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          World Leaders Cars (4)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
31. Latvia: Lexus LS600h L. (2007 car: BMW 7-Series)


32. Lithuania: BMW 7-Series. (2007 car: Mercedes S-Class)


33. Estonia: Mercedes S-Class. (2007 car: Audi A8)


34. Norway: Mercedes S-Class. (2007 car: BMW 760Li)


35. Myanmar: Mercedes S-Class. (2007 car: Toyota Land Cruiser)


36. Netherlands: BMW 740i Plug-In Hybrid. (2007 car: BMW 760Li)


37. Chile: Lexus LS. (2007 car: Peugeot 607)


38. Peru: Lexus LS. (2007 car: 1972 Chrysler Imperial)


39. Guyana: Lexus LS. (2008 car: Toyota Land Cruiser)


40. Iceland: Lexus LS. (2007 car: 1980s Cadillac)


Tally
Mercedes S-Class: 8
Lexus: 7
BMW 7-Series: 6
Audi A8: 3
Chevy Suburban: 3
Mercedes Gelandewagen: 2
Aurus Senat: 1
Cadillac: 1
Chevy: 1
Citroen DS7 Crossback: 1
Hongqi: 1
Hyundai Equus: 1
Hyundai Santa Fe: 1
Jaguar: 1
Proton: 1
Toyota/Lexus Land Cruiser: 1
VW Touareg: 1
          USAID supports regional NGOs      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Press Release:-  The United States Agency for International Development (USAID)-funded Local Capacity for Local Solutions (LC4LS) Project was launched today in Guyana’s capital city of Georgetown. The project builds the capacity of Non Governmental Organizations (NGOs) working in critical sectors in ten Eastern and Southern Caribbean countries. The project is being implemented in Antigua & Barbuda, […]

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          Guyana: Teen killed during wedding house brawl      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Guyana Chronicle:– FOUR days before his birthday, 15-year-old Ricardo Singh was killed on Sunday night at a wedding house on the Soesdyke East Bank Demerara (EBD) Public Road. Singh of Lot 63, Block 1 Diamond, Housing Scheme, EBD had left his home around midday on Sunday. Two persons are currently in police custody assisting with […]

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          Agradecen a Danilo Díaz por la Obtención de Cinco títulos Internacionales de ajedrez logrados en Kingston Jamaica.      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

EN SANTO DOMINGO (REP. Dominicana), 10 jULIO, 2018:  Mediante una comunicación, la Federación Dominicana de Ajedrez congratuló al actual Ministro de Deportes Danilo Díaz Vizcaíno por la obtención de cinco nuevos títulos internacionales para la República Dominicana que obtuvieron los atletas: Jeniffer Almanzar, Braulio Ramírez, Leonardo Estévez, Luis Lorenzo y Yoel Polanco  en el campeonato Sub-Zonal 2.3.5  celebrado en Kingston Jamaica, el cual le otorgó la  plaza para el Campeonato Mundial de ajedrez a la Joven Almanzar tras Ganar invicta en la rama femenina.

En la misiva el Director Ejecutivo de la entidad Lic. Braulio Ramírez  destaca que el Ministro Díaz dio las Facilidades de lugar para que por primera vez en la Historia la República Dominicana contara con una participación masiva en este evento internacional que se celebra cada dos años con la participación de ocho países, Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Bahamas, Barbados, Guyana, Suriname y República Dominicana.


El Presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez Lic. Wily González auguró mayores éxitos en esa disciplina deportiva que preside a la que se dedica con tanto entusiasta.

Primer Título de Maestra Internacional de ajedrez Femenino para la 

República Dominicana.

La  joven Jeniffer Almanzar nativa de la provincia Espaillat hizo historia al ganar este evento internacional Femenino de manera invicta y de esta manera convertirse en la primera y única Maestra Internacional de Ajedrez de la República Dominicana en toda su historia.

Jeniffer Almanzar estuvo acompañada de la Maestra Nacional Elizabeth Hazim.

Tres Nuevos Títulos de Maestros FIDE.

Los jóvenes ajedrecistas nativos de Santo Domingo Braulio Ramírez, Santiago de los Caballeros Leonardo Estévez y San Cristóbal Luis Lorenzo lograron su título de Maestros FIDE en la categoría absoluta de este evento internacional al superar el 65% de los puntos durante las 9 rondas del evento. Christopher Guzmán obtuvo el segundo lugar de este evento y confirmo nuevamente su título de Maestro FIDE. Mientras que el joven Yoel Polanco alcanzó el título de Candidato a Maestro.

El Lic. Braulio Ramírez Director Ejecutivo de la entidad quien alcanzó el Título de Maestro FIDE en este evento Internacional  hizo extensivo las felicitaciones al Presidente del Comité Olímpico Dominicano Lic. Luis Mejía Oviedo, destacando que completaban la delegación de nueve atletas Gian Arvelo Leo y Carlos Paul Abreu.  






