar que la Provincia se abstenga de distribuir en los establecimientos educativos alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme lo establece la Ley Nacional N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.
El objetivo principal es proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas a recibir una alimentación adecuada, saludable, suficiente, segura, sostenible, variada y culturalmente aceptable.
El amparo requiere que el Estado provincial presente los menús completos del nuevo sistema, los rótulos, ingredientes, información nutricional y documentación sanitaria de cada producto, así como los informes técnicos, evaluaciones nutricionales y estudios que fundamentaron la decisión administrativa.
Como parte de la presentación, se acompañó documentación con información recibida por los Comedores Escolares en las capacitaciones brindadas por la Empresa Teknofood S.A. , normas provinciales, los pliegos de contratación, informes y pronunciamientos de instituciones profesionales y científicas además de notas de directivos escolares que expresan su preocupación por el nuevo sistema.
Qué busca esta acción
La demanda no cuestiona el vínculo contractual ni procura atribuir responsabilidades a la empresa adjudicataria. El objeto del proceso es exclusivamente la tutela del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación adecuada, sana, segura y sostenible.
Desde CAUCE, AGMER y las familias que impulsan la acción se remarcó que esta medida no pretende suspender el servicio alimentario escolar ni dejar a las y los estudiantes sin acceso a alimentos. Por el contrario, busca garantizar que cualquier cambio en la política alimentaria pública sea implementado con transparencia, respaldo técnico suficiente y pleno respeto por los derechos de quienes dependen diariamente del sistema alimentario escolar.
Qué requerimos con esta solicitud
- acompañe los menús completos correspondientes al nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares discriminados por nivel educativo, franja etaria y modalidad institucional;
- exhiba los rótulos vigentes, listado completo de ingredientes, tablas nutricionales, fichas técnicas, registros nacionales de productos alimenticios y demás constancias sanitarias correspondientes a cada uno de los productos incluidos en la nueva prestación alimentaria;
- aporte los dictámenes profesionales, informes técnicos y evaluaciones nutricionales, sanitarias y de impacto social que se hayan realizado en forma previa a la toma de la decisión administrativa y que justificaron la selección de los productos.
- acredite el cumplimiento de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sus normas reglamentarias, las Guías Alimentarias para la Población Argentina y los demás estándares constitucionales, convencionales y legales aplicables al derecho a la alimentación y salud infantil;
- remita la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo para la adquisición y/o provisión de los alimentos que se pondrán a disposición en breves días en los comedores escolares de las instituciones educativas que dependen del CGE y toda otra en la que se procure la tramitación para provisión de alimentos destinados a los alumnos que concurren a escuelas públicas (desayunos, y meriendas), incluyendo pliegos, ofertas, dictámenes y actos de adjudicación.
- adecue, en su caso, el contenido de la prestación alimentaria escolar a los estándares vigentes legales, constitucionales y convencionales vigentes, absteniéndose de distribuir aquellos productos cuya adecuación integral no haya sido debidamente acreditada y garantizando su reemplazo sin interrupción del servicio alimentario escolar.
La presentación, suscripta por madres y padres en representación de sus hijas e hijos, la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) y Fundación CAUCE, fue dirigida al juez Dr. Juan Francisco Malvasio, vocal de Juicio y Apelaciones N.º 9, quien dio curso al amparo colectivo corriéndole traslado al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que en el plazo de siete días informe sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y para que en el plazo de cuarenta y ocho horas presente la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo.
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]]>The post Construir alianzas para defender los territorios: CAUCE participó de espacios regionales en Brasilia first appeared on CAUCE.
]]>El primero de los encuentros se realizó el 30 de junio en la sede de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Fue organizado por GT Infra, DAR, RAISG y otras organizaciones, con el apoyo de la OTCA y el Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA), y tuvo como propósito avanzar en la construcción de una agenda sobre infraestructura sostenible, inclusiva y resiliente para la Amazonía.
Este fue el primer seminario de estas características organizado en el ámbito de la OTCA.