          Spazio: il motore a propellente solido P120C è pronto per il suo primo test      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

P120C è pronto per il suo primo test. Il motore a propellente solido, il più grande mai costruito in un unico pezzo verrà testato nello spazioporto Esa di Kourou nella Guyana Francese. Si tratta di un importante traguardo per il motore sviluppato da Avio in collaborazione con Ariane Group. Il P120C – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – deriva dal

L'articolo Spazio: il motore a propellente solido P120C è pronto per il suo primo test sembra essere il primo su Meteo Web.


          Wilfredo Cancio Isla: "Síndrome de La Habana" trajo mayor reducción de visas de visitas a EEUU en los últimos 20 años. El recorte más significativo en 2018 se evidencia en los viajes profesionales, de negocios e intercambio cultural, que han disminuido en casi un 30 % con relación al año anterior. .      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Tomado de https://www.martinoticias.com

"Síndrome de La Habana" trajo mayor reducción de visas de visitas a EEUU en los últimos 20 años

*********
El recorte más significativo en 2018 se evidencia en los viajes profesionales, de negocios e intercambio cultural, que han disminuido en casi un 30 % con relación al año anterior.
*********

Por Wilfredo Cancio Isla
Julio 10, 2018

Estados Unidos otorgó unas 2,000 visas a ciudadanos cubanos para visitas familiares, intercambios culturales y viajes de negocios durante el presente año, el más drástico recorte al número de visitantes desde la isla en las últimas dos décadas.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Estado obtenidas por Martí Noticias, la cifra de visas B-1 y B-2 concedidas a nacionales cubanos en los primeros ocho meses del período fiscal 2018 (octubre 2017 a mayo 2018) fue de apenas 2,414, el 83 por ciento de ellas otorgadas en consulados estadounidenses fuera de Cuba.

No se había producido un descenso de tal magnitud en las visas de visitantes para cubanos desde 1997, cuando se otorgaron 5,829 en ambas categorías de viaje. Y a cuatro meses de concluir el año fiscal, que expira el próximo 30 de septiembre, todo indica que la tendencia decreciente se mantendrá inalterable, teniendo en cuenta la casi total paralización de la actividad consular en la Embajada de EEUU en La Habana tras la crisis diplomática desencadenada por las afectaciones de salud a 26 funcionarios estadounidenses.

De hecho, los presuntos ataques sónicos vinculados al llamado "síndrome de La Habana" motivaron la decisión de Washington de sacar al 60 por ciento del personal diplomático de Cuba, lo que prácticamente ha clausurado el procesamiento de visas de inmigrante y de visitas en la Embajada estadounidense.

Se espera que el tema del procesamiento de los visados a nacionales cubanos esté sobre la mesa de las conversaciones migratorias Cuba-EEUU, que tendrán lugar este miércoles en Washington, según confirmó a Martí Noticias un alto funcionario del Departamento de Estado.

Presencia del solicitante


Las disposiciones del Departamento de Estado implican que a partir de la reducción de su personal diplomático en La Habana, los cubanos que aspiran a una visa de no inmigrante para viajes familiares, profesionales y de intercambio cultural, deberán solicitarla en el exterior. En el caso de las visas de inmigrante, hasta marzo se pudieron procesar en Colombia y, desde junio, en Guyana.

( La embajada de Estados Unidos en La Habana. Foto de archivo)

El funcionario del Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que al igual que los nacionales de otros países, los cubanos pueden solicitar visas de visitantes en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos alrededor del mundo, pero insistió en que “deben estar físicamente presentes en el país” donde la soliciten.

"Es entendible que Estados Unidos quiera proteger a su personal diplomático de un problema que sigue vigente allí, pero creo que hay alternativas posibles de prestar servicios consulares de modo eficiente, aunque el personal no esté físicamente en la embajada en La Habana", dijo el historiador Juan Antonio Blanco, experto en asuntos cubanos y director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba (FDHC), con sede en Miami.

El analista consideró que la sesión de entrevista con el solicitante, que es la clave en el procesamiento de visados, pudiera resolverse sin la necesidad de trasladar a las personas a un tercer país, auxiliándose de las herramientas tecnológicas y la Internet.

Conversaciones migratorias


En vísperas de la ronda de conversaciones, el régimen cubano acusó a Estados Unidos de obstaculizar los acuerdos migratorios de 1994-1995 y de incumplir el compromiso de otorgar 20 mil visas anuales para inmigrantes, según Yuri Gala López, funcionario de la Dirección de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores, en declaraciones este lunes a la oficial Agencia Cubana de Noticias.

El otorgamiento de 16,335 visas de visitante a ciudadanos cubanos en el 2017 significó un aumento del 12.5 por ciento con respecto al año precedente. Sin embargo, el año fiscal en curso ha marcado un eventual congelamiento de las operaciones consulares en La Habana.

Las cifras muestran que del total de visas de visitante concedidas desde el pasado octubre, 158 aparecen registradas en la categoría B-1 (profesionales, académicos, intercambios culturales y negocios), 1,178 como B-2 (visitas familiares y 1,078 con el doble rango de B-1/B-2. Del total, solo 424 fueron procesadas en la Embajada estadounidense en Cuba.

El recorte más significativo del 2018 se evidencia en los casos de visas para intercambios culturales y viajes de negocios, con una caída abismal de un 28 por ciento con relación al total de las visas B-1 y las de doble rango (B-1/B2) que se entregaron el pasado año (4,423).

Las solicitudes de viajar a Estados Unidos de los residentes en la isla se dispararon como parte de la política de apertura de la administración Obama, hacia Cuba y, en particular, con la reforma migratoria, implementada por el régimen de Raúl Castro en enero de 2013.

Un giro radical


Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el giro en la política hacia Cuba ha configurado un panorama muy diferente.

Aunque Estados Unidos concedió visados a los cerca de 400 integrantes de la delegación cubana que se presentó en el Kennedy Center de Washington DC durante un festival artístico, el pasado mayo, otras decisiones recientes apuntan a un cierre en la política de viajes culturales y académicos.

La pasada semana, un proyecto conjunto del Ballet Nacional de Cuba y la Filarmónica de Los Ángeles con presentaciones en el Hollywood Bowl, el próximo agosto, fue cancelado debido a los complejos procedimientos para obtener las visas, lo cual implica costos que no pudo asumir la institución estadounidense.

Los partidarios de mantener una política de acercamiento a Cuba por vía de los intercambios culturales y los contactos pueblo-a-pueblo consideran que la reversión del presidente Trump a la estrategia de Obama tendrá impactos negativos en las relaciones bilaterales y en la población de la isla.

“Lo verdaderamente desalentador es que estas políticas están demostrando ser aún más dañinas para las familias cubanas y para los intercambios culturales y académicos que para el gobierno”, dijo Ted Henken, profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos de Baruch College, en Nueva York.

Henken opinó que más allá de la drástica reducción en el número de visas que amenaza a la unidad familiar y limita severamente el compromiso cultural y académico, está “la explosión en el costo y la pesadilla burocrática de viajar para obtener una visa”.

“Como alguien que ha trabajado durante más de una década en ASCE y otras organizaciones para construir puentes de colaboración académica y cultural entre nuestros países, he experimentado de primera mano los efectos nocivos de estas políticas contraproducentes de la Guerra Fría”, dijo el académico.

Responsabilidad cubana

Blanco considera que el gobierno de Cuba es altamente responsable por la crisis desatada.

“Lo que ciertamente no deja lugar a dudas son las afectaciones de salud de los diplomáticos… los MRI [exámenes de resonancia magnética] no mienten”, manifestó Blanco. “Y es poco convincente que a un aparato de inteligencia como el cubano, omnipresente y en máximo control de todo lo que se mueve en el país, le vayan a colar este gol sin su conocimiento o anuencia”.

Cuba ocupa actualmente el segundo lugar entre más de 200 países con el mayor porcentaje de peticiones rechazadas de visas de visita (77.17 %), solo superada por la República de Palau (83.3 %). Las cifras del Departamento de Estado señalan que de las 71,310 solicitudes presentadas por nacionales cubanos en 2017, fueron denegadas 54,975.

Las limitaciones consulares también afectan a los viajes familiares desde la isla. De las 9,553 visas B-2 concedidas en el 2017, se ha descendido en en un 82 por ciento este año.

A la vez, en 2018 vence la validez de las primeras visas de visita, con entradas múltiples por cinco años, que Estados Unidos comenzó a entregar a viajeros cubanos en el 2013. El procedimiento para renovarlas obliga a los solicitantes a viajar y permanecer por varios días en un tercer país, algo que resulta un obstáculo infranqueable para muchas personas mayores de edad y sin los recursos para costear gastos adicionales de pasaje y alojamiento.

VISAS DE NO INMIGRANTE PARA VISITAS FAMILIARES, INTERCAMBIOS CULTURALES Y VIAJES DE NEGOCIOS (1997-2017)

1997 - 5,829
1998 - 8,924
1999 -7,410
2000 - 42,225
2001 - 25,418
2002 - 18,678
2003 - 8,754
2004 – 10,508
2005 – 11,632
2006 - 7,330
2007 – 10,614
2008 – 13,108
2009 – 19,624
2010 – 23,114
2011 – 18,892
2012 – 20,200
2013 – 36,787
2014 – 41,001
2015 – 22,797
2016 - 14,291
2017 – 16,335

VISAS DE NO INMIGRANTE OTORGADAS DURANTE 2018
Visas B-1 .......... 158 (76 en Embajada en La Habana)
Visas B-2 .......... 1,178 (335)
Visas B1/B2 ...... 1,078 (13)

Total................. 2,414 (424)

Fuente: Departamento de Estado

          T&T opens with big win      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

T&T Under-17 cricketers opened the defence of their Cricket West Indies (CWI) Regional U-17 title, with a crushing win over Barbados in the opening round at the Brian Lara Academy in Tarouba.