La participación de CAUCE permitió conocer e intercambiar experiencias sobre las políticas y prácticas que actualmente se desarrollan en una región estratégica para América Latina y el mundo. También abrió la posibilidad de incorporar aprendizajes y promover lineamientos que puedan contribuir a la gestión integral de la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el avance de proyectos de extracción de combustibles fósiles y minerales, la renovación de la concesión del dragado del tramo argentino del río Paraná —mal denominada Hidrovía Paraná-Paraguay—, la exploración de hidrógeno verde en Uruguay y la expansión de las fronteras agrícola, minera, foresto-industrial e inmobiliaria.
Este fue el primer seminario de estas características organizado en el ámbito de la OTCA, constituyéndose en un espacio de incidencia para organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas ante el organismo regional y los gobiernos que lo integran. Durante la jornada se plantearon preocupaciones vinculadas a la planificación e inversión en infraestructura logística, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, la necesidad de que las infraestructuras se adapten a las dinámicas de la naturaleza y la importancia de garantizar una participación temprana en los procesos de toma de decisiones.
El equipo de Fundación CAUCE mantuvo reuniones con organizaciones aliadas con sede en Brasil para avanzar en la planificación y articulación de acciones conjuntas frente a estas iniciativas y a los desafíos que plantean los procesos de integración regional.
En ese marco, el director de la OTCA, Martín von Hildebrand, manifestó el compromiso de impulsar una Comisión específica sobre Transporte e Infraestructura dentro del organismo, con participación de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y el ámbito académico.
El segundo encuentro tuvo lugar el 1 de julio en la Oficina de Brasil del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organizado por Bank Information Center (BIC), GT Infra y Conectas —organizaciones aliadas de Fundación CAUCE—, el workshop estuvo dedicado a debatir el accionar del BID en materia de infraestructura regional y, especialmente, las implicancias del Programa Conexión Sur, lanzado por la institución durante 2025.
Participaron la coordinadora del programa por parte del BID, Renata Vargas Amaral; integrantes de su equipo; el jefe para el Cono Sur en Soluciones Ambientales y Sociales, Zachary Hurwitz; especialistas del banco en transporte; representantes de organizaciones de la sociedad civil; pueblos indígenas, entre ellos AIDESEP y COICA; e instituciones académicas como el Instituto Científico Amazónico y el Instituto Panamazónico.
Durante la jornada se debatieron aspectos relacionados con la planificación, los alcances y la implementación del Programa Conexión Sur, los criterios para la selección de proyectos y los mecanismos de financiamiento previstos. También se destacó la necesidad de realizar Evaluaciones Ambientales y Sociales Estratégicas en las distintas áreas de influencia del programa —actualmente se encuentra en desarrollo una evaluación para el Corredor Bioceánico de Capricornio y se prevé avanzar en estudios similares para los restantes corredores logísticos o «rutas de integración regional»—.
Uno de los ejes centrales del intercambio fue la obligación de garantizar la participación temprana y efectiva de las comunidades y los pueblos indígenas potencialmente afectados, tanto en las decisiones sobre el financiamiento de los proyectos como a lo largo de todo su ciclo de vida. En ese sentido, se remarcó que son las comunidades y los territorios, a partir de sus propios conocimientos y experiencias, quienes mejor pueden definir qué iniciativas resultan compatibles con sus formas de vida y con el equilibrio de los ciclos de la naturaleza.
La participación en estos espacios fortalece el trabajo regional de Fundación CAUCE, amplía las posibilidades de articulación con organizaciones y comunidades de otros territorios y aporta herramientas para comprender los procesos de planificación que marcarán los próximos años en América Latina. Asimismo, permite seguir de cerca el desarrollo del Programa Conexión Sur, las iniciativas de integración física, digital y energética, y las modalidades de financiamiento que impulsarán instituciones como el BID, FONPLATA, CAF y el BNDES para proyectos de infraestructura y reformas de marcos normativos nacionales.
En paralelo a las actividades de los seminarios, el equipo de Fundación CAUCE mantuvo reuniones con organizaciones aliadas con sede en Brasil para avanzar en la planificación y articulación de acciones conjuntas frente a estas iniciativas y a los desafíos que plantean los procesos de integración regional.
- ¿En qué actividades participó Fundación CAUCE en Brasilia?
Fundación CAUCE participó en dos seminarios de trabajo realizados el 30 de junio y el 1 de julio, centrados en infraestructura, integración regional y financiamiento para América Latina. - ¿Cuál fue el objetivo de la participación de CAUCE?
Fortalecer su trabajo regional, conocer las agendas de planificación impulsadas por gobiernos e instituciones financieras, intercambiar experiencias con organizaciones aliadas y generar estrategias conjuntas para la incidencia en los procesos de integración regional. - ¿Qué se debatió en el primer seminario?
El encuentro, realizado en la sede de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), estuvo dedicado a construir una agenda sobre infraestructura sostenible, inclusiva y resiliente para la Amazonía. Se abordaron temas como la planificación de infraestructura logística, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afectadas, la adaptación de las obras a las dinámicas de la naturaleza y la necesidad de garantizar una participación temprana en la toma de decisiones. - ¿Por qué fue importante este encuentro?
Fue el primer seminario de estas características realizado en el ámbito de la OTCA, constituyendo un espacio de diálogo e incidencia entre organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y los gobiernos de los países amazónicos. - ¿Qué anuncio realizó la OTCA durante el seminario?
El director de la OTCA, Martín von Hildebrand, expresó el compromiso de impulsar una Comisión específica sobre Transporte e Infraestructura dentro del organismo, con participación de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y el ámbito académico. - ¿Qué temas se trabajaron en el segundo seminario?
El workshop, organizado en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se centró en el Programa Conexión Sur y en el rol del BID en el financiamiento de infraestructura regional. Se analizaron los criterios para seleccionar proyectos, los mecanismos de financiamiento y la necesidad de incorporar Evaluaciones Ambientales y Sociales Estratégicas. - ¿Qué es el Programa Conexión Sur?
Es una iniciativa impulsada por el BID para promover corredores de integración regional en América Latina mediante inversiones en infraestructura física, energética y digital. Durante el encuentro se debatieron sus alcances, su implementación y los desafíos que plantea. - ¿Qué planteó CAUCE durante estos espacios?
CAUCE destacó la importancia de que las comunidades y los pueblos indígenas participen desde el inicio en las decisiones sobre los proyectos de infraestructura. También remarcó la necesidad de que la planificación considere los conocimientos de quienes habitan los territorios y respete los ciclos de la naturaleza. - ¿Qué relación tiene esta agenda con la Cuenca del Plata?
Los aprendizajes e intercambios permiten fortalecer el trabajo de CAUCE frente a procesos que afectan a la Cuenca del Plata, como la renovación de la concesión del dragado del tramo argentino del río Paraná, la expansión de proyectos extractivos y otras iniciativas de infraestructura que transforman los territorios. - ¿Por qué es importante seguir de cerca estas iniciativas?
Porque instituciones como el BID, CAF, FONPLATA y el BNDES tendrán un papel central en el financiamiento de proyectos de infraestructura y de integración regional durante los próximos años, con impactos ambientales, sociales y económicos en distintos territorios de América Latina. - ¿Qué resultados dejó la participación de CAUCE?
Además de fortalecer vínculos con organizaciones y comunidades de otros países, la participación permitió conocer de primera mano los procesos de planificación regional, ampliar espacios de articulación y coordinar acciones conjuntas frente a los desafíos que plantean las políticas de integración y financiamiento de infraestructura.
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]]>The post Organizaciones y colectivos socioambientales repudiamos la nueva concesión de la Vía Navegable del Río Paraná. first appeared on CAUCE.