Led by brilliant batting from Leonardo Julien and excellent spin bowling from Samir Ali, the T&T boys ran away winners by 154 runs.

Batting first, the two-time defending champions got 83 from Julien to post a competitive 250 for eight off their 50 overs. Barbados had no answers to the T&T slow bowlers and Ali picked up 3/13, as they crashed to 96 all out.

Julien, the Merryboys left-hander, was in fine form from the moment he went to the crease and took charge of proceedings. He and Tariq Mohammed posted 60 runs for the second wicket before Mohammed left for 31.

Julien battled on and posted his half-century. He found an able partner in Rivaldo Ramlogan and they shared 82 runs for the fifth wicket. When Julien departed for 83, he had faced only 115 balls in 158 minutes of batting, striking six fours and three sixes.

Ramlogan scored a quickfire 57 off just 49 balls with two fours and three sixes. Towards the end, Isaiah Gomez made 22 not out from 17 balls. The pick of the bowlers for Barbados was Mathew Forde who took 2/37.

When Barbados batted it failed to forge any meaningful partnerships and this crippled its reply. Opener Rashawn Worrell hit a top score of 19. Apart from Ali, fellow spinner Anderson Mahase took 2/25. Ramlogan, Jaden Seales, Gomez and Nicholas Ali each took one wicket.

In other matches, the Leeward Islands defeated Jamaica by one wicket at Gilbert Park in California. Batting first the Jamaicans made only 137 all out and the Leewards, although losing wickets regularly, made 139/9 in reply.

Across at the National Cricket Centre in Balmain, Couva, Windward Islands signed on with a thumping 59-run victory over Guyana. The Windwards made 284/8 and Guyana stumbled to 225 all out.

CWI REGIONAL U-17 SCORES

At Lara Academy: T&T vs Barbados
T&T 250/8 (50) (Leonardo Julien 83, Rivaldo Ramlogan 57, Isaiah Gomez 22 no, Mathew Forde 2/37, Alexandre Goodridge 2/45) vs Barbados 96 all out (29.4) (Samir Ali 3/13, Anderson Mahase 2/25) - T&T won by 154 runs.
At Gilbert Park: Jamaica vs Leeward Islands
Jamaica 137 (43.1 overs) vs Leewards 139/9 (49.5 overs). Leewards won by one wicket.
At the NCC: Windward Islands vs Guyana
Windwards 284/8 (50 overs) vs Guyana 225 (47.5 overs). Windwards won by 59 runs


          More money has to be spent on crime – US Ambassador - -`can’t have cops going after 21st century criminals with 19th century equipment’      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
US Ambassador Perry Holloway says Guyana is one of the safest countries he has lived in but if it wants to stop crime from ramping up the Government has to spend more money.
          Kaituma River found to have high mercury content - -alternative sources to be found for residents, GWI says      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Though surface water is the main source of water supply for the residents of Port Kaituma, Region One, the Guyana Water Incorporated has committed to making alternative sources available, after a high mercury content was found in the Kaituma River. 
          Stakeholders urged to use EITI to hold gov’t, extractive companies accountable      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
With the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) intended to modernise and improve Guyana’s government systems in the long term, Dr.
          Final SOCU witness not recognized as forensic expert by court - GBTI contempt trial…      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Chief Magistrate Ann McLennan yesterday permitted the final witness for the Special Organised Crime Unit (SOCU) in the trial of eight members of the Guyana Bank for Trade and Industry (GBTI) Board of Directors, who are charged with failing to comply with a court order, to continue her testimony but ruled that she would not be recognized as an aexpert witness Upon the completion of a voir dire, Chief Magistrate McLennan ruled that the witness Sherroni James could not be deemed an expert in the field of forensic analysis as she does not have the academic qualifications of a forensic analyst…..
          Guyoil announces lower fuel prices      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Guyana Oil Company Ltd (Guyoil)  yesterday announced a reduction in prices for Gasolene and Gasoil (LSD) with effect from today.
          Post office resuming express mail service to Britain      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Guyana Post Office Corporation (GPOC) yesterday announced that it will be restarting its Express Mail Service (EMS) to Great Britain on July 16, 2018.
          Guyoil reduces gas prices by $4      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
After weeks of contention and protest, the Guyana Oil Company Ltd (Guyoil) on Tuesday announced a reduction in prices for gasoline and gasoil. This reduction, according to the State entity, takes effect from Tuesday. “Gasoline,” according to Guyoil, which as a State-owned company, has been referred to as the price setter for private entities, will […]
          Our sister’s or brother’s keepers      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Domestic violence has been described as “… behaviour which causes one partner in a relationship to be afraid of the other. Domestic violence can take the form of physical or sexual abuse and forced social isolation away from friends and family members.” However, domestic violence has many victims besides spousal partners. The laws of Guyana prescribe […]
          A bear market for the lira, a bull market for nepotism in Turkey?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(Global Edition) From the BBC World Service … Guyana – a country on  South America’s North Atlantic coast – is bracing for the blessings and curses of a coming oil boom, while Norway braces for an oil strike. Then, in the latest move to consolidate his power, Turkey’s president appointed his son-in-law to oversee the country’s economic ministry, knocking out his former deputy prime minister who was largely seen as keeping a place within the cabinet. What does the move mean for high inflation and worries that its central bank can no longer can act independently? Today's podcast is sponsored by Anchor, LLC (anchorbooks.co/marketplace), Avast (avast.com), and Carbonite (Carbonite.com). (07/10/2018)
          RELEASE: New Research Exposes Uneven Playing Field Between Communities and Companies Vying for Land Rights      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