]]>Organizaciones, movimientos y colectivos socioambientales manifestamos nuestro repudio frente a la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la adjudicación a la empresa belga Jan De Nul, de la nueva concesión de la Vía Navegable del Río Paraná, mal llamada “Hidrovía”.
Sumá tu adhesión al repudio a la adjudicación de concesión de la Vía Navegable del Río Paraná!
La reciente adjudicación se concreta en un contexto preocupante, estando en conocimiento de las serias irregularidades en el procedimiento licitatorio advertidas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, incluyendo incumplimientos vinculados al acceso a la información ambiental, limitaciones a la participación ciudadana efectiva, deficiencias en la documentación licitatoria y la ausencia de un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Consideramos de gravedad avanzar con una concesión de largo plazo —25 años— sobre una infraestructura estratégica para el país sin contar previamente con una Evaluación Ambiental Estratégica e Integral que permita comprender los impactos acumulativos, indirectos e interjurisdiccionales que casi tres décadas de dragado, profundización y expansión portuaria ya han generado sobre los ríos Paraná y de la Plata, sus humedales y las comunidades que habitan estos territorios.
Esta demanda no es nueva, ha sido planteada colectivamente en numerosas instancias de participación pública.
Esta demanda no es nueva. La hemos planteado colectivamente en numerosas instancias de participación pública, como ante el Consejo Federal Hidrovía en 2021 y en el Recurso de Amparo presentado por las organizaciones (Tramas Derecho en Movimiento; Capibara; Ambiente, Derecho y Sociedad; Movimiento por el Agua (MOPEA); Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente; Centro de Protección a la Naturaleza ONG; Foro por la Recuperación del Paraná; Comunidad Indígena Mocoví “Noagué Noa Nonot’i”; Comunidad Indígena Mocoví “So Icolaq” y Cooperativa de Trabajo Cuidadores de la Casa Común) ante el Juzgado Federal de Santa Fe, en un principio rechazado, pero hoy en vías de resolución vía apelación ante la Cámara Federal de Rosario.
A lo largo de casi 30 años hemos advertido que los estudios presentados giraron en torno a la profundización y ampliación de la vía navegable, y se concentraron en los beneficios económicos y logísticos del modelo agroexportador, minimizando el análisis de los impactos sobre los ecosistemas fluviales, los humedales, la biodiversidad, la pesca artesanal y las comunidades ribereñas.
La presente concesión proyecta nuevas profundizaciones en distintos tramos de la vía navegable, incluyendo la ampliación de la profundidad del canal navegable hasta 42 pies en el tramo Timbúes–Río de la Plata. Se trata de la consolidación de un modelo de intervención permanente sobre uno de los sistemas fluviales más importantes de América del Sur, orientado a la circulación de buques interoceánicos de mayor porte y al incremento de las exportaciones. La magnitud y duración de esta decisión comprometen el futuro del Paraná más allá de los ciclos políticos actuales y condicionarán más aún la dinámica del río, sus ecosistemas y comunidades, presentes y futuras.
Se trata de la consolidación de un modelo de intervención permanente sobre uno de los sistemas fluviales más importantes de América del Sur.
Dentro de la generalizada preocupación, destacamos los antecedentes de la empresa beneficiaria Jan De Nul y de la concesión histórica de la Vía Navegable Troncal. Desde los primeros años de ejecución del contrato, distintos informes de la Auditoría General de la Nación advirtieron serias deficiencias en los mecanismos de control estatal sobre las actividades desarrolladas por la concesionaria. Las observaciones alcanzaban aspectos técnicos, administrativos y ambientales.
Según las revisiones realizadas sobre los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, el órgano de control previsto para supervisar la concesión nunca llegó a consolidarse en los términos originalmente establecidos, generando una situación en la cual el seguimiento de las obras y de sus impactos ambientales quedó condicionado por estructuras institucionales insuficientes y por información producida o suministrada por la propia concesionaria.
Lejos de promover una evaluación pública, independiente y participativa de estos antecedentes antes de avanzar con una nueva adjudicación, el Estado decidió volver a confiar la gestión de esta infraestructura estratégica a la misma empresa que fue protagonista central del esquema concesionado durante las últimas décadas.
También observamos que no puede hablarse de una “nueva etapa” cuando se reproducen los mismos actores empresariales, se omiten las evaluaciones integrales reclamadas por la sociedad y se desatienden tanto las observaciones históricas de los organismos de control. Asimismo, rechazamos que se dé por cumplido el derecho a la participación ciudadana mediante mecanismos meramente formales, ya que el acceso a la información ambiental, la participación temprana y efectiva de la ciudadanía y la transparencia de los procesos de toma de decisiones constituyen obligaciones legales derivadas de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Estos estándares no han sido garantizados adecuadamente en el proceso licitatorio. Los déficits en materia de participación pública quedaron particularmente expuestos durante la audiencia pública convocada en noviembre de 2025 para considerar el denominado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal. Cuestionamos la legitimidad de esa instancia, señalando que no se encontraba disponible un Estudio de Impacto Ambiental integral, que las intervenciones de dragado ya se encontraban en ejecución y que la información puesta a disposición de la ciudadanía resultaba insuficiente, fragmentaria y de difícil acceso. A pesar de las valiosas presentaciones, en abrumadora mayoría contraria al proyecto, esta “audiencia pública” fue una pantomima concebida para convalidar administrativamente decisiones previamente adoptadas.
Hablemos de soberanía
Esta nueva concesión reabre un debate fundamental sobre la soberanía. No sólo sobre quién administra y controla una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino, sino también sobre qué modelo de gestión se construye para nuestros ríos y territorios.
Luchar por el ejercicio de la soberanía nacional implica también la defensa de la soberanía ambiental; es decir, la capacidad de la sociedad de participar y decidir democráticamente sobre el uso de sus bienes naturales, proteger los ecosistemas que sostienen la vida y garantizar que las decisiones sobre el presente y el futuro de los ríos respondan al interés público y no exclusivamente a las demandas de los grandes actores agroexportadores transnacionalizados. En ese sentido, hacemos mención a la experiencia “Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”, mediante la que pusimos una vez más en la agenda pública la necesidad de recuperar una mirada integral sobre el río Paraná.
Sostenemos con contundencia que la verdadera soberanía sobre el Paraná sólo puede construirse a partir de la transparencia, el control público, el conocimiento científico independiente y la participación efectiva de las comunidades que habitan los territorios. No existe soberanía posible sobre un río degradado ni sobre decisiones adoptadas sin debate democrático. La defensa del Paraná es, al mismo tiempo, una defensa de la democracia ambiental y de la soberanía de nuestros pueblos sobre sus bienes comunes.
Por todo esto, exigimos la revisión integral del proceso, la realización de evaluaciones ambientales estratégicas e independientes, la plena vigencia de los derechos de acceso a la información y participación pública, y la construcción de una política para el río Paraná que priorice la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades por sobre los intereses económicos de actores concentrados.
- ¿Qué pasó?
El Gobierno Nacional adjudicó la nueva concesión de la Vía Navegable del Río Paraná a la empresa belga Jan De Nul por un plazo de 25 años. - ¿Por qué las organizaciones cuestionan esta decisión?
Porque sostienen que la adjudicación avanzó sin garantizar una evaluación ambiental integral, con deficiencias en el acceso a la información y sin una participación ciudadana efectiva. - ¿Qué irregularidades denuncian?
Advierten problemas en el proceso licitatorio, documentación incompleta, falta de transparencia y el incumplimiento de obligaciones ambientales y de participación pública. - ¿Qué es una Evaluación Ambiental Estratégica?
Es un análisis que estudia los impactos acumulativos y de largo plazo de una política o proyecto sobre el ambiente y las comunidades, antes de tomar decisiones. - ¿Por qué es importante hacer esa evaluación antes de concesionar la vía navegable?
Porque la concesión tendrá una duración de 25 años y prevé nuevas profundizaciones del río, con posibles efectos sobre los humedales, la biodiversidad, la pesca y las poblaciones ribereñas. - ¿Qué cambios prevé la nueva concesión?