RELEASE: New Research Exposes Uneven Playing Field Between Communities and Companies Vying for Land Rights

Communities sacrifice decades navigating complex, expensive government processes that can force them to give up territory and rights, while companies quickly secure concessions on the same land

LIMA (July 11, 2018) —A new scramble for land is heating up across the developing world. Indigenous Peoples and communities are losing their land at alarming rates as companies rapidly expand operations across resource-rich Africa, Asia and Latin America. Although more than 50 percent of the world’s land is collectively held, indigenous groups and communities legally own just 10 percent of land globally. A new report from World Resources Institute finds that in many countries, the process to formalize land rights is extremely complex, costly and slow, taking up to 30 years or more — in the Philippines, the process requires 56 legally mandated steps, and in Indonesia, 21 different government entities are involved — but companies can typically secure long-term rights to land in just 30 days to five years. The report sheds light on the uneven playing field between companies and communities, and recommends a more transparent path forward.

One of the most comprehensive global reviews of how communities and companies formalize land rights, The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies, looks at the discrepancies in time, money, land size and rights granted in 15 countries. Without formal legal recognition, communities struggle to protect their land from being developed or exploited.

WRI finds that, in addition to a much more complicated and opaque process to formalize land tenure, Indigenous Peoples and communities are often forced to give up significant areas of their customary land or lose rights to valuable natural resources like clean water or medicinal plants, crippling their livelihoods. And it isn’t only communities that are hurt by these practices — well-intentioned companies that follow government policies to acquire land are at a competitive disadvantage compared to businesses that take shortcuts, exploit loopholes and begin commercial operations before obtaining final approvals.

“Governments must take a hard look at how their land rights policies favor companies, especially those that clear forests, burn carbon-rich peatland or otherwise exhaust natural resources, over indigenous communities who have long protected the world’s forests,” said Victoria Tauli-Corpuz, the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. “This unfair playing field not only poses grave environmental risks, but it also threatens the livelihoods of more than 2.5 billion people who depend on collectively held land.”

In Indonesia, Indigenous Peoples have spent upwards of 15 years trying to formalize their rights. Around 20 communities have secured title to about 20,000 hectares of land, while palm oil companies, which can secure commercial land rights in just three years, own plantations that cover close to 14 million hectares of Indonesia.

Communities across rural Uganda wade through a 17-step process requiring approval from institutions that the government has yet to establish in some districts, whereas companies glide through the process in as few as five steps.

The report finds that, in most countries, companies are allowed to secure land rights without screening for existing community claims to the same land, and that even when governments require community consultations, businesses only make token gestures instead of sincerely trying to obtain the community’s free, prior and informed consent.

“When companies acquire land, those acting in bad faith can often find legal, extralegal or illegal shortcuts. This not only increases the risk of land conflicts, but also puts more ethical companies at a competitive disadvantage,” said Laura Notess, lead author of the report and a lawyer with WRI’s Land and Resource Rights Initiative. “For instance, one company in Mozambique spent two years consulting communities, while others skipped this step altogether, obtaining land in as a little as three months.”

This unfair playing field pushes out some of the best stewards of the world’s forests. Too often, investors who obtain rights to community lands deforest vast areas and exhaust natural resources in one community, then move on to the next, whereas Indigenous Peoples and rural communities have sustainably managed their land for generations. According to Global Forest Watch, the world lost 15.8 million hectares of tropical forest in 2017, but the rate of tree cover loss was less than half in community and indigenous lands compared to elsewhere.

WRI launched the report in Lima, Peru, in partnership with AsM Law Office, the Center for International Forestry Research (CIFOR), Rainforest Foundation United States (RFUS), Rights and Resources Initiative (RRI) and Ujamaa Community Resource Team who led field research in Indonesia, Peru and Tanzania. Experts spoke alongside government officials and indigenous leaders fighting to secure formal land rights in the Peruvian Amazon.

In Peru, companies can easily find shortcuts around burdensome requirements, such as purchasing small plots of land and converting them into large agroindustrial concessions to avoid environmental regulations and clear swaths of the Amazon. Indigenous communities do not have this option, and so when land disputes or other obstacles arise, efforts to title their land grind to a halt.

For example, in 2014, large sections of the Santa Clara de Uchunya community’s ancestral forests started disappearing. Without the community’s knowledge or consent, the regional government had given away rights to many small plots of their land, which Plantaciones de Pucallpa, a palm oil company with known environmental and legal troubles, bought up.