Entre otras obras, contempla profundizar el canal navegable hasta 42 pies en algunos tramos para permitir el ingreso de buques de mayor tamaño. - ¿Por qué cuestionan a Jan De Nul?
Porque fue la empresa que administró la concesión durante las últimas décadas y existen antecedentes de observaciones realizadas por organismos de control sobre el seguimiento estatal y ambiental de las obras. - ¿Qué dicen sobre la participación ciudadana?
Que las instancias de participación fueron meramente formales y no permitieron un debate informado ni una incidencia real en la toma de decisiones. - ¿Qué relación tiene esto con el Acuerdo de Escazú?
Las organizaciones sostienen que el proceso no respetó plenamente los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y transparencia que garantiza el Acuerdo de Escazú. - ¿Qué significa hablar de soberanía en este contexto?
Las organizaciones plantean que la soberanía no se limita a quién administra la vía navegable, sino también a que las decisiones sobre el río se tomen con transparencia, control público, evidencia científica independiente y participación de las comunidades. - ¿Qué reclaman las organizaciones?
Piden revisar integralmente la concesión, realizar evaluaciones ambientales independientes, garantizar el acceso a la información y construir una política para el río Paraná que priorice la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
Adhesiones:
- Biblioteca Popular Caminantes – San Benito (Entre Ríos)
- Red de la Cuenca Arroyo Las Conchas – Paraná (Entre Ríos)
- Red Cuenca Las Conchas – Sauce Montrull (Entre Ríos)
- Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (Buenos Aires)
- Cátedra Abierta Por un mundo nuevo, Paraná – (Entre Ríos)
- Foro por la recuperación del Paraná, Victoria – (Entre Ríos)
- Escobar defiende su Río – Escobar (Buenos Aires)
- Fundación vertientes de saldan – Córdoba Capital
- Territoriando – Escobar (Buenos Aires)
- Remar contra la corriente – Rosario (Santa Fe)
- Junta vecinal el embudo – Rosario (Santa Fe)
- Remar Contracorriente – La Paz (Entre Ríos)
- Foro por la Recuperación del Río Paraná – La Paz (Entre Ríos)
- Remar contracorriente por el agua la vida y la soberanía (CABA)
- Ambiente en Territorio – Brandsen (Buenos Aires)
- Multisectorial – La Paz (Entre Ríos)
- Movimiento Santiago Aguilar (Entre Ríos)
- Red de Asambleas Socioambientales – Rosario (Santa Fe)
- Movimiento Cuidadores de la Casa Común – Núcleo Burzaco Alte.Brown Pcia.de Buenos Aires
- SOS Humedales (Buenos Aires)
- CTA Nacional (Buenos Aires)
- Ate. Rosario (Santa Fe)
- Parroquia Stella Maris – Punta Lara (Buenos Aires)
- Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)
- A Remarla – Paraná (Entre Ríos)
- Peronismo 26 de Julio, Alte.Brown (Buenos Aires)
- Raíces Peronistas – La Paz (Entre Ríos)
- Guardianes de Victoria – Victoria (Entre Ríos)
- Cooperativa Nodo Vecinxs de Temperley (Buenos Aires)
- Taller de Comunicación Ambiental – Rosario (Santa Fe)
- Taller Flotante – Victoria (Entre Ríos)
- Suteba Quilmes (Buenos Aires)
- Grupo de teatro “Búsquedas Mar del Plata” (Buenos Aires)
- De Raíz – Remedios de Escalada, Lanús (Buenos Aires)
- Humedales en red – Pilar (Buenos Aires)
- APDL – Paso de la Patria (Corrientes)
- Organización Isla Verde – El Palomar (Buenos Aires)
- Preservando Hudson – Hudson (Buenos Aires)
- Asociación Civil Movimiento Ecológico y Trabajo Ambiental METRAM
- Vecinos Unidos por Brandsen – Brandsen (Buenos Aires)
- Reserva Alianza Verde – (Buenos Aires)
- Biblioteca Pocho Lepratti – Rosario (Santa Fe)
- Cooperativa Mercado Solidario – Rosario (Santa Fe)
- Koromá Tikò – Rosario (Santa Fe)
- Somostierramonte – Santa Fe
- Salvemos los Humedales VC – Villa Constitución
- El Paraná No Se Toca – Rosario (Santa Fe)
- Red Ecosocialista – CABA
- Río Feminista – Tigre (Buenos Aires)
- Comunidad Charrúa Yjaguarî – Villaguay (Entre Ríos)
- BFS – Buenos Aires
- Escuela Agrotécnica Lib. Gral. San Martín – Casilda (Santa Fe)
- COAD – Rosario (Santa Fe)
- Agüita pura para San Juan – San Juan
- Más Rio Menos Basura – Rosario (Santa Fe)
- Multisectorial Humedales Rosario, Rosario (Santa Fe)
- Organizaciones Guardianas del Humedal – Rosario (Santa Fe)
- Taller Ecologista, Rosario (Santa Fe)
- Escuela Secundaria N.º 1 – Victoria (Entre Ríos)
- SOS Hábitat, Mercedes (Buenos Aires)
- Fundación Eco urbano – Paraná (Entre Ríos)
- Comunidad Chana Danàn Oyé Ndén, Puerto Gaboto (Santa Fe)
- Casa Puente, Delta de Tigre (Buenos Aires)Organización sindical Marisa Medina, La Paz (Entre Ríos)
- Taller de Ecología Política en Humedales, Delta de Tigre (Buenos Aires)
- Escuela de Artes Visuales, Victoria (Entre Ríos)
- Asamblea de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola y Naturaleza limpia (Buenos Aires)
- Berisso Recicla – Berisso (Buenos Aires)Centro de Estudios Municipales Juan Piñero (Buenos Aires)
- Caudillas de Barro, colectivo artistas – Victoria (Entre Ríos)
- Centro de Documentación e Información Bolivia – Bolivia
- Área Natural Protegida La Porota – La Picada (Entre Ríos)
- Pueblo Nación Charrua – La Picada (Entre Rios)
- Movimiento Alternativa, Paraná (Entre Rios)
- Saquara (Conjunto de música litoraleña) – Rosario (Santa Fe)
- Comunidad Quebracho / pastoral sociioambiental Laudato Si parroquia de Cosquin (Córdoba)
- Área de Estudios Antropológicos en Ecología, Política y Alimentación, FHyA, UNR (Rosario) Autoconvocados Tierra Alta (Paraná, Entre Rios)
- PTS – Virasoro (Corrientes)
- Templo verde – Resistencia (Chaco)
- Somos Monte – Chaco
- Red de Educadoras Feministas (Chaco)
- Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (Partido de Tigre, Buenos Aires)
- Mesa de trabajo por los DDHH de Colonia Caroya – Córdoba
- STS Rosario (Santa Fe)
- Movimiento Octubres – Alte Brown (Buenos Aires)
- Movimiento Barrial nacional y popular, Avellaneda (Buenos Aires)
- Ambiente y Nutrición FCM UNLP – La Plata (Buenos Aires)
- Dar vuelta el viento- La Plata (Buenos Aires)
- Unidos por la vida y el medioambiente – Ramallo (Buenos Aires)
- SURGE Movimiento Nacional – La Plata (Buenos Aires)
- Movimiento laudato – Córdoba
- ATTAC – Argentina /CADTM
- UNC – Neuquén
- Asamblea por el Agua Jujuy – San Salvador de Jujuy
- Observación del Derecho a la Ciudad, CABA.
- Unión Vecinal – Ciudad Evita (Buenos Aires)
- Aguas del Rio Yuspe – Punilla – Pcia. de Córdoba
- Fundación Cauce- Paraná (ER)
- Feria agroecológica, Nono (Córdoba)
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