“For communities like mine, our land is our livelihood. In Ucayali, a palm oil company has shut us out from land that is our home, cutting down the forest and leaving us with no choice but to fight back in court,” said Carlos Hoyos Soria, leader of the Santa Clara de Uchunya community in Peru “At the same time, our application for land title has stalled for several years, during which time we’ve been met with death threats and violent attacks against our community. We fear for our lives, but without our land, we lose everything.”

Tensions like these are escalating across many of the 15 countries studied in The Scramble for Land Rights. The disparities between communities and companies breed hostility that can quickly devolve into conflict, particularly in Latin America where hundreds of environmental defenders have been murdered in the last decade amid escalating violence. Conflicts range from boundary disputes with neighbors to overlapping concessions, and they can tie communities up in bureaucratic red tape for years.

"What is at stake is the fate of the Amazon and its indigenous populations. To do nothing and turn our backs on these communities is too dangerous,” said Hildebrando Antonio Collantes Zegarra, Head of the Indigenous Communities Office, Subnational Government of Ucayali for the Ministry of Agriculture in Lima. “Governments, including Peru, must do more to protect Indigenous Peoples’ and communities’ land rights. They must simplify processes to document community land, strengthen Indigenous Peoples’ access to titling and provide more resources to mediate intensifying conflicts fueled by the rise of drug trafficking, illegal logging and illicit land trafficking.

To level the playing field between communities and companies, the report calls on countries to make overly complex procedures clearer and more accessible, amend steps that impose difficult, undue burdens on communities and uniformly enforce corporate land acquisition policies. And around the world, better conflict resolution mechanisms are needed to address competing third-party claims and increase community consultations that ensure free, prior and informed consent (FPIC).

International decision-makers also have a role to play in supporting communities’ efforts to secure land tenure, from building local capacity to map community land to providing legal and financial assistance throughout land titling processes. Time and time again, research has shown that recognizing indigenous and community land rights is a proven solution to conserving forests, mitigating climate change, reducing poverty and catalyzing sustainable development.

The full report is available at http://www.wri.org/publication/scramble-for-land-rights.

SELECT QUOTES FROM PARTNERS:

Quote from Anne-Sophie Gindroz, Southeast Asia Regional Facilitator, Rights and Resources Initiative (RRI):
“Communities cannot compete with the pace and scale at which their lands and forests are signed away by governments to the corporate sector. Without urgent measures to secure claimed territories, there will be more conflicts, violence and injustice, hampering sustainable development.”

Quote from Anne Larson, Principle Scientist, Center for International Forestry Research (CIFOR):
“Our research shows that in Peru, titling of indigenous lands is still long, complicated, costly. Despite important advances, the procedure remains overregulated and faces inconsistencies. Even in cases where communities have been able to title their lands, many still face problems with their titles that hinder their ability to benefit and make them vulnerable to invasions, changes in law and, in general, more powerful actors. Mechanisms to address conflicts should be central in the titling process, as the inability to address conflict situations impedes success for both communities and forests.”

Quote from Christine Halvorson, Program Director, Rainforest Foundation US (RFUS):
"Securing indigenous land rights is one of the most effective ways to protect the forest. Securing indigenous territories in Guyana would contribute to the country's international commitments to both the environment and human rights."

Quote from Dean Affandi, Research Analyst, World Resources Institute Indonesia (WRI):
“In Indonesia, the rights to secure lands are often compounded by the lack of a single national reference map with all data on land utilization, causing overlapping boundaries of various entities such as protected areas, customary land, mining areas, forest concessions, smallholders’ parcels, village areas and more. The Indonesian government’s One Map Policy is aimed to resolve disagreements over land assignment, expedite government’s commitment to pass the long-delayed law on indigenous people’s rights and restore justice for communities to enable the achievement of a more sustainable land use.”

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          COMUNICADO DE PRENSA: Una nueva investigación revela un campo de juego desigual entre las comunidades y las empresas que compiten por los derechos sobre las tierras      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

COMUNICADO DE PRENSA: Una nueva investigación revela un campo de juego desigual entre las comunidades y las empresas que compiten por los derechos sobre las tierras

Las comunidades sacrifican décadas lidiando con los complejos y caros procesos gubernamentales que pueden forzarlas a abandonar territorio y derechos, mientras que las compañías pueden asegurarse rápidamente la concesión de la misma tierra

LIMA (11 de julio de 2018)—Un nuevo conflicto por la tierra está creciendo en el mundo en desarrollo. Los pueblos indígenas y las comunidades están perdiendo su tierra a ritmos alarmantes mientras que las compañías expanden rápidamente sus operaciones a lo largo de África, Asia y América Latina, continentes ricos en recursos. Aunque más del 50 por ciento de la tierra del mundo está en manos colectivas, los grupos indígenas y las comunidades solo son dueños legalmente del 10 por ciento de la tierra a nivel global. Un nuevo informe del World Resources Institute muestra que en muchos países, el proceso para formalizar los derechos de la tierra es extremadamente complejo, costoso y lento, y tarda hasta 30 años o más. En las Filipinas, el proceso requiere 56 pasos obligatorios por ley; en Indonesia, hay involucrados 21 entes gubernamentales diferentes. Pero las compañías normalmente pueden asegurarse derechos a largo plazo sobre la tierra desde un plazo de tan solo 30 días a cinco años. El estudio echa luz sobre la desigualdad de condiciones entre las empresas y las comunidades, y recomienda un camino más transparente.

Uno de los estudios globales más exhaustivos sobre cómo las comunidades y las empresas formalizan derechos sobre la tierra, The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies analiza las discrepancias en tiempo, dinero, tamaño de la tierra y derechos otorgados en 15 países. Sin reconocimiento legal formal, a las comunidades se les dificulta proteger su tierra y evitar que se desarrolle o explote. El WRI descubre que, además de un proceso mucho más complicado y opaco para formalizar la tenencia de la tierra, los pueblos indígenas y las comunidades suelen ser forzados a abandonar áreas significativas de su tierra consuetudinaria o pierden derechos sobre valiosos recursos naturales como agua limpia o plantas medicinales, lo que coarta su sustento. Y no son solo las comunidades las dañadas por estas prácticas: empresas bien intencionadas que siguen las políticas gubernamentales para adquirir tierra tienen una desventaja competitiva con respecto a las compañías que toman atajos, aprovechan vacíos legales y empiezan operaciones comerciales antes de obtener las autorizaciones finales.

“Los gobiernos deben examinar con rigurosidad cómo sus políticas sobre los derechos de la tierra favorecen especialmente a aquellos que talan bosques, queman turberas ricas en carbono o agotan de otros modos los recursos naturales, frente a las comunidades que desde hace largo tiempo protegen los bosques del mundo," dijo Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. "Estas condiciones injustas no solo plantean graves riesgos ambientales, sino que también amenazan el medio de vida de más de 2.500 millones de personas que dependen de la tierra colectiva."

En Indonesia, los pueblos indígenas han pasado más de 15 años tratando de formalizar sus derechos. Aproximadamente 20 comunidades han logrado el título de menos de 20.000 hectáreas de tierra, mientras que las productoras de aceite de palma, que pueden asegurarse los derechos comerciales a la tierra en solo tres años, poseen plantaciones que cubren casi 14 millones de hectáreas en Indonesia.

Las comunidades de la Uganda rural atraviesan procesos de 17 pasos que requieren aprobación de instituciones que el Gobierno aún tiene que establecer en algunos distritos, mientras que las compañías completan el proceso en tan solo cinco pasos.

El informe revela que, en muchos países, a las empresas se les permite obtener derechos sobre la tierra sin verificar si existen reclamos de comunidades sobre la misma tierra, y que, incluso cuando los gobiernos requieren consultas con las comunidades, las compañías solo hacen gestos simbólicos en lugar de tratar sinceramente de obtener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.

“Cuando las compañías adquieren tierra, aquellas que actúan de mala fe pueden con frecuencia encontrar atajos legales, extralegales o ilegales. Esto no solo aumenta el riesgo de conflictos por la tierra, sino que también pone a las empresas más éticas en desventaja competitiva," dijo Laura Notess, autora del informe y abogada integrante de la Iniciativa para los Derechos a la Tierra y los Recursos del WRI. "Por ejemplo, una compañía de Mozambique pasó dos años consultando con las comunidades, mientras que otras se saltaron por completo este paso y obtuvieron la tierra en tan solo tres meses.”

Estas condiciones injustas desalojan a los mejores guardianes de los bosques del mundo. Demasiado a menudo, los inversores que obtienen derechos a tierras comunitarias desforestan vastas áreas y agotan los recursos naturales en una comunidad y luego pasan a otra, mientras que por generaciones los pueblos indígenas y las comunidades rurales administraron sustentablemente su tierra. Según Global Forest Watch, el mundo perdió 15,8 millones de hectáreas de bosques tropicales en 2017, pero la tasa de pérdida de cobertura arbórea fue menos de la mitad en tierras en manos de comunidades y pueblos indígenas en comparación con cualquier otro lado.

El WRI lanzó el informe en Lima, Perú, en sociedad con AsM Law Office, el Center for International Forestry Research (CIFOR), Rainforest Foundation United States (RFUS), Iniciativa por los Derechos y los Recursos (RRI) y Ujamaa Community Resource Team, que lideró el trabajo de campo en Indonesia, Perú y Tanzania. Especialistas hablaron junto con funcionarios gubernamentales y líderes indígenas que luchan por asegurarse los derechos formales de la tierra en la Amazonia peruana.

En Perú, las empresas pueden encontrar fácilmente atajos para sortear los engorrosos requerimientos, como comprar pequeños lotes y convertirlos en grandes concesiones agroindustriales para evitar regulaciones ambientales y despejar franjas de la Amazonia. Las comunidades indígenas no tienen esta opción, y cuando surgen disputas por la tierra u otros obstáculos, los esfuerzos por lograr el título de su tierra quedan en un punto muerto.

Por ejemplo, en 2014, grandes secciones de los bosques ancestrales de la comunidad de Santa Clara de Uchunya empezaron a desaparecer. Sin el conocimiento o el consentimiento de la comunidad, el gobierno regional había otorgado derechos sobre pequeños lotes de su tierra, que compró Plantaciones de Pucallpa, una productora de aceite de palma con conocidos problemas ambientales y legales.

“Para comunidades como la mía, nuestra tierra es nuestro sustento. En Ucayali, una compañía productora de aceite de palma nos desalojó de nuestra tierra que es nuestro hogar, redujo los bosques y no nos dejó otra opción que contraatacar en los tribunales," dijo Carlos Hoyos Soria, líder de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en Perú. "Al mismo tiempo nuestros trámites de titulación de la tierra vienen siendo frenados desde hace años, y en ese periodo hemos recibido amenazas de muerte y sufrimos ataques violentos contra nuestra comunidad. Tenemos miedo por nuestra vida, pero sin nuestra tierra perdemos todo.”

Tensiones como estas están intensificándose en muchos de los 15 países estudiados en The Scramble for Land Rights. Las disparidades entre comunidades y compañías alimentan una hostilidad que puede rápidamente convertirse en conflicto, particularmente en América Latina, donde cientos de defensores ambientales fueron asesinados en la última década en medio de una violencia creciente. Los conflictos abarcan desde disputas limítrofes con vecinos a concesiones solapadas, y pueden atar a las comunidades en trámites burocráticos durante años.

"Lo que está en juego es el destino de la Amazonia y sus poblaciones indígenas. No hacer nada y dar la espalda a estas comunidades es demasiado peligroso," dijo Hildebrando Antonio Collantes Zegarra, encargado de la Oficina de Comunidades Indígenas, del gobierno subnacional de Ucayali para el Ministerio de Agricultura en Lima. "Los gobiernos, incluido el de Perú, deben hacer más para proteger los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades. Deben simplificar los procesos para documentar la tierra, fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a los títulos y brindar más recursos para mediar en los crecientes conflictos alimentados por el aumento del tráfico de drogas, la tala ilegal y el tráfico ilícito de tierras.”

Para nivelar las condiciones entre comunidades y compañías, el informe llama a los países a hacer que los extremadamente complejos procedimientos sean más claros y más accesibles, a corregir los pasos que imponen cargas difíciles e indebidas a las comunidades y a implementar uniformemente las políticas de adquisición de tierra corporativa. Y en todo el mundo se necesitan mejores mecanismos de resolución de conflictos para abordar los reclamos de terceros en competencia y aumentar las consultas con las comunidades para asegurar un consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

Quienes están en posiciones de toma de decisiones a nivel internacional también tienen un rol que cumplir en el apoyo de los esfuerzos de las comunidades para asegurar la tenencia de la tierra, que va desde construir capacidad local para mapear la tierra comunitaria hasta proporcionar asistencia legal y financiera para los procesos de titulación. Una y otra vez, la investigación muestra que reconocer el derecho de los indígenas y las comunidades a la tierra es una solución comprobada para conservar los bosques, mitigar el cambio climático, reducir la pobreza y catalizar el desarrollo sostenible.

El informe completo está disponible en http://www.wri.org/publication/scramble-for-land-rights.

CITAS DESTACADAS DE LOS SOCIOS:

Anne-Sophie Gindroz, Facilitadora Regional para el Sudeste Asiático, Iniciativa para los Derechos y los Recursos: “Las comunidades no pueden competir con el ritmo y la escala en que sus tierras y sus bosques están siendo otorgados al sector corporativo por los gobiernos. Sin medidas urgentes para asegurar los territorios reclamados, habrá más conflictos, violencia e injusticia, lo que implica un obstáculo para el desarrollo sostenible.”

Anne Larson, Jefa de Científicos, Center for International Forestry Research: “Nuestra investigación muestra que en Perú el proceso de titulación de tierras indígenas es largo, complicado y costoso. A pesar de importantes avances, el procedimiento sigue estando sobrerregulado y presenta inconsistencias. Aun en casos en las que las comunidades han logrado el título de sus tierras, muchas todavía enfrentan problemas que obstaculizan su capacidad de beneficiarse de su título y que las hacen vulnerables a invasiones, a cambios en la ley y, en general, a actores más poderosos. Debería ser básico contar con mecanismos para manejar los conflictos en el proceso de titulación, ya que la incapacidad de lidiar con situaciones de conflicto impide el éxito tanto para las comunidades como para los bosques.”

Christine Halvorson, Directora de Programa, Rainforest Foundation US: “Asegurar los derechos sobre la tierra de los indígenas es una de las formas más efectivas de proteger el bosque. En Guyana esto contribuiría a los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de derechos ambientales y humanos.”

